Con la colaboración de Diego Quispe y Gianfranco Huamán  

El 13 de mayo de este año, un adolescente de 16 años, identificado con las iniciales D. O. N. M. CH., escribió en una hoja el mensaje que cambiaría su vida: una amenaza de muerte y una exigencia de dinero, que luego dejó bajo el portón de una vivienda en El Porvenir, uno de los distritos más peligrosos de la ciudad de Trujillo. Pedía S/8.000 a la propietaria —que, según fuentes policiales, sería una comerciante— para no atentar contra su vida ni la de sus familiares.  

Siete días después, a solicitud de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de El Porvenir, fue recluido en el penal El Milagro. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Centro Integrado del Sistema de Administración de Justicia (Cisaj) de Trujillo dispuso siete meses de prisión preventiva en su contra por el delito de extorsión, de acuerdo al expediente del caso al que accedió OjoPúblico.

Se trata del primer caso de prisión preventiva contra un menor de edad desde que entró en vigencia la Ley 32330, que, desde el 10 de mayo de este año, incorpora a adolescentes de 16 y 17 años como imputables dentro del sistema penal ordinario. Pero no es el único caso. A la fecha, ya son 24 menores de edad recluidos en los penales de La Libertad: 21 varones y tres mujeres, encarcelados en El Milagro, según la Defensoría del Pueblo. 

PRECARIO. La Defensoría del Pueblo en La Libertad confirmó en octubre las condiciones en las que viven los menores de edad recluidos en El Milagro.

Foto: Defensoría del Pueblo

“Primero eran dos, luego eran 10; ahora son 24 adolescentes de 16 y 17 años. En total, son 89 personas, de entre 16 y 21 años, las que están recluidas en el penal El Milagro”, detalla Maricarmen Olórtegui, defensora del Pueblo en La Libertad.

Los internos de 16 a 21 años son considerados población carcelaria especial bajo el nuevo esquema del tratamiento diferenciado, aprobado el pasado 4 de noviembre con la modificación del artículo 4 del Reglamento del Código de Ejecución Penal. En la práctica, debería existir un plan de resocialización acorde a su edad, que incluya una evaluación individual y actividades orientadas a su rehabilitación. Sin embargo, esto no ocurre.

Condiciones deplorables

Los 89 internos están recluidos en el segundo piso del alero B, distribuidos en seis celdas ubicadas en un ambiente aislado del resto de la población penitenciaria de El Milagro. 

Cada celda tiene ocho espacios —o “tumbas”, como se les conoce entre los reclusos— y carece de ventilación adecuada: no hay ventanas, solo paredes y pisos sucios en un ambiente donde apenas caben cuatro personas.

Los 89 internos están recluidos en el segundo piso del alero B, distribuidos en seis celdas ubicadas en un ambiente aislado.

Las 24 horas del día perciben olores fétidos debido a que el sistema de alcantarillado está colapsado. “Su salud está expuesta a la proliferación de roedores, moscas y mosