Solo el 28% de los 36 candidatos presidenciales proponen derogar leyes procrimen

Actualización: 20 de enero de 2026 - 1:10 p.m.

En 16 días, al menos, 77 personas fueron asesinadas en Perú, de acuerdo a datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) de 2026. En este contexto, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales ejes de la campaña para las Elecciones Generales de abril próximo.

Pese a eso, solo 10 de los 36 candidatos en carrera a la Presidencia se han comprometido a derogar las leyes que debilitan la lucha contra el crimen, identificó OjoPúblico al analizar los planes de gobierno presentados por las agrupaciones políticas ante el Jurado Nacional Electoral (JNE) y publicados en la página web de este organismo.

Entre estos se encuentran Alfonso López – Chau (Ahora Nación), Ronald Atencio (Venceremos), Jorge Nieto (Partido por el Buen Gobierno), Rafael Belaúnde (Libertad Popular) y Mesías Guevara (Partido Morado). A ellos se suman Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y George Forsyth (Somos Perú) y Marisol Pérez Tello (Primero la Gente).

En 16 días, al menos, 77 personas fueron asesinadas en Perú, según datos del Sinadef de 2026".

Las denominadas leyes procrimen son un paquete de normas aprobadas por el Congreso y promulgadas durante el Gobierno de Dina Boluarte, y que la gestión del presidente interino José Jerí ha decidido mantener. El Ministerio Público ha advertido en diversas ocasiones que estas normas amenazan la función de los fiscales e imponen barreras en la persecución de grupos criminales dedicados a la extorsión, delitos ambientales, corrupción y el lavado de activos.

Algunas de estas normas —como alertó, en su momento, la Fiscalía de la Nación— son la Ley 32108, que modifica la tipificación del delito de organización criminal; la Ley 31751, que modifica la suspensión del plazo de prescripción de delitos; la Ley 32326, que impide la extinción de dominio sobre bienes de los investigados por lavado de activos y corrupción sin sentencia, y la Ley 31990, que establece un plazo de ocho a 16 meses para concretar una colaboración eficaz.

Otros dos candidatos, aunque mencionan algunas de esas normas en sus planes de trabajo, solo hablan de “revisarlas” y “modificarlas”, sin precisar a qué tipo de cambios se refieren. Así ocurre con Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional). Los 24 restantes, si bien plantean medidas para el sector, no abordan el cuestionado paquete legislativo.

Limitan la colaboración eficaz y la extinción de dominio

De los 10 candidatos que plantean eliminar las denominadas leyes procrimen, cuatro precisan explícitamente en sus planes de gobierno cuáles pretenden derogar: Ronald Atencio (Venceremos), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Mesías Guevara (Partido Morado) y George Forsyth (Somos Perú). 

Todos hacen foco en la ley que limita los plazos de la colaboración eficaz y en la vinculada a la extinción de dominio, aprobadas en segunda votación en abril de 2025, por el actual Congreso. 

Por su parte, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) ofrece "restablecer y fortalecer la consistencia del marco legal e institucional para enfrentar al crimen". La modificación y derogación de normas críticas se menciona como uno de los indicadores. 

En ese momento, el fiscal provincial contra la criminalidad organizada Álvaro Rodas explicó a OjoPúblico que, con la reducción de los plazos a la colaboración eficaz, era imposible verificar las afirmaciones de un delator.

La ley sobre extinción de dominio, en paralelo, debilita la persecución del poder económico que sostiene a las organizaciones criminales. Hace casi un año, el Poder Judicial alertó que la norma generaría impunidad en alrededor de 5.000 procesos —la mayoría vinculados a corrupción— y que el Perú sería colocado en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Las denominadas leyes procrimen son un paquete de normas aprobadas por el Congreso durante el Gobierno de Dina Boluarte".

“En la lucha contra la delincuencia moderna, no solo se persiguen personas. Puedo tener inteligencia y capturar a los líderes, pero el crimen organizado actúa sobre la base de flujos financieros. En la medida que el dinero siga vigente, la actividad criminal no desaparece”, dice César Cárdenas Lizarbe, abogado y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Entre los candidatos presidenciales que hacen foco en estas normas sobresale Forsyth, de Somos Perú. El plan de gobierno de este postulante contradice la postura de la actual bancada de su partido: cinco de sus congresistas votaron a favor de esas mismas normas. Entre ellos, el actual presidente interino José Jerí.

