Con la colaboración de Gianfranco Huamán

Actualización: 15 de diciembre de 2025 - 6:40 p.m.

“Me llamó Gabriel, por el intercambio de figuritas. Me llamas cuando puedas”, escribió Nataly Llanos Torres, especialista en ventas de Laboratorios Portugal, en un chat con John Mac Dowall Talavera, gerente comercial de la empresa. Eran poco más de las 10 de la mañana del miércoles 30 de mayo de 2018. “El precio unitario referencial del albendazol es S/1.187 y estamos en rojo”, agregó siete horas después, en la misma conversación de WhatsApp.

Con esos mensajes, le advertía a Mac Dowall Talavera que, aunque habían bajado el precio del medicamento en una subasta electrónica del Ministerio de Salud (Minsa), otros postores habían mejorado la oferta. Llanos Torres necesitaba hacer coordinaciones con su superior antes de negociar con el jefe de licitaciones de Medifarma —uno de sus competidores— cómo se iban a repartir la venta de fármacos en el concurso.

La ejecutiva sabía que esos acuerdos eran ilegales. Por eso, aprovechó el contexto del mundial de fútbol para hablar de un “intercambio de figuritas”, en vez de lo que en realidad hacía: negociar con sus competidores para ser la única postora de ciertos medicamentos y venderlos al Estado a precios más elevados que los reales.

Ese mecanismo fue utilizado por 13 empresas en 23 licitaciones estatales entre 2006 y 2020. Así lo corroboró una comisión especializada del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), tras revisar correos electrónicos, chats, archivos de Excel y otras evidencias.

Por eso, la entidad les ha impuesto, en primera instancia, una multa de más de S/539 millones al grupo de empresas autodenominadas El Club. También fueron sancionados cinco ejecutivos —entre ellos Llanos Torres, Mac Dowall Talavera y Gabriel Apéstegui Castro, el jefe de licitaciones de Medifarma—, con S/1,4 millones.

El Minsa comunicó, por su parte, que iniciaría acciones civiles para pedir una indemnización por daños y perjuicios contra el Estado. Además, indicó que solicitarán al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que evalúe sancionar a las empresas. Este medio consultó a ambas entidades si ya se formalizaron estas acciones, pero no contestaron.

En el cártel, además de las empresas peruanas Laboratorios Portugal y Medifarma —la mayor proveedora de medicamentos del Estado— participaron Laboratorios AC Farma y Distribuidora Drogueria Sagitario, dos compañías que integran un mismo grupo económico. A ellas se sumaron IQ Farma, B. Braun Medical Perú, Laboratorios Americanos, Teva Perú, Laboratorios Unidos, Laboratorios Lansier, Pereda Distribuidores, Pharma, y OQ Pharma. Las dos últimas también integran un mismo grupo.

A pesar de que el Minsa y otras autoridades sabían que estos 11 grupos económicos —integrados por 13 empresas— eran investigados por lucrar con tratamientos oncológicos, antibióticos y suplementos contra la anemia, entre otros medicamentos, continuaron contratando con ellos: ocho compañías consiguieron adjudicaciones con el Estado por más de S/780 millones entre 2024 y lo que va del 2025, según datos del OECE revisados por OjoPúblico.

Ocho compañías consiguieron adjudicaciones con el Estado por más de S/780 millones entre 2024 y lo que va del 2025".

Laboratorios AC Farma fue la más beneficiada, con S/195 millones. Le siguieron Laboratorios Americanos e IQ Farma, con más de S/155 millones y 144 millones, respectivamente. Medifarma se ubicó en cuarto lugar, con S/144 millones.

Los contratos generados a partir de las adjudicaciones pueden modificarse por diversos motivos. Por ello, este medio también revisó cuánto dinero les giró el Estado entre 2024 y 2025: 11 de las 13 integrantes del cártel recibieron más de S/651 millones de fondos públicos, según la plataforma de proveedores del Ministerio de Economía (MEF). IQ Farma, Laboratorios Americanos, Medifarma y Laboratorios AC Farma concentran más del 70% de este monto.

OjoPúblico le consultó al Minsa y al OECE por qué siguieron contratando con estas empresas aunque era de público conocimiento que estaban siendo investigadas por malas prácticas corporativas. No respondieron.

