COMPETENCIAS. Senace dice que la emisión de decisiones o actos resolutivos no están dentro de las competencias del organismo.
El 7 de julio pasado, tras la publicación del informe Megapuerto de Chancay: Senace confirma que túnel no tiene permiso ambiental, Ana Cecilia Bardales, jefa de la Unidad de Comunicaciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), envió una carta a OjoPúblico.
En el documento, con fecha 6 de julio, Bardales sostiene que el titular del reportaje “dista de la información que el Senace, en el marco de sus competencias, remitió”. Además, señala que la entidad no posee funciones para “emitir decisiones o actos resolutivos sobre cuestiones o materias” que no son de su “competencia”.
Sin embargo, el informe publicado no hace referencia a un acto resolutivo o decisión emitida por el Senace respecto al túnel, sino a datos proporcionados por el organismo al ser consultado por este medio.
Esto ocurrió a raíz de una indagación del Organismo de Control Interno (OCI) de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) —que depende de la Contraloría— sobre la presunta aprobación de la modificación de la habilitación portuaria del terminal sin las autorizaciones ambientales correspondientes y, de ser así, las eventuales responsabilidades de los funcionarios de la APN.
Como se recuerda, la modificación de la habilitación portuaria regularizó el túnel construido por Cosco Shipping antes de que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) apruebe el nuevo trazado. Eso ocurrió en setiembre del año pasado, cuando las obras habían terminado.
Sin embargo, la autorización de la SBN no era el único requisito del que dependía Cosco Shipping: la autoridad ambiental también tenía que evaluar el cambio antes del inicio de las obras y otorgar un instrumento de gestión ambiental actualizado. Ese permiso, como explicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), está a cargo del Senace, desde el 14 de julio de 2016.
En ese contexto, OjoPúblico le consultó a este último si la empresa o la APN le habían comunicado el último cambio de trazo —existieron otros, en años previos— y cuáles eran los instrumentos de gestión ambiental con los que contaba el túnel. Como detalla el artículo, el organismo precisó que la vía subterránea tiene un estudio de impacto ambiental, aprobado en 2013, y un informe técnico sustentatorio, de 2015.
En la carta enviada tras la publicación del artículo, el Senace sostiene que el informe técnico sustentatorio “considera la modificación del trazo”. Sin embargo, la modificación abordada en ese documento no es la más reciente: corresponde al replanteo del viaducto a un túnel, que data de 2015, mucho antes de las irregularidades descritas por este medio.
La respuesta original del organismo detalló, asimismo, que, hasta el pasado 4 de julio no habían sido notificados de alguna modificación adicional a la de 2015 (el cambio de viaducto a túnel) y, por tanto, no habían hecho una evaluación al respecto.
En otras palabras, de la información proporcionada por el Senace, se desprende que la empresa no contaba con un nuevo instrumento de gestión ambiental —como exigen las normas peruanas— antes de iniciar los trabajos, ni previo a la modificación de la habilitación portuaria.
Lee la carta completa de Ana Cecilia Bardales aquí.
