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CLAVE. Con la comparación de muestreos, la Contraloría detectó que Produce había archivado procesos sancionadores sin considerar precedentes administrativos y judiciales.
El Ministerio de la Producción (Produce) ha concretado un cambio normativo que promueve la impunidad frente a la captura excesiva de anchoveta juvenil. El pasado 17 de agosto, la cartera publicó una resolución ministerial que deroga el procedimiento de muestreo biométrico de anchoveta desde el mar, aprobado en 2020, y emitió nuevos lineamientos para esa medición.
Aunque el nuevo procedimiento incorpora obligaciones importantes, como la grabación en video de la toma de la muestra, también elimina la posibilidad de comparar los resultados de ese muestreo con el que se realiza al llegar a puerto.
Los nuevos lineamientos señalan que la toma de muestra a bordo debe “ser utilizada, de manera exclusiva, en la determinación de las suspensiones preventivas de zonas de pesca”. En otro punto, agrega que, aunque aporta información confiable y oportuna, esta es “no comparable con resultados obtenidos en aplicación de otros procedimientos de muestreo”.
Desde ahora, el análisis de juveniles realizado desde el mar solo podrá usarse para evaluar cierres preventivos de zonas de pesca".
El cambio no es menor: en los últimos años, el ministerio había detectado que decenas de embarcaciones, mientras estaban en el mar, declaraban un porcentaje de captura de juveniles significativamente menor al que se encontraba al momento de desembarcar.
Esa omisión perjudicaba el cierre preventivo de zonas de pesca con exceso de juveniles. Y, de hecho, generó que, entre febrero de 2021 y julio de 2024, se abrieran, al menos, 51 procesos administrativos sancionadores contra las pesqueras dueñas de las naves.
Ahora, con el cambio de la norma, “ya no van a ser sancionadas, si no hay coherencia entre los datos que se toman en campo y los que hacen las certificadoras en las plantas”, explica el biólogo Juan Carlos Riveros Salcedo, director científico de Oceana Perú.
Millones de razones
Hace poco más de un mes, OjoPúblico alertó que la Contraloría había detectado, de manera preliminar, que Produce archivó 107 procedimientos sancionadores contra pesqueras sin considerar antecedentes administrativos y judiciales.
Todos los casos estaban vinculados a incongruencias en sus declaraciones de porcentajes de juveniles capturados en sus faenas de pesca. Estos hechos son considerados una infracción grave por el Reglamento de la Ley General de Pesca, y se sanciona con el decomiso total del cargamento, una multa y, en caso de reincidencia, con la suspensión temporal del permiso de pesca.
Los archivos, según la Contraloría, evitaron que se apliquen decomisos por S/13,4 millones y multas por S/390.000. A ello se suma un perjuicio económico de S/943.000 por devolución de decomisos que ya se habían ejecutado.
El análisis Desviación de Cumplimiento en la Auditoría al Ministerio de la Producción, que contiene estos hallazgos, es de carácter interno y no ha sido publicado en el portal de la Contraloría. El informe de control final, en cambio, sí tendrá que ser difundido, una vez esté listo.
No declaran el porcentaje de juveniles real porque, de esa forma, retrasan el cierre de las zonas de pesca”, cuenta Macedonio Vásquez.
En 2016, cuando se emitió el Decreto Supremo 024-2016, que permite capturar anchovetas juveniles sin límite ni sanción, Produce argumentó que la decisión obedecía a la necesidad de contar con información oportuna y real. Algo clave, remarcaron, para cerrar zonas de pesca con alta incidencia de juveniles, de modo preventivo.
Desde entonces, el sector dejó de sancionar a las pesqueras que capturan anchoveta juvenil por encima del porcentaje permitido (10%) por faena, a cambio de información fidedigna.
Sin embargo, los procesos administrativos por declaración incorrecta evidencian que la eliminación de multas no ha incentivado a las pesqueras a proporcionar información real: en 2019, por ejemplo, una embarcación declaró una captura de juveniles 68,34 puntos porcentuales más baja que lo que, luego, encontraron los inspectores.
“Es práctica de muchos años. No declaran el porcentaje de juveniles real porque, de esa forma, retrasan el cierre de las zonas de pesca para seguir depredando el recurso”, cuenta Macedonio Vásquez, secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos.
OjoPúblico le envió un cuestionario al ministro de la Producción Sergio Gonzales Guerrero para conocer más detalles sobre la flexibilización de las sanciones para las pesqueras que capturan anchovetas juveniles en exceso. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo respuesta.
CAMBIO DE REGLAS. Entre febrero de 2021 y julio de 2024, Produce abrió al menos 51 procesos sancionadores contra pesqueras por declaración incorrecta de captura.
Foto: Presidencia
Implementación de videovigilancia
A casi una década de la emisión del Decreto Supremo 024-2016, que dispuso la aplicación progresiva de medios automatizados de control y vigilancia —incluidas cámaras a bordo—, Produce dispuso que esto se implemente, a través de su nuevo lineamiento.
La norma detalla que el propietario del barco deberá designar a un trabajador para realizar la grabación del muestreo biométrico. Ese material fílmico deberá ser almacenado hasta un mes después de finalizada la temporada de pesca. Durante ese lapso, el registro podrá ser solicitado por la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción, si detectan presuntas mediciones incorrectas, de modo que puedan hacer controles posteriores.
Sin embargo, de confirmarse que la medición estuvo mal hecha, no se impondrá ninguna sanción contra las pesqueras. Ni siquiera en casos de reincidencia: frente al primer error de medición, se hará una capacitación presencial al personal involucrado. Si el problema se da por segunda vez, pedirán el cambio de personal a cargo del cálculo, y, si se repite una vez más, Produce asignará un fiscalizador a bordo.
Aunque se confirme que la medición de juveniles desde el mar estuvo mal hecha, no se impondrá ninguna sanción contra las pesqueras".
Al ser consultada por la nueva resolución ministerial de Produce, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) —gremio que agrupa a las principales empresas dedicadas a la extracción de anchoveta, entre ellas acusadas de presentar información incorrecta de juveniles— se mostró conforme con los cambios. “Siempre estaremos a favor de las medidas que se tomen para preservar el recurso, que estén basadas en evidencia científica”, indicaron.
También se pronunciaron a favor de la videovigilancia a bordo. “Medidas de control, como la aprobada, son bienvenidas, pero estas siempre deben estar asociadas a un factor de identificación de riesgos, para que (...) surta efectos reales y resulte eficiente y eficaz”, añadieron.
Riveros Salcedo señaló, en tanto, que los cambios le han dado una mayor responsabilidad a las pesqueras. En ese contexto, dijo esperar que estas demuestren “estar a la altura” de las necesidades para la conservación de la anchoveta.
Produce ha asegurado que sus decisiones son técnicas y buscan preservar a la especie. Sin embargo, estos nuevos beneficios para grandes pesqueras y la captura de más de 650.000 toneladas de juveniles —cifra histórica— en la última temporada de pesca de anchoveta abren nuevas dudas sobre esa afirmación.
