Está previsto que, en los próximos días, el Tribunal Constitucional emita una sentencia sobre el Caso Cócteles que marcará el destino de una serie de investigaciones a políticos por presunto lavado de activos. En ese contexto, el fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, señala a OjoPúblico que existe interés para que casos emblemáticos sean archivados, con el objetivo de garantizar la impunidad.
Tras la suspensión de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público por parte de la Junta Nacional de Justicia, Pérez dice no esperar "situaciones favorables" para la independencia y la autonomía de su institución.
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Cuando se frustra la labor de la Fiscalía en la investigación, es impunidad".
La sensación de varios observadores es que se quiere tomar el Ministerio Público. ¿Coincide?
Bueno, no es una sensación que no tenga sustento. Estas acciones recientes que se están haciendo para deslegitimar la función de la Fiscalía y de los fiscales tendría como objetivo un cambio de cabeza en la institución y una reforma, como la que plantean diversos actores políticos, para tener un nuevo modelo de justicia.
Esto viene ya de hace varios meses, en donde se han cambiado varias leyes que terminan afectando la labor que realizan distintas fiscalías en la persecución del delito, como las de crimen organizado, extinción de dominio, las que ven temas de corrupción de funcionarios, de lavado de activos.
Es decir, es una suma de varios aspectos con el objetivo, aparentemente, de que muchos de los casos emblemáticos o contra los intereses de actores políticos o empresariales, sean archivados.
¿Para garantizar la impunidad?
Cuando se frustra la labor de la Fiscalía en la investigación, es impunidad. Es decir, que no haya capacidad de sanción de delitos.
Se está ventilando en el Tribunal Constitucional el caso Cócteles. La presidenta del TC, Luz Pacheco, ha dicho que esta sentencia no saldrá en setiembre. ¿Teme que esta próxima decisión termine por tumbarse, no solo el proceso que involucra a Keiko Fujimori, sino otros, como el de Ollanta Humala o Renovación Popular?
Es una preocupación que no la manifesté recién. La di a conocer entre el año 2021 y el 2022, cuando se reconformó este Tribunal Constitucional.
¿Qué dijo entonces?
En aquel momento, indiqué que podría utilizarse la vía constitucional para afectar o interferir en el procesamiento del caso Cócteles. Y creo que, al final, se me puede dar la razón, porque hemos visto una audiencia en la cual ciertos magistrados han tenido una posición bastante parcializada.
¿Se refiere al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse?
No solamente lo enfocaría en él. Creo que es la figura más visible, no solamente por la actuación que tuvo en esa audiencia, sino por su pasado. A pesar de que lo ha querido borrar del Twitter [hoy X], está ahí. Es decir, manifestaciones de adhesión a la señora Fujimori y posiciones de ataque contra los fiscales del caso Lava Jato. En diversas entrevistas, él señala que es parte de su libertad de expresión.
Hemos visto una audiencia en la cual ciertos magistrados [del TC] han tenido una posición bastante parcializada".
¿Y qué otros magistrados, aparte del señor Gutiérrez Ticse, le sorprendieron por su actuación en esa audiencia?
El magistrado Ochoa [Cardich] quiso que se absolvieran preguntas con relación al acuerdo de colaboración eficaz. Mire usted, esa audiencia tuvo que ver con el caso de la señora Fujimori y el caso Cócteles, no tenía que ver con el acuerdo con la empresa Odebrecht, que también es materia de una comisión multipartidaria en el Congreso de la República.
Lo que genera preocupación en la Fiscalía es que las decisiones que adopta este Tribunal Constitucional son casi en bloque, salvo el magistrado Manuel Monteagudo, que suele discrepar con la mayoría. Esta decisión [del TC] es probable que determine el archivamiento del caso.
Es lo más probable, en realidad.
