Paula Rodríguez: "Bonos de carbono y concesiones forestales no deberían coexistir"

En Perú, existen proyectos de bonos de carbono desde hace casi dos décadas. Este mecanismo, con una estructura compleja y una reglamentación opaca, fue diseñado para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables de la crisis climática. En términos sencillos, las empresas adquieren certificados —como un vale— con los que, luego, compensan los impactos ambientales de sus actividades. 

Sin embargo, detrás de ese proceso técnico y de las compañías involucradas, hay alertas sobre pérdida de bosques dentro de las iniciativas. En Perú, por ejemplo, esto ocurrió con tres proyectos del grupo Wong en Madre de Dios, como reportó OjoPúblico días atrás. 

Paula Rodríguez Vargas, especialista del World Wildlife Fund (WWF) Colombia y una de las autoras de la guía Acuerdos REDD+ justos y equitativos para la Amazonía y el Pacífico, considera que el sector todavía tiene vacíos importantes. 

“No existe la trazabilidad del proceso. Creo que, en muchos casos, falta regulación de parte de los gobiernos nacionales [respecto a] cómo funcionan estas certificadoras: si su función es validar y verificar”, advierte.

Cualquiera puede decir que va a hacer verificación de proyectos de bonos de carbono”.

Para quienes no están familiarizados con el sector, ¿qué son los bonos de carbono y cómo funcionan en los bosques?

Un bono, también llamado certificado de carbono, es un documento que, como su nombre lo indica, certifica que se está evitando la deforestación en una hectárea. Entonces, cada certificado o bono equivale a una hectárea. Lo que se vende en el mercado es ese certificado. 

A veces, causa confusión. Pero, básicamente, es un certificado que te dice: “en este lugar yo certifico que se está evitando la deforestación”. Si tienes un proyecto de 50 hectáreas, vas a tener 50 certificados.

¿Qué significa el término “línea base” en un proyecto de bonos de carbono y por qué es importante?

En este tipo de proyectos, se verifica, cada tres o cuatro años, que la deforestación se haya evitado, que ese bosque lo dejaste intacto y está viviendo un proceso de restauración. Entonces, necesitas saber cómo estaba el bosque al inicio del proyecto. Y esa es la línea base: ver cómo fue la deforestación en ese lugar en los últimos 10 años. 

También se toma [la medición de] una zona aledaña al polígono del proyecto para ver cuál es el estado en el instante en que empieza [la iniciativa]. Si no tienes una línea base con buenos datos, todos los cálculos [posteriores] van a estar mal hechos. No vas a tener con qué comparar, no vas a saber exactamente cómo estaba el bosque al inicio.

¿Qué tan confiables son las herramientas que se usan para hacer las proyecciones de deforestación?

Ahí entran los organismos de validación y verificación. Ellos, cada cuatro años, deben validar y verificar que, efectivamente, esta deforestación no se esté dando donde se están emitiendo certificados de carbono. 

Entonces, ¿qué es importante? Que el proyecto se haga con un organismo de validación y verificación serio. Es decir, que vaya a la zona y haga un muestreo de una área representativa. 

En algunos casos, lo que pasa es que dicen que hacen todos esos monitoreos, pero nunca van a la comunidad y, en los reportes, presentan fotos de otras comunidades. Hay unos organismos de validación y verificación serios y responsables, y otros que no lo son tanto.

¿Es difícil comprobar que un proyecto realmente está evitando deforestación y no exagera los cálculos que presenta ante las certificadoras?

Las organizaciones escogen un estándar por el cual se guían. Entonces, allí también hay un vacío reglamentario, al menos, en Colombia. Cualquiera puede formar una empresa de este tipo [certificadora] y decir que, ahora, se va a dedicar a hacer validación y verificación. 

Pero, ¿quién está viendo que, realmente, cumplan estándares y no tengan conflictos de intereses? Como es algo nuevo, no está regulado por el Gobierno nacional. No existe la trazabilidad del proceso. Eso se ha visto en algunos casos donde los datos estaban inflados o la línea base no era correcta. Lo que hace falta es regulación de parte de los Gobiernos nacionales, tiene que tener un estándar alto.

En este tipo de proyectos, se verifica cada tres o cuatro años que la deforestación se haya evitado".

¿Cómo entender la inclusión de proyectos de bonos de carbono dentro de concesiones forestales? ¿No es contradictorio, teniendo en cuenta que estas áreas tienen el objetivo de aprovechamiento forestal, es decir comercializar la madera? 

Sí, son vacíos que quedan en la reglamentación y en la regulación de este tipo de proyectos. Sobre todo porque, cuando hablamos de una concesión forestal, se sabe que, en un lapso corto, [los árboles] van a ser talados y comercializados. 

