BENEFICIADAS. Los archivos irregulares de Produce favorecieron a 33 pesqueras, según la Contraloría.
La Contraloría General de la República detectó que 22 funcionarios y servidores de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la Producción (Produce) archivaron de modo irregular 98 procedimientos administrativos sancionadores contra pesqueras, en 2024.
Los casos involucran a 33 compañías que declararon menos anchoveta juvenil de la que realmente habían capturado. Los archivos irregulares evitaron que el sector aplique decomisos contra las pesqueras por más de S/12,4 millones, de acuerdo al Informe de Auditoría 008-2025-2-5301-AC, del 30 de setiembre último.
La revisión se generó a partir de un análisis preliminar del Órgano de Control Institucional de Produce, realizado en junio, como informó OjoPúblico meses atrás. Tras una verificación más exhaustiva y, luego de escuchar a los implicados, la Contraloría emitió su informe final.
A detalle, el documento indica que 83 de los 98 casos corresponden a una infracción grave: presentar declaración con información incorrecta. Esta se sanciona con el decomiso total de la pesca y una multa.
Archivos irregulares evitaron decomisos a las pesqueras por más de S/12,4 millones".
Sin embargo, ello no ocurrió porque Produce calificó los procesos con una tipificación menos grave: no declarar el porcentaje de juveniles capturados dentro del plazo determinado. Esta infracción, a diferencia de la anterior, solo contempla el decomiso del excedente respecto a la captura máxima permitida.
La irregularidad no fue advertida ni corregida por la Dirección de Supervisión y Fiscalización —órgano instructor— ni por la Dirección de Sanciones —órgano sancionador—. Entonces, se aplicaron decomisos por poco más de S/3,1 millones cuando correspondía un monto superior a los S/15,6 millones.
El informe de la Contraloría detalla que las declaraciones tenían diferencias de entre 15,01 y 73,67 puntos porcentuales respecto a lo que habían declarado las empresas desde el mar.
Entre las beneficiadas destacan Tecnológica de Alimentos S.A. (en 17 casos), Austral Group (9), CFG Investment (7), Exalmar (6), Hayduk (5), Pesquera Cantabria (4), Pesquera Diamante (3), Copeinca (3), Pesquera Centinela (3), Pesquera Isa (2), Pesquera Ninfas del Mar (2) y otras 22 empresas del rubro, con un caso cada una.
RIESGO. Desde el mar, las empresas implicadas declararon una captura de anchovetas juveniles menor a la que se encontró en puerto.
Foto: Presidencia
En los 15 expedientes restantes coexistían dos infracciones, de acuerdo a la comisión de control: declaración incorrecta y no presentar la información dentro del plazo estipulado.
En esos casos, las diferencias entre lo declarado desde el mar y lo encontrado durante el desembarque fue de entre 15,18 y 68,33 puntos porcentuales. Estos procesos fueron archivados por Produce ya que, según el ministerio, las empresas subsanaron de manera voluntaria la segunda infracción.
Los procesos administrativos sancionadores deben resolverse en un plazo de nueve meses. Si ese lapso es insuficiente, pueden tener una ampliación de tres meses por única vez. En otras palabras, el proceso debe durar, como máximo, un año, según la Ley General del Procedimiento Administrativo.
Sin embargo, la Contraloría detectó que 88 de los 98 procesos administrativos analizados, excedieron ese tiempo. Hay casos que demoraron, incluso, más de tres años.
Los presuntos responsables
La comisión de control ha determinado que los responsables de los archivos irregulares fueron 22 funcionarios y servidores públicos, con responsabilidad administrativa funcional.
Entre ellos figuran tres responsables de la Dirección de Supervisión y Fiscalización: Edith Enrique Aparicio, Jorge Maguiña Aliaga y Edgar Castilla López, este último todavía en el cargo. También está comprendida la actual directora de la Dirección de Sanciones, Patricia Lacey Morales Franco.
El OCI de Produce ha recomendado que se abran procedimientos administrativos sancionadores contra ellos. Además, pidió que la Dirección de Supervisión y Fiscalización (órgano instructor) y la Dirección de Sanción (órgano sancionador) implementen mecanismos de control y validación interna para garantizar la correcta calificación de las infracciones.
La Contraloría también sugirió que se evalúe declarar, de oficio, la nulidad de los archivos en los 98 casos y, de ser posible, que se reabran y se emitan nuevas resoluciones de sanción, considerando la infracción correcta, si los casos no prescribieron. De igual modo, pidió que se revisen las investigaciones en curso para evitar situaciones similares.