El cártel de medicamentos no es una excepción. Antes ya se había identificado al cártel de papel higiénico, que involucró a las compañías Kimberly Clark y Protisa, y al cártel de las imprentas, que se organizaron ilícitamente para repartirse los servicios de impresión de textos para el sector público.

Medifarma, la líder del club

Entre 2006 y 2020, las 13 empresas sancionadas por prácticas anticompetitivas, participaron en licitaciones valorizadas en más de S/6.000 millones. En estas obtuvieron una ganancia ilícita, que asciende a más de S/184 millones globales, según cálculos del Indecopi.

La más beneficiada y líder del cartel de medicamentos fue Medifarma, compañía peruana cuyo principal accionista es la Corporación Agro Industrial Progreso. Esta última pertenece a la familia Picasso Candamo, de acuerdo al OECE y registros públicos.

Los Picasso Candamo son una familia con negocios en diversos sectores. En el minero, por ejemplo, destacan Minera Lincuna y Norcobre, ambas con operaciones en Áncash. En el de alimentos tienen a P & D Andina Alimentos S.A., que comercializa la marca Danlac. También le pertenece la empresa Producciones Ganaderas Andinas, dedicada a la crianza de animales.

Coludirse para ganar contratos públicos no es la única actividad ilícita en la que está involucrada Medifarma. En marzo de este año, se conoció que la empresa puso en circulación un suero inyectable defectuoso, que ocasionó la muerte de un grupo de pacientes y puso en riesgo a otra docena.

ANTECEDENTE. La empresa Medifarma fue multada a inicios de año por haber distribuido suero en mal estado. Al menos, cinco personas murieron por el uso de este insumo.

Foto: Andina

Por ese caso, en mayo, el Ministerio Público inició diligencias en las plantas de la compañía. El propósito era analizar los procesos de elaboración del suero e identificar responsabilidades. Hasta ahora, no se conocen los resultados de la investigación.

El Indecopi, mientras tanto, sancionó al laboratorio con S/2,4 millones en primera instancia. Medifarma apeló la decisión y, actualmente, la Sala Especializada en Protección al Consumidor está evaluando el caso. Mientras tanto, el laboratorio ha asumido los gastos de los afectados, informó el Indecopi ante una consulta de este medio.

Pese a esas alertas, la compañía ha recibido más de S/1.000 millones por contrataciones públicas, de manera ininterrumpida desde 1999. Solo en lo que va de este año, el monto asciende a S/41,7 millones.

En medio de la crisis por el desabastecimiento de tacrolimus —medicamento esencial para pacientes con trasplante de órganos—, OjoPúblico identificó que Medifarma es una de las dos empresas que cuentan con el permiso requerido para venderle el fármaco, de origen indio, al Estado. La otra compañía es H Reps.

El Estado le giró S/651 millones de fondos públicos a 11 de las 13 integrantes del cártel entre 2024 y 2025". 

A través de un comunicado que publicita en su página web, Medifarma rechazó la sanción de Indecopi por el caso El Club, e informó que presentará una apelación. Según la empresa, la decisión es “carente de fundamentos objetivos”.

Para César Amaro Suárez, especialista de Videnza Consultores, la presencia acaparadora de Medifarma en las compras del Estado es, en parte, resultado de un sistema de adquisición desordenado. “El modelo de subasta inversa se aplica cuando hay varios competidores y tienes precios dispersos. Pero ese modelo no es perpetuo”, dijo.

Por eso, el exjefe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) considera que es necesario actualizar el sistema de compras, para mejorar la competitividad y evitar la proliferación de malas prácticas, como la identificada por el Indecopi en este caso. Sin embargo, añadió, el tema no está en la agenda de las autoridades.

Ingresos millonarios

Laboratorios AC Farma y Distribuidora Drogueria Sagitario también recibieron importantes sanciones en el marco del cártel de laboratorios. Aunque estas se presentaron de forma independiente en los concursos convocados por el Estado, Indecopi identificó que tienen como principales accionistas a los hermanos Enrique Alberto y Juan Bernardo Arriola Colmenares y, por lo tanto, pertenecen a un mismo grupo económico.

En 2020, en plena emergencia por la pandemia, OjoPúblico informó que Distribuidora Sagitario había sido beneficiada con compras de ivermectina, hidroxicloroquina y azitromicina por S/25 millones, en una licitación del Estado para tratamientos de covid-19. Esto ocurrió aunque la comunidad científica había descartado su eficacia contra la enfermedad, lo que, posteriormente, fue confirmado por Essalud.

