En un reciente reportaje, OjoPúblico identificó que el Congreso tiene preparados hasta 26 proyectos para moldear, a su medida, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia. Desde el Ejecutivo, el ministro del sector, Juan José Santiváñez, también anunció que una de las prioridades de su gestión será impulsar una reforma.
De acuerdo con Yvan Montoya, doctor en derecho y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se apunta a terminar de cerrar el círculo del poder totalitario que, hoy en día, ejerce un sector político.
Montoya señala, además, que el escenario actual nos acerca hacia lo que se vivió en la década de los 90, aunque con ingredientes de una crueldad "sin precedentes". Puso como ejemplo la firma, con ceremonia incluida en Palacio de Gobierno, de la ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que violaron derechos humanos durante el conflicto armado interno.
Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de Youtube y en este enlace.
Actualmente, hay algunos ingredientes un poco más crueles [que durante el régimen fujimorista]".
En agosto, se promulgó la ley de amnistía con una ceremonia en Palacio. El año pasado, el Congreso hizo lo propio con otra ley que propone que la figura de lesa humanidad no sea aplicada en hechos previos a 2002. Al mismo tiempo, el Ejecutivo es cada vez más insistente con el retiro del Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es el peor momento para los derechos humanos en lo que va de este siglo?
Tal vez, comparable con el periodo del régimen fujimorista, donde hubo, incluso, un retiro unilateral de la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, son tiempos lamentables, aunque diría que, actualmente, hay algunos ingredientes un poco más crueles.
¿Por qué crueles?
Por esto que acaba de mencionar y que a mí me impactó, el hecho de que la presidenta convoque a los medios de prensa para la promulgación de esa ley de amnistía.
Y con la presencia de Juan Rivero Lazo.
Con la presencia de Rivero Lazo, con ese abrazo y, sobre todo, por convocar a la prensa y no firmar [la ley] discretamente, como otras muchas leyes que se firman.
En ese momento, pensaba en las víctimas, en sus familiares. Es de una crueldad sin precedentes. Creería que el propio Fujimori, en ese tipo de temas, no era tan explícito, aunque no recuerdo bien los detalles. La afrenta a las víctimas nos acerca a ese periodo [de los 90], con esos detalles de mayor crueldad.
¿Crueldad de la presidenta?
De la presidenta, del Ejecutivo y de los que, seguramente, le asesoran.
Detrás de estas leyes hay un apoyo explícito del Gobierno. ¿Por qué? ¿Para mantener el apoyo de sectores militares y policiales que, finalmente, son los que lo ayudan a mantenerse en el poder?
Hay un efecto objetivo, más allá de sus intenciones. Esta amnistía, con ese abrazo con uno de los condenados vinculados a los casos del grupo Colina, es un mensaje de impunidad.
Luego, su cercanía con los militares puede responder a eso, a tener algún nivel de respaldo de la cúpula militar y policial para su sostenimiento en los 10 meses que todavía le quedan en el poder. Pero ella [Boluarte] debe ser muy consciente de que los militares y las fuerzas policiales no le van a asegurar el contexto político que viene.
Esta amnistía, con ese abrazo con uno de los condenados vinculados a los casos del grupo Colina, es un mensaje de impunidad".
Solo le pueden asegurar lo que pase ahora.
Se lo pueden asegurar ahora. Entonces, este favorecimiento a miembros de las Fuerzas Armadas y policiales puede ser para obtener respaldo de sectores políticos como el fujimorismo, Renovación Popular y algunos adicionales, que son como sus primos hermanos. Eso implicaría una suerte de reciprocidad, si es que tiene un próximo Congreso tomado por estos sectores, para blindarla.
Esa es una lectura. La otra, al haber promulgado la ley de amnistía, ella, con el caso de las muertes ocurridas en el 2022 y 2023, tal vez se proyecte hacia una segunda ley…
¿Para ella?
