PRESUNTO FAVORECIMIENTO. Caso está relacionado a una obra en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón.
El último 22 de octubre, este medio recibió una segunda carta notarial de la empresaria Ninel Romero Bartusiak. En la misma solicitó, en calidad de persona natural y representante legal de la empresa Constructora Quimera S.A.C., la eliminación de un reportaje, publicado en diciembre de 2020, en el que se informó sobre la detención preliminar por siete días del entonces gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y otras nueve personas. Entre ellas, Romero Bartusiak.
La empresaria también pidió eliminar de la plataforma web de este medio, sus redes sociales y archivos digitales la publicación de respuesta a su primera carta notarial, de diciembre de 2024. Además, requirió que se elimine su carta y la resolución de detención preliminar del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Áncash, del 28 de noviembre de 2020, que sustentó el reportaje publicado hace casi cinco años.
Como en su anterior escrito, señaló que la publicación se deriva de una “pericia falsa e inexacta”, cuya autora se encuentra imputada ante el Poder Judicial por falsedad genérica, siendo Romero Bartusiak la parte agraviada. “Mantener noticias basadas en una prueba de origen presuntamente delictivo, sin aclarar este hecho, es desinformar y perpetuar un agravio”, alegó.
En otro punto agregó que “el mantenimiento intencional y a sabiendas de información falsa, obsoleta e inexacta configura un dolo agravado que causa un daño actual y tangible” a su “esfera personal y económica”.
A detalle, la empresaria sostuvo que, de no proceder con la eliminación de todas las publicaciones que la mencionan, procederá a iniciar un proceso constitucional de hábeas data contra OjoPúblico, así como una demanda civil por daños y perjuicios, y una querella por delito de difamación agravada.
El reportaje inicial al que hace alusión Romero Bartusiak no informó sobre la orden de prisión preventiva —que se produjo después—, sino de la detención preliminar, ejecutada contra una autoridad regional de ese momento, por presuntos malos manejos de recursos públicos. Es decir, un tema de interés general.
El informe menciona el peritaje al que hace referencia la empresaria porque el mismo fue parte del sustento del juez para ordenar la detención preliminar, aunque no el único: también se indicó que la empresa constructora, según la acusación fiscal, presentó su propuesta económica el 3 de abril de 2020. Esto es cuatro días antes de que la Subgerencia de Abastecimiento del gobierno regional le solicitara su cotización mediante un correo electrónico.
OjoPúblico rechaza cualquier intención de afectar el honor y la buena reputación de las personas mencionadas en el reportaje y en la publicación de respuesta a la primera carta de Romero Bartusiak. En ambos casos, solo dio cuenta de hechos de relevancia pública, sin emitir juicios de valor.
De otro lado, es preciso indicar que el caso que motivó la detención preliminar aún no ha concluido con la absolución o la sentencia de los imputados. Por lo tanto, las acusaciones fiscales siguen vigentes.
Este medio es respetuoso del ejercicio del derecho a la rectificación, como lo indica nuestro protocolo para estos casos. No obstante, rechaza cualquier amenaza que afecte el derecho constitucional a informar libremente y con rigor sobre hechos de interés público.
A continuación, la segunda carta enviada por la señora Ninel Romero Bartusiak.
