CONTRADICCIÓN. El pasado 2 de enero, se capturó a Nicolás Maduro, pero Donald Trump dejó intacta a parte de la principal cúpula de su régimen.
El 2 de enero de 2026, el Ejército de Estados Unidos capturó al gobernante de facto de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en el palacio presidencial en Caracas y los trasladó rápidamente a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.
El presidente Donald Trump declaró que la operación formaba parte de los esfuerzos de aplicación de la ley para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, antes de aludir a lo que sería la verdadera razón de la acción militar: obtener acceso estadounidense a los campos petroleros venezolanos.
La decisión de Trump de dejar intacta a parte de la principal cúpula del régimen criminal de Maduro —muchos de ellos también imputados o investigados en tribunales estadounidenses por narcotráfico— fue una señal clara de que su remoción estuvo motivada por la economía del petróleo y no por un avance hacia una transición democrática ni por la restauración del Estado de derecho.
Apenas un mes antes, Trump había concedido un perdón sin precedentes al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por traficar 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
La yuxtaposición de ambos casos define con nitidez el enfoque profundamente transaccional de Trump en política exterior, y la subordinación de los principios del Estado de derecho a intereses económicos, lo que podría estar fortaleciendo a grupos del crimen organizado y a organizaciones terroristas en América Latina, en lugar de combatirlos.
La yuxtaposición de ambos casos define con nitidez el enfoque profundamente transaccional de Trump en política exterior".
La evidencia en el caso Hernández era abrumadora, y fue condenado a 45 años de prisión. La ironía —que no pasa inadvertida para quienes investigamos el caso durante muchos años— es que muchos de los cargamentos de cocaína que Hernández y su hermano Tony —también condenado y encarcelado— negociaron para el Cártel de Sinaloa se originaron en Venezuela.
Su red operaba con la complicidad de oficiales militares vagamente agrupados en lo que comúnmente se conoce como el Cártel de los Soles, aunque en realidad funciona más como un holding criminal.
Pese a las pruebas presentadas por las fuerzas de seguridad y los fiscales estadounidenses, Hernández fue liberado debido a la influencia financiera y política de Roger Stone y otros aliados dentro del círculo íntimo de Trump, mientras que el liderazgo y funcionalidad del Cártel de los Soles permanecen en gran medida intactos.
La influencia de MAGA
Otras acciones igualmente dañinas de la administración Trump incluyen el levantamiento de las sanciones financieras al expresidente paraguayo Horacio Cartes, quien en enero de 2023 fue públicamente identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como colaborador del grupo terrorista Hezbollah, así como los esfuerzos por repatriar a líderes de la pandilla MS-13 hacia El Salvador, presuntamente para proteger al aliado de Trump, Nayib Bukele, del bochorno que habría significado que esos líderes testificaran en tribunales estadounidenses sobre un pacto secreto con el presidente salvadoreño.
La amistad de Trump con Bukele también es problemática por razones que contradicen abiertamente su supuesto apoyo al estado de derecho. Por ejemplo, en el centro del círculo financiero más cercano a Bukele se encuentra José Luis Merino, identificado públicamente por el entonces senador Marco Rubio y por múltiples informes policiales como una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, por haber sido el principal proveedor de armas de las guerrillas de las FARC y un importante lavador de dinero del régimen venezolano.
La amistad de Trump con Bukele también es problemática".
Según las propias designaciones de Trump, los grupos mencionados —el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Soles, Hezbollah, la MS-13 y las disidencias de las FARC— son organizaciones criminales y terroristas. Sin embargo, cada uno de ellos directa o indirectamente se ha beneficiado de las acciones de la administración Trump.
En conjunto, estas decisiones han fortalecido a organizaciones criminales y terroristas en todo el hemisferio, precisamente aquellas que la administración Trump afirma combatir como prioridad de seguridad nacional.
Estas acciones han desmantelado décadas de trabajo de las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley de Estados Unidos y sus aliados, que habían construido casos sólidos contra individuos y organizaciones que representan amenazas estratégicas directas a los intereses estadounidenses y causan un daño real al país.
En el centro de los esfuerzos que han llevado al perdón y la liberación de criminales condenados y de facilitadores del terrorismo públicamente identificados, se encuentra un núcleo de lobistas e influenciadores alineados con el movimiento MAGA (Make America Great Again), cuya agenda profundamente antidemocrática y proautoritaria está reconfigurando la región.