El 3 de octubre, el informe de auditoría fue notificado al entonces ministro de la Producción, Sergio Gonzales Guerrero. Menos de dos semanas después, la cartera quedó a cargo de César Quispe Luján, quien deberá implementar las recomendaciones de la Contraloría.
La entidad informó a OjoPúblico que el ministerio ya remitió un plan de acción sobre su primera recomendación: abrir procesos administrativos a los implicados. No obstante, todavía está a la espera de los documentos sobre las demás observaciones.
Al ser consultada por este medio, la nueva gestión de Produce aseguró que está elaborando un plan de acción para la implementación de todas las recomendaciones: “El Ministerio de la Producción no dejará pasar la situación mencionada en dicho informe de auditoría”.
Según explicaron, pondrán énfasis en la revisión de los expedientes que contienen diferencias en la tipificación, los controles internos y los procedimientos de los fiscalizadores. Agregaron que implementarán un programa de capacitación especializada para garantizar un debido proceso, seguridad jurídica y predictibilidad en las decisiones del órgano sancionador.
Contraloría le recomendó a Produce que inicie procesos administrativos sancionadores contra los implicados".
OjoPúblico también se contactó con los actuales funcionarios señalados por la Contraloría. Patricia Morales Franco, directora de Sanciones, explicó que estaba al tanto del informe de auditoría. Sobre el eventual inicio de proceso administrativo en su contra, señaló que no había sido notificada y que desconocía si existe una disposición formal en ese sentido.
Este medio pidió comentarios respecto a los hallazgos de la Contraloría a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) —gremio que agrupa a varias de las empresas beneficiadas con los archivos—. El gremio aseguró que reafirmaba su compromiso con el cumplimiento de la regulación técnicamente sustentada.
“La seguridad jurídica y la correcta aplicación de las normas son pilares fundamentales para una fiscalización eficaz y para generar confianza en las instituciones, sin perjuicio de que toda infracción debidamente comprobada sea sancionada conforme a ley”, precisaron.
Críticas a los nuevos lineamientos de muestreo
Hace dos meses, un informe de OjoPúblico puso en evidencia cambios normativos en Produce que promueven la impunidad en la captura de anchoveta juvenil: el ministerio derogó el procedimiento de muestreo en el mar. Es decir, el que permitió detectar las diferencias entre lo declarado a bordo y lo encontrado en puerto.
Aunque el sector aprobó un nuevo lineamiento de muestreo —que incluye avances como el registro en video de la actividad— hay un retroceso importante: impide que los resultados de ambas muestras se comparen. En otras palabras, erradicó la posibilidad de abrir procesos administrativos y sancionar a las pesqueras que declaran información incorrecta.
La Contraloría también analizó este tema. A su criterio, el nuevo lineamiento “debilita el carácter disuasivo de la normativa pesquera y acuícola” y “carece de medidas correctivas efectivas frente a la captura de anchovetas juveniles”.
Todo esto, remarcó, “genera un riesgo latente de incumplimiento normativo, favoreciendo la reiteración de conductas que atentan contra la sostenibilidad del recurso y debilitando el carácter preventivo y disuasivo del control establecido”. El ministerio, señaló por último, no ha dictado medidas complementarias para el registro en video de la toma de muestras y las capacitaciones al personal.
Al ser consultado por OjoPúblico, Produce defendió el nuevo lineamiento. Según dijo, este busca actualizar el procedimiento con “criterios científicos y recomendaciones del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)”.
EN COMÚN. Entre las empresas implicadas, hay integrantes de la Sociedad Nacional de Pesquería.
Foto: OjoPúblico
Cambios no sugeridos
En setiembre de 2024, tras detectar discrepancias dentro del ministerio al investigar los casos de declaración de captura de juveniles, Produce conformó un grupo de trabajo para analizar la regulación de la anchoveta.
El informe elaborado por ese grupo de trabajo —al que OjoPúblico accedió tras apelar una negativa del sector ante el Tribunal de Transparencia— consideró pertinente implementar mecanismos de control para contar con información confiable y oportuna sobre la pesca de anchoveta, que permitiera adoptar medidas de conservación más convenientes y efectivas para la especie.
Esos mecanismos, según precisaron, debían orientarse a reforzar la veracidad de la información declarada por las pesqueras. El documento también contempló un procedimiento para la ejecución del muestreo a bordo de la anchoveta.
En ninguna parte señaló que este último sería de utilidad exclusiva para el cierre de zonas de pesca. Tampoco mencionó algún problema respecto a compararlo con otros muestreos. Pese a eso, el lineamiento publicado por Produce incluye esas restricciones y asegura que fueron adoptadas en base a las recomendaciones del grupo de trabajo.
