The Lancet sobre ultraprocesados: priorizar la salud pública sobre los beneficios económicos

En cuatro décadas, los productos ultraprocesados han transformado la alimentación de las mesas familiares, los supermercados y la salud pública en América Latina. En países como México o Brasil, el consumo de estos insumos prácticamente se duplicó desde los años ochenta; mientras que en Argentina el aumento fue de casi un 50% en tres décadas. Como resultado, en la región se consumen entre 100 y 150 kilos de estos productos por persona al año.

Una serie de artículos científicos publicados en The Lancet alerta los graves riesgos para la salud pública de estos productos, destaca su relación con numerosas enfermedades no transmisibles y señala que el aumento del consumo de estos productos responde “a la influencia de poderosas corporaciones globales que emplean sofisticadas tácticas políticas para proteger y maximizar sus beneficios económicos”.

Uno de los artículos menciona que “el auge de los alimentos ultraprocesados ​​en la dieta humana está perjudicando la salud pública, alimentando las enfermedades crónicas en todo el mundo y profundizando las desigualdades en salud”.

Los principales fabricantes de estos alimentos y bebidas ultraprocesadas —entre ellos Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever y la mexicana FEMSA— operan con recursos que superan a muchos gobiernos. Solo en 2024, Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez destinaron más de USD 13 mil millones en publicidad, una cifra cuatro veces mayor al presupuesto operativo de la Organización Mundial de la Salud.

Las corporaciones de ultraprocesados han construido un poder político que influye en las decisiones de los gobiernos.

La serie define a los ultraprocesados como “productos hechos de ingredientes industriales de bajo costo, como aceites hidrogenados, aislados de proteínas o jarabe de glucosa/fructosa, y aditivos alimentarios cosméticos (por ejemplo, colorantes, edulcorantes artificiales, emulgentes). Están diseñados y comercializados para desplazar alimentos frescos y mínimamente procesados y comidas tradicionales, mientras maximizan las ganancias corporativas”.

Esta industria tiene ventas anuales globales de USD 1,9 billones. Se trata del sector más rentable de la industria alimentaria. Estas corporaciones representan el 42% de los USD 1,5 billones de dólares en activos totales del sector de la industria de ultraprocesados en 2021, incluyendo instalaciones de producción, redes de distribución, sistemas de marketing y miles de marcas registradas. 

PODER ECONÓMICO. La red de influencia política global de la industria de alimentos ultraprocesados.

Imagen: The Lancet

En la década de 1980, los programas de ajuste estructural y los acuerdos de libre comercio reorientaron la agricultura en muchos países de la región hacia cultivos de exportación, al tiempo que abrían los mercados a la inversión de las grandes corporaciones transnacionales de ultraprocesados facilitando su expansión.

De esta manera –detalla la publicación en la que participaron 43 investigadores de distintos países–, las corporaciones globales de ultraprocesados han construido un poder político que les permite influir en decisiones gubernamentales, moldear debates públicos y bloquear regulaciones mediante cabildeo, litigios, campañas mediáticas e incluso la fabricación de duda científica.

La serie revela cómo estas empresas emplean tácticas políticas sofisticadas, algunos investigadores la comparan con la estrategia del tabaco: “construir dudas, sembrar miedo regulatorio y dilatar el tiempo tanto como sea posible para evitar nuevas normas”.

La serie de The Lancet menciona alguna de estas numerosas estrategias corporativas desplegadas en la región: desde lobbies masivos hasta amenazas de litigios internacionales. En Colombia, por ejemplo, organismos públicos se alinearon con la postura de la industria durante el debate sobre el etiquetado. En México, organizaciones financiadas por fabricantes defendieron posiciones que favorecían la autorregulación. En Chile, representantes empresariales presionaron con argumentos basados en supuestas violaciones a tratados comerciales.

Activistas y científicos también sufren presiones, por medio de “amenazas legales, ataques en línea, intentos de dañar nuestras reputaciones y distorsionar la evidencia científica”, dijo el médico y escritor Chris van Tulleken, de la Universidad College London, durante la presentación de la serie de artículos a un grupo de periodistas, entre los que estuvo OjoPúblico y PopLab.

TIPOS DE ALIMENTOS. La clasificación NOVA de alimentos es un sistema que categoriza los alimentos según su nivel de procesamiento industrial. Fue desarrollado en la Universidad de Sao Paulo.

En otro de los artículos de The Lancet se habla de la urgencia de establecer políticas coordinadas para regular y reducir la producción, comercialización y consumo de este tipo de productos; así como responsabilizar a las grandes empresas por su papel en la promoción de dietas no saludables. 

Para reducir el poder de la industria en los sistemas alimentarios, los especialistas proponen “desincentivar fuertemente la producción de ultraprocesados, reducir el poder del marketing y redistribuir recursos a otros tipos de productores de alimentos; excluir a la industria de ultraprocesados de la gobernanza alimentaria; terminar con la dependencia de acciones corporativas voluntarias; y reformar la política, la práctica profesional sanitaria y científica para minimizar la interferencia corporativa”.

Para reducir el poder de la industria en la alimentación, los especialistas proponen desincentivar fuertemente la producción de ultraprocesados.

Tulleken enfatizó que “cuando el propósito de un alimento es la ganancia, cada aspecto de ese producto será optimizado para impulsar el consumo máximo. Y se crearán estructuras políticas y de poder que limitan y previenen la regulación”.

