El 29 de noviembre de 2024, la jueza Miluska Cano López decidió inaplicar la Ley Nº32107, que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad y condenó al exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte), Juan Rivero Lazo, y a los exintegrantes del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue, a penas que oscilan entre los 15 y 20 años de prisión.

Fueron acusados por delitos cometidos por el Grupo Colina en 1992, en dos casos: uno vinculado al asesinato de seis campesinos en el distrito de Pativilca, en Lima, y otro por el secuestro y la ejecución de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta.

Sin embargo, semanas después, Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación de Rivero Lazo al considerar que había exceso de carcelería. Luego, en agosto de 2025, este fue recibido en Palacio de Gobierno por la expresidenta Dina Boluarte, en una ceremonia donde la exmandataria promulgó la Ley Nº32419, que otorga amnistía a militares, policías y exintegrantes de las rondas campesinas acusados de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú (1980 – 2000).

Hasta setiembre de este año, 104 procesados habían solicitado acogerse a ambas leyes —la 32107 y la 32419—, de acuerdo a información a la que accedió OjoPúblico. El 71% de los imputados buscó la prescripción de sus procesos judiciales y el 29% recibir amnistía. 

El 71% de los imputados buscó la prescripción de sus procesos judiciales y el 29% recibir amnistía".

A través de estos pedidos, intentaron enviar al archivo 47 investigaciones fiscales por homicidio calificado, desapariciones forzadas, torturas y abuso de autoridad, entre otros delitos. 

Solo la norma que prescribe los delitos de lesa humanidad llevó a 63 exmilitares a solicitar el beneficio en 24 investigaciones, de acuerdo a información del Instituto de Defensa Legal (IDL). 

En total, se presentaron 67 solicitudes de prescripción y amnistía —cada una puede involucrar a más de un imputado— ante el Ministerio Público y el Poder Judicial. El 54% fueron rechazadas, según información de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos e interculturalidad analizada por este medio.

IMPUNES. Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía en Palacio de Gobierno. Entre los invitados estuvo Juan Rivero Lazo, condenado por violaciones a los derechos humanos. 

Foto: Presidencia Perú

Sin embargo, la posibilidad de que los jueces puedan seguir rechazando estos pedidos corre riesgo. En una resolución publicada el 5 de diciembre, el TC declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad que presentaron el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) contra la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. 

Para declarar la inconstitucionalidad de la norma se necesitaban cinco votos. Solo los magistrados Helder Domínguez, Gustavo Gutiérrez y Manuel Monteagudo votaron en ese sentido. Luz Pacheco, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Fernández lo hicieron en contra.

Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sostiene que el TC ha legalizado la impunidad. “Al avalar la medida, se retrocede en la lucha contra los crímenes más graves cometidos en el país y se evidencia la captura de este órgano de justicia por grupos políticos”, dijo. 

INJUSTICIA. Según el Ministerio Público, hay un pedido de amnistía por los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas el 14 de agosto de 1985 en Accomarca, Ayacucho.

Foto: Andina

Jueces que se opusieron a la prescripción

Hasta ahora, los jueces que rechazaron las leyes de prescripción y amnistía han apelado al control difuso y de convencionalidad. Es decir, la facultad que tienen para inaplicar normas que consideran inconstitucionales o contradicen tratados suscritos por el Estado peruano, como la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La jueza Miluska Cano López, por ejemplo, inaplicó la Ley Nº32107 y, el 24 de octubre de 2024, sentenció a 12 años de prisión a los exmilitares Manuel Juan Dill'erva Chávez y Luis Delgado de la Paz, por las desapariciones y asesinatos de más de 30 estudiantes en la Universidad del Centro, en Junín, entre 1991 y 1992. 

El exmilitar Gino Espejo Lamas —prófugo de la justicia y procesado por el asesinato de 23 personas en Cayara, Ayacucho, en mayo de 1988— intentó, según su abogado, Ricardo Franco de la Cuba, acogerse a la prescripción de su proceso judicial. La jueza Cano López también desestimó su pedido. 

El 54% de solicitudes para aplicar estas leyes de impunidad fueron rechazadas".

Pero, tras el fallo del TC contra la demanda del Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Lima, el abogado Franco de la Cuba evalúa denunciar a los integrantes de la Tercera Sala Penal Nacional Liquidadora. Entre ellos, a la magistrada Cano López, ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por rechazar la solicitud de su patrocinado. 

Antes de la publicación de la resolución del TC, la fiscal coordinadora de derechos humanos e interculturalidad Rosario Quico Palomino había advertido a OjoPúblico que, con una decisión del TC a favor de la Ley Nº32107, “los investigados podrían solicitar, nuevamente, su aplicación, lo que afectaría los casos”.   

Ana Neyra, exministra de Justicia, explicó que el caso de la exfiscal Delia Espinoza, quien fue suspendida por la JNJ e inhabilitada 10 años de la función pública por el Congreso, servirá como antecedente para amedrentar a los jueces que inapliquen esta norma después de la sentencia del TC. 