Esta red tiene acceso directo a Trump o canaliza sus gestiones a través de miembros de la familia Trump y de su círculo cercano, mientras utiliza a Tucker Carlson y otros medios MAGA para construir narrativas de agravios compartidos y de supuesta “lawfare” [instrumentalización de la justicia con fines políticos] contra aliados de Trump.
Un punto relevante es que esta red y su discurso suelen estar estrechamente alineados con el ideólogo neo-fascista cercano a Vladimir Putin, Alexander Dugin, invitado en múltiples ocasiones al programa de Carlson y arquitecto intelectual de la justificación “Rusia Primero” para la invasión de Ucrania y, previamente, de Crimea.
Esta red también mantiene profundos vínculos con el expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro, otro favorito de Trump, así como con sectores de la extrema derecha argentina.
En el caso del perdón a Hernández, el desacreditado exoperador político de Nixon Roger Stone, el excongresista Matt Gaetz quien no consiguió apoyo de su propia bancada republicana cuando fue nominado como fiscal general por las múltiples acusaciones de acoso sexual y consumo de drogas, y un grupo de pastores evangélicos MAGA fueron actores clave.
El perdón a Hernández se produjo apenas dos días después del apoyo abiertamente intervencionista de Trump en redes sociales a Nasry Asfura, heredero político de Hernández en el Partido Nacional de Honduras, cuya maquinaria partidaria estableció un estándar regional de corrupción política.
El principal asesor electoral de Asfura es Fernando Cerimedo, un operador político argentino identificado por autoridades brasileñas como una figura central en las campañas masivas de desinformación impulsadas por Bolsonaro y en sus intentos de revertir los resultados electorales de 2022, de manera similar a los ataques del 6 de enero en Washington.
El perdón a Hernández y Cartes
Bukele encuentra refugio para sus propias narrativas falsas en Carlson y, a través de su lobista Damián Merlo, ha reclutado a Gaetz, Donald Trump Jr. y a otros pesos pesados del movimiento MAGA para defender al presidente salvadoreño frente a señalamientos por sus graves violaciones a los derechos humanos, la persecución política y sus vínculos con pandillas.
En cada uno de estos casos, Trump adoptó una narrativa compartida de victimización con líderes alineados con el movimiento MAGA y culpó a la administración Biden de impulsar una “lawfare” con fines políticos. En todos los casos, esto es falso. De hecho, las sanciones e investigaciones fueron iniciadas originalmente por funcionarios designados por el propio Trump.
- Emil Bove: exabogado personal de Trump y hoy juez federal, encabezó la investigación contra Hernández y su hermano, que culminó en sus condenas.
- Las investigaciones del Tesoro y de la comunidad de inteligencia sobre los vínculos de Cartes con Hezbollah y el crimen organizado se realizaron mayoritariamente durante el primer mandato de Trump.
- La Fuerza de Tarea “Vulcan": el grupo interagencial que documentó los vínculos corruptos de Bukele con la MS-13 y persiguió a líderes liberados por su gobierno, fue creada por el entonces fiscal general Bill Barr, designado por Trump.
El daño causado por lo que equivale, en la práctica, a un empoderamiento directo de organizaciones criminales y terroristas por parte de Trump supera con creces cualquier impacto estratégico derivado de la remoción de Maduro, que dejó intacto parte de su régimen, o de la destrucción de pequeñas lanchas en el Caribe que, incluso si transportaban cocaína, movían apenas unos pocos kilos.
Trump adoptó una narrativa compartida de victimización con líderes alineados con el movimiento MAGA".
El doble estándar, casi teatral, entre el uso simultáneo de la fuerza militar y los indultos presidenciales, fortalece directamente a organizaciones criminales y terroristas de una manera tan cínica, hipócrita e incongruente que resulta difícil de comprender.
Si bien el perdón a Hernández recibió atención mediática en Estados Unidos, es necesario subrayar la magnitud del aparato corrupto que encabezó durante años. Uno de los episodios más estremecedores de su mandato fue el asesinato, en noviembre de 2019, de Nery Orlando López, testigo clave contra Hernández y custodio de los registros contables de los pagos del narcotráfico a los hermanos Hernández.
Una vez que la existencia de esos registros se hizo pública durante el juicio de Tony en 2018, internos pertenecientes a la MS-13, recluidos junto a López, fueron pagados para ejecutarlo. El asesinato quedó registrado por las cámaras de seguridad del penal, material que revisé personalmente en su momento.