Entonces, ¿cómo vas a garantizar que ese bosque vaya a estar en pie y que realmente la deforestación vaya a ser evitada? Allí hay una contradicción.

¿Comparte la idea de que es complicada la convivencia entre un proyecto de bonos de carbono y de una concesión para aprovechamiento forestal?

No deberían coexistir los dos mecanismos [sobre un mismo espacio]. 

¿Quién define las reglas del juego en los proyectos de bonos de carbono? ¿Quién verifica que los cálculos de las empresas sean correctos? 

Hay estándares internacionales que le piden a las certificadoras seguir un procedimiento específico. También hay estándares nacionales. No es que quien hace el proyecto entregue la información al organismo de validación y verificación [y se acabó]. 

Ellas [las certificadoras] deberían tener, dentro de sus funciones, este tipo de visitas en campo para verificar los datos del monitoreo y emitir el certificado de carbono. A veces, hay monitoreos que no se hacen de la mejor forma, o que no cubren un área representativa del polígono que se está certificando. Hay vacíos, sobre todo, a nivel nacional [en Colombia]. 

No existe la trazabilidad del proceso. En algunos casos los datos estaban inflados o la línea base no era correcta".

También es común ver proyectos de bonos de carbono con plazos de 30, 40 o, incluso, 50 años. ¿Hay un estándar para definir el período de duración de estas iniciativas? 

Es una negociación entre un desarrollador del proyecto y la comunidad en la que se ejecuta. Pero un proyecto a 100 años es como decir que los hijos de los que están firmando el proyecto tendrán que ver qué pasa con eso. Por lo general, no es una práctica sana. 

Lo que se recomienda es firmarlo por no más de 20 años. Tampoco pueden ser periodos de tiempo muy cortos, porque el inversionista necesita recuperar la inversión inicial. Se recomiendan periodos de tiempo intermedios, para evaluar cómo ha ido. 

En muchos acuerdos no existen cláusulas legales para su terminación y, [luego, vemos] a representantes de comunidades indígenas en instancias legales tratando de deshacer proyectos porque, cuando los firmaron, no tenían total entendimiento de qué era a lo que se estaban comprometiendo.

¿Qué sucede si hay un potencial conflicto de interés entre la empresa que desarrolla el proyecto y quienes lo verifican?

Eso debería estar reglamentado. En el caso de Colombia, por la Superintendencia de Industria y Comercio. Los organismos de validación y verificación tienen que registrarse y decir cuál es su función y el objeto de esta empresa. Pero, al no existir la reglamentación, es muy difícil hacer un seguimiento. Por eso, se presentan abusos en algunos casos.

En muchos acuerdos no hay cláusulas legales para la terminación [de los proyectos de bonos de carbono]".

Mencionó a las comunidades indígenas, ¿qué papel tienen en estos proyectos? ¿Reciben beneficios o también participan en la toma de decisiones?

En un buen proyecto, las comunidades deben ser parte y participar de la toma de decisiones de todo lo que ocurre durante él. Una de las recomendaciones que hacemos es que la titularidad de los certificados o de los bonos sea de las comunidades. 

[La titularidad] no debería ser de un tercero que puede comercializarlo [al bono] y, al final, tener una ganancia mucho más alta que la de la comunidad sobre un proyecto en el bosque que ellos [los integrantes de la comunidad indígena] están cuidando. Las comunidades deben ser parte de la toma de decisiones de los proyectos. 

¿Qué ocurre con aquellas iniciativas en las que se descubre que las empresas exageraron o inflaron sus estimaciones. ¿Hay alguna instancia  que revise esa información?

Debería existir esa instancia a nivel nacional. Pero, como el tema no se ha reglamentado, en muchos casos no existe y, realmente, no pasa nada. De pronto, hay una sanción social, pero pueden cerrar esa empresa y abrir otra al  día siguiente, con otro nombre. Es muy complicado que haya un vacío tan grande en la reglamentación de estos  procesos en los Gobiernos nacionales. 

¿Qué señales o banderas rojas debería mirar una persona común para saber si un proyecto de bonos de carbono es realmente serio?

Hay buscadores en los que uno puede revisar esta información. Pero, por lo general, un proyecto a plazo muy largo llama un poco la atención. Estos proyectos deben hacerse en un periodo de tiempo prudente, de 15 a 20 años. 

Otra señal es que se firmen contratos con comunidades indígenas en alemán o en inglés y no se entienda bien qué es lo que se está firmando. También hay que ver cuál es el organismo de validación y cuál fue el estándar por el que se guiaron y que [estas certificadoras] no hayan estado en escándalos previos.