Con las sentencias en primera instancia dictadas contra Martín Vizcarra y Pedro Castillo, ya suman cinco los expresidentes que han sido condenados en Perú. En opinión del abogado y exprocurador Antonio Maldonado, ambos fallos son justos y correctos.
En entrevista con OjoPúblico, Maldonado también señaló que el Estado peruano es uno "al margen de la ley" debido a la cuestionable actuación de sus más importantes instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia o la Defensoría del Pueblo.
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Un presidente no puede salir con un discurso, imitado del de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, y no pasarle nada".
¿Cree que la condena en primera instancia contra Pedro Castillo ha sido justa o hay un aroma a persecución, como alega un sector político cercano al expresidente?
Claramente, no hay una persecución política. Es un fallo justo y, además, objetivamente correcto. Una de las primeras declaraciones que hice a menos de una semana de la tentativa de golpe de Estado fue señalar la debilidad de incorporar la conducta del expresidente Castillo en el artículo 346 del Código Penal, que se refiere al alzamiento en armas.
¿No aplicaba?
No se configuraba. O sea, hubo un discurso, con todo lo que sabemos, pero no hubo ningún alzamiento en armas. Esto ha generado una serie de debates. Hace poco, escuché a uno de los abogados más conservadores del país diciendo que el alzamiento en armas se configuró porque, en Palacio de Gobierno, había un número de policías armados.
El argumento es más peligroso porque llega a decir que, en vez de condenar a Castillo por rebelión, se le condenó solo por conspiración debido a la ideología que prevalece en el Poder Judicial en este momento. O sea, toda esa narrativa, que está justificando la intervención indebida…
¿En el sistema de justicia?
En el sistema de justicia. Por eso, creo que la sentencia estuvo bien. Un presidente no puede salir con un discurso, imitado del de Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, y no pasarle nada. La conducta en sí misma era lo suficientemente grave para no pasar inadvertida.
Quienes claman persecución política, me parece, incurren en doble irresponsabilidad. De un lado, no expresan objetivamente los hechos tal como ocurrieron. Y, del otro, me parece una gran cobardía refugiarse en argumentos de esa naturaleza y no asumir, con valor, las consecuencias de una conducta. Ese argumento de defensa me parece muy pobre y desleal.
Parte de ese argumento que pretende aminorar la responsabilidad de Castillo sostiene que este es una víctima de las circunstancias, que actuó obligado. ¿Qué le parece?
Mire usted, yo considero que Castillo es un gran traidor para la esperanza democrática de este país. Su proceso de elección fue fuertemente atacado desde bases innobles y falsas por el fujimorismo, apoyado por la mayor parte de los estudios de abogados del Perú, por lo menos los de Lima. Ese hecho de los estudios de abogados ha quedado impune.
Castillo es un gran traidor para la esperanza democrática de este país".
¿Los estudios de abogados debieron ser condenados por el papel que tuvieron en el esquema del presunto fraude?
Así es, por supuesto. No sé si condenados, pero, por lo menos, sometidos a un procedimiento administrativo en los gremios correspondientes, principalmente en el Colegio de Abogados de Lima. Eso jamás pasó.
Más allá de eso, Castillo está lejos de ser una víctima. Es cierto, enfrentó un escenario hostil, pero nunca reconoció que, por él, se la jugaron muchas personas invisibles, es decir, todos los ciudadanos que defendimos el proceso electoral como uno limpio y legítimo.
También se la jugaron los jefes de los órganos electorales, que incluso fueron atacados —y son atacados— vilmente por el fujimorismo. Y lo primero que hizo Castillo fue traicionar las promesas que le hizo al pueblo peruano. Me parece muy cobarde refugiarse en excusas y no en la propia conducta.
Usted fue procurador ad hoc para los casos de Fujimori y Montesinos entre los años 2004 y 2006.
Correcto.
Por lo tanto, estuvo directamente vinculado con el proceso de extradición de Alberto Fujimori. A raíz de la sentencia al expresidente Castillo, se ha recordado que el primero no fue sentenciado por el autogolpe del 5 de abril de 1992. ¿Por qué?
Uno de los casos que más me motivó al ingresar como procurador para los casos de Fujimori y Montesinos fue el del 5 de abril. Había un compromiso de mi parte, político y moral, con sectores que reivindicaban la importancia de la defensa de la democracia.
Cuando ocurrió el viaje desde Japón a Chile de Fujimori, logramos su detención a las pocas horas. Luego, 12 cuadernos de extradición se ingresaron en los primeros días de enero de 2006 y, de forma muy rápida, contratamos al mejor jurista de Chile, que era el doctor Alfredo Etcheverry.
¿Y por qué no se incluyó el caso del golpe?
El doctor Etcheverry me aconsejó que llevar el caso del 5 de abril podría generar, en una Corte Suprema conservadora, como la que había en ese momento en Chile, una decisión a favor de Fujimori.
[El de Martín Vizcarra] es uno de los mejores casos construidos por el equipo de fiscales Lava Jato".
Fue una estrategia jurídica, entonces.
Fue una decisión estrictamente jurídica, aunque, por supuesto, valorando el contexto, valorando cómo estaba conformada la Corte Suprema en Chile. Quienes no seguían al detalle la realidad peruana, podían percibir la situación como una suerte de persecución política.
Pasemos al caso del otro expresidente sentenciado esta semana, Martín Vizcarra. ¿Considera que ha habido suficientes elementos probatorios?
