El viernes 26 de setiembre se llevó a acabo la audiencia por la acción de amparo que la suspendida fiscal de la nación, Delia Espinoza, presentó en contra de la resolución de la Junta Nacional de Justicia, que ordenaba reponer a Patricia Benavides como titular del Ministerio Público.
En paralelo, el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, ha empezado a tomar decisiones que han generado alarma. Por ejemplo, concluyó las designaciones de los fiscales adjuntos supremos Luis Ballón y Hernán Mendoza, quienes investigaban casos como los de “El Diablo” y “Culebra” vinculados con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
"Son cambios que le hacen daño a la institución", sostiene Espinoza en conversación con OjoPúblico. Además, revela que ha recibido de dos a tres amenazas de muerte y que ha sido víctima de reglaje.
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Definitivamente, son cambios que le hacen daño a la institución".
La audiencia por el amparo contra la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba reponer a Patricia Benavides como fiscal de la nación fue el viernes. ¿Cuándo habría una decisión?
Debería ser ya, al término de la distancia. Es decir, la próxima semana. Se entiende que un amparo, en teoría, debe resolverse pronto.
Si el amparo saliera a su favor, ¿implicaría que volvería como fiscal de la nación?
Es lo que corresponde, en estricto derecho. Está más que demostrado que, inconstitucionalmente, se me ha afectado en mis derechos fundamentales.
Ha habido decisiones importantes en el Ministerio Público en estos días que ha estado fuera. El fiscal de la nación en calidad de interino, Tomás Gálvez, dio por concluidas las designaciones de los fiscales adjuntos supremos Luis Ballón y Hernán Mendoza, quienes investigaban casos como los de “El Diablo” y “Culebra”. ¿Qué piensa de esos cambios?
Definitivamente, son cambios que le hacen daño a la institución. Por supuesto que respeto cualquier decisión que pueda tomar un interino que, como su nombre lo indica, es un reemplazo temporal.
Preocupa que se hagan alteraciones al personal fiscal, administrativo y gerencial porque todo eso distorsionaría y retrasaría el plan de trabajo estructurado desde 2024 por un espacio de tres años, el periodo que me corresponde cumplir como fiscal de la nación titular.
En ese sentido, los cambios no solo preocupan, sino que generan el temor de que pueda haber decisiones en una línea contraria a lo que se ha venido haciendo, que es una lucha contra presuntos delitos de corrupción al más alto nivel.
Pero veo que el señor fiscal de la nación interino no le ha dado mayor importancia a eso y está cambiando [fiscales] simplemente porque no confía en ellos. Si, por ahora, quiere poner a otras personas, que no se desbarate todo lo que se ha venido recopilando en información y pruebas.
¿Porque no confía en ellos o porque hay un interés en promover impunidad? Mientras los nuevos fiscales se enteran de sus nuevos casos, se pierde tiempo, ¿no?
Exacto. Puede hacer cambios, que ojalá tengan el mismo perfil o incluso mejor que los fiscales que han estado acompañando mi gestión. Sin embargo, a los que lleguen sí o sí les va a tomar una buena cantidad de días empaparse y conocer a detalle y con profundidad casos muy complejos y delicados, con una cantidad de documentación muy grande, con bastantes testigos. Igual, confío que, próximamente, debo estar retornando porque el derecho me asiste.
Lo que ha hecho la JNJ es forzar y coaccionarme".
Ha dicho que resulta incómoda para el sector político que terminó promoviendo su suspensión. ¿Desde cuándo siente que es así?
A raíz de las investigaciones que heredé del anterior fiscal interino [Juan Carlos Villena] contra la señora presidenta Dina Boluarte por el tema del presunto abandono de cargo por las cirugías y todo eso, ante las citaciones que se le empezaron a cursar [a Boluarte], esta se sintió atacada, nerviosa y asustada. Me retó públicamente y empezó a hablar mal de nuestro trabajo y empezaron a salir algunos congresistas y políticos a criticarme.
Como mi despacho seguía emitiendo diversas denuncias constitucionales sustentadas con pruebas, siguieron con mayor fuerza las críticas, incluso con ofensas, sin respetar la autoridad ni la autonomía del Ministerio Público. De pasar a ser una desconocida cuando llegué como fiscal de la nación…
Tan desconocida no era.
