Esta semana, el Gobierno de Dina Boluarte intensificó sus ataques contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por un lado, concretó el retorno al Gabinete de Juan José Santiváñez –censurado ministro del Interior y señalado por la Fiscalía como líder de una organización criminal– como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.
Luego, anunció la creación de una comisión que se encargará de elaborar un proyecto de ley de "defensa de la soberanía nacional". El mismo, según la mandataria, tendrá la finalidad de evitar que organismos internacionales "interfieran" en decisiones del Estado. Juan Jiménez Mayor, expremier y exministro de Justicia, advierte un objetivo distinto: garantizar la impunidad de Boluarte tras el término de su mandato.
Esa pretención, agrega, no tendría éxito porque, aunque se concrete el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto el tribunal como la Comisión Interamericana seguirán tomando conocimiento sobre los hechos ocurridos en el país, incluso hasta un año después de la denuncia del Pacto de San José.
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Boluarte ha dado, durante el transcurso de su presidencia, un viraje hacia el sector más reaccionario y conservador".
La presidenta Dina Boluarte anunció que se está preparando un proyecto de ley sobre la "soberanía nacional". Argumentó que hay que defender al Estado de intromisiones de organismos internacionales. No la mencionó directamente, pero es evidente que aludía, otra vez, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué le asusta tanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
No es que la asuste porque, de hecho, ella ha recurrido al Sistema Interamericano, en su momento, cuando estuvo investigada por el Congreso.
Por entonces, quizás, no la asustaba. Creo que sí la asusta ahora.
Lo que pasa es que ella ha dado, durante el transcurso de su presidencia, un viraje hacia el sector más reaccionario y conservador que tiene el país, representado por un sector político muy conocido. Y este viraje ha sido muy enfático en su mensaje del 28 de julio último, en donde ha radicalizado su discurso y se ha puesto en una actitud mucho más autocrática.
Y, claro, quiere contentar a los halcones que tenemos en el país, a ese sector radical de ultraderecha conservador, que no solamente existe en el Perú, sino en muchos países de América Latina, inclusive en Estados Unidos. Lo que busca es contentar a este sector para que la sostenga en lo que queda del Gobierno y probablemente…
¿Protegerse ella?
Protegerse ella, si es que prospera esta propuesta que ha lanzado el señor [Fernando] Rospigliosi, que aspira a una segunda amnistía, que incluya los sucesos de diciembre y enero de 2023. Este es el punto que, creo, tenemos que mirar con mucha atención. Probablemente, lo que está buscando la señora es impunidad luego de que acabe su Gobierno.
El paquete completo. Primero, una ley de amnistía para ella, luego de lo que ocurrió en esas protestas…
Para ella y todo el sector que estuvo comprometido con esto.
Principalmente para ella, en realidad.
Correcto.
Quiere contentar a los halcones que tenemos en el país, a ese sector radical de ultraderecha conservador".
Y, segundo, una salida del Sistema Interamericano que la blinde.
Sí, pero hay que decir que, jurídicamente, esta pretensión no tendría ninguna consecuencia práctica. Si mañana el Perú, por desventura, tomara la decisión, en el Congreso, de denunciar la Convención a iniciativa del Gobierno, tendría que pasar todavía un año para que recién entre en vigencia. Además, todos los hechos cometidos durante la vigencia de la Convención…
Serían parte de la competencia del Sistema.
Con lo cual, todos los hechos, incluidos los cometidos el año posterior a la denuncia de la Convención, serían todavía parte de la competencia del Sistema Interamericano. Es decir, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Eso es verdad, pero también lo es que el Estado ya va desacatando varias veces a la Corte Interamericana.
Correcto.
Imagino que la evaluación de Boluarte puede ser que, si el Estado peruano se aleja de la Corte IDH, ella va a estar mucho más protegida cuando no esté en el poder.
El problema que tiene ese argumento es que, en el Perú, tenemos jueces y ellos son los que, finalmente, tienen la competencia de determinar jurídicamente la competencia de la Convención. El Código Procesal Constitucional y la propia Constitución establecen el poder de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Cualquier situación que tenga que ver con la interpretación de los fallos de la Corte Interamericana son de implicancia directa de los jueces peruanos. Entonces, ese no es un asunto que vaya a decidirlo el Poder Ejecutivo, Boluarte o sus ministros. Este es, fundamentalmente, un tema jurídico. En la audiencia de hace dos semanas en la Corte Interamericana [por la ley de amnistía], cuando fueron los agentes del Estado y las representantes de las víctimas…
Cualquier situación que tenga que ver con la interpretación de los fallos de la Corte IDH son de implicancia de los jueces peruanos".
Incluyendo al representante del Congreso.
Así es. En esa audiencia estuvo el presidente de la Comisión Interamericana, el mexicano [José Luis Caballero], que hizo una brillante alocución sobre el derecho internacional público y dijo una frase muy importante: "las sentencias internacionales se cumplen, se acatan".
