ESTRATEGIA. Especialistas consideran que retórica contra la Corte IDH es una estrategia conjunta, que busca impunidad y sortear su alta desaprobación.
La alianza del Ejecutivo con un sector del Legislativo ha radicalizado su narrativa y sus acciones contra la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), en medio de la ola de inseguridad ciudadana, enfrentamientos con los representantes del sistema judicial y un proceso electoral en marcha.
La presidenta Dina Boluarte busca instalar una comisión multisectorial que evalúe la permanencia de Perú en este tratado y, en los últimos meses, el Ministerio de Justicia ha realizado 23 mesas de trabajo para restituir la pena de muerte contra violadores de menores de edad. Una medida que, de concretarse, implicaría desconocer el Pacto de San José.
Mientras tanto, en el Congreso, la Junta de Portavoces incluyó como potencial tema de debate en el Pleno la aprobación por insistencia de una ley que crea una comisión de alto nivel para evaluar la continuidad del Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Ejecutivo ha realizado 23 mesas de trabajo para restituir la pena de muerte. De concretarse, significaría desconocer el Pacto de San José".
La actual representación del Parlamento es la que más iniciativas legislativas para denunciar al Pacto de San José ha presentado desde el retorno del Perú a la democracia, en 2001: ya acumula nueve.
En opinión del politólogo José Alejandro Godoy, estos hechos no solo exponen intereses afines entre el Ejecutivo y el Congreso, sino también una estrategia política conjunta. “Evidentemente, los pronunciamientos del Gobierno contentan al pacto [que tiene con el Legislativo]”, advirtió.
Julissa Mantilla, expresidenta de la CIDH, tiene una interpretación similar: “Este Gobierno tiene casi cero de respaldo. Cuando se crea un enemigo común, tienes el apoyo de la población”, señaló en entrevista con OjoPúblico.
Boluarte y Jerí contra la CIDH
El 4 de agosto pasado, durante la ceremonia por el Día del Juez, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, dijo que “resulta preocupante escuchar posiciones de las más altas autoridades de nuestro país, respecto al retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Minutos después, cuando tomó la palabra, Boluarte no tuvo reparos en contradecirla y acusar a la Corte IDH de “actuar como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o cualquier entidad internacional”.
Apenas unos días antes, la Corte IDH había exhortado al Estado peruano a no aprobar la propuesta de ley de amnistía para militares y policías procesados por casos de lesa humanidad. Y Boluarte, en una ceremonia de graduación de la Policía Nacional del Perú, ya había confrontado el pedido de manera pública: “No permitiremos la intervención”, dijo.
Algo similar ocurrió con el presidente del Congreso, José Jerí. Al ser abordado por la prensa, el congresista investigado por presunta violación sexual, se mostró a favor de evaluar el retiro de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Cuando las instituciones fallan o no nos ayudan, es momento de tomar decisiones más fuertes”, alegó.
TENSIÓN. A contramano de la presidenta del Poder Judicial, la mandataria Boluarte y el presidente del Congreso han recrudecido su discurso contra la Corte IDH.
Foto: Congreso
Comisiones del Ejecutivo a favor de la pena de muerte
Hace dos meses, el premier Eduardo Arana propuso ante el Pleno del Congreso crear una comisión multisectorial para evaluar la permanencia de Perú en el Pacto de San José.
Tras el cruce entre la presidenta del Poder Judicial y Boluarte, el ministro de Justicia Juan Alcántara adelantó que un equipo técnico, conformado por la Cancillería y su cartera, presentará, esta semana, un informe con las pautas para instalar la comisión.
Alcántara dijo que el grupo multisectorial será de amplia base e incluirá a todos los sectores, pero no precisó a quiénes convocará específicamente. Además, aseguró que la propuesta “no es bulla, no es un ofrecimiento vacío”.
"Los pronunciamientos del Gobierno contentan al pacto [que tiene con el Legislativo]”, señala José Alejandro Godoy.
A esta estrategia del Ejecutivo se suma una comisión sectorial, del Ministerio de Justicia, que evalúa sancionar a los abusadores sexuales de menores de edad con pena de muerte. La propuesta nació el 11 de diciembre del año pasado, cuando la presidenta aprovechó la indignación colectiva por el asesinato de una niña de 12 años, para alegar que era necesario restituir la pena capital.
Tres días después, Arana —que todavía se desempeñaba como ministro de Justicia— creó la comisión sectorial para realizar audiencias descentralizadas y preparar un informe que sustente la aplicación de la medida.
OjoPúblico identificó que, entre el 27 de diciembre de 2024 y marzo último, se realizaron 23 mesas descentralizadas. En una de ellas, en Arequipa, el ahora presidente del Consejo de Ministros participó en compañía del congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, autor de una iniciativa de ley contra la CIDH.
Tras estas actividades, el Minjus no ha entregado su informe final. “Formalmente no han presentado [nada]”, dijeron fuentes de la cartera a este medio. “Están analizando los resultados de los debates descentralizados”, añadieron.
Estas acciones impulsadas por el Ejecutivo coinciden con la tensión entre Boluarte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras la represión a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023.