Uno de los últimos incrementos del capital social de AC Farma se registró en febrero de este año, tras la absorción de Distribuidora Sagitario, con lo que se concretó su extinción. Así, la primera empresa, fundada con S/10.000 a fines del siglo pasado, hoy ostenta una base económica de S/31,5 millones.

De acuerdo a la declaración jurada del actual comandante general de la Policía Nacional, Oscar Arriola Delgado, este tiene un vínculo con AC Farma: su sobrino, Luis Enrique Arriola Arriola, es uno de los apoderados de la compañía. En 26 años, la empresa ha logrado adjudicaciones públicas por más de S/669 millones. Este año incluso superó su propio récord, con más de S/74 millones.

Aunque IQ Farma contaba con registros sanitarios para participar en licitaciones del Estado, se abstenía. Esto revela negociaciones ilícitas, según Indecopi". 

Distribuidora Sagitario, por su parte, ganó más de S/358 millones desde 1999 hasta su extinción. El 2020, con el inicio de la pandemia de covid-19, fue su mejor año para las contrataciones públicas: facturó S/101 millones.

En la lista de las más sancionadas sigue la arequipeña Laboratorios Portugal. Fue creada por José Portugal Nicholson y Teresa Ricketts Olivares, quienes tuvieron tres hijos: José Alonso, Teresa y José Alejandro. A la fecha, los dos primeros están a cargo de los negocios farmacéuticos y el último dirige la compañía de embutidos La Alemana. Entre 1999 y 2025, el Estado le giró más de S/169 millones a Laboratorios Portugal.

El laboratorio Instituto Quimioterápico, conocido por su marca IQ Farma, también fue identificado por Indecopi como miembro del cártel. Propiedad de la familia Peirano Castillo, inició sus actividades en 1963. Actualmente, su capital social supera los S/73 millones y tiene nueve establecimientos en Lima: una planta de producción en Breña, otra en Santa Anita, y siete depósitos en distintos distritos de la capital.

La comisión investigadora del Indecopi detectó que, aunque contaba con registros sanitarios para participar en licitaciones del Estado, se abstenía. Esto, según el organismo, respondía a coordinaciones previas con otros miembros del cártel.

El grupo económico Armejo Yépez, una familia peruana con negocios vinculados al bienestar, es dueño de otra de las sancionadas: Laboratorios Americanos".

Perulab es otra de las empresas del grupo Peirano Castillo. En 2024, fue incluida en la investigación por el Club de Medicamentos. Sin embargo, la comisión especializada del Indecopi determinó que, aunque no había duda de los vínculos entre Perulab e Instituto Quimioterápico, no existían pruebas suficientes que acrediten la participación de la primera en las actividades colusorias. Por eso, fue retirada de la sanción final.

Ambas compañías han sido beneficiadas con contratos con el Estado. Perulab, con casi S/92 millones entre 2002 y 2025, e IQ Farma, con más de S/595 millones entre 1999 y este año. Natale Amprimo Pla, excongresista, político y abogado constitucionalista, es accionista de la empresa, de acuerdo a datos del OECE.

Laboratorios Americanos es otra de las sancionadas por Indecopi que siguió contratando con el Estado mientras era investigada. Pertenece al grupo económico Armejo Yépez, una familia peruana con negocios vinculados al bienestar. Entre sus empresas destaca Alianza de Alimentos, especializada en batidos y cereales, que se distribuyen en las cadenas de supermercados más grandes del país.

También son dueños de Animal Pharm, que venden alimentos e insumos para la actividad pecuaria, como la cría de cerdos o aves para consumo masivo. Otra de sus compañías es Fructus Terrum, con tres líneas de negocio enfocadas en productos naturales, como maca en polvo, café y endulzante a base de yacón, entre otros. Solo a través de entidades públicas, Laboratorios Americanos ha tenido ingresos por más de S/567 millones entre 2004 y este año.

EVIDENCIAS. Las empresas que integraban el cártel de medicamentos utilizaban palabras claves para ocultar su verdadera identidad.

Captura: Indecopi

Laboratorios Unidos es un miembro adicional del cártel de medicamentos que siguió contratando con el Estado. Fue fundada en 1998 por Carloman Flores Loza —que controla el 90% de las acciones— y Lucas Flores Alegría, con S/1.000 de capital social. Desde 2017, ese monto asciende a poco más de S/3 millones.

