RECURRENTE. Periodo 2000-2024 estuvo marcado por frecuentes estados de emergencia. Regiones más afectadas fueron Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Junín.
La declaratoria y las prórrogas de los estados de emergencia se han convertido en una fórmula recurrente de los gobiernos peruanos, aunque sus resultados no son concluyentes.
Entre los años 2000 y 2024, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó 1.536 decretos supremos relacionados con esta medida. Así lo establece el informe La normalización de la excepción de estados de emergencia en Perú, de la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Del total de resoluciones analizadas por los investigadores, 610 (40%) fueron declaratorias de estados de emergencia, 846 (55%) prórrogas, 73 (5%) para establecer modificaciones y 12 (0,8%) para dar por concluida la medida.
Esto implica que el país tuvo, en promedio, dos estados de emergencia al mes durante 25 años. En concreto, alguna parte del territorio nacional estuvo afectada por esta medida 8.706 días —o casi 24 años—, de acuerdo a una estimación realizada por OjoPúblico a partir de datos del estudio, excluyendo superposiciones temporales de los múltiples estados de excepción.
El gobierno que más resoluciones por control interno emitió fue el de Dina Boluarte: 140, en menos de tres años".
Las regiones más expuestas a los estados de emergencia fueron Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Huánuco. Le siguen San Martín, Ucayali y Lima.
Los decretos publicados por la PCM abordan distintos temas: 881 fueron para atender catástrofes naturales, 563 para resolver problemas de perturbación del orden interno, 84 por emergencia sanitaria, y ocho por brotes de dengue y enfermedades de transmisión hídrica previos a la pandemia.
La segunda categoría comprende a los conflictos sociales, la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad interna, como aquellas provocadas por la delincuencia.
Entre 2010 y 2021, los estados de emergencia por desastres naturales superaron a los de perturbación del orden interno. Sin embargo, en los últimos años, la tendencia se revirtió: entre 2022 y 2024, hubo 120 decretos para atender emergencias del primer tipo y 194 para el segundo, revela el estudio de la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas de la PUCP.
Según expertos, dejó de ser un recurso excepcional para lidiar con conflictos sociales y problemas de seguridad interna. “Tenemos funcionarios que utilizan esta medida como anestesia cuando la situación se desborda y [los ciudadanos] nos estamos acostumbrando a estas decisiones políticas”, dijo César Cárdenas, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario a OjoPúblico.
La politóloga Carmen Ilizarbe, quien participó del estudio, explica que, entre los estados de emergencia por catástrofes y los de perturbación del orden interno, esta última categoría tiene más ampliaciones de vigencia. “La mal utilizan rompiendo principios de temporalidad. Los 60 días [previstos originalmente para la medida] se vuelven una broma porque se multiplican”, dijo durante la presentación del informe.
Boluarte priorizó la excepción para el control interno
El gobierno que más resoluciones por control interno publicó fue el de Dina Boluarte: 140, en menos de tres años. En abril de 2024, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que recalcó que esta herramienta debe ser utilizada como último recurso. Pese a eso, el Ejecutivo emitió 71 declaratorias a lo largo del año pasado.
La segunda gestión con más estados de emergencia por control interno fue la de Ollanta Humala, con 107. Le sigue Alan García, con 90.
Cada una de las resoluciones comprendidas en el estudio puede incluir múltiples disposiciones. Si se considera a estas últimas como eje del análisis, 216 (el 14,06%) fueron para enfrentar actividades ilícitas.
Enero y setiembre hubo 21.291 denuncias por extorsión, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público".
El 23,6% de ellas se dictaron en 2024, con Dina Boluarte a cargo del Ejecutivo. A detalle, hubo 51 disposiciones por actividades ilícitas, 12 por conflictos socioambientales, siete por terrorismo y actividades conexas, y una por conflicto sociopolítico.
La mayoría de las medidas se enfocaron en problemas vinculados al crimen organizado, la inseguridad ciudadana, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.