La de Barrios Altos y la Cantuta, para mala suerte del Gobierno, es una sentencia que estableció, en el 2001, el estándar de la Corte Interamericana sobre la aplicación de las leyes de amnistía y cualquier norma que tenga que ver con la desprotección o impunidad en temas de derechos humanos.
Hice notar que, en esa sesión en la Comisión Interamericana, estuvo presente el representante del Congreso porque uno de los argumentos de los representantes del Estado era que los jueces podían inaplicar la ley de amnistía y otras. Sin embargo, Fernando Rospigliosi ha denunciado a un juez como Richard Concepción Carhuancho por recurrir al control difuso. ¿Eso es prevaricato, como dice el congresista de Fuerza Popular?
No, de ninguna manera. El control difuso es una potestad que tienen todos los jueces de la República para inaplicar una ley que consideran inconstitucional. Si un juez aplica una ley inconstitucional, está violando la Constitución. El señor Rospigliosi —que no es abogado—, para variar, está actuando desde la ignorancia del derecho. Y es lamentable que se esté legislando, en el país, desde la ignorancia del derecho.
Acerca del proyecto de ley de "soberanía nacional" que le mencioné al inicio, ya se conformó un grupo de trabajo que va a ser presidido por el Ministerio de Defensa. ¿Qué espera que salga de ahí?
Hay un defecto en la forma en la cual ha sido creada esta comisión, conformada, no solo por representantes del Ministerio de Defensa, sino también por otros sectores. Debió haber sido conformada por una norma de mayor nivel, no solamente una resolución ministerial.
Bueno, pero esas son cosas…
Sí, son cosas de procedimiento. Pero, desde el punto de vista del derecho…
Estamos ante un Gobierno que desacata sentencias internacionales. Esto es una nimiedad, si me permite.
Exactamente. Pero sí llama la atención que sea el sector Defensa el que esté liderando este proceso de discusión que, esperemos, pueda abrirse a la sociedad civil, porque vemos que hay puro funcionario con uniforme, salvo por los representantes de Cancillería y Justicia. Pero, si se está hablando de soberanía, ese es un tema de Relaciones Exteriores.
En todo caso, lo relevante es preguntarse cuál es la atribución que tiene este Gobierno de salida, que debería simplemente administrar el país sin meterse en mayores problemas, pero que sigue generando este tipo de controversias, afectando nuestra imagen a nivel internacional.
El señor Fernando Rospigliosi —que no es abogado—, para variar, está actuando desde la ignorancia del derecho".
¿La llegada de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia significa que la posición del Gobierno frente al Sistema Interamericano se va a endurecer?
El Ministerio de Justicia, durante la administración del ministro Arana, había iniciado un proceso de discusión, en todo el país, para ver si el Perú debía retirarse o no del Sistema Interamericano.
Claro, impulsó 23 mesas sobre la pena de muerte, a nivel regional.
Correcto. Yo tengo la información de que, inicialmente, estas mesas involucraban una discusión en universidades con profesores universitarios, pero como les fue muy mal porque los docentes y las facultades de derecho estaban en contra de esta posición, se fueron a buscar a otros actores políticos, como gobernadores y alcaldes. Ese fue la primera etapa.
Luego, se planteó la creación de una comisión [para evaluar la permanencia en la Corte IDH] y, ahora, aparecen nuevos elementos de discusión, con lo cual uno puede preguntarse: "¿realmente lo están pensando en serio, o son disparos al aire?”. Espero que sea lo último porque, con los niveles de popularidad que tienen el Gobierno y el Congreso, no tienen ninguna legitimidad para quitarnos a los peruanos una Convención que proteja nuestros derechos.
Claro. Pero, de nuevo, creo que la variable que mueve a Boluarte en este tema es la autoprotección.
La autoprotección, sí, y también la adhesión con los halcones que plantean esta idea de un Gobierno rígido y autoritario.
Santiváñez ha advertido que impulsará una reforma a la justicia, aunque no ha dicho de qué se trata. ¿Le preocupa?
En los años 90, hubo un proceso de penetración en el Poder Judicial, de colonización y de manejo político de las instituciones.
Fue una captura, en todo el sentido de la palabra.
Y fue real, enfática. Fue un sojuzgamiento de la justicia, que se utilizó políticamente contra los adversarios políticos. Ya nos estamos olvidando de todo eso. Bueno, creo que esta es una remembranza de toda esa época, porque son personajes muy parecidos los que están impulsando esto.
El ministro de Justicia no tiene, por supuesto, ninguna autoridad moral para, siquiera, hablar de reforma judicial con las 12 investigaciones que tiene, que ya deben ser 13.
Creo que esta es una remembranza de la década de los 90".
¿Lo dice por los allanamientos de esta semana?
