Alberto Chirif: "El caso del caucho pone en evidencia el racismo en el Perú"

El antropólogo Alberto Chirif lleva más de cinco décadas investigando a los pueblos amazónicos del Perú. Vive en la ciudad de Iquitos desde hace 41 años y conoce de primera mano los grandes ríos de la Amazonía: el Marañón, el Tigre, el Corriente, el Pastaza, el Yavarí, el Yaquerana y el Putumayo, así como cuencas de la selva alta.

Su trabajo le ha permitido recorrer este territorio y ser testigo directo de sus transformaciones. Entre ellas, el avance de las actividades extractivas, en especial durante la última década, cuando la minería ilegal y la explotación de recursos como la madera y el oro se expandieron por ríos y comunidades. Desde esa experiencia, Chirif reflexiona sobre la violencia de la época del caucho y las continuidades de ese modelo de despojo en el presente y el futuro de la Amazonía.

Después de que se presentara la demanda del colectivo Tsiuni por los crímenes de la época del caucho, ¿qué opinión le merece este paso?

Me parece muy bien que se haya presentado una demanda, porque el Estado peruano, a pesar del tiempo transcurrido y de las evidencias que existen sobre lo ocurrido, sigue sin tener conciencia real de la gravedad de esa situación. Su actuación fue irresponsable.

¿Por qué cree que esta demanda haya sido impulsada por un colectivo de jóvenes y no por las federaciones u organizaciones indígenas históricas?

Sobre los detalles formales del proceso no puedo pronunciarme, porque no participé directamente. Me alegra mucho que haya jóvenes interesados, pero habría sido valioso que este esfuerzo se articulara con las organizaciones indígenas ya existentes.

Lo que resulta evidente es la negligencia del Estado peruano frente a los hechos que en su momento fueron denunciados como masacres. Solo intervino por la presión del gobierno británico, cuando la empresa de Julio César Arana [responsable de la Casa Arana, una de las compañías implicadas en los crímenes cometidos durante el auge del caucho] se convirtió en una compañía con capitales ingleses. Sin esa presión externa, el Estado no habría hecho nada.

Es muy difícil para el poder deslindar responsabilidades…

Hay un pasaje que siempre cito, en el que el juez Carlos A. Valcárcel, [encargado del proceso contra Arana], conversa con una autoridad —creo que un senador o un diputado— que le advierte que investigar estos crímenes dañaría la imagen del país. La respuesta del juez es contundente: la imagen del Perú se daña mucho más cuando no se hace nada, porque entonces el Estado se convierte en cómplice.

Eso es lo que el Perú tendría que hacer: deslindar con quienes cometieron estos asesinatos. Ese principio debería primar en cualquier circunstancia. Sin embargo, frente a cualquier acusación contra un poder político o económico, la primera reacción es negar los hechos, no investigarlos.

REFLEXIÓN. El reconocido antropólogo Alberto Chirif lleva más de cinco décadas investigando a los pueblos amazónicos del Perú.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

En la educación escolar, la época del caucho suele presentarse como una bonanza económica para Loreto. ¿Cómo se construyó ese relato? 

El caso del caucho pone en evidencia el racismo en el Perú. Como las víctimas eran indígenas, considerados “salvajes” o “inferiores”, la violencia se justificó y los caucheros fueron presentados como agentes civilizadores. Ojalá algún joven investigador revise de manera minuciosa los archivos para comprender cómo el racismo guió las actitudes del Estado y de la sociedad.

Durante la época de la violencia interna sucedió lo mismo: el Estado empezó a preocuparse cuando los atentados se trasladaron a Lima, pero mientras la guerra se libraba en comunidades aisladas, se naturalizaba. 

¿Ese racismo sigue vigente hoy?

Sigue siendo una constante en la historia del Perú. Basta recordar cuando Alan García habló de “ciudadanos de segunda categoría”. 

¿En el contexto actual, marcado por la inestabilidad política, la polarización y un escenario electoral en curso, será posible que esta demanda sea atendida?

Tengo serias dudas de que esta demanda pueda generar resultados concretos. Sin embargo, me parece importante que se haya presentado, porque al menos coloca el tema en un espacio de debate y discusión pública, algo que siempre es necesario.

Sacar estas historias a la luz, ponerlas sobre la mesa, es fundamental. Pero de ahí a que se logre una solución efectiva, lo veo muy difícil. Puedo imaginar al Congreso cerrando filas y repitiendo, en esencia, las mismas negaciones y falsedades que sostuvo en su momento, cuando se denunciaron las atrocidades del Putumayo.

¿Qué importancia tiene establecer con claridad el período histórico de la época del caucho para una eventual Comisión de la Verdad?

Es fundamental. Una comisión de la verdad debe delimitar con precisión un período histórico. La época del caucho, entendida como sistema económico, comienza a fines del siglo XIX y colapsa en 1914, cuando el caucho asiático desplaza al amazónico. Las atrocidades contra los pueblos indígenas continuaron después, sin duda, pero ya no corresponden a la “época del caucho”.

Es importante no mezclar períodos históricos, porque eso debilita el análisis y la investigación. Y no es que después de 1914 la situación haya cambiado radicalmente. Existen casos, muy bien documentados, que muestran cómo continuaron estas actitudes de desprecio por la vida indígena. Sin embargo, esos hechos ya no forman parte de la época del caucho.

Además del número de víctimas, ¿cuál fue el impacto más profundo del caucho en los pueblos indígenas?

La desarticulación de los clanes. En sociedades como la bora, murui, ocaina o huitoto, el clan es la base de la organización social. Cuando desaparece el curaca o se rompe la línea de transmisión, la tradición se anula y la sociedad se desorganiza por completo. Eso está muy bien documentado por investigadores como el colombiano Juan Álvaro Echeverri, quien ha mostrado qué clanes desaparecieron y cuáles quedaron reducidos a unas pocas personas.

¿Ve posible que el Estado peruano pida perdón por estos hechos?

Debería hacerlo. En 2012, durante un encuentro en La Chorrera [un punto importante de explotación de caucho en Colombia], cuando se conmemoró el centenario de la presentación ante el Parlamento británico del informe de Roger Casement [que daba cuenta de las atrocidades cometidas contra indígenas en la recolección del caucho en la zona del Putumayo], hubo gestos simbólicos: una carta del Ministerio de Cultura y otra del entonces presidente del Congreso, Víctor Isla. Sin embargo, no se trató de una disculpa institucional debatida. Pedir perdón no debe ser un formulismo, sino el resultado de un reconocimiento de lo ocurrido.