Sí, en efecto. Considero que este es uno de los mejores casos construidos por el equipo de fiscales Lava Jato. Ha sido un trabajo técnico, no politizado, con sólidos medios probatorios que demuestran, como la sentencia lo expresa, que hubo responsabilidad del señor Vizcarra, más allá de toda duda razonable.
La defensa argumenta que solo son dichos, que no hay un elemento probatorio definitivo.
Este tipo de casos complejos se construyen en base a los indicios que el Ministerio Público va hallando. Por supuesto, los indicios no se manejan ni se presentan de manera arbitraria. Se logró probar que hubo soborno y que este fue entregado en un modo y forma determinados.
Esto es lo más deleznable de nuestros políticos: podríamos esperar que asuman la responsabilidad, podrían pedir perdón al pueblo peruano, pero esto de negarse a aceptar los hechos probados judicialmente… Todos son víctimas cuando el sistema de justicia, pese a todos sus problemas, limitaciones y defectos, ha actuado correctamente, en forma independiente, imparcial y transparente. Eso no lo veo en otros sistemas de justicia.
Esta narrativa de gente de izquierda y de derecha dirigida a victimizar a los expresidentes es falsa. Algo que decía el maestro [Raúl] Porras es que la misión fundamental de una democracia es la lucha por la verdad.
Sin perjuicio de las pruebas presentadas contra Vizcarra y Castillo, hay un sector que argumenta que se sanciona solo a personas que no pertenecen al pacto que gobierna hoy en día. Por ejemplo, ¿qué le pareció la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de tumbarse el caso Cócteles por el cual estaba siendo investigada Keiko Fujimori?
Bueno, esa decisión es desastrosa, indefendible. Hay que ver el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo, por ejemplo, pero, claramente, el TC ha dado un paso muy grave. Lo que ha hecho es confirmar que, en el Perú, no existe un órgano de control de la Constitución independiente e imparcial.
Yo creo que el TC ha perdido toda autoridad, incluso moral, porque se permite cuestionar la competencia legítima de la justicia penal ordinaria e interviene, sin competencia alguna, en un proceso penal ordinario en curso. La defensa de la señora Fujimori sostiene que es inocente, pero recurren a los amigos, al TC que ellos nombraron, para impedir un juicio que era una forma —como en el caso de Castillo o de Vizcarra—…
En el Perú, no existe un órgano de control de la Constitución independiente e imparcial".
¿De saber la verdad?
Exacto. ¿Por qué no dejaron que discurriese el juicio penal y que concluyese con una sentencia absolutoria o condenatoria? No. Tenían que intervenir, como un golpe de estado, a través del TC.
La comisión permanente aprobó inhabilitar por 10 años a la fiscal Delia Espinoza. Lo llamativo es que sus colegas Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena la libraron a pesar de que estaban incluidos en el mismo caso. ¿Fue una decisión dirigida contra ella?
Totalmente, es un acto de venganza. Las fuerzas que han capturado el Congreso, empezando con el fujimorismo, no le perdonan a la señora Espinoza su actuación independiente, o demandar el procesamiento de todos aquellos congresistas involucrados en actos de corrupción. La situación es muy grave y lo ha expresado claramente la señora Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados.
No es la única que se ha pronunciado. Lo han hecho diversos organismos internacionales, gremiales, que han expresado preocupaciones sobre cómo las fuerzas que controlan al Congreso e instituciones capturadas —como el TC, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Defensoría del Pueblo— atacan la independencia e imparcialidad del sistema de justicia.
¿Debió ser repuesta Espinoza luego de la sentencia judicial que le favorece?
Por supuesto, es una orden judicial.
¿No se puede alegar interferencia de competencias? Por ejemplo, la JNJ, a través de su presidente Gino Ríos, presentó una demanda competencial ante el TC.
Esa es una leguleyada total. La JNJ bajo el liderazgo del señor Gino Ríos, al reponer a la señora Patricia Benavides, actuó absolutamente en forma ilegal. No tenía ningún derecho, ninguna prerrogativa para revocar o desconocer una decisión que la JNJ predecesora había tomado correctamente: destituir a la señora Benavides por los hechos gravísimos que todos conocemos. De tal manera que la JNJ está, en este momento, al margen de la ley.
Y esto es importante anotarlo. Estamos en una situación muy bien descrita hace muchos años por Carlos Santiago Nino respecto a Argentina, cuando él describió lo que ocurría ahí como un Estado al margen de la ley. Y esto es lo que está pasando: en el Perú estamos frente un Estado al margen de la ley.
La Junta Nacional de Justicia está, en este momento, al margen de la ley".
¿El Estado peruano está al margen de la ley?
Yo creo que sí. En este momento, totalmente. Basta ver la actuación de la JNJ, la actuación del TC en el caso cocteles, las omisiones del defensor del pueblo que, hace poco, ha pedido la liberación del señor Daniel Urresti, condenado correctamente por graves delitos de derechos humanos.
¿Estamos frente a un intento de copamiento del Ministerio Público o es un conflicto entre partes, como un sector argumenta?
La narrativa del conflicto entre partes ha sido construida deliberadamente para ocultar una realidad: la captura y el copamiento del Ministerio Público. ¿Qué ha hecho la Fiscalía para merecer ese tratamiento? Investigar y llevar a juicio a delincuentes con poder. El caso Lava Jato así lo demuestra.
¿El Ministerio Público ha incurrido en alguna infracción a sus funciones o a la norma constitucional vigente? No, de ninguna manera. Al contrario, ha hecho lo que debe hacer, que es no someterse, como en otros países, al poder político. Y ese es el precio que está pagando, uno que lo va a llevar a una captura inminente.