Para ella. Entonces, se apuesta por estar en buenas migas con un grupo que pretende continuar en el poder. Y esa continuación en el poder implicaría un blindaje para ella [Boluarte] y una posible protección a través de leyes de esta naturaleza [de amnistía].
¿Cree que se está encaminando la situación hacia una posible amnistía a favor de la presidenta?
Sí, claro. Un apoyo de los militares es temporal para lo que le queda de su gestión, pero ella necesita un apoyo político, también. Ella apostaría, seguramente, a que los grupos que controlan, ahora, el Parlamento se repitan [a partir de 2026] y, de esa manera, estará allí para decir "yo me porté bien con ustedes, ahora es el momento de ustedes conmigo”.
No sé si la población tenga conciencia sobre esto. Esperemos que haya una renovación total de la clase política en el Perú.
Eso está un poco más difícil.
No se debe perder la esperanza. Hay todavía un tiempo para hacer cierta pedagogía.
El principal argumento que se esgrime a favor de la ley de amnistía es que hay una serie de procesos interminables y no es justo para las personas involucradas seguir en esa situación. ¿Le parece atendible?
Es una media verdad lo del argumento de la dilación. Para ponderar jurídicamente esto, hay que preguntarse: ¿de quién o de qué instituciones es la responsabilidad de que estos procesos, en gran medida, se hayan prolongado tanto tiempo?
Yo he estado cerca de estos procedimientos, desde hace mucho tiempo, cuando se producían masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones o torturas. Cuando los fiscales conocían estas denuncias, en las zonas de emergencia había un contexto de intimidación, de coacción, bajo un comando político militar. Había fiscales temerosos, con un clima de amenazas.
No solo eso. Había hechos concretos de no entrega de información. Si un fiscal osaba pedir información a la institución castrense o a la institución policial, esta no era entregada.
Se apuesta por estar en buenas migas con un grupo que pretende continuar en el poder".
Había opacidad, dice usted.
No es que fuera medio oscuro, era totalmente oscuro. No se entregaba ninguna documentación. Y a eso hay que sumar las leyes de amnistía, que son también formas de bloquear investigaciones.
¿Se refiere a la amnistía de los 90?
Precisamente. Y, también, la justicia militar–policial planteaba contiendas de competencia y se llevaba a su fuero casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y, en democracia, tampoco se ha entregado información. ¿Cómo puede prosperar una investigación en esas condiciones?
Cuando uno habla de violación al derecho a un plazo razonable, que es un derecho fundamental, no es solo para los militares y policías, sino también para las víctimas. ¿Qué hubiera pasado si los militares se ponían bien los pantalones y decían “no, esto no se tolera” y se entregaban los nombres [de los responsables]?”. Los juicios hubieran acabado ahí mismo, probablemente muy rápido.
Estamos hablando de que los grandes obstaculizadores de estos procesos han sido instituciones castrenses y un Ejecutivo que ha apañado completamente a estas. Cuando una de las partes, especialmente los imputados y sus instituciones, han sido bloqueadoras de información, el derecho a un plazo razonable se tiende a alargar.
Dado que esa experiencia se ha tenido desde los juicios de Nuremberg, se ha decidido, a través de jus cogens [normas imperativas de derecho internacional], que estos delitos sean imprescriptibles y que, por lo menos para América Latina, no sean amnistiables. Porque, efectivamente, no son delitos cualesquiera, de una banda cualquiera. Son delitos que tienen estructuras de poder muy fuertes y que van a bloquear, siempre, las investigaciones.
Hay una reforma de justicia en ciernes. El actual ministro del sector, Juan José Santiváñez, ha dicho que será una de sus prioridades. El Congreso, además, suma 26 proyectos de ley que apuntan en ese sentido. ¿Le preocupa lo que pueda salir de ahí?
Sí, porque, creo yo, sería casi cerrar el círculo de su poder. Lo digo de una manera más clara: de cerrar el poder totalitario del grupo. Ellos saben muy bien que ya tienen un control del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, evidentemente de las instituciones castrenses y policiales.