Fracaso en lucha contra la delincuencia
El 2022 fue un punto de quiebre: los estados de emergencia por control interno superaron a los emitidos por desastres naturales por primera vez en más de una década, en un intento por contener el avance de la extorsión y la minería ilegal. Las prórrogas también fueron recurrentes. Lima y Callao, por ejemplo, estuvieron en régimen de excepción por 315 días solo ese año.
Pese a ello, en el mismo periodo, el índice de inseguridad ciudadana aumentó 6,5 puntos porcentuales en Lima y en 5,2 en Callao, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Desde entonces, el problema se ha acentuado.
Solo entre enero y setiembre de este año, hubo 21.291 denuncias por extorsión de acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. La cifra es 76,3% mayor a lo registrado en todo el 2022. Los homicidios, en tanto, aumentaron 50,7%, si se comparan los registros de 2021 con los del año pasado.
El 85,1% de los peruanos considera que, en los próximos 12 meses, puede sufrir algún hecho delictivo".
En este contexto, el 85,1% de los peruanos de 15 años o más considera que, en los próximos 12 meses, puede sufrir algún hecho delictivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En Lima Metropolitana y Callao la percepción trepa al 85,9%.
Otro documento de la institución, elaborado en el primer semestre del año, identifica a la criminalidad como una de las dos principales preocupaciones de los peruanos. Esta es percibida como el principal escollo por el 52,2% de los ciudadanos. La cifra es 12 puntos porcentuales mayor a la registrada en 2024. Solo la supera la corrupción, identificada como un problema por el 55,2% de las personas consultadas.
Gobierno de Jerí Oré apela a una fórmula similar
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos considera que las frecuentes declaratorias de estados de emergencia debilitan nuestro sistema democrático. “Son estados de excepción. Si se normalizan, como ocurre, por ejemplo, en el Vraem, entramos en un claro estado de cosas inconstitucional”, dijo a OjoPúblico.
El exjefe del INPE César Cárdenas coincide con él. “Hay una debilidad en nuestra democracia porque un gran sector de los decisores políticos piensa más en ganar votos con medidas efectistas, que en resolver los problemas de fondo, y no hay forma de contrapesar este tipo de decisiones”, lamentó.
En diciembre de 2022, a solo cinco días de asumir la presidencia, Dina Boluarte dictó el primer estado de emergencia de su gestión, en medio de un ciclo de protestas nacionales. Aunque por diferentes motivos, José Jerí Oré tomó un camino similar: impuso la medida tras 11 días en el cargo, en un nuevo intento por combatir la inseguridad.
Desde la promulgación del decreto —el 21 de octubre— hasta el 6 de noviembre pasado, se registraron 71 homicidios en el ámbito nacional, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Además, dos choferes de empresas de transporte fueron baleados por sicarios en el distrito limeño de Chorrillos y se reportaron amenazas en una sede del Poder Judicial, en Ate.
RETÓRICA. El presidente José Jerí Oré habló de una contraofensiva contra la delincuencia, pero todavía no presenta resultados.
Foto: Presidencia Perú
Esta semana, durante la inauguración de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2025), Jerí Oré aseguró que una de las prioridades de su gobierno será garantizar la seguridad, pero no precisó cómo. A su salida, OjoPúblico le preguntó sobre el balance de los primeros días del estado de emergencia. No respondió.
Para Noam López, politólogo de la PUCP, el estado de emergencia decretado por el mandatario solo sirve para el performance político. “Frente a tantos problemas de criminalidad, el Gobierno comienza a tomar medidas desesperadas, que buscan endurecer la política criminal para aparentar que están haciendo algo”, dijo.
El viernes 7 de noviembre, al cierre de este informe, el presidente Jerí Oré anunció que el estado de emergencia será replicado, de manera progresiva, en otras regiones. Además, promulgó un decreto supremo que incluye nuevas disposiciones, como crear el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y declarar en sesión permanente el Consejo Nacional de Seguridad (Conasec).
También detalló que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) debe ordenar a las operadoras de telefonía la suspensión de líneas de líneas preactivadas y aquellas vinculadas a casos de extorsión, sicariato y otros delitos, previo pedido de la Policía; y dispuso la rotación de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otras medidas. Sin embargo, no presentó los resultados obtenidos a la fecha.