El vocero de Somos Perú, Guillermo Aliaga Pajares, dijo a este medio que hubo un debate interno en el partido, con miras a la campaña electoral, y se acordó promover la derogación de la ley que reduce los plazos de la colaboración eficaz y la que perjudica a la extinción de dominio. Sin embargo, reconoció que la bancada está facultada para tomar otra decisión en el Legislativo. “Los congresistas no tienen mandato imperativo”, recordó. 

CONTRADICCIÓN. George Forsyth, candidato de Somos Perú, propone derogar las leyes procrimen que su organización política apoyó aprobar en el Congreso. 

Foto: Facebook de George Forsyth

Los otros postulantes que ofrecen derogar las denominadas leyes procrimen se refieren a ellas de manera general. Jorge Nieto (Partido por el Buen Gobierno), por ejemplo, promete crear una comisión especial que las revise en un plazo de 30 días y Rafael Belaúnde (Libertad Popular) propone eliminar las leyes que “favorecen la impunidad”, aprobadas “desde 2017”.

Por su parte, Alfonso López Chau (Ahora Nación), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú) hablan de eliminarlas, aunque no hacen más referencias específicas.  

Entre los candidatos que solo plantean una revisión están Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional). Ambos apuestan por una “reforma” sobre las leyes destinadas a la lucha contra la delincuencia, sin ofrecer mayores detalles de la misma. 

Apoyaron leyes procrimen y evitan pronunciarse

OjoPúblico identificó que 24 candidatos presidenciales no presentaron ninguna propuesta para las leyes que facilitan la criminalidad, pese a la ola de delincuencia y las alertas del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

Seis de ellos lideran partidos con representación en el Congreso: Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Vladimir Cerrón (Perú Libre), César Acuña Peralta Alianza para el Progreso), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), José Williams Zapata (Avanza País) y José Luna Gálvez (Podemos Perú).

Williams Zapata y Luna Gálvez —quienes, a la fecha, ejercen como congresistas— votaron a favor de la ley que debilita la colaboración eficaz. El último también respaldó que la referida a extinción de dominio sea promulgada por insistencia.

La norma que afecta la colaboración eficaz fue apoyada, asimismo, por congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso. Cinco congresistas de las filas de López Aliaga también votaron a favor de ella.

Para César Cárdenas Lizarbe, exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la clase política ha usado las dilaciones de los procesos de colaboración eficaz como excusa para debilitar el mecanismo. “Cuando hay investigaciones sobre lavado de activos, la corroboración [de testimonios] no la haces en un año. [Aprobar esta ley] es hacerle el juego al crimen organizado”, dijo. 

Mano dura, impunidad y cuestionamientos al sistema judicial

Aunque no prometen ninguna reforma contra las leyes que benefician al crimen organizado, Acuña Peralta y Williams Zapata cuestionan la independencia de los jueces que se rehúsan a acatar las leyes de impunidad para casos de violaciones de derechos humanos y la permanencia de Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

El plan de gobierno del primero propone reformular el control difuso —facultad que tienen los jueces para inaplicar leyes que consideren inconstitucionales y que contravengan tratados internacionales—. “[Los magistrados] llegan a cometer prevaricato sin que el sistema tenga herramientas para corregir dicha ilegalidad”, afirma el documento de Acuña Peralta. 

Los magistrados del Poder Judicial se han opuesto a aplicar la Ley Nº 32107, de prescripción de delitos de lesa humanidad, y la Ley Nº32419, que otorga una amnistía a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos. 

El partido político de Acuña Peralta apoyó la aprobación de ambas normas en el Congreso. Hace poco más de un mes, OjoPúblico reveló que más de 100 imputados buscaron impunidad a través de estas leyes. Hasta ahora, ninguno tuvo éxito. 

El plan de gobierno de Acuña Peralta también defiende la ley que delega a la Policía la potestad para liderar las investigaciones preliminares. Esta norma, cuestionada por el Ministerio Público, fue respaldada por el exministro del Interior Juan José Santiváñez —ahora candidato al Senado de Alianza para el Progreso—, durante el Gobierno de Dina Boluarte. 

CANDIDATOS. César Acuña postula a la Presidencia y Juan José Santiváñez al Senado, ambos con Alianza para el Progreso.

Foto: Gobierno Regional de La Libertad

El congresista Williams Zapata, por su parte, plantea restituir la pena de muerte y el retiro de Perú de la jurisdicción de la Corte IDH. Lo mismo propone Paul Jaimes, candidato a la presidencia por Progresemos. 