Es que hay una investigación de sobornos. Desafortunadamente, con esta idea de decirle “caviar” a todos los que critican, estamos dejando de diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Bajo esa premisa, si Santiváñez o quien sea dice lo que yo quiero escuchar, por más que sea una persona completamente…
¿Oscura?
Oscura, o como quiera llamarla, pues se le va a proteger. Y eso es impresionante en el caso de los parlamentarios. Fuerza Popular impulsó la censura a Santiváñez hace cinco meses y, ahora, está defendiéndolo porque tiene una agenda para iniciar una reforma, entre comillas, porque en realidad es una intromisión, una manera de querer someter a la justicia a los dictados políticos, que es la aspiración que, en América Latina y en el Perú, siempre han tenido los gobiernos, sobre todo autoritarios.
Y una segunda aspiración es el retiro del Sistema Interamericano, como si, con eso, solucionáramos los problemas que tenemos.
¿El Perú sigue siendo una democracia o ya es un autoritarismo?
Yo siempre digo una cosa: dime cuánto respetas a las minorías y te diré qué tipo de democracia tienes. Las minorías o la oposición, en el Perú, están absolutamente relegadas. Esta Ley APCI ha generado un tremendo impacto. De hecho, el planeamiento que ha hecho APCI para fiscalizar a las ONG es impresionante.
Les han dado muchísimo presupuesto, han contratado a muchos fiscalizadores y están, el día de hoy, afectando y debilitando a la sociedad civil, que fue lo que, precisamente, se denunció cuando esta ley estaba en discusión. Bueno, discusión, de nuevo, entre comillas, porque en el Perú no se discute nada, se aprueban las cosas y punto.
¿El Poder Judicial y el Ministerio Público son las instituciones que están conteniendo, de alguna manera, las arremetidas de la coalición en el poder?
No sé si a nivel de toda la institución, aunque tenemos operadores, jueces y fiscales que están haciendo un trabajo de contención. Desafortunadamente, el sector político radical, de los halcones, está tratando de generar miedo. La sociedad civil debería reaccionar, no reaccionamos todavía.
Reaccionó en 2022 y 2023.
Sí, pero no ahora.
En el Perú no se discute nada, se aprueban las cosas y punto".
Después de 49 muertos…
Es verdad, hay una inhibición, también. Y, en el Perú, desafortunadamente, tenemos personajes como Santiváñez, con un peso político, no para el interés general, sino para el desarrollo de una agenda absolutamente personal, con actividades seguramente contrarias a la ley. Tiene 12 o 13 investigaciones y, además, una conducta procesal bastante cuestionable. Es una persona que no se ha sometido a la justicia.
Probablemente, esa puede haber sido una de las razones por las cuales, finalmente, la presidenta Boluarte decide nombrarlo ministro, con la idea de blindarlo en las investigaciones o en los apremios con relación a esta última investigación [relacionada con los allanamientos del miércoles 27 de agosto]. Es una especulación que lanzo.
Usted fue premier del Gobierno de Ollanta Humala. ¿Qué piensa de su prisión preventiva y de la huida de Nadine Heredia a Brasil?
La verdad, tengo una posición de simpatía por el presidente Humala.
Trabajó con él muy de cerca.
Sí. Yo no vi nada incorrecto y el presidente Humala nunca me planteó nada incorrecto. A mí, la verdad, no me agrada la situación que él está atravesando y, espero, que estos procesos se aclaren y terminen. El gran problema es que son procesos interminables…
Le recuerdo que ya hay una sentencia.
Pero todavía sigue en trámite, hay una instancia superior. Yo espero que esto se aclare y, si el presidente es responsable, pues será responsable. En el caso de la señora Heredia, la situación que ella tiene de asilo en Brasil forma parte de un tema de protección personal.
Preferiría que siempre se aclaren las cosas, pero con un sistema de justicia que, a veces, actúa de una manera muy arbitraria, con unos así y con otros no, ya hemos visto que mucha gente prefiere tomar las de Villadiego [irse]. En el caso de ella, fue básicamente un pedido de asilo.
Acá han sido apresados varios expresidentes, de diferentes tendencias. No creo que sea un tema de “unos sí y otros no”.
Sí, pero hablemos de políticos. Hay muchos que deberían estar presos y no están.
Una razón por la cual la presidenta Boluarte decide nombrarlo ministro [a Santiváñez puede ser] para blindarlo".
¿No le gana el corazón cuando habla de Humala y Heredia?
Lo que pasa es que yo tengo un profundo respeto por él. Como le digo, nunca observé nada y lo he conversado con muchos ministros, como Pedro Cateriano, Wilfredo Pedraza, José Luis Pérez Guadalupe…
Bueno, pero el señor Wilfredo Pedraza es su abogado.
No, pero en general. Lo que quiero decir es que, durante el Gobierno, no ha habido un momento en donde el presidente [Humala] haya dado alguna instrucción sobre determinadas situaciones incorrectas.
