LEYES. “El Congreso ha generado condiciones que favorecen la expansión de grupos criminales", advierte Human Rights Watch.
Antes de que se concretara el aumento de sueldo para la presidenta Dina Boluarte, la desaprobación ciudadana hacía el Ejecutivo y el Legislativo ya bordeaba el 93%.
Para la organización de derechos humanos Human Rights Watch, esto responde, en buena medida, a la aprobación por parte del Congreso —con la anuencia del Gobierno— de leyes que favorecen a las organizaciones criminales, socavan la independencia judicial y debilitan la protección del medio ambiente.
Así lo señala el informe Legislar para la impunidad: Cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado, presentado esta mañana. El estudio fue elaborado a partir de entrevistas a 125 fiscales, jueces, líderes indígenas, periodistas y funcionarios gubernamentales, así como de la revisión de 34 leyes y 54 decretos presidenciales, aprobados entre 2023 y abril de este año.
“El Congreso, con muchos de sus miembros con investigaciones penales en curso, ha generado condiciones que favorecen la expansión de grupos criminales, incluso debilitando las instituciones gubernamentales”, se lee en el documento.
El Congreso ha aprobado leyes que parecen responder más a intereses particulares", advierte la organización.
Entre las leyes que debilitan la persecución de las organizaciones criminales, Human Rights Watch detaca la que modifica la definición de crimen organizado para excluir delitos como corrupción. También a la que afecta al mecanismo de colaboración eficaz, y la que hace lo mismo con los allanamientos, una medida procesal que ayuda al Ministerio Público a obtener pruebas a partir de intervenciones sorpresa.
“El Congreso peruano ha aprobado leyes que, en ocasiones, parecen responder más a intereses particulares de algunos congresistas que al bienestar público. Estas normas han tenido un impacto directo en la lucha contra el crimen, dificultando el trabajo de fiscales y jueces en la investigación y castigo del crimen organizado, así como de los funcionarios corruptos que lo facilitan”, señala el informe.
Human Rights Watch analizó, además, la actuación del Ejecutivo. “Aunque el Gobierno de la presidenta Boluarte en contadas ocasiones ha intentado frenar la agenda legislativa contraria a los derechos humanos, con demasiada frecuencia ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado”, apunta.
A criterio de la organización, este poder del Estado tampoco ha sabido contener la oleada criminal. Sus recurrentes estados de emergencia, recordó, restringen derechos constitucionales, pero no han obtenido resultados efectivos contra la inseguridad. Entre 2018 y 2024, los homicidios aumentaron en 137%, según datos de la Policía citados en el informe.
INFORME. Human Rights Watch señala que el Congreso ha aprobado leyes en contra de la independencia judicial.
Foto: Congreso
Debilitamiento de instituciones
El reporte de Human Rights Watch también hace foco en la pérdida de independencia de instituciones claves para el sistema democrático: el Tribunal Constitucional (TC), la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y el Ministerio Público.
Sobre el primero, detalla que el Congreso eligió a sus miembros por medio de un proceso poco transparente y que, desde entonces, el TC ha tomado decisiones favorables al Parlamento.
Como ejemplo, cita las limitaciones que estableció este órgano al Poder Judicial para revisar las decisiones de los congresistas —algo que debilita la separación de poderes—. De igual modo, hace referencia a la orden de liberar a Alberto Fujimori, el fallecido expresidente que fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos.
Human Rights Watch sostiene que el Congreso debilitó independencia de entidades como el TC, Defensoría del Pueblo, JNJ y la Fiscalía".
Respecto a la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo, indicó que se trata de “un excongresista sin experiencia en derechos humanos”. Y, al igual que en el caso anterior, destacó el respaldo que ha mostrado a leyes cuestionadas, promovidas por el Congreso, que “contradicen las obligaciones internacionales del Perú”.
Josué Gutiérrez, recuerda el informe, lideró la comisión especial que eligió a la nueva JNJ en un proceso cuestionado por organismos internacionales. OjoPúblico también reportó diversas irregularidades.
Human Rights Watch reseña, además, el ataque del Congreso a la anterior JNJ, tras el inicio de un proceso disciplinario contra la exfiscal de la nación Patricia Benavides por presunto tráfico de influencias, en el que también se señaló a diversos legisladores.
Luego, describe, el Parlamento removió de modo irregular a dos magistrados —Aldo Vásquez e Inés Tello— y promovió leyes que buscaban la eliminación de la institución o su sometimiento.
ATAQUE. El estudio de Human Rights Watch indica que el Congreso ha debilitado la independencia de instituciones como el TC y la Defensoría.
Foto: Congreso
En relación al Ministerio Público, el reporte destaca los intentos del Legislativo para controlar la elección de su titular y otorgarle la facultad a los parlamentarios para suspender al fiscal de la nación en funciones. Al mismo tiempo, precisa que existen, por lo menos, cinco procedimientos disciplinarios contra Delia Espinoza, actual responsable de esa institución. Estos, en opinión de la organización, persiguen su destitución.
“El Congreso ha adoptado medidas que socavan la independencia de instituciones estatales clave, en un aparente intento por debilitar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas sobre sus propias acciones y las de sus miembros”, alerta Human Rights Watch.
El Congreso también ha adoptado medidas para debilitar los mecanismos de supervisión de sus propias acciones".
El informe aborda, asimismo, la norma que modifica la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Aprobada por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte, es considerada un arma de censura contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes.
Como informó OjoPúblico, entre otras cosas, prohíbe que las organizaciones no gubernamentales (ONG) inicien demandas contra el Estado peruano en instancias nacionales e internacionales. Esto, de acuerdo a múltiples expertos, vulnera derechos fundamentales de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.
“El lenguaje vago y excesivamente amplio otorga al Gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a organizaciones que critiquen o se opongan a su accionar, incluso mediante la suspensión o cancelación de su registro”, detalla.
AGENDA. Este año, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que busca debilitar a las organizaciones civiles y a los medios independientes.
Foto: Presidencia
Minería ilegal
Human Rights Watch también alertó que el Parlamento ha impulsado normas que socavan protecciones medioambientales. Destacó, por ejemplo, la modificación de la Ley Forestal y la norma que prohibe la incautación de explosivos en posesión de mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Esto ocurre en un contexto en que más de la mitad de los legisladores integran un grupo de alto apoyo a iniciativas favorables a la desregulación de la minería ilegal e informal. Con esa tendencia, destacan las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Perú Libre, según un reciente estudio de Natural Resource Governance Institute (NRGI).
De acuerdo a datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú recogidos en el informe de Human Rights Watch, entre enero de 2015 y febrero de 2025, la minería ilegal fue la principal fuente del lavado de dinero, con casi USD 6.300 millones de un aproximado de USD 11.500 millones totales en transacciones ilícitas detectadas (55% del monto global).
INTERESES. Human Rights Watch sostiene que el Congreso no ha aprobado normas que permitan fiscalizar a la minería ilegal.
Foto: Congreso
El informe destaca, asimismo, que, si bien la minería a pequeña escala puede generar ingresos a personas con bajos recursos, la falta de regulación perjudica a su salud y al medio ambiente.
De hecho, un estudio del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), realizado en colaboración con la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú), reveló que peces y personas que viven en las inmediaciones del río Nanay —foco de la minería ilegal— presentan concentraciones de mercurio por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por último, Human Rights Watch mostró preocupación por las reiteradas prórrogas al Reinfo, un mecanismo que facilita el blanqueo de mineral ilícito. De acuerdo a la organización, entre 2016 y 2023, solo 2.000 mineros se formalizaron.