“Cada juez puede tomar una decisión autónoma. El espaldarazo de la Corte Suprema no vendría mal —en caso se oponga a la resolución del TC—, pero no es vinculante [en el trabajo de los jueces]”, añadió.

RIESGO. La fiscal coordinadora de derechos humanos Rosario Quico advierte que, tras el fallo del TC, los acusados volverán a pedir la prescripción de las investigaciones en su contra.

Foto: Ministerio Público

También van por la amnistía

El TC tiene pendiente de análisis otra acción de inconstitucionalidad que interpuso el defensor del pueblo Josué Gutiérrez contra la ley de amnistía. El Ministerio Público se ha sumado a esta demanda. A la fecha, el recurso fue admitido, pero todavía no se ha desarrollado ninguna audiencia. 

Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), considera que no existen garantías para un fallo a favor. “Creo que la intención de la Defensoría del Pueblo ha sido atar de manos a los jueces [que se rehúsan a otorgar amnistía a los acusados]”, dijo. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó al Estado peruano a no tramitar la ley. Pese a eso, el Congreso la aprobó. Uno de sus promotores fue el ahora presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), quien impulsó el dictamen a mediados de 2025, cuando lideraba la Comisión de Constitución del Parlamento. 

Entre el 14 de junio y el 26 de julio, Enrique Aguilar del Alcázar, el asesor principal de Rospigliosi, se reunió dos veces con Ítalo Jesús Orihuela Oré, abogado del exteniente Alejandro Lautaro Avendaño Dávila. Este último está procesado por los crímenes de Cayara, en Ayacucho. 

A través de estos pedidos, los acusados intentaron enviar al archivo 46 investigaciones fiscales".

Luego de la promulgación de la Ley de Amnistía, el abogado Orihuela Oré pidió al Poder Judicial que su patrocinado se acoja a esta norma. Hasta ahora, su solicitud no ha sido resuelta. OjoPúblico pidió comentarios al congresista Rospigliosi y a su asesor, pero no respondieron. También buscó al abogado Orihuela Oré sin éxito. 

En una resolución del 25 de octubre de este año, la Corte IDH señaló que el Estado peruano cometió un nuevo desacato al aprobar la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad. Además, precisó que no son admisibles las amnistías que eviten sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. 

Los jueces —recalcó el organismo supranacional— están facultados para ejercer el control de convencionalidad. Es decir, para inaplicar normas que contravienen a la Convención Americana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte IDH. 

SOLICITUD. Involucrados en el caso Cayara, Ayacucho, han pedido la amnistía. Las resoluciones se encuentran pendientes de resolución.  

Foto: Andina

De hecho, el magistrado Jorge Chávez Tamariz ejerció, en setiembre último, esta facultad y rechazó el pedido del general en retiro del Ejército Petronio Baltazar Fernández para beneficiarse con la ley de amnistía en el caso de la desaparición forzada de Jorge Gutiérrez Quintero. Este fue detenido por una patrulla militar en enero de 1990, supuestamente por simpatizar con Sendero Luminoso. 

Hay otras solicitudes pendientes de resolución, como la del exmilitar Florencio Abdón Eguía Dávalos que busca que la sala de la jueza Cano López lo amnistíe en los procesos por la desaparición del profesor Javier Tineo de la Cruz, en 1987, en Ayacucho, y por abuso de autoridad, en Huancapi. Los exmilitares Julián Joaquín Solórzano y José Valdivia Dueñas, involucrados en el caso Cayara, pidieron lo mismo.  

Solo entre agosto y setiembre de este año, 30 acusados por violaciones de derechos humanos presentaron 21 pedidos de amnistía, según información de las fiscalías especializadas en derechos humanos. 

El Tribunal Constitucional declaró infundada una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de prescripción".

El Estado peruano deberá dar cuenta

El 9 de enero de 2026, el Estado peruano deberá presentar un informe ante la Corte IDH sobre las acciones adoptadas para cumplir con las medidas provisionales en los casos La Cantuta y Barrios Altos. El organismo ordenó no aplicar la prescripción y la amnistía a los delitos cometidos por el Grupo Colina. 

Para la directora de Aprodeh, Gloria Cano, el Estado peruano está en abierto incumplimiento. “Cuando se presentó ante la Corte IDH durante el Gobierno de Dina Boluarte, se dijo que los jueces tienen toda la facultad de apartarse de estas leyes. Lo que nosotros hemos advertido es que está en marcha un proyecto de ley para cortar esa facultad”, dijo.

En el Congreso, como informó OjoPúblico, el parlamentario José Balcázar (Perú Libre) impulsa una iniciativa para que los jueces, antes de inaplicar una ley que consideren inconstitucional, consulten al TC si esta decisión es válida.

La propuesta se encuentra en la Comisión de Justicia, que preside el congresista Flavio Cruz (Perú Libre). “Es una reforma para limitar el control difuso de los jueces. Quieren sellar todo procedimiento de acceso a la justicia”, dijo Pariona Tarqui.