Desde esa perspectiva, uno de los últimos escollos de control interinstitucional en nuestra democracia es el sistema de administración de justicia: Fiscalía y Poder Judicial. Con los errores, con las fallas que tienen, se mantienen como el último escollo de control del poder. Una reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial es necesaria, pero no de esa manera.
No con estos actores.
No con esos congresistas que, creo, en un 40% tienen investigaciones fiscales. Por lo tanto, es un colectivo que tiene incompatibilidad de intereses para hacer una reforma.
Y no hablemos del ministro de Justicia, que también está investigado.
También tiene un problema directo de conflicto de intereses. Y no estamos hablando de cualquier denuncia. El Ministerio Público ha cometido errores algunas veces, pero cuando nos muestran chats y testigos protegidos, ya hay suficientes elementos como para continuar a fondo, más aún cuando no hay explicaciones.
Me da satisfacción que esta Fiscalía y el Poder Judicial, más allá de sus errores, resistan. No los he visto amedrentados. Todavía allanan donde tienen que allanar, con autorización del Poder Judicial que, a su vez, hace control difuso de algunas leyes que son manifiestamente proimpunidad.
La Fiscalía y el Poder Judicial, con las fallas que tienen, se mantienen como el último escollo de control del poder".
Algunos de los proyectos del Congreso plantean que ya no haya control difuso, dicho sea de paso.
Y eso es absolutamente abusivo. Además, no puede haber una reforma en la que no esté involucrada el propio sistema judicial. No se puede hacer una reforma a espalda de ellos, y tampoco prescindiendo de la organización civil organizada.
Y no me refiero solo a las ONG, sino a muchas otras instancias, incluso internacionales, que tienen mucho conocimiento del tema y que apuntan a las mejores políticas y prácticas. Precisamente, el grupo que intenta protegerse quiere hacer una suerte de reforma unilateral.
Como alguien vinculado al derecho, ¿qué le pareció el nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos?
Es una actitud descarada de la presidenta. Me parece de un desprecio a la percepción ciudadana… sé que uno no puede gobernar siguiendo todo lo que la percepción ciudadana nos dice, pero tampoco se puede gobernar a sus espaldas, sobre todo cuando hay elementos para sospechar severamente del comportamiento del ministro.
Primero, no debió designarlo y, ahora, debió apartarlo con lo que se está descubriendo últimamente.
Eso ya es demasiado pedir, me parece.
Ella [Boluarte] debe saber que podría estar involucrada como cómplice de los hechos que ocurran de aquí en adelante. [Santiváñez] es un ministro que la ayuda a autoprotegerse, a salvar su propia su propia circunstancia, su propio pellejo, y prescindir de él, probablemente, le generaría una inseguridad no tolerable.
Me ha hablado del Ministerio Público como reducto democrático. ¿Y qué piensa el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema?
Originalmente, cuestioné duramente esa decisión de la Junta Nacional de Justicia. No me parecía una resolución válida.
¿La que reponía a Patricia Benavides?
Porque la nulidad exigía el voto de todos los miembros de la Junta. Luego, viene la decisión de la Corte Suprema, que revoca la suspensión de Benavides.
[El nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos] es una actitud descarada de la presidenta".
Porque, días antes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había mandado al archivo la denuncia de la fiscal Delia Espinoza.
Pero hay un párrafo en la resolución de la Corte Suprema que me parece absolutamente innecesario, donde le da plena validez a la resolución de la Junta. Me parece una fundamentación criticable. Claro, yo tengo que aceptar lo que ha ocurrido, que la fiscal Benavides haya sido repuesta, porque un órgano judicial de la máxima instancia lo ha ordenado así.
Ese es su análisis jurídico. ¿Pero cuál puede ser el efecto del regreso de Benavides a la Fiscalía?
