El 17 de marzo de este año, luego de la publicación del reportaje Shihuahuaco: investigado por delitos ambientales evaluará exportaciones de madera amazónica y de la publicación de una primera carta notarial recibida el 14 de febrero, el director de Control de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal del Servicio Nacional (Serfor), Rudy Ernesto Tapia Ruiz, envió una segunda comunicación a OjoPúblico.
En el reportaje antes citado (donde se habla de la madera de un árbol que esta en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas- CITES) se indica que Tapia Ruiz, junto a Gian Carlo Pezo Ruiz (actualmente director de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal e investigado por el presunto delito de otorgamiento ilegal de derechos para una concesión maderera), firmó el informe técnico N° 069-SERFOR/DGGSPFFS-DCGPFFS, emitido en febrero de 2016, en el que se señaló que la madera relacionada al caso Yacu Kallpa no tenía impedimentos para salir del país debido a que las guías de movilización de la madera intervenida no tenían procesos administrativos sancionadores en curso.
Aunque en el reportaje no se dice que él se encuentre entre los investigados de dicho caso o, se encuentre en calidad de testigo, Tapia Ruiz insiste en brindar el mismo argumento de su primera carta notarial: que haber firmado un informe técnico sobre la madera incautada en el caso Yacu Kallpa (proceso penal por presunto tráfico de madera desde Perú a Estados Unidos y México), no lo convierte en investigado y que tampoco ha sido testigo de la indagación fiscal.
OjoPúblico ratifica la totalidad del contenido de su reportaje periodístico, pues este describe hechos que forman parte de un documento oficial emitido por el Serfor (informe N°069-2016-SERFOR/DGGSPFFS-DCGPFFS), al cual tuvimos acceso en el marco del desarrollo de la presente investigación. Dicho documento, además, fue citado por este medio como evidencia material del reportaje y por ser de interés público, en el contexto de un caso que actualmente se encuentra en el fuero judicial.
La novedad de esta segunda carta notarial enviada por Tapia Ruiz radica en que, a diferencia de la primera misiva, ahora pide el pago de una indemnización de S/ 1’000.000 por el supuesto daño de "su honor y reputación". De lo contrario, dice el remitente, "me veré obligado a iniciar las acciones para legitimar mis derechos". Adicionalmente, Tapia vuelve a adjuntar la primera carta del 14 febrero y cita, como prueba de su afirmación, la publicación de este reportaje en las redes sociales Instagram, X y Facebook.
OjoPúblico niega de manera categórica la rectificación y cualquier intención de afectar la imagen o reputación de Tapia Ruiz, ciudadano que ocupa un puesto en una entidad pública. Este medio es respetuoso del ejercicio del derecho a la rectificación, como lo indica nuestro protocolo para estos casos, pero al mismo tiempo rechaza cualquier amenaza judicial que afecte nuestro derecho constitucional a informar libremente y con rigor sobre uno de los procesos más emblemáticos del rubro medioambiental.
Aun así, cumplimos con publicar la segunda carta remitida por Rudy Tapia Ruiz.
