Actualización: 15 de febrero de 2026 - 11:05 a.m.
La asociación La Casa del Padre, encargada de administrar el refugio del mismo nombre, está rodeada de un centro de rehabilitación física y congregaciones mormonas y católicas, en el distrito limeño de La Molina.
El lugar, fundado por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo y su esposo, cobró notoriedad luego de que las madres adolescentes que acogen en su refugio de Cieneguilla fueran expuestas sobre un estrado durante una actividad religiosa dirigida por la también candidata a la reelección como diputada por Renovación Popular. Algunas de las menores sostenían a sus bebeś en brazos, otras se cubrían el rostro. Todas habían sido víctimas de violación y derivadas a ese centro por el Estado.
En las afueras del inmueble de La Molina, nada indica que allí opera una iglesia evangélica en la que Jáuregui ejercía como pastora y que inició actividades en 2006. La fachada es una pared blanca con una puerta de madera protegida por rejas negras y, a un lado, un portón. No hay ningún letrero o señalización visible.
Hasta enero de 2026, en todo el país existían 235 Centros de Acogida Residencial (CAR). Solo 12 de ellos están especializados en adolescentes madres y gestantes, y albergan, en conjunto, a 213 menores. De estos últimos, cinco centros son exclusivamente privados —sin incluir a dos gestionados por Sociedades de Beneficencia—.
Un análisis realizado por OjoPúblico evidencia que, del subgrupo con gestión privada, al menos, tres están vinculados a organizaciones religiosas: las Misioneras Parroquiales del Niño Jesús de Praga, las Dominicas Santa Rosa de Lima y la Asociación evangélica La Casa del Padre.
SEDE. En este inmueble opera la administración de la asociación La Casa del Padre, fundada por la congresista Milagros Jáuregui y su esposo.
Foto: OjoPúblico / Xilena Pinedo
Hasta abril de 2024, el centro La Casa del Padre, en Cieneguilla, albergaba a 12 menores: siete madres adolescentes de entre 12 y 17 años y sus cinco hijos pequeños. Un año después, según información oficial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entregada a este medio, se constató que la población había ascendido a 34 personas, incluyendo a las adolescentes y a sus hijos.
En la última diligencia conjunta del MIMP y la Fiscalía, realizada el pasado 12 de febrero, tras las denuncias públicas, se contabilizaron 36 menores. En otras palabras, en menos de dos años, la población alojada se triplicó y superó la capacidad del centro, estimada en un aforo de 16 menores, de acuerdo con información pública del ministerio.
“Uno de los principales hallazgos es que, ante el crecimiento de la población derivada, no ha crecido al mismo ritmo el equipo técnico necesario para atender estos casos de alta vulnerabilidad”, dijo Óscar Alva Arias, director de la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.
El funcionario explicó que, pese a las dos supervisiones que realizó la cartera entre enero y agosto del año pasado, el centro no adoptó medidas. “Siempre se emiten recomendaciones que deben de subsanar, pero, en este caso en particular, hemos visto que, a lo largo del 2025 e inicios de 2026, han persistido”, indicó.
Alva Arias precisó, también, que todos los ingresos y egresos en este CAR se produjeron por derivación del MIMP o de juzgados de familia, y que no existe registro de que algún niño o niña haya sido dado en adopción. El especialista señaló que las supervisiones no incluyen un monitoreo sobre eventuales presiones o algún tipo de adoctrinamiento, a menos que haya una denuncia previa, como en este caso.
“Uno puede profesar la fe que considere pertinente, pero debe ser de forma voluntaria. El adoctrinamiento, evidentemente, no puede ser aplicado. La espiritualidad puede formar parte del proceso de desarrollo, pero no debe ser direccionada. Porque hay instituciones adventistas, católicas, cristianas. No es un criterio diferenciador la religión que profese la entidad que la administra”, resaltó Alva Arias.
Previo a las denuncias, la congresista Jauregui de Aguayo ya había sostenido declaraciones condenatorias al aborto terapeutico en cualquier tipo de situación —incluidas las violaciones—, pese a ser un procedimiento legal en Perú desde 1924, como reportó OjoPúblico.
“El aborto es el problema para la mujer. No solamente la tienes que ayudar a sanar el dolor de una violación, sino ayudarla a sanar el dolor de un asesinato”, dijo en una entrevista de 2021, durante su campaña política. Tras su ingreso al Congreso, Jauregui de Aguayo promovió cuestionados proyectos de ley contra la regulación del aborto terapéutico. Pese a eso, el Estado siguió derivando menores de edad víctimas de violación a su centro de acogida residencial.