Se le ha encargado una cartera para que, en la medida de lo posible, no interfiera con procesos en los que ella o su entorno puedan estar investigados. Eso es muy difícil, dado que son muy pocos fiscales. Creo que el mayor peligro presente en la Fiscalía es la señora Benavides. Era evidente lo que hizo con el apartamiento de la fiscal que investigaba a su hermana [la jueza Enma Benavides].
La fiscal Bersabeth Revilla.
Fue un acto grosero, gravísimo, que, por supuesto, justificaba su alejamiento del Ministerio Público. Cuando nos hemos puesto a discutir sobre la resolución de la Junta Nacional de Justicia, de la acción de la fiscal, y hemos terminado teniendo una percepción de dos señoras que se pelean, hemos terminando olvidando el origen de todo esto: en esa decisión de Benavides de sacar a una fiscal competente en la investigación de su hermana por corrupción vinculada a narcotraficantes en un penal.
Y Benavides no lo ha negado. No ha negado que hizo eso, que la apartó [a Bersabeth Revilla]. Ha tratado de justificarlo por la baja productividad, pero nada de eso justifica lo que ha hecho.
A estas alturas, además, ya se sabe que ese informe de productividad…
Que ese informe fue construido falsamente. Por eso mismo, Benavides me parece una persona altamente peligrosa para la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, más aún ahora, porque debe muchos favores, muchísimos.
Mire todo el entorno que ha estado detrás de ella, que no son solo dos o tres abogados. Estamos hablando de estructuras partidarias y políticas detrás, de portátiles detrás. La cantidad de "deudas" que tiene la hace potencialmente más peligrosa en el Ministerio Público, lamentablemente.
¿Pudo ver la sesión en el Tribunal Constitucional sobre el caso Cócteles?
Sí.
Benavides me parece una persona altamente peligrosa para la independencia e imparcialidad del Ministerio Público".
Va a ser una sentencia decisiva para las aspiraciones políticas, no solo de Keiko Fujimori, sino de otras personas que también están siendo procesadas por situaciones similares. ¿Qué piensa?
Ese fallo puede hacer caer, si hay una decisión favorable para la pretensión de Keiko Fujimori, los casos de Odebrecht en el contexto del financiamiento de partidos políticos.
Esperaría que los miembros del Tribunal vean que hay un forzamiento para tratar de hacer ver que el delito de lavado de activos, tal como se imputó, no está tipificado. Es decir, que lean simplemente la acusación fiscal y que la contrasten con la legislación vigente en ese momento y cerrarán el supuesto.
Otra cosa es la decisión de fondo, es decir si la recepción de dinero es lavado de activos o no. Eso no debería ser competencia del Tribunal Constitucional, y no sé por qué uno de los vocales hacía preguntas raras vinculadas al fondo del caso.
¿Se refiere al magistrado Gutiérrez Ticse?
Me parece que sí, que hacía preguntas más ligadas al fondo que a la materia, que tenía que ver con la rama constitucional, de la que es competente. Reitero, me parece simple de ver que aquí hay un forzamiento argumentativo que no corresponde a la realidad de la imputación fiscal; y casos emblemáticos son los que se verían perjudicados severamente.
El Poder Judicial ordenó la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, quien seguirá su juicio en libertad. ¿Qué le han parecido los argumentos de la resolución?
Es una resolución correcta. Se evalúa fundamentalmente el peligro de fuga y no el peligro de obstaculización. Se ha analizado lo del arraigo laboral y la Sala considera que no son suficientes los argumentos de la Fiscalía. También se señala que tiene una estrecha vinculación con su familia, es decir que hay arraigo familiar.
Sin embargo, hay que advertir que la Sala no dice que haya disminución de la gravedad del presunto hecho delictivo. Es decir, las posibilidades de la Fiscalía para que tenga éxito la condena contra Vizcarra se mantienen intactas. En el fallo no se está discutiendo la pena, solamente la cautelar, que tiene fines específicos.
Nota de redacción:
La pregunta sobre la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra fue añadida posteriormente. Cuando se realizó la entrevista, todavía no se conocía la decisión de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
