Produce otorgó permiso irregular para pescar bacalao a tres embarcaciones

De piel gris oscura y carne blanca, el bacalao de profundidad es un recurso altamente demandado en el mercado internacional. Solo entre enero y octubre del 2025, en Perú se desembarcaron más de 197 toneladas, y para 2026, se ha establecido una cuota de 170 toneladas para seis embarcaciones específicas. De esta manera, cada una podrá capturar alrededor de 30 toneladas. 

La cuota tiene como propósito proteger a la especie. El Ministerio de la Producción señala que el bacalao de profundidad es una especie "plenamente explotado". Es decir que, si se aumenta la intensidad de su pesca, se afectaría su sostenibilidad.

Pese a eso, OjoPúblico identificó que, en setiembre de 2025, Produce otorgó una autorización para que tres embarcaciones participen de un proyecto de investigación de la especie aunque esas naves no cuentan con permiso de pesca vigente para bacalao, un requisito que, según el mismo ministerio, es necesario.

El bacalao de profundidad está categorizado como 'plenamente explotado'".

Pedro Justo Fuentes, coordinador general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales de la región Moquegua (Fiupar), está alarmado por el incremento de la flota, de seis a nueve barcos. Aunque sea con el objetivo de investigar, señala, esto aumenta la presión de pesca sobre la especie.

“Nos preocupa la incoherencia científica y legal. Las autoridades nos dicen que debemos conservar el ecosistema marino, pero autorizan un incremento de la flota”, dijo en diálogo con este medio.

La contradicción de Produce

En diciembre de 2023, la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto de Produce, a cargo de Noe Augusto Balbín Inga, rechazó un pedido para realizar una investigación pesquera de bacalao solicitada por Julio Gastón Zevallos Valladolid.

La negativa, según señaló en una resolución del sector, se debió a que las tres embarcaciones —Charly, Emperatriz y J. G.— que iban a participar de la investigación no contaban con permiso de pesca para la extracción de bacalao, cuando el artículo 5.2 del reglamento para este recurso lo exige.

“Las faenas de pesca que desarrollen las embarcaciones que cuenten con el respectivo permiso de pesca, estarán orientadas específicamente a la extracción del bacalao de profundidad con la utilización de espinel o palangre de profundidad”, señala la norma.

Además, indicó que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) no había otorgado una opinión favorable para el proyecto de Zevallos Valladolid pues “no presenta un aporte desde el punto de vista científico” y la metodología detallada en la solicitud no guardaba relación con el objetivo principal de la propuesta.

Lo capturado de bacalao, para fines de investigación, no puede ser comercializado, según Produce".

Otro punto cuestionado fue que no se precisó el destinó final de las capturas de bacalao, teniendo en cuenta que, al realizarse en el marco de una investigación, los peces no podían ser comercializados. La cuota solicitada era de 25 toneladas por barco al año.

En enero de 2024, Zevallos Valladolid presentó un recurso de reconsideración, pero este también fue denegado. De acuerdo al director de pesca para consumo humano directo e indirecto, Noe Balbín Inga, no se presentaron documentos nuevos para que revierta su decisión inicial.

Diez meses más tarde, Zevallos Valladolid presentó una nueva solicitud con el mismo objetivo. Esta vez, el proyecto fue evaluado por Luis Antonio García Diaz, quien asumió el cargo de Balbín Inga en la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, desde febrero de 2025.

A diferencia de su antecesor, para García Diaz el pedido de este pescador sí cumplía con los requisitos necesarios para hacer una investigación: solicitud con carácter de declaración jurada, plan del proyecto y la copia de las matrículas de los barcos.

Su evaluación no consideró a los permisos de pesca para la especie dentro de las exigencias. Además, en lectura de su área a la nueva opinión del Imarpe, aseguró que esta era favorable porque el plan de trabajo había sido “reformulado” en términos de captura. Así, se autorizó a Zevallos Valladolid a realizar el proyecto de investigación por dos años, con una cuota de 23 toneladas anuales por embarcación de captura de bacalao.

PROTECCIÓN. El Perú cuenta con poca información sobre el bacalao de profundidad. Por ese motivo, restringe su captura. El objetivo es asegurar su sostenibilidad.

Foto: OjoPúblico

Consultado sobre este punto, Jimpson Dávila Ordoñez, director del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señaló que es “llamativo” que se haya aprobado una cuota de captura tan alta para un proyecto de investigación.

“La autoridad tiene que garantizar que la autorización cumpla su fin científico y, para eso, es necesario tener una trazabilidad clara. Una vez que se extrae el recurso, ¿a dónde va? Si se está utilizando para fines exclusivamente comerciales, estaríamos frente a un escenario de incumplimiento de la normativa pesquera”, dijo.

El biólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Víctor Aramayo Navarro explicó, por su parte, que el Estado mantiene cuotas restringidas para la captura de bacalao porque no cuenta con información suficiente sobre su biología y ecología.

“Eso contribuyó positivamente a que hubiera, al menos, alguna medida de control y de regulación para tener algo de balance entre la incertidumbre, mientras se va haciendo investigación sin necesidad de afectar la actividad [económica]”, señaló Aramayo. Agregó que estas investigaciones no se realizan porque el Estado tiene recursos muy limitados.

Las tres beneficiadas

Ir en busca de bacalao no es barato. Cada salida por embarcación dura alrededor de 15 días y cuesta USD 18.000. Este monto se gasta en el combustible, pago de personal, víveres para la tripulación, entre otros conceptos. La actividad, señalaron fuentes de este medio, es rentable en la medida que la flota se mantenga en seis embarcaciones.

Sin embargo, Produce autorizó que tres embarcaciones adicionales realicen el mencionado proyecto de investigación. El permiso está a nombre de Julio Gastón Zevallos Valladolid, quien está vinculado a la actividad pesquera.

Dicha autorización incluye a tres embarcaciones: Machaquito, Charly y J. G. OjoPúblico verificó en el portal de Produce que ninguna cuenta con permiso vigente para la pesca de bacalao de profundidad.

J.G. está registrada a nombre de Zevallos Valladolid, Charly es del pescador Spiros Kalinicos Reaño, y Machaquito es de propiedad de Alexis Rodolfo Zevallos Amoroto. Este último tiene una deuda coercitiva con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que asciende a casi S/13.000.

El dueño de Machaquito, barco autorizado de manera irregular para capturar bacalao, acumula miles de soles en deudas al Estado".

Asimismo, Zevallos Amoroto es accionista y gerente de Constructora y Servicios Atenas, empresa que debe más de S/66.000 a distintas entidades públicas, según la autoridad tributaria. Entre 2007 y 2016 esa compañía recibió más de S/24 millones del Estado por la provisión de servicios, según la plataforma del Ministerio de Economía.

En 2020, la misma constructora fue sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) con un impedimento de tres años para participar de procedimientos de selección. ¿El motivo? Haber presentado un documento falso para adjudicarse una licitación estatal.

Este medio intentó comunicarse con los dueños de las embarcaciones, Imarpe y Produce para conocer los avances de la investigación pesquera. Solo Zevallos Valladolid respondió por vía telefónica en un par de oportunidades en las que se excuso. En la última comunicación, dijo que no podía hablar “sin tener sus papeles en sus manos” y que devolvería la llamada, pero eso no ocurrió.