¿Por qué? Porque esta causa estaba cerrada. Cuando una audiencia se lleva a cabo, las partes debaten, la causa se cierra y queda expedita para el voto o decisión final. Eso había ocurrido en mayo, cuando ya habían debatido tanto la abogada de Keiko Fujimori como la representante de la Procuraduría del Poder Judicial.
En agosto, resulta que el TC quiere escucharme y emite una resolución y me convoca a la audiencia, una situación inédita. No hay un antecedente en el cual el TC haya llamado a un fiscal para que explique su investigación.
¿Usted es un pionero?
Termino siendo un pionero. Me queda claro que no han pretendido escuchar cuáles son las razones que sustentan la investigación, sino, por el contrario, generar una suerte de justificación de que escucharon al Ministerio Público para tomar la decisión de archivar el caso. ¿Cuál es la consecuencia que puede traer la resolución?
Que se vengan abajo todos los otros casos.
Primero, el caso Cócteles. Hay que recordar que no solamente la señora Fujimori está acusada, sino otras varias personas. Y, luego, los casos que tienen características similares, como el del expresidente Humala. Mientras la señora Fujimori recibía USD 1 millón de Odebrecht, el señor Humala recibía USD 3 millones, y él ya está condenado con pruebas idénticas a las que se iba a actuar en el juicio del caso Cócteles.
No solamente eso. Está el caso del financiamiento con dinero de la empresa Odebrecht para las campañas políticas de dirigentes del Partido Aprista o para lo que era el Partido Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular.
Partido del señor Alejandro Muñante, presidente de la comisión que está investigando el acuerdo con Odebrecht, dicho sea de paso.
Y hay otras investigaciones, que no solamente involucran el dinero de la empresa Odebrecht. Vladimir Cerrón y otras personas están siendo investigadas por lavado de activos, por haber recibido dinero de las ganancias ilícitas de los Dinámicos del Centro para la campaña de Perú Libre.
Entonces, esta sentencia del TC va a afectar, no solo a los casos vinculados a la empresa Odebrecht, sino a cualquier otra investigación en donde el crimen ha financiado a políticos y campañas políticas. Eso es lo peligroso.
No espero situaciones muy favorables, sobre todo para la independencia y la autonomía de la Fiscalía".
La defensa de Keiko Fujimori argumenta que recibir dinero ilícito para campañas políticas no constituye lavado de activos y que, en todo caso, es una infracción administrativa. Pero la casación de la Sala Penal Permanente dijo que puede ser lavado, si se prueba que el receptor tenía conocimiento de ese origen irregular.
Exacto.
¿Está probado que Fuerza Popular sabía que el dinero era de origen ilícito?
Las pruebas están ofrecidas por la Fiscalía. El 1 de julio del año pasado, se logró instalar el juzgamiento contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Eso que me comenta, que la abogada de Keiko Fujimori [Giulliana Loza] señala que recibir dinero [ilícito] no es delito, sino una infracción administrativa, es porque tuvo que aceptar, al final de todo el proceso de investigación de cara al inicio del juzgamiento, que recibieron dinero, que recibieron millones en efectivo en bolsas, en maletines, en sacos.
Es decir, USD 1 millón de Odebrecht, más de USD 3,6 millones de Dionisio Romero, y más de USD 7 millones de Juan Rassmuss Echecopar. Como usted bien señala, esta casación de la Corte Suprema establece que se tiene que realizar la actividad de prueba en un juzgamiento. Pero la abogada de la señora Keiko Fujimori ha solicitado al TC que se archive el caso y que se declare que recibir dinero para campañas políticas de procedencia delictiva no es lavado de activos.
¿Pero hay pruebas de que Fuerza Popular y Keiko Fujimori sabían que el dinero era de origen ilícito?
Queda claro que sí. ¿Por qué? Porque es lo que la Fiscalía ofrece en la acusación. Le pongo un ejemplo bastante sencillo. Si el Poder Judicial ha condenado al señor Ollanta Humala, al Partido Nacionalista y a otros dirigentes más…
¿Por lo mismo?
