Desde el Gobierno de Dina Boluarte y parte del Congreso ha empezado a tomar fuerza la campaña que busca retirar al Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y docente universitaria, Julissa Mantilla, esta propuesta lo que pretende es garantizar la impunidad de la coalición en el poder.
La abogada peruana advierte, además, que el discurso contra la injerencia y a favor de la soberanía nacional esgrimido por Boluarte para justificar una medida de esa naturaleza es el mismo que, en su momento, tuvieron países como Venezuela o Nicaragua. "No hay coherencia, hay ignorancia y hay mucho intento de manipular políticamente", declara a OjoPúblico.
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Tanto la pena de muerte como el retiro del sistema interamericano son parte de un populismo".
¿Qué tan viable es la posibilidad de que el Gobierno de Dina Boluarte concrete la salida del Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)?
Si un Estado quiere renunciar a la jurisdicción de la Corte, lo que tendría que hacer es seguir lo que la propia Convención Americana establece. Es decir, enviar una notificación al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) diciendo que va a denunciar el Pacto de San José.
A partir de esa comunicación, tiene que pasar un año para que se haga efectivo el retiro del sistema. Pero, incluso si el Perú lo hiciera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre tiene competencia.
¿Por qué?
Porque la CIDH es un órgano principal de la OEA. Por eso, sigue teniendo competencia y se pronuncia sobre casos de Cuba, por ejemplo. Incluso Estados Unidos y Canadá, que no han ratificado la Convención Americana, van a las audiencias de la Comisión.
Entonces, tiene que pasar un año desde la denuncia.
Un año. Sí, un año, mínimo.
No es viable que el Perú se retire durante este Gobierno.
No creo que sea viable si se cumple, como debería ser, con la buena fe. Hay un principio que es el pacta sunt servanda [lo pactado obliga], según el cual un Estado, cuando ratifica un tratado, lo hace de buena fe y debe cumplirlo. Esta pretendida reforma, en realidad, está hecha para la tribuna. Tanto la pena de muerte como el retiro del sistema interamericano son parte de ese populismo que se da cada cierto tiempo.
En este caso concreto, se trata de una reacción ante la Corte cuando se ha pronunciado contra la ley de amnistía que favorece a militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que hayan participado en la lucha contra el terrorismo, dejándose de lado las violaciones de derechos humanos que hubiesen cometido.
No solo eso, además se establece la posibilidad de una amnistía humanitaria a partir de los 70 años. Se está culpando a la Corte de injerencia cuando, en realidad, está haciendo lo que la propia Convención le autoriza.
Dina Boluarte va a pasar a la historia por haber llevado a este país a una carencia moral, ética y de principios".
¿Por qué el Gobierno y el Congreso plantean salirse de la Corte? ¿Es una estrategia política?
Es una estrategia de populismo, de llamar la atención. Y, a mi juicio, también es una respuesta a la alianza que, es evidente, existe entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que se busca es favorecer esta norma de amnistía que, a todas luces, va en contra de todos los estándares de derechos humanos.
No solo la amnistía. La Corte también ha se ha pronunciado, por ejemplo, sobre las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Boluarte.
Plantearía ver esto en un plazo inmediato y a largo plazo. En lo inmediato, podría ser una reacción a la ley de amnistía. A largo plazo, los casos de las muertes en las protestas, una vez que se agoten los recursos internos, van a llegar a la Comisión y, eventualmente, a la Corte y lo que se está tratando de evitar es esa responsabilidad.
Pero algo importante es que, por más que un Estado salga del sistema, la Corte sigue teniendo competencia sobre lo que ocurrió antes de esa salida. De todas maneras, la Comisión y la Corte van a poder reaccionar ante estos hechos [las muertes en las protestas].
El Estado peruano ya desacata e incumple los mandatos de la Corte.
Sí.
Por ejemplo, OjoPúblico halló, por lo menos, 13 incumplimientos. ¿Para qué proponer retirarse de la Corte si, en la práctica, el Estado peruano no le hace caso?
Porque, a nivel macro, no le hace caso completamente, pero sí tiene un impacto. Por ejemplo, veamos el caso de la famosa Ley APCI. Cuando las víctimas le pidieron a la Corte Interamericana medidas provisionales por esta ley, porque les están impidiendo el ejercicio del derecho a la defensa y la representación, se dio la audiencia del caso Celia Ramos, de esterilización forzada.
Eso fue en mayo. Aquella vez, cuando se tocó el tema de la ley, el Estado peruano le dijo a la Corte: "No, esa ley todavía no se reglamenta”.
Lo recuerdo. Incluso el Estado dijo que se podía aplicar…
Que se podía aplicar el control de convencionalidad. Y en otro caso, el de Georgina Gamboa, una mujer violada por los sinchis durante el conflicto armado interno, se ha vuelto a pedir a la Corte una ampliación de medidas provisionales.
Entonces, quizás el Estado no hace caso en el sentido de no querer ejecutar las sentencias, pero todo lo que tiene que ver con las medidas provisionales, el tener que ir y pararse ante el tribunal, eso sí tiene un impacto, nacional e internacional. Ahora, si me pide mi opinión, el tema no es solamente la Corte o el Congreso.