En las imágenes se observa cómo los pandilleros lo arrastran fuera de su celda con una calma inquietante, portando pistolas a la cintura, y comienzan a dispararle sin prisa ni titubeos. Mientras yace desangrándose en el suelo, extraen machetes y lo descuartizan hasta darle muerte. Luego, con la misma tranquilidad con la que actuaron, guardan sus armas y se retiran, sin mostrar el menor temor a ser detenidos por policías o custodios penitenciarios.
Los únicos beneficiarios plausibles de este asesinato descarado eran los hermanos Hernández; sin embargo, de manera paradójica, los registros de López terminaron siendo utilizados para condenarlos a ambos.
La orden del Departamento del Tesoro del 25 de octubre de 2025, que levantó las sanciones financieras y de visado contra Cartes, fue casi tan significativa como el perdón a Hernández, pero pasó relativamente desapercibida, a pesar de que en 2023 se determinó que Cartes no solo obstruyó investigaciones criminales internacionales, sino que tenía “vínculos documentados con organizaciones terroristas extranjeras” y “lazos con miembros de Hezbollah”.
La relación de Cartes con Hezbollah e Irán fue el indicador más visible de un vasto imperio ilícito de contrabando de cigarrillos que se extiende por América Latina y el Caribe. El uso de aeronaves iraníes y venezolanas para transportar toneladas de cigarrillos fue citado en el paquete de sanciones; no obstante, su profunda implicación en múltiples mercados ilícitos —antes, durante y después de su presidencia en Paraguay (2013-2018)— está ampliamente documentada.
Los intereses con Bukele
En El Salvador, los esfuerzos de Trump por intercambiar acceso a la prisión de máxima seguridad CECOT para alojar de manera ilegal a deportados del ICE, a cambio de abandonar los casos contra líderes de la MS-13 en Estados Unidos, han sido ampliamente documentados.
A cambio de proteger a Bukele y a su círculo cercano de que líderes pandilleros testificaran sobre el pacto corrupto y lucrativo que habían sellado en secreto con el presidente —devastador para un líder que ha construido su reputación global sobre la falsa narrativa de haber derrotado militarmente a la pandilla— Trump logró deshacerse de su problemático dilema legal y político relacionado con la detención de migrantes sin cargos en territorio estadounidense.
Menos conocido, pero igualmente documentado, es que uno de los principales financistas de Bukele es José Luis Merino, excomandante urbano del Partido Comunista durante la guerra civil salvadoreña (1980-1991), cuya carrera posterior se centró en la intermediación de grandes cargamentos de armas hacia las FARC en Colombia —que atacaban fuerzas estadounidenses— y en el lavado de miles de millones de dólares para el régimen de Maduro y el Cártel de los Soles.
En una audiencia del Senado en 2016, el entonces senador Rubio afirmó que Merino “es un lavador de dinero de primer nivel, un traficante de armas para las FARC y funcionarios venezolanos corruptos. ¿Cómo es posible que este sujeto no esté sancionado?”.
En junio de 2017, un grupo bipartidista de 14 congresistas solicitó formalmente al Departamento del Tesoro que investigara a Merino, por creer que había “acumulado cientos de millones de dólares en riqueza inexplicable mientras ayudaba a las guerrillas de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano y a otros grupos criminales a mover fondos hacia refugios seguros”.
Merino fue un financista clave de las campañas presidenciales de Bukele en 2019 y 2024 y, poco antes de que Bukele asumiera el cargo, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de El Salvador de lavar 3.200 millones de dólares en fondos corruptos, investigación que Bukele cerró casi de inmediato. Desde que el secretario de Estado Rubio se reunió con Bukele para sellar el acuerdo carcelario, Merino ha dejado de ser mencionado públicamente.
La avalancha de decisiones transaccionales que desmantelan estratégicamente el Estado de derecho —al exoner a líderes criminales, narcotraficantes y facilitadores del terrorismo— se oculta tras una fachada de grandilocuencia moral que pretende justificar políticas incoherentes y muertes injustificadas.
La magnitud de la hipocresía y de la incoherencia estratégica es asombrosa. Para que Estados Unidos vuelva a ser visto como un socio confiable en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo en el hemisferio occidental —hoy proclamados como ejes centrales de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump— no puede, al mismo tiempo, empoderar a los mismos enemigos que afirma combatir.
Editado por Norka Peralta