Por recibir USD 3 millones, por lo tanto, ya para el Poder Judicial se ha llegado al convencimiento, hay una certeza. Si son las mismas pruebas para el caso de la señora Fujimori, nos quedaba claro que la expectativa de lograr una condena era muy alta.
¿Por lo menos, en primera instancia?
Por lo menos, en primera instancia. Pero no solamente llevamos el caso de Odebrecht. Le he mencionado el caso de Dionisio Romero y la entrega de dinero que hace en 17 oportunidades en la casa de uno de los directivos del banco, en la Molina.
No solamente estoy hablando del Banco de Crédito, también del caso de la empresa Sudamericana de Fibras, en donde, en diversas oportunidades, personas del entorno de la confianza de la señora Fujimori iban a la fábrica, en el Callao, a recoger sobres de dinero, de USD 200.000, de USD 100.000, durante las campañas de 2011 y 2016.
Todos estos elementos nos permiten decir que el dinero que ingresa a la campaña política de Fuerza Popular, en estas dos campañas, no tenía procedencia lícita.
¿Por qué el principal banquero del Perú no habría utilizado su banco para entregarle este dinero a la señora Fujimori?".
¿Incluyendo el dinero de Dionisio Romero?
Porque no era dinero del bolsillo del señor Dionisio Romero. Era el dinero de una persona jurídica distinta. Y esto es, probablemente, lo que no se ha podido explicar bien a los medios de comunicación.
¿Y por qué tendría origen ilícito el dinero que proceda de una figura distinta a la de Dionisio Ramero?
Porque el patrimonio de una persona jurídica es de la persona jurídica, de los socios, de los accionistas, de todos los que la conforman, y es independiente al presidente del directorio, al representante legal, al gerente, al administrador.
En resumen, afirma que no era dinero del patrimonio personal de Romero, sino de la persona jurídica.
Dinero de la bóveda, que se extrae violando la ley financiera, violando todas las normativas que regulan el manejo de una empresa o de una entidad financiera bancaria, declarándose otros conceptos que no eran la entrega de dinero para la campaña de la señora Fujimori.
¿Por qué el principal banquero del Perú no habría utilizado su propio banco para entregarle este dinero a la señora Fujimori, si es que era dinero de procedencia lícita? Queda claro que no utilizó el sistema bancario, sino que se extrajo [el dinero] en diversas oportunidades, se consignó información falsa en la contabilidad y en la parte administrativa, y se entregó en efectivo, precisamente, para borrar cualquier rastro, eliminar cualquier vestigio.
Eso es lavado de activos. Es decir, sustraigo dinero que no me corresponde y se lo entrego a otra persona para que haga esta labor del “pitufeo” e ingrese al sistema bancario. Pero, ahora, a las cuentas de Fuerza Popular.
¿A cambio de qué?
De una disposición favorable a los intereses de la persona jurídica. En la acusación planteé aspectos muy importantes. Por ejemplo, la ley de octógonos. De haberse continuado el juicio, me queda claro de que iban a presentarse congresistas de aquel periodo que iban a señalar cómo, desde Fuerza Popular, se opusieron a que se pudiera aprobar, favoreciendo los intereses que representaba el señor Dionisio Romero.
Si el TC decide archivar el caso Cócteles, ¿el dinero ilegal para financiar campañas políticas ya no podría ser considerado lavado de activos?
Ya no. Lo que plantea la abogada de la señora Fujimori es que, a partir del año 2019, se dio el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia entre lavado de activos y el financiamiento ilegal? El lavado de activos tiene una pena grave, alta. Es decir, se pueden congelar cuentas, se puede incautar, puede haber una intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Si el Tribunal Constitucional lo define así, pues nos estará abriendo un espacio de grave impunidad".
Por la magnitud del delito, claro.