Pero para ser fiscal de la nación…
¿Tenía un perfil bajo?
Un perfil bajo, no tan mediático. Y varios medios de comunicación empezaron a atacar con mentiras, infundios. No han encontrado nada. Y acá está la consecuencia. Se me forzó, a través de un procedimiento totalmente inconstitucional de la JNJ a que yo deje el cargo, que lo entregue a otra persona para obligarme a cometer una infracción constitucional.
El artículo 158 de la Constitución lo dice bien claro: la Junta de Fiscales Supremos elige al fiscal de la nación. Por lo tanto, por más que me lo exija quien me lo exija, hubiera cometido una infracción constitucional si decía “tome doctora Patricia [Benavides], acá está el cargo [de fiscal de la nación]”. Si yo hacía eso, con toda razón me hubieran inhabilitado por infracción a la Constitución.
Por lo tanto, lo que ha hecho la JNJ es forzar y coaccionarme. Por la denuncia de un militante aprista es que empieza el procedimiento administrativo por desacato, por desobediencia. El mundo al revés. Ahora, veo que es un tema más político que jurídico, porque los señores nunca debieron hacer eso.
¿Los señores de la JNJ?
De la JNJ. Es evidente, están siendo protegidos por el Congreso. Cuando se presentaron varias denuncias contra ellos, el Congreso archivó todo.
Alguien lo dijo y, de verdad, me impactó mucho: 'el Ministerio Público, en este momento, es un botín'".
¿Ha habido un entendimiento entre la JNJ y el Congreso?
Pareciera. No es normal, no es lógico que, cuando congresistas y varias personas presentaron denuncias constitucionales por el mal accionar de la JNJ, el Congreso de plano las archivara, sin mayor análisis, detenimiento y mayor evaluación. ¿Qué es esto? Ojalá hicieran lo mismo conmigo.
En los casos que me han iniciado en el Congreso, aunque no tienen ni pies ni cabeza, sí me están pidiendo mi descargo, o ya iniciaron el trámite. Ya es claro que es una persecución política, no jurídica, por haber hecho mi trabajo. No he cometido delitos, no he forzado a nadie. Eso lo ha hecho la JNJ, pero ya los limpiaron, ya los salvaron de cualquier investigación.
¿El objetivo es usted o el Ministerio Público?
Por orden de importancia, el Ministerio Público es el objetivo. Yo soy el objetivo segundo. A puertas de una elección general, muchos candidatos con vínculos o que son parte de las mismas organizaciones que están en el Congreso, son los primeros interesados en no tener ninguna mancha en su hoja de vida, ninguna denuncia ni persecución penal, que los desmerezca ante los votantes.
Alguien lo dijo y, de verdad, me impactó mucho: "el Ministerio Público, en este momento, es un botín que se necesita capturar para tener impunidad".
¿Qué piensa de Tomás Gálvez?
Tomás Gálvez ha llegado de una manera forzada, consecuencia de lo que ha originado la JNJ. El señor habló muy mal de sus colegas, desde antes de volver al Ministerio Público.
Incluso de usted.
Me dijo que soy mafiosa. También me dijo, en la Junta de Fiscales Supremos, “no, doctora, hay que tener prudencia, no hay que enfrentarse al poder político”. Yo le preguntaba, "doctor, dígame usted, ¿en qué soy confrontativa? ¿Qué hago si tengo la denuncia? ¿La guardo? ¿La demoro? ¿Qué hago si en la investigación encuentro elementos de prueba? ¿Los escondo? No sé a qué se refiere”. Nunca me contestó, no supo qué decirme.
Por eso, de verdad, que siento temor por lo que él pueda hacer después de lo que ha dicho, después de que nos ha insultado, no solamente a mí, al doctor Pablo Sánchez, a la doctora Zoraida Ávalos, que somos mafiosos, que hemos favorecido a Odebrecht. En fin, una serie de infundios. En el fondo, él estaba deseosísimo de ser fiscal de la nación.
