El expresidente Pedro Castillo es el primer exmandatario electo en el Perú que es condenado por el delito de conspiración para la rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 11 años, cinco meses y 15 días de prisión.
Además del exmandatario, también fueron sentenciados la expremier Betssy Chávez a 11 años, cinco meses y 15 días. En el caso Aníbal Torres, quien se desempeñaba como asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, la sala dictaminó una condena de seis años y seis meses. Esta podrá suspenderse si es impugnada, se explicó durante la lectura del adelanto de sentencia.
“El mensaje a la nación de Castillo Terrones significó una seria y decidida afrenta contra distintas instituciones constitucionales del Perú”, remarcó la sala.
Para el investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Yvan Montoya, la resolución de la sala es "correcta y fundamentada".
Pedro Castillo fue procesado y condenado por el intento de golpe, a diferencia del que impuso Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992".
Castillo es el quinto expresidente condenado
Castillo Terrones es el quinto expresidente condenado en Perú, luego de Alberto Fujimori —condenado a 25 años por violación de derechos humanos y corrupción, quien falleció en 2024—, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra. Este último fue enviado a prisión –la misma en la que se encuentra recluido Castillo– esta semana, tras ser sentenciado a 15 años por cohecho pasivo impropio en primera instancia.
El juicio contra el expresidente Pedro Castillo comenzó en marzo de este año. En principio, el fiscal Edward Casaverde, de la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, pidió 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. La Sala Penal Especial le propuso incluir el delito de conspiración para la rebelión.
Como se recuerda, el 7 de diciembre de 2022, al mediodía, el exjefe de Estado leyó un Mensaje a la Nación para anunciar el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones congresales, el cambio de la Constitución Política y la reorganización del sistema judicial. Esto ocurrió horas antes de que el Parlamento discuta una moción de vacancia en su contra por actos de presunta corrupción de su Gobierno.
La expremier Chávez Chino convocó a los integrantes del Gabinete Ministerial a Palacio de Gobierno para presenciar este discurso y a un equipo de TV Perú para la emisión del mensaje, según el Ministerio Público. Durante el juicio, el tribunal sostuvo que, luego del discurso de Castillo, la exministra le mencionó a la periodista Cynthia Malpartida y a su camarógrafo su intención de publicar un Decreto Supremo para convocar a las elecciones congresales y concretar las reformas anunciadas.
En el caso del ministro del Interior Willy Huerta, durante el juicio oral, el teniente general PNP Raúl Alfaro lo acusó de haberlo llamado por teléfono para que reciba las instrucciones de Castillo Terrones con el fin de cerrar el Congreso y detener a la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides. La sala penal concluyó que quedó acreditado que el exministro del interior tuvo conocimiento del motivo de esta comunicación.
El gobierno de Pedro Castillo duró menos de dos años. En ese periodo, el Congreso impulsó tres mociones de vacancia presidencial en su contra".
El mensaje a la nación de Castillo Terrones no tuvo el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía ni, con excepción de Chávez Chino y Huerta Olivas, de los ministros de Estado, quienes renunciaron luego del discurso. Las bancadas de izquierda tampoco apoyaron la medida en el Congreso.
Al quedarse solo, el expresidente abandonó Palacio de Gobierno junto a su familia, rumbo a la embajada de México para buscar refugio. Sin embargo, fue detenido en el camino. La fiscal Benavides Vargas pidió una prisión preventiva en su contra. Así, desde diciembre de 2022, el exjefe de Estado se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo.
Una vez detenido, el Congreso aprobó su vacancia por incapacidad moral permanente con 103 votos a favor y Dina Boluarte asumió la presidencia de la república. Esta transición de poder provocó una ola de protestas en todo el país. La violenta represión policial y militar ocasionó la muerte de 49 personas, la mayoría por disparos de armas de fuego.
Con la sentencia por intento de rebelión, el exmandatario continuará en prisión en el Penal de Barbadillo. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) aún debe definir dónde cumplirán su condena los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Betssy Chávez. Esta última, se encuentra asilada en la embajada de México.
El segundo golpe luego de Fujimori
Pedro Castillo Terrones fue procesado y condenado por el intento de golpe, a diferencia del autogolpe que impuso Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. La diferencia operativa es que Fujimori sí contó con el apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para instaurar un régimen autoritario y cerrar todos los otros poderes del Estado.