Por su gravedad y los compromisos internacionales que asume el país, a nivel mundial. [Por ser] un delito de lavado de activos va a haber cooperación internacional. El delito de financiamiento ilegal, en cambio, establece cuáles son los aportes que no tienen que recibir los partidos políticos, pero…
Pero no es tan grave.
No es tan grave. Si el Tribunal Constitucional nos dice "eso no es lavado de activos", los fiscales tendrán que recurrir a otro tipo penal. A mí me queda claro que, si el Tribunal Constitucional lo define así, pues nos estará abriendo un espacio de grave impunidad, tanto como cuando emitió esta sentencia de la Ley de Extinción de Dominio. Entonces, parece que se van a sanear los ingresos de dinero de actividades delictivas a las campañas políticas. Parece que…
Se van a lavar.
Se van a lavar los dineros lavados, claro, concuerdo.
Se ha informado en medios de prensa que se les ha comprendido a usted y a siete personas más como investigados en la comisión que indaga la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que preside el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular. ¿Qué piensa de esta decisión?
Se va consolidando el hecho de que hay una injerencia política en el sistema de justicia. Lo dije en el Congreso de la República y lo repito en este momento: el acuerdo de colaboración eficaz fue aprobado por una sentencia judicial, que es cosa juzgada, firme, que ha dado una jueza, que actuó de manera independiente y autónoma.
Están abriendo un escenario nunca antes visto en el país: que las cosas juzgadas sean revisadas por el órgano político. Seguramente, mañana no les agradará una sentencia condenatoria o absolutoria, la llevarán al Congreso y buscarán, con argumentos falaces, desacreditar la decisión de los jueces del Poder Judicial.
Eso está sucediendo, lamentablemente. Ya podemos afirmar que hay una persecución, desde el órgano político, hacia operadores de justicia en el país, como ocurre en Venezuela, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y otros países.
Ahora, el señor Muñante tiene un conflicto de interés. Usted lo dijo: Renovación Popular, a donde pertenece, es un partido investigado.
Acabamos de ver [conflicto de interés] en el caso de un magistrado del Tribunal Constitucional, y lo vemos en la comisión multipartidaria que investiga el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. Pero es que, lamentablemente, ya no hay contención.
Ya podemos afirmar que hay una persecución, desde el órgano político, hacia operadores de justicia en el país".
¿Ya no hay decoro, quiere decir?
Exactamente. ¿Qué es la impunidad? Que no haya sanción o castigo por la infracción que se comete. Cuando se sienten impunes y saben que no va a haber una sanción, transgreden el ordenamiento jurídico, las normas, las leyes.
Parece que hay una sensación de que todos estos atropellos, arbitrariedades, abusos no van a ser sancionados, no van a ser castigados y, eso, permite lo que usted bien señala: conflictos de intereses evidentes que, en otras circunstancias, no se permitirían.
Recuerdo la imagen de miles de personas protestando en Año Nuevo contra su destitución y la del fiscal Rafael Vela. Explíqueme cómo un proceso que empezó con apoyo ciudadano enfrenta, ahora, tantos cuestionamientos y ataques, que los ponen contra las cuerdas. ¿Cómo se perdió ese impulso?
Es que todo proceso anticorrupción tiene fases y, eso, está documentado y estudiado. Cuando me ubica en esos años, había expectativa social por los resultados que se van logrando. Por primera vez, llega la justicia a donde antes no llegaba.
¿A los poderosos?
Exactamente. Estos ciclos anticorrupción tienen que recibir el apoyo institucional. Lamentablemente, el Ministerio Público ha vivido una crisis, no solamente interna. Estos procesos son complejos porque tenemos que investigar a un número importante de personas y la evidencia no solamente está en el país. [Por eso], tenemos que recurrir a la cooperación judicial internacional.
Si se suma una campaña orquestada de desinformación y desacreditación por actores perfectamente identificados y a una Fiscalía que, con el cambio de titulares, en lugar de apoyarnos miró a hacia otro lado o prefirió no asumir el compromiso de darnos el apoyo que requeríamos, la consecuencia es que salían campañas en donde nos decían terrucos, traidores a la patria, corruptos, y no teníamos la capacidad de salir a defendernos.
