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CARTA. La congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) envió una carta para solicitar la rectificación del titular de un reportaje sobre el refugio La Casa del Padre.
El 25 de febrero, 10 días después de la publicación del reportaje Niñas forzadas a ser madres: menores a cargo de La Casa del Padre se triplicaron en dos años, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo (Renovación Popular) envió una carta notarial a OjoPúblico en la que solicitó rectificar el titular del informe, por considerarlo “tendencioso y difamatorio”.
En la carta —dirigida a la coordinadora de audiencias, en lugar de a la Dirección Periodística—, la congresista cuestiona que en el reportaje se mencione que, "en dicho albergue, se fuerza a niñas a ser madres”. El informe periodístico publicado por OjoPúblico hace referencia a un problema general y a los obstáculos para acceder al aborto terapéutico en Perú, aunque este es un procedimiento contemplado en las leyes bajo determinados causales.
Por otro lado, tal como se detalla en el reportaje, información de registros públicos confirma que tanto la legisladora como su esposo integraron la junta directiva de la asociación La Casa del Padre, entidad que dirige el albergue, al momento de su creación, en 2006.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU pidió al Estado peruano despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil".
En otro segmento, la carta de Jáuregui indica que “ningún albergue tiene la competencia para forzar o decidir si una menor es o no es madre, ello de acuerdo a la Resolución Ministerial N°486-2014-Minsa, (...), que señala en forma expresa en su numeral 6, párrafo 6.2 que sólo las Juntas Médicas tienen competencia para autorizar un aborto terapéutico, razón por la cual, el titular de la nota es tendencioso y difamatorio, más aún cuando no han presentado prueba alguna de dicho forzamiento”. La congresista añade que se reserva “el derecho de iniciar acciones penales por el delito de difamación”.
El informe no asegura que ese albergue o algún otro tenga competencias como esas. Cabe recordar, asimismo, que una menor de edad que ha quedado embarazada producto de un acto sexual no consentido, como lo es una violación, es una menor que se ve forzada a pasar por ese proceso biológico en contra de su voluntad.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que el no proporcionar información ni acceso al aborto legal y seguro viola los derechos a la salud y a la vida de las niñas. Además, ha pedido al Estado peruano que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, garantice el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto y modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.
Pese a estas recomendaciones, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables confirmó a este medio que las supervisiones que realizan a los Centros de Acogida especializados en madres adolescentes y gestantes no contemplan un control sobre posibles presiones o algún tipo de adoctrinamiento, a menos que haya una denuncia previa.
En consecuencia, el requerimiento de rectificar el titular no procede.
Publicamos su carta completa.