Como se recuerda, el organismo señaló, en uno de sus informes, que durante los operativos policiales y militares por las movilizaciones se habían registrado graves violaciones de derechos humanos. Además, durante la actual gestión, el Estado peruano ha incumplido 13 sentencias de la Corte IDH.
El Congreso que más atacó a la CIDH
En lo que va del quinquenio, congresistas de Acción Popular, la Bancada Socialista, Perú Libre, Honor y Democracia y Alianza Para el Progreso presentaron nueve propuestas de ley para denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la mayor cantidad de iniciativas impulsadas por un Parlamento en los últimos 25 años.
En octubre de 2023, la entonces presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano (Fuerza Popular), presentó un dictamen para crear una comisión de alto nivel que plantee reformas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La propuesta recogió cuatro proyectos de ley de ese grupo de trabajo, que habían presentado los parlamentarios Wilson Soto (Acción Popular), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Segundo Montalvo (Perú Libre) y Edwin Martínez (en ese momento de Acción Popular), y apunta a denunciar al Pacto de San José.
El grupo de alto nivel, de acuerdo a la iniciativa, estaría presidido por el canciller e integrado por el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la nación, el defensor del pueblo y el ministro de Justicia.
El dictamen recibió luz verde en la Comisión de Constitución. Y, durante su debate en el Pleno —donde sería aprobado con 69 votos— fue incluida una disposición que le otorga 180 días a la Organización de Estados Americanos (OEA) para implementar las reformas de la comisión. El texto sustitutorio señala, además, que Perú podrá denunciar al Pacto de San José, si la OEA no aplica, en dicho plazo, las recomendaciones de la comisión.
Hace más de un año y medio la propuesta fue ratificada en la Comisión Permanente. Sin embargo, cuando llegó a Palacio, la presidenta y el entonces titular de la PCM Alberto Otárola la observaron, pues consideraban que la potestad de denunciar un tratado internacional no puede ser impuesta por el Congreso. En ese contexto, el texto fue devuelto al Legislativo. Pero, aun así, fue aprobado por insistencia en la Comisión de Constitución.
Su inclusión en la agenda del Pleno esperó más de un año: recién el 14 de abril pasado, la Junta de Portavoces aprobó que sea considerada en el debate del hemiciclo en las próximas sesiones.
En el actual Congreso se presentaron nueve propuestas para denunciar a la convención. Es la mayor cantidad desde 2001".
El tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López (Acción Popular), dijo a OjoPúblico que espera que, en este periodo, se apruebe la constitución de dicha comisión. El congresista Jorge Montoya también aseguró que el proyecto y el discurso de la presidenta contra la corte “no va a quedar en palabras”.
Sin embargo, según el constitucionalista Heber Campos, de crearse este grupo de alto nivel mediante una ley, sus decisiones no serán vinculantes en los tratados internacionales suscritos por el Perú. “No tiene competencias de ese tipo. Es una comisión consultiva”, dijo.
De otro lado, el Parlamento tampoco puede denunciar al Pacto de San José, pues esta es una potestad de la presidenta. El Congreso, precisó Campos, solo ratifica la decisión de la mandataria. Y, para eso, añadió, se debe seguir el trámite previsto para una reforma constitucional. En otras palabras, se necesitan 87 votos en dos legislaturas distintas.
Aun así, el internacionalista Óscar Vidarte considera que el Ejecutivo y el Congreso están a tiempo de impulsar el tema. “Podrían iniciar el proceso de denuncia del tratado del Pacto de San José. Pero los efectos van a demorar, no son inmediatos”, aclaró. En este escenario, según estimaciones de diversos especialistas, el trámite dependerá del próximo Gobierno.
Detrás de la confrontación
El actual discurso de la presidenta contradice la posición que tuvo cuando fue vicepresidenta de la gestión de Pedro Castillo. En 2022, Boluarte recurrió a la CIDH para intentar frenar una acusación constitucional que buscaba inhabilitarla durante 10 años de la función pública por el caso Club Apurímac.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la denuncia constitucional el 5 de diciembre de 2022. Es decir, dos días antes de su asunción como presidenta. Su retórica actual, según el constitucionalista Heber Campos, es una manera de sobrevivir lo que le queda de mandato.
Sin embargo, tiene un alto costo para el Perú: ser equiparado a países como Nicaragua o Venezuela.“Mientras estos regímenes representan a un sector de la izquierda intolerante, muchos de quienes los cuestionan, también representan a una derecha antidemocrática. Eso explica por qué ese discurso se ha vuelto una tendencia”, comparó Óscar Vidarte.
Para la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Tania Pariona, Boluarte también busca obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de las protestas sociales. “Lo que se está jugando es el proceso que la presidenta enfrentará por la represión a las protestas. Está buscando su propia impunidad”, dijo.
La confrontación, señala el exprocurador Antonio Maldonado, también es útil para encubrir la “incompetencia” del Ejecutivo y el Congreso frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. “Creen que la lucha contra la delincuencia implica sacrificar los derechos humanos. Es un chivo expiatorio”, alertó.