Hay un pacto contra la institucionalidad, una negociación para mantenerse en el poder".
¿Es más que eso?
El tema es institucional. Tenemos una Defensoría del Pueblo que no cumple el rol que tuvo en los años 90. Igual pasa con el Tribunal Constitucional. Sí, hay una crisis institucional y, creo, no se puede dejar que el Estado o el Gobierno se apropien del mensaje de que la Corte es el enemigo. La Corte no existe en contra de los Estados, existe a favor de las víctimas.
Quienes pueden contratar un abogado no van a llegar al sistema, necesariamente. Entonces, hay un pacto entre el Congreso y el Ejecutivo. Miremos quiénes están detrás de la ley de amnistía. Entre ellos, el congresista Fernando Rospigliosi, que era una persona que criticaba al fujimorismo…
Hasta hace algunos años lo hacía, al menos.
En las sentencias de la Corte puede ver que Fernando Rospigliosi era parte de las personas que iban como testigos diciendo todos los crímenes del fujimorismo. Aquí lo que hay es un pacto político, contra el sistema y a favor de la impunidad.
Mi opinión jurídica, ya se la expliqué. Mi opinión política es que hay un pacto contra la institucionalidad, una negociación para mantenerse en el poder. Dina Boluarte va a pasar a la historia, entre otras cosas, por haber llevado a este país a una carencia moral, ética y de principios.
Dudo que la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sean un obstáculo para quienes pretenden mantenerse en el poder.
Yo he escuchado cuando dicen que no se puede acabar con la criminalidad organizada, con las extorsiones, porque la Corte nos pone reparos. Eso es absurdo y falso. Este Gobierno tiene casi cero de respaldo. Cuando se crea un enemigo común, tienes el apoyo de la población.
Entonces, ¿diría que es como una estrategia de comunicación política lo que estamos viendo?
Exacto. Pero, insisto, la responsabilidad en las masacres recientes, de Ayacucho y Juliaca, no es solamente de los mandos que estuvieron en ese momento, sino de quien fue ministro de Defensa y de la comandante general de las Fuerzas Armadas: la presidenta.
Imagino que escuchó la intervención de la doctora Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, por el Día del Juez. Incomodó a Dina Boluarte y al titular del Congreso, José Jerí…
Presuntamente responsable de violencia…
Sexual.
Exacto.
Ese discurso de “somos un Estado soberano y nadie nos viene a decir lo que vamos a hacer” es el mismo de Venezuela o Nicaragua".
¿Qué piensa del papel de Tello?
La democracia se sustenta en la división de poderes y lo que está haciendo el Poder Judicial, liderado por la doctora Tello, es mantener esa independencia y recordarle, no solamente al Ejecutivo y al Legislativo, sino al país, que hay una obligación internacional, que la Corte Interamericana no comete injerencia.
Ese discurso de “somos un Estado soberano y nadie nos viene a decir lo que vamos a hacer” es el mismo de Venezuela o Nicaragua. Segundo, la teoría de la soberanía absoluta hace rato que se dejó de lado. Cuando un Estado firma un tratado, cede parte de su soberanía.
Sí, es inevitable.
Es inevitable, ¿no es cierto? Entonces, es falso lo de la injerencia y es falso, además, que la Corte esté excediendo sus funciones. Y no sé si iba a ser una pregunta, pero me adelanto. Cuando se dice que la Corte se está pronunciando en contra de la ley de amnistía sin agotar recursos internos…
A eso iba, lo declaró el ministro de Justicia, Juan Alcántara.
Exacto. Con todo respeto, pero con mucha claridad, yo no sé si es mayor la ignorancia o el descaro. La Corte Interamericana, al pronunciarse sobre esta ley de amnistía, lo hace en su función de supervisión de cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta.
No es un nuevo caso. Por tanto, no hay que agotar ningún recurso interno. La Corte da una sentencia, pero ahí no acaba su función, porque tiene que supervisar su cumplimiento.
No hay coherencia, hay ignorancia y hay mucho intento de manipular políticamente".
Ahora, de un lado, Boluarte y un sector del Congreso hablan de irnos de la Corte, de la injerencia, de la soberanía. Del otro, tenemos a un representante peruano en la Corte, Alberto Borea. Aparte, el Perú ha promovido candidaturas ante el sistema interamericano. ¿Cómo se explica está flagrante contradicción entre los hechos y el discurso?
La vez pasada me preguntaba: ¿Quién maneja la política de derechos humanos a nivel del Estado? En todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales, la Cancillería tendría que tener el liderazgo.
En teoría.
En teoría. Entonces, cuando no hay coordinación interinstitucional y cada quien sale disparando para cualquier lado, pasa esto. Cuando el premier Arana anunció que se iba a formar una comisión para ver si seguíamos en el sistema fue en una coyuntura en la cual el Perú tenía a un candidato para la Comisión Interamericana.
¿Dónde cabe la coherencia? No hay coherencia, hay ignorancia y hay mucho intento de manipular políticamente.
