CONDENADO. El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por haber recibido coimas en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Martín Vizcarra Cornejo es el cuarto presidente en ser condenado en Perú, después de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.
La jueza Fernanda Isabel Ayasta, del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, lo condenó en primera instancia a 14 años de prisión y nueve años de inhabilitación de la función pública, por el delito de cohecho pasivo debido a que concluyó que el exmandatario recibió S/2,3 millones de coimas en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
La jueza Ayasta Nassif determinó que esta sentencia sea de ejecución inmediata.
A través de su cuenta de X, el exmandatario denunció que esta decisión es una venganza. "Pero no me van a doblegar. La respuesta será en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra —candidato presidencial del partido político Perú Primero— continuará esta lucha por ustedes", dijo.
El fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del caso, había solicitado 15 años de prisión en su contra, nueve años de inhabilitación de la función pública y una reparación civil de S/ 4,6 millones por cohecho. Vizcarra es acusado de recibir S/2,3 millones de las empresas Obrainsa e ICCGSA, que ganaron la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, cuando Vizcarra Cornejo era gobernador de esa región (2011 - 2014).
Obrainsa integró el consorcio que ganó el proyecto Lomas de Ilo y, de acuerdo al Ministerio Público, le pagó S/1 millón a Vizcarra Cornejo. Este monto equivale al 2% del valor de la obra. El proceso de adjudicación fue evaluado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Sin embargo, la decisión final dependió del entonces gobernador regional.
ICCGSA conformó un consorcio con la empresa Incot y ganó el proyecto Hospital de Moquegua. A cambio, pagó S/1,3 millones al exmandatario. El 10 de diciembre de 2024, durante una audiencia del juicio oral, el exministro de Agricultura, José Hernández, reconoció haber sido el intermediario en la entrega de esta coima.
Obrainsa e ICCGSA se sometieron a un proceso de colaboración eficaz que fue aceptado por el Poder Judicial a fines de 2024. Las empresas pagarán una reparación civil de S/82 millones y S/181,1 millones, de manera respectiva.
Antes de ser condenado, el expresidente estuvo en prisión preventiva tres semanas en el Penal de Barbadillo y el Penal de Ancón II, entre agosto y setiembre de este año. El 4 de ese último mes, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior evaluó una apelación presentada por Vizcarra Cornejo y ordenó que afronte su proceso en libertad.
Impedido de postular
La sentencia implica un nuevo impedimento para que Vizcarra Cornejo postule a las Elecciones Generales de 2026. La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez recordó que el artículo 34 de la Constitución prohíbe que los sentenciados en primera instancia por delito doloso aspiren a cargos de elección popular.
Antes, el Congreso lo había inhabilitado tres veces para ejercer la función pública. La primera, de 10 años, fue por el caso Vacunagate, por haberse vacunado, de manera irregular, en un ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm. La segunda, de cinco años, fue por el caso Obrainsa. Y la tercera, de 10 años, por haber disuelto el Congreso en setiembre de 2019, aunque un fallo del Tribunal Constitucional validó esa decisión.
La defensa del exmandatario ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una medida cautelar que deje sin efecto sus inhabilitaciones y le permita participar de la contienda electoral. Este organismo supranacional todavía no se pronuncia. Esa decisión, según el abogado en temas electorales José Naupari, no lo habilitará para postular debido a que ya tiene una condena en primera instancia por el caso Obrainsa.
Por ahora, el líder de la fórmula presidencial de su partido, Perú Primero, es su hermano Mario Vizcarra. Una encuesta de Ipsos, publicada el 14 de noviembre de este año, lo ubicó en el tercer lugar de la intención de voto, con 7%, por debajo del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga (9%), y de Keiko Fujimori (8%) . El expresidente Vizcarra Cornejo no ha vuelto a ser considerado en este tipo de sondeos.
Sus procesos pendientes
Además de la condena por el caso Obrainsa, el expresidente afronta otras tres investigaciones en el Ministerio Público por presunta corrupción, organización criminal, tráfico de influencias, colusión y cohecho.
El 7 de noviembre de este año, el fiscal de la nación interino Tomás Aladino Gálvez presentó una denuncia constitucional en su contra por el caso “Los Intocables de la Corrupción”. Lo acusa de liderar una organización criminal dedicada a promover lobbies a través de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes, durante su gobierno, entre 2018 y 2019
También es investigado por presunta colusión agravada y organización criminal por haber autorizado, de manera irregular, nueve contratos de S/175.000 en el Ministerio de Cultura a favor de Richard Swing, pese a que no cumplió con los requisitos técnicos.
Por último, es sindicado por presunto cohecho, falsificación de documentos, aprovechamiento del cargo y organización criminal por vacunarse de manera irregular con dosis de Sinopharm, fuera del ensayo clínico, durante la pandemia de covid-19.
El ascenso y la caída de Vizcarra
Luego de ser gobernador de Moquegua, Vizcarra Cornejo fue primer vicepresidente, ministro de Transportes y embajador en Canadá del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que duró menos de dos años.
El 22 de marzo de 2018, asumió la presidencia, en reemplazo de Kuczynski Godard, quien había renunciado un día antes. Esto ocurrió tras la publicación de los “Mamanivideos”, una serie de grabaciones que involucró a ministros y congresistas en la negociación de obras públicas a cambio de votos en contra de una inminente vacancia presidencial.
En su primer año de gestión, en medio del escándalo por los audios por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, Vizcarra Cornejo impulsó un referéndum para crear la Junta Nacional de Justicia (JNJ), eliminar la reelección de congresistas, regular el financiamiento de las organizaciones políticas y restituir la bicameralidad en el Congreso. Salvo esta última propuesta, las demás fueron aceptadas por la población.
Sus propuestas de reformas constitucionales y del sistema de justicia, provocaron que el Ejecutivo y el Legislativo tengan una relación de constante confrontación. En 2019, debido a la crisis política, el exmandatario planteó adelantar las elecciones generales, pero el Congreso rechazó la propuesta.
En setiembre de ese año, luego de que el Congreso se rehusó a elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional mediante concurso público, el expresidente disolvió el Parlamento y convocó a elecciones congresales.
Ese nuevo Parlamento aprobó su vacancia el 9 de noviembre de 2020, tras conocerse que el fiscal Juárez Atoche le abrió una investigación por haber recibido dinero ilícito por los proyectos Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.
Tras su destitución, el partido Somos Perú lo invitó a postular al Congreso en las Elecciones Generales de 2021. Fue el candidato más votado. Sin embargo, no pudo asumir porque el Parlamento lo inhabilitó de ejercer la función pública debido al caso Vacunagate. Por eso, fue reemplazado por su accesitario: José Jerí Oré, actual presidente.