Su rival Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), aunque propone derogar las leyes procrimen, también pretente convocar a un referéndum para denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y restituir la pena de muerte.

Frank Casas Sulca, especialista en seguridad ciudadana y crimen organizado, explica que aumentar las penas no es una medida que reduzca la criminalidad. “[Los candidatos] ofrecen un discurso para ser poco complacientes con la delincuencia, pero terminan siendo laxos y cómplices de la impunidad [cuando aprueban leyes]. En ninguna parte del mundo la pena de muerte ha sido la solución”, señaló.

El abogado Cárdenas Lizarbe advierte que, mientras las leyes procrimen no sean revisadas por el Congreso, el nuevo Gobierno enfrentará dificultades para combatir la delincuencia. “Eso implicará más riqueza para el crimen organizado y más muertes. Habrá más economías ilegales que destrocen el país”, dijo. 

La derogación o modificación de estas normas dependerá de la composición del nuevo Congreso. A partir de julio de 2026, esta institución será bicameral: contará con una cámara de 130 diputados y otra de 60 senadores.

RESPONSABLES. El actual Congreso aprobó las leyes que debilitan la lucha contra el crimen organizado.

Foto: Congreso Perú

Pedidos de tachas e inscripciones observadas

Además de las 36 organizaciones políticas que inscribieron fórmulas presidenciales, otras dos —el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap) y Ciudadanos por el Perú (CPP)— presentaron listas de candidatos al Legislativo. 

A menos de cuatro meses para las elecciones generales del 12 de abril, la única candidata que todavía no concreta su inscripción es Marisol Pérez Tello (Primero la Gente). El miércoles 14 de enero, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible su postulación. 

Una de las razones fue que, durante el registro, esta organización sólo anexó un resumen de su plan de gobierno y no el documento completo. El JEE le otorgó dos días para subsanar esta y otras observaciones. Este medio intentó entrevistarla, pero, hasta el cierre de este informe, no respondió. 

Por otro lado, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Mario Vizcarra (Perú Primero) consiguieron concretar la inscripción de sus fórmulas presidenciales esta semana, tras superar tres pedidos de tacha en su contra. En el último caso, la solicitud se debió a que Vizcarra Cornejo tiene una condena por peculado, pero se encuentra rehabilitado. El JNE resolvió que continúe en carrera. 

PRIORIDAD. Rafael López Aliaga dejó la alcaldía de Lima para postular a la Presidencia con Renovación Popular. El JNE decidió que siga en carrera.

Foto: Congreso Perú

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) también enfrentó un pedido de tacha en su contra. Sin embargo, el JEE de Lima Centro 1 lo declaró improcedente porque fue presentado de manera extemporánea. 

José Williams (Avanza País), mientras tanto, aguarda que el JNE se pronuncie sobre un pedido de tacha en su contra por presuntas inconsistencias en su declaración jurada de ingresos. El JEE de Lima Centro 1 lo rechazó en primera instancia, pero el solicitante presentó una apelación. 

De acuerdo al cronograma electoral, el 11 de febrero vence el plazo para que las inscripciones de las fórmulas presidenciales y las listas para el Congreso y el Parlamento Andino sean admitidas. José Naupari, abogado en temas electorales, explicó a OjoPúblico que el JNE tiene hasta el 26 de febrero para resolver las tachas en contra de los candidatos en primera instancia. 

Nota aclaratoria: 

La primera versión de este reportaje señaló erróneamente que solo nueve candidatos a la Presidencia proponen derogar las denominadas leyes procrimen y que otros tres plantean modificarlas en los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En ese último grupo fue considerada, inicialmente, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente). Para el análisis se tomó en cuenta los documentos disponibles en la plataforma del JNE. En el caso de la candidata de Primero la Gente figura un formato resumen que se refiere a estas leyes y plantea, en su objetivo general, “restablecer y fortalecer la consistencia del marco legal e institucional para enfrentar el crimen”. Uno de los indicadores es la corrección y derogación de estas normas.

Tras la publicación del artículo, Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia de esa agrupación política, indicó que el partido político presentó dos documentos ante el JNE: el formato completo del plan de gobierno y el resumen. Sin embargo, solo el último está disponible en la página web de la institución. El formato completo, proporcionado por Molina Martínez el 20 de enero de 2026, detalla la derogación de las leyes que favorecen a organizaciones criminales como una de sus políticas públicas.