¿Por qué? Porque nuestra propia institución nos lo prohibía. Yo tenía que ver cómo muchos comunicadores, en medios, me calumniaban. Lo digo con todo respeto: hasta que la doctora Delia Espinoza no vivió lo que hemos vivido fiscales como Marita Barreto, Rafael Vela y yo, no entendió que hay medios que no se dedican a informar sino, por el contrario, que son instrumentalizados para atacar.
¿No hay una autocrítica de parte de ustedes? Quiero decir, ¿todo se reduce a “no nos dejaban responder, fuimos víctimas de campañas de desinformación”?
Obviamente, tiene que haber una crítica.
¿Cuál, por ejemplo?
Han sido investigaciones bastante largas.
Pero esa no es una autocrítica.
Es obvio que es una crítica a nuestra labor, que nos hacemos desde la propia fiscalía.
Yo tenía que ver cómo muchos comunicadores, en medios, me calumniaban".
¿Se demoraron mucho en las investigaciones?
Es que no teníamos las herramientas más adecuadas para hacer una labor en menos tiempo. La actividad pericial ya no depende solo del fiscal, sino de los tiempos del perito. Eso nos demandó meses y, a veces, las investigaciones tenían que ser ampliadas. Pero, al día de hoy, caso que ha llegado a juicio oral, caso que ha sido condenado. Y ahí están los resultados.
No tenemos la capacidad de informar, como muchos abogados y abogadas que salen a los medios a descalificar nuestro trabajo. Pero, en estos pequeños espacios que me brindan, yo les digo: revisen las estadísticas. Casos concluidos, casos con condena. Hasta la fecha, no ha habido un caso en el cual el Poder Judicial haya absuelto la acusación fiscal.
¿Qué responde cuando le dicen que es un fiscal politizado?
Es una forma de buscar desacreditarme. Me han dicho terruco, me han terruqueado. Durante muchos años, esa difamación ha circulado por redes y en algunos medios de comunicación. Luego, me han dicho traidor a la patria, corrupto. Lo que se trata de generar es confusión en la opinión pública.
¿Cuántas investigaciones tiene abiertas?
Dependiendo. Si me dice investigaciones disciplinarias, son innumerables. Si se refiere a investigaciones penales, le puedo decir, de manera jocosa, que tengo más investigaciones penales que la propia señora Keiko Fujimori: de peculado de uso, por organización criminal, enriquecimiento ilícito, cohecho, prevaricato. O sea, resulto más investigado que los propios investigados.
Más empapelado.
Que los propios investigados del caso Lava Jato, pero ahí estoy, tratando de defenderme. De autodefenderme, en realidad, porque, lamentablemente, no podemos recurrir a una defensa privada que nos asista.
Tengo más investigaciones penales que la propia señora Keiko Fujimori".
¿Qué significaría, para ustedes, la suspensión de la fiscal Delia Espinoza?
A pesar de las críticas que hemos podido tener al inicio de la gestión de la doctora Delia Espinoza, su suspensión en el cargo, obviamente, va a acentuar la crisis en el Ministerio Público, porque tendría que entrar un fiscal interino a conducir la institución. Queda claro que esto genera una mayor preocupación. Sobre todo, a quienes estamos en la primera línea de trabajo en las investigaciones.
No espero situaciones muy favorables. Sobre todo, para la independencia y la autonomía de la Fiscalía. Anuncian que va a haber una reforma y, quienes lo hacen, tienen intereses con los investigados y acusados. Lo que se está buscando es obtener ciertos beneficios, que no podrían lograr con un Ministerio Público independiente.
Nota de redacción:
Cuando se realizó la entrevista, todavía no se conocía la decisión de la Junta Nacional de Justicia sobre la suspensión por seis meses contra la fiscal de la nación Delia Espinoza.