Carloman Flores Loza también está vinculado a empresas que operan en San Martín: es gerente general de Agrocarli y Jabrini Import, dedicadas a la venta de pollos, huevos e insumos para la crianza de aves.

El laboratorio es uno de los sancionados por el Indecopi con negocios activos con el Estado. Opera bajo la marca Lusa y ha tenido contrataciones públicas por S/58,7 millones, entre 1999 y 2025.

En el listado sigue Laboratorios Lansier, compañía peruana fundada en 1996. Sus principales accionistas son Juan José Gamboa Burgos y Alejandro Gamboa Martinez. Además, está vinculada a Vitaline, empresa que elabora medicamentos en Piura y, luego, se los provee. Botica Libertad Visual también pertenece a la familia.

COMPRAS. Las compañías investigas lucraron por 14 años con tratamientos oncológicos, antibióticos y suplementos contra la anemia, entre otros medicamentos adquiridos por el Estado.

Foto: Ministerio de Salud

Su laboratorio recibió más de S/28 millones de fondos públicos entre 1999 y 2025, por contrataciones con diversas entidades. El mayor monto lo registró en 2020: S/7,2 millones. Ese año, sus beneficios por la comercialización de ivermectina —tanto al Estado como al sector privado— superaron los S/24 millones. La venta de ese fármaco ineficaz para la covid-19 representó el 30% de sus ingresos totales, de acuerdo a un documento financiero de la compañía.

Pereda Distribuidores también está entre las empresas sancionadas. Fue constituida con S/5.000 en 1993, por Braulio Pereda Montero y Armando Villalobos Rodríguez. Para 2017, el monto ascendía a casi S/6 millones. Sus accionistas actuales son Carlos Alberto Pereda Montero y Luis Alberto Pereda Goichoceha. Entre 1999 y 2024, recibió más de S/109 millones por contratos con el Estado.

El Indecopi también señaló a Pharmagen y OQ Pharma como relacionadas y miembros del cártel. Ambas pertenecen al grupo Corpol, de la familia Olortegui Quispe. En conjunto, estas han obtenido más de S/205 millones del Estado, entre 2009 y 2022.

Las extranjeras

El cártel de medicamentos no solo estaba integrado por empresas peruanas. El Indecopi identificó a dos extranjeras: B. Braun y Teva. La primera es una compañía de origen alemán que inició sus actividades en Perú en 1997. Al cierre de 2024, sus ventas globales sumaron 9.000 millones de euros. Esto es 4% más que el año previo.

Si bien su presencia en América Latina representa la parte más pequeña de sus ventas, la empresa considera que una eventual expansión y mejora de la salud pública en la región impulsará la demanda de tecnología médica y soluciones que ellos ofrecen.

El Indecopi detectó correos electrónicos entre ejecutivos de Medifarma en los que se mencionaba explícitamente que habían realizado "negociaciones" con B. Braun para repartirse la venta de cloruro de sodio y dextrosa. La subsidiaria peruana ha obtenido más de S/606 millones en contratos con el Estado, desde 1999. En lo que va del 2025, registró el monto más alto: S/49 millones.

DOCUMENTOS. El Indecopi encontró archivos de Excel donde se usaba lenguaje encriptado para registrar el reparto de medicamentos entre las empresas que integraban el cártel.

Captura: Indecopi

La otra extranjera es Teva. La compañía tiene origen israelí e ingresó a Perú en 2011, tras la adquisición de Corporación Medco. Entre ese año y 2019, obtuvo más de S/30 millones por venta de medicamentos a entidades públicas. En 2022 anunciaron que venderían la sede peruana. Sin embargo, eso no se ha concretado.

OjoPúblico consultó a las 13 empresas si apelarán la sanción de Indecopi, cuyo plazo vence el próximo lunes 15 de diciembre. Hasta el cierre de este informe, solo Laboratorios Unidos y Braun confirmaron que lo harán.

Nota de redacción:

El 14 de diciembre de 2025, tras la publicación de este informe, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) respondió a este medio que adoptará acciones contra las empresas mencionadas cuando el Indecopi emita una sanción firme.

Agregaron que el 26 de noviembre recibieron la solicitud del Minsa para evaluar el inicio de acciones administrativas contra este grupo de empresas y que su análisis técnico, así como las recomendaciones, fueron enviadas posteriormente. La respuesta completa de OECE se puede leer aquí.