Obligar a una niña a gestar no es proteger la vida: es exponerla a un riesgo que el Estado tiene el deber de evitar”, advierte Brenda Álvarez.
Brenda Álvarez, directora de la organización Proyecta Igualdad, recuerda que, para menores de 14 años, llevar adelante un embarazo conlleva riesgos psicológicos y físicos, que incluyen la muerte.
“La evidencia médica es clara en señalar que el embarazo en niñas y adolescentes es de alto riesgo obstétrico, con mayores probabilidades de complicaciones graves e, incluso, muerte materna. Obligar a una niña a gestar no es proteger la vida: es exponerla a un riesgo que el Estado tiene el deber de evitar”, dijo.
A esto se suma la falta de una supervisión rigurosa sobre el cuidado de las niñas que continúan con el embarazo en los refugios. “Si en estos centros no se supervisa activamente el enfoque con el que se brinda la orientación, y quienes los administran sostienen una postura ideológica restrictiva frente al aborto terapéutico, existe el riesgo de limitar el acceso a información completa, científica y basada en estándares de derechos humanos. Tratándose de menores bajo cuidado del Estado, la atención debe ser estrictamente laica y técnica”, señaló la especialista.
La situación del CAR La Casa del Padre se ha visto beneficiada por cambios legales promovidos por Jáuregui desde el Parlamento. En 2024, la congresista impulsó el proyecto de ley que modificó el Decreto Legislativo 1297, que regula la acreditación de los centros de acogida.
La normativa establecía, inicialmente, que la acreditación debía renovarse cada dos años. Sin embargo, la modificación eliminó este requisito y dejó que la vigencia dependa únicamente de los procesos de supervisión del ministerio.
Desde entonces, la acreditación de su centro y de otros no necesita renovación periódica, y las sanciones solo se aplican según los hallazgos de cada supervisión, que van desde una llamada de atención hasta, en casos extremos, el cierre del centro.
“Esta visita de supervisión no es de carácter punitivo, a diferencia de una fiscalización a una bodega u otro tipo de entidades. Nosotros, además de una función de supervisión y eventual sanción, también tenemos una de asistencia técnica y orientación, porque hay vidas humanas”, dijo el vocero del MIMP.
La Casa del Padre
La Asociación Casa del Padre fue creada en 2006. Según registros públicos, Milagros Jáuregui de Aguayo integró el consejo directivo desde su fundación y se desempeñó como vicepresidenta hasta 2021, antes de asumir el cargo de congresista.
Tras su elección parlamentaria, la estructura se reorganizó. Su esposo, Guillermo Aguayo Horna, permaneció como presidente y su hija, Fe Jerusalem Aguayo Jáuregui, fue designada vicepresidenta. El mandato de ese consejo directivo se extiende, de acuerdo con el acta inscrita, hasta mayo de 2027.
No existe información pública sobre el capital de constitución de la organización. Tampoco figura en el directorio de organizaciones no gubernamentales inscritas ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en los registros actualizados hasta octubre de 2025. Esto pese a que Jáuregui votó a favor de la ley que modificó la fiscalización de las organizaciones civiles y amenaza la libertad de prensa y la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables.
La espiritualidad puede formar parte del proceso de desarrollo, pero no debe ser direccionada", dijo Óscar Alva, vocero del MIMP.
La congresista ha asegurado que su iglesia se sostiene con los diezmos y donaciones que recibe. Además, en su página web, promocionan eventos y cursos. Los vecinos de la zona indican que, en horas de la noche, el inmueble se llena de autos con asistentes a las actividades de la asociación.
Ese esquema de financiamiento privado, según precisó el MIMP, es el que sostiene el funcionamiento del centro de acogida residencial. El Estado no transfiere recursos directos a los CAR privados, aunque sí deriva a las menores.
Una revisión de los registros tributarios muestra que la asociación mantiene una deuda en cobranza coactiva con la Sunat por los periodos de noviembre y diciembre de 2025, por un total de S/2.419. Los procedimientos de cobranza se iniciaron el 9 de enero y el 3 de febrero de este año. Esto contrasta con el patrimonio de la parlamentaria, que aumentó en 46% entre 2021 y 2024: pasó de S/ 1,07 millones a S/ 1,56 millones.
Dentro de las actividades de la iglesia y la operación del albergue, la figura de la congresista Jáuregui ha sido clave: ella protagoniza las publicaciones en redes sociales del lugar y se desempeñaba como pastora dentro de los cultos.
En declaraciones recientes en un podcast afirmó que niñas de entre 10 y 13 años víctimas de violación son derivadas al albergue para continuar la gestación y que “la única víctima es el bebé”.
Además, en un video, dijo que “ellas [las menores] tienen que ser agradecidas por ese niño que va a nacer de ellas, porque ese niño, lejos de ser el recuerdo del dolor, va a ser un sello de esperanza” y añadió que “van a aprender a amar el fruto de su vientre”.
Tras la difusión de las imágenes en redes sociales y sus declaraciones, el Ministerio Público inició una investigación formal. En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso indicó que iniciará una investigación por presuntas irregularidades en el albergue.
El 12 de febrero, el MIMP anunció el traslado de las adolescentes. “Progresivamente algunas retornarán con su familia extensa. Hay casos graves que no pueden volver con la familia de origen; otros serán derivados a otros centros de acogida residencial”, explicó el vocero del sector, Óscar Alva.
CONTRADICCIÓN. A pesar de las posturas públicas de Jáuregui contra el aborto terapéutico, el Estado siguió enviando a menores víctimas de violación a su centro de acogida.
Foto: Evangélico Digital Facebook
Situación nacional
Lo ocurrido en el centro evangélico La Casa del Padre es solo el síntoma más reciente de un abandono que lleva años. Hasta junio de 2025, se habían reportado denuncias de maltratos en centros de Lima, Trujillo, Cajamarca, Huancayo y Callao.
“Han puesto un régimen disciplinario bien estricto, 15 días de castigo. Lavar los baños, no ver tele, no salir a jugar 30 días o 15 días. Arrodillarse una hora, a mí cuatro horas, o parado sin moverse”, recoge uno de los pocos informes de la Defensoría del Pueblo sobre estos casos.
Los CAR de todo tipo, según datos del MIMP, son 235 en el ámbito nacional, de los cuales 89 son públicos y 146 privados. Los públicos dependen económicamente de la entidad que los administra —el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), gobiernos regionales o locales—.
Los privados, mientras tanto, funcionan sin convenios económicos y deben cumplir requisitos para acreditarse ante el ministerio, como demostrar estados financieros y personal suficiente.
La situación de los CAR es solo una cara del estado de violencia latente en el país. Según datos obtenidos por OjoPúblico a través de una solicitud de información, en los tres últimos años, se reportaron 685.844 denuncias por violencia de género ante la Policía en todo el país. Solo las vinculadas a violencia sexual superan los 4.465 casos.
El impacto más grave de este abandono se refleja en los embarazos adolescentes reportados en el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud. En lo que va del año, 62 menores de entre 0 y 14 años ya fueron forzadas a ser madres. La mayoría de los casos corresponde a Lima (16), Loreto (8) y Ucayali (5). Durante 2025, 993 niñas fueron forzadas a dar a luz. Entre ellas una menor de entre 0 y 10 años.
“Estas cifras no solo describen un problema sanitario, revelan una profunda crisis en la protección de los derechos de las niñas y una preocupante selectividad en las prioridades políticas”, resaltó Brenda Álvarez.
Si se amplía la mirada, en los últimos cinco años, 5.133 niñas de entre 0 y 14 años pasaron por lo mismo. Y, al analizar la última década, la cifra crece hasta las 11.791 niñas forzadas a parir tras sufrir violencia sexual.
Todos esos casos corresponden a víctimas de violación, por tratarse de menores de 14 años. La abogada resalta la necesidad de que, ante esta revictimización, se activen medidas para salvaguardar su bienestar.
“Las cifras también ponen en evidencia una respuesta sanitaria insuficiente: tras una agresión, el sistema debería activarse de inmediato, garantizando acceso efectivo al kit de emergencia y al aborto terapéutico, que es legal en el Perú, pero que, en la práctica, continúa enfrentando barreras de información, acceso y voluntad institucional”, subrayó.
OjoPúblico se contactó con la congresista Jáuregui para recoger sus descargos así como con el área de prensa del Poder Judicial para conocer los datos que manejan sobre los juzgados de familia que derivaron menores al centro La Casa del Padre y otros de este tipo. Hasta el cierre de este informe, no contestaron.
Nota de redacción:
La Asociación La Casa del Padre tiene dos domicilios registrados ante el MIMP. Uno ubicado en el distrito de La Molina, y otro en Cieneguilla, donde funciona el refugio. El visitado por OjoPúblico, corresponde al primero, donde funciona la administración del centro.