[Los fiscales supremos] mantuvieron silencio y eso solo tiene una explicación, desde mi punto de vista: miedo".
¿Le tiene temor a Tomás Gálvez?
No a él. A lo que vaya a hacer. No está siguiendo la línea de un plan de trabajo. Ha llegado de manera improvisada y lo que está haciendo, en este momento, como interino es desmerecer al Ministerio Público. Va a atrasar el trabajo.
A propósito de los fiscales Ávalos y Sánchez, es verdad que ellos pudieron haber optado por asumir la Fiscalía de la Nación. No lo hicieron. ¿Qué reflexión le genera esa decisión de ambos?
Es un tema de imagen institucional. Mientras no se terminen de dilucidar las denuncias en curso del señor Tomás Gálvez y de Patricia Benavides, ninguno de los dos, por el momento, podía asumir la Fiscalía de la Nación. Es muy fuerte. Mire lo que está pasando ahorita, todos [dicen] “un fiscal de la nación cuello blanco”. Y eso no se puede evitar porque la gente lo tiene fresco.
Por eso, se esperaba que el doctor Sánchez asuma o, en su defecto, la doctora Ávalos, con experiencia en el cargo. Pero me temo que —porque incluso hemos conversado— hay temor al poder político. Y esto no tiene por qué sentirse como una ofensa. Hay gente que dice que estoy hablando mal de mis colegas. Eso no es hablar mal. Además, tener temor es humano. Pero, ante una situación en la que la institución nos llama, imagínese si yo también tuviera temor.
Yo me estoy jugando, prácticamente, mi carrera. Si va a haber temor, entonces todos nos ponemos de costado y que el Ministerio Público sea avasallado. Yo esperaba que cualquiera de los dos fiscales más antiguos y con experiencia asuman, era momento de defender los fueros y la autonomía de la institución.
Me sometí a la suspensión, pero tenía la leve esperanza de que ellos dijeran "señores de la JNJ, no pueden venir a sancionar a la doctora [Delia Espinoza], nosotros la hemos refrendado como fiscal de la nación”. Algo debieron decir. No dijeron nada, mantuvieron silencio y eso solo tiene una explicación, desde mi punto de vista: miedo.
¿Siente que la dejaron sola?
Más que a mí, porque yo me voy a defender, dejaron solo al Ministerio Público. Ya se dejó un precedente, un camino abierto para que, más adelante, otra JNJ o, de repente, el defensor del pueblo o el Tribunal Constitucional también decidan quién va a ser o dejar de ser fiscal de la nación.
Hay una explicación que he escuchado: si los fiscales Sánchez y Ávalos hubiesen aceptado asumir, el Congreso hubiese avanzado contra ellos, permitiendo la llegada de otros fiscales y cambiando, profundamente, la composición de fuerzas en el Ministerio Público. ¿Qué responde?
Señor Patriau, cuando hay una amenaza de esa naturaleza con una evidente persecución política del Congreso, para eso existe el mecanismo constitucional del amparo. Mire en qué situación me encuentro yo.
Es más, yo sé que me van a querer inhabilitar. Un fiscal, ante todo, tiene que ser valiente y pararse bien en su función y hacer respetar la legalidad. Lo que usted está planteando, que si hay un cálculo para que no me inhabiliten, para que no me saquen, entonces mejor así no más… No quiero pensar que ha habido eso.
Muchos fiscales me decían, 'doctora, salgan en equipo, se ve mejor'. Pero yo me quedé callada".
No digo que haya sido así. Es una lectura que escuché.
Por eso, le digo. Yo asumo que ha habido temor, simplemente. Los doctores no han querido asumir, perfecto, ahí quedó. Pero imagínese que esto le hubiera pasado al Pleno de la Corte Suprema. Dudo que ellos hubieran accedido a semejante despropósito.
Lo digo con mucha pena, varias veces les dije "doctores, hay que salir, vamos a salir todos juntos a hacer una conferencia de prensa para explicar que nosotros, la Junta, es la que elige al fiscal de la nación”. Me respondieron “no, no, doctora, que van a preguntar cualquier cosa, usted sabe cómo es en las conferencias”. Y no quisieron. Yo guardé silencio respetuoso.