Para ello, los autores de estas publicaciones, plantean que los ultraprocesados se prioricen como un tema de salud global. De acuerdo con los especialistas, las dietas altas en estos comestibles están vinculadas a comer en exceso, mala calidad nutricional —ya que tienen exceso de azúcar y grasas no saludables, y muy poca fibra y proteína— además de una mayor exposición a productos químicos y aditivos nocivos. 

América Latina: un laboratorio de políticas públicas

De acuerdo con la investigación, el desplazamiento de los patrones dietéticos tradicionales por este tipo de comestibles es un factor clave de la creciente carga global de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. 

El análisis de encuestas nacionales muestra que la contribución energética de los comestibles ultraprocesados a las compras totales de alimentos de los hogares. En el caso de México y Brasil creció del 10% al 23% en cuatro décadas. Mientras que en Argentina el aumento fue del 19% al 29% en 30 años.

El consumo en América Latina y el Caribe entre 2007 y 2022 se mantuvieron entre los 100 y 150 kilogramos de ultraprocesados per cápita. Sin embargo, en esta región, las ventas generales disminuyeron después de 2016 debido a la reducción en las ventas de bebidas azucaradas y a tendencias estables en otras subcategorías.

Durante décadas, las políticas de salud pública se centraron en educar al consumidor para evitar las grasas, azúcares y sal. Pero los autores de la serie señalan que esta estrategia es insuficiente. No se trata de voluntad individual, sino de sistemas alimentarios diseñados para inundar el mercado con productos baratos, hiperpalatables, disponibles en cada esquina y promocionados agresivamente.

La propuesta de la serie publicada en la revista es que el enfoque debe cambiar. Las medidas más efectivas son aquellas que actúan simultáneamente sobre la producción, la comercialización, la disponibilidad y la influencia política de la industria. 

Algunas de esas prácticas se han puesto en marcha en América Latina, una región históricamente abierta a la influencia de grandes corporaciones, que, sin embargo, comenzó a construir políticas que hoy son ejemplo de regulación efectiva.

En México, uno de los mercados más lucrativos para los ultraprocesados, en 2014 implementó el impuesto a las bebidas azucaradas.

De acuerdo con los autores, los avances latinoamericanos ofrecen varias lecciones: que las políticas integrales funcionan mejor que las aisladas; que las coaliciones entre sociedad civil, academia y sector público son indispensables; y que el poder corporativo no puede ser un actor neutral en la gobernanza alimentaria.

En Chile, después de años de debate político y resistencia empresarial —incluidas presiones internacionales— se implementó un modelo integrado que combina advertencias frontales, prohibiciones de marketing infantil y la eliminación total de ultraprocesados en las escuelas. Con estas medidas, la publicidad dirigida a niñas y niños se desplomó, la exposición en entornos escolares se redujo drásticamente y las familias comenzaron a identificar con mayor claridad los productos ultraprocesados. 

TENDENCIAS. Compra y consumo de ultraprocesados en nueve países, estimadas a partir de encuestas nacionales.

Visualización: The Lancet

En México, uno de los mercados más lucrativos para los ultraprocesados, en 2014 implementó el impuesto a las bebidas azucaradas. Años después estableció el etiquetado frontal de advertencia, se prohibió la venta y promoción de ultraprocesados dentro de las escuelas y se promulgó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Colombia tiene una propuesta de gravamen a bebidas azucaradas que irá incrementando gradualmente, al pasar del  12.5% al 15%, hasta llegar al 20% recomendado por los expertos en salud pública.

En la serie se destaca el caso de Brasil, donde se adoptó la Guía Alimentaria —que ha servido de ejemplo para otros países— advierte explícitamente sobre los ultraprocesados y recomienda evitarlos. Pero la medida que realmente cambió el panorama fue el Programa Nacional de Alimentación Escolar: un sistema que alimenta a más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes y que privilegia la compra de alimentos frescos provenientes de agricultores locales, grupos vulnerables y producción agroecológica.

92 de 104 estudios prospectivos analizados vinculan el consumo de ultraprocesados con un mayor riesgo de al menos 12 enfermedades crónicas.

El programa no solo limita la entrada de ultraprocesados en los comedores escolares, sino que impulsa economías locales y da sostén a sistemas alimentarios diversificados, algo crucial para reducir la dependencia de productos industriales.

En Perú existen las adquisiciones y provisión públicas de alimentos mínimamente procesados para los comedores comunitarios.

“Estas políticas, junto con otros cambios impactantes, deberían fortalecerse, coordinarse de manera mutuamente reforzadora y extenderse a más países”, señalan los autores.

Un consenso científico difícil de ignorar

La evidencia recopilada por la serie de The Lancet muestra que 92 de 104 estudios prospectivos analizados vinculan el consumo de ultraprocesados con un mayor riesgo de al menos 12 enfermedades crónicas. Entre ellas destacan obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, afecciones cardiovasculares, depresión y mortalidad prematura.

Los expertos de The Lancet enfatizan que el problema no es solo la cantidad de azúcar, grasas o sodio. La manera en que se fabrican estos productos —su diseño sensorial, su densidad energética, sus estructuras alteradas, sus aditivos y la forma en que estimulan la sobre ingesta— activa mecanismos fisiológicos ligados a inflamación y deterioro metabólico. De acuerdo con los autores, no basta con reformularlos; el daño viene de la naturaleza misma del ultraprocesamiento.

Sin embargo, estos comestibles siguen siendo la opción fácil para millones de familias que viven entre jornadas laborales extensas, ingresos limitados y una marea publicitaria que normaliza su consumo desde la infancia.