A pesar de este quebrantamiento constitucional, Fujimori no fue procesado judicialmente. Por este hecho, en 2007, la Corte Suprema solo sentenció a 10 años de prisión a su exministro del Interior Juan Briones y a cuatro años de prisión suspendida a los exministros Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Óscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli.
El argumento de su exabogado César Nakazaki para justificar el autogolpe fue que esta decisión fue respaldada por la mayoría de la población en 1992. “Dado que el pueblo aceptó el llamado a ejercer el poder constituyente y reconocer como presidente constitucional a Alberto Fujimori, no hubo delito de rebelión que sancionar”, dijo el 22 de noviembre en su cuenta de X.
Sobre este tema, el abogado constitucionalista Heber Joel Campos señaló que, aunque Fujimori convocó a una Asamblea Constituyente después del quiebre constitucional, esta decisión no lo legitima. Por su parte, el politólogo José Alejandro Godoy recordó que el Gobierno de Perú no presentó la solicitud por el autogolpe.
De hecho, el exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, Yvan Montoya, explicó a OjoPúblico que, por estrategia, se decidió pedir la extradición de Fujimori por los delitos más fuertes, que involucraban corrupción y violaciones a los derechos humanos. Lo referido al autogolpe estuvo pensado para ser enviado después como parte de un segundo lote de casos, aunque dijo no recordar si eso finalmente ocurrió.
El exprocurador José Ugaz, por su parte, consideró que los delitos de connotación política no son impedimentos para no ser procesados. “El problema es que Chile extradita en base a su tradición”, declaró a OjoPúblico.
En 2007, el Gobierno de Chile solo autorizó la extradición de Fujimori para ser enjuiciado por siete casos, entre ellos la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, pero no por el autogolpe del 5 de abril de 1992.
Inhabilitado y con otros procesos
El fallo de la Corte Suprema que condena a Pedro Castillo también lo inhabilita de participar en los comicios generales de 2026 con Juntos por el Perú, partido político que lo invitó a liderar la lista de candidatos a la Cámara de Senadores del Congreso. La Constitución prohíbe que ciudadanos condenados en primera instancia aspiren a cargos de elección popular.
En paralelo a este juicio, el 25 de noviembre pasado, la Comisión Permanente aprobó el informe final de una acusación constitucional por el intento de golpe, que recomienda inhabilitarlo 10 años para ejercer la función pública.
Además, el expresidente tiene siete investigaciones en su contra. Estas son por los ascensos que hubo en el Ejército durante su mandato, por presunto plagio para obtener el grado académico de magíster en la Universidad César Vallejo (UCV) y los casos Puente Tarata, Petroperú, Anguía, Sada Goray y Gabinete en la Sombra.
Su aparición política
El expresidente Castillo Terrones es natal de Cajamarca. Antes de participar en política, se dedicó a la docencia: dictó clases en los colegios de los distritos de La Ramada y el caserío de Puña. En 2002, postuló a la alcaldía de Anguía con Perú Posible, partido político donde militó entre 2005 y 2017. En este distrito conoció a su esposa Lilia Paredes, quien ahora se encuentra asilada en México junto a sus hijos.
A mediados de 2017, lideró una huelga de profesores contra el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que duró casi tres meses y demandó el incremento salarial de los docentes, la eliminación de las evaluaciones de desempeño y un incremento del presupuesto para el sector educación.
A fines de 2020, se afilió al partido Perú Libre, liderado por el ahora prófugo exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, y postuló a la presidencia en las Elecciones Generales de 2021. En esta contienda electoral, derrotó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en segunda vuelta.
La proclamación de su victoria se vio interrumpida por una denuncia sin sustento de Fujimori Higuchi, quien apeló a un supuesto fraude electoral y presentó 945 pedidos de nulidad en las mesas de sufragio.
En medio de acusaciones sin pruebas, Castillo Terrones asumió la presidencia. Su gobierno duró menos de dos años. En ese periodo, el Congreso impulsó tres mociones de vacancia en su contra. Las dos primeras fueron rechazadas. La tercera, en cambio, fue aprobada tras el fallido golpe de Estado.