Muchos fiscales me decían, "doctora, salgan en equipo, se ve mejor". Pero yo me quedé callada. Si lo estoy contando ahora es porque tampoco es justo que, simplemente, siga manteniendo silencio sobre estas consideraciones.
En una entrevista reciente con el fiscal José Domingo Pérez, me dio la impresión de que él sentía que no apoyó al equipo especial Lava Jato como se esperaba, al menos en un inicio. Que incluso se le daba valor a denuncias contra ellos que, en realidad, obedecían a un ataque coordinado. ¿Qué responde?
Mire señor Patriau, si voy a hablar de lo que dice un fiscal, tendría que hablar de lo que opinan todos. La verdad surge con los hechos. Yo no soy abogada de cada uno de los fiscales porque, imagínese, eso me generaría carpetas a nivel de la JNJ y con justa razón. Yo no puedo salir a defender a uno o a otro. ¿Sabe por qué? Porque acá cada uno tiene que saber defenderse exhibiendo su trabajo.
¿Por qué decidió pedir la ilegalidad de Fuerza Popular un día antes de que se conociera la decisión de la JNJ? Uno diría que fue una especie de huida hacia adelante.
En principio, hasta el último momento, esperaba que los señores de la JNJ no me suspendan. Estaba con bastante confianza, de verdad se lo digo.
¿En serio?
De verdad. Porque los señores de la JNJ están coleccionando infracciones constitucionales. Parece que no tienen temor o no sé qué protección pensarán que tienen, pero la ilegalidad, tarde o temprano, nos pasa factura.
Esa solicitud es un procedimiento sui generis contemplado en la ley de organizaciones políticas. Yo no lo he iniciado de oficio, fue por una solicitud de una ciudadana a fines de marzo.
Es un trabajo en estricto cumplimiento de la ley. Se ha procedido a elaborar, a contextualizar los hechos, a recabar de fuente abierta. Ni siquiera hemos llamado a declarar a nadie. Nada, todo es fuente abierta, historia pura registrada en las redes sociales.
Entonces, si yo fuera una mala fiscal no hubiese presentado nada. Una fiscal politizada encuentra evidencias de actividades antidemocráticas y las elimina. Se aceptan las discrepancias, pero lo que no se acepta es que salgan a insultar.
The Economist lo dijo: no somos una democracia al 100%, tampoco una dictadura, pero me parece que vamos a ese camino".
¿Fuerza Popular realiza actividades antidemocráticas?
Es lo que estamos postulando con las fuentes abiertas y las pruebas y los hechos.
¿Estamos en una democracia?
The Economist, una publicación muy reputada, internacional, lo dijo: somos un país híbrido. No somos una democracia al 100%, tampoco una dictadura, pero me parece que vamos a ese camino, porque la separación de poderes ya se vulneró hace rato y, prueba de ello, es lo que está pasando con la máxima autoridad del Ministerio Público. La JNJ ha vulnerado totalmente la separación de poderes y, eso, es ir contra una democracia que debe ser saludable.
¿Me dice que estamos yendo camino hacia una dictadura?
Yo creo que sí.
Aparte de la acción de amparo discutida el viernes, entiendo que ha presentado también una cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo tendría noticias al respecto?
Es lo que yo también estoy esperando. Han pedido unos datos adicionales y estimo que, con eso, debe estarse ya emitiendo un pronunciamiento. Entiendo, también, que hay muchos pedidos que atiende la CIDH. Esto es estrictamente por mi seguridad e integridad personal. Yo no hago mucho escándalo sobre mis temas personales, pero sí he acreditado que he recibido amenazas de muerte.
Incluso hay personas que me habrían estado siguiendo".
¿Cuántas amenazas de muerte ha recibido?
Por lo menos dos, tres. Y también cierto reglaje, hasta en mi propio domicilio.
¿La han reglado?
Sí, o sea, con drones. Incluso, hay personas que me habrían estado siguiendo. Por eso, estoy exigiendo al Ministerio del Interior que se me restituya, como corresponde, mi seguridad personal. No es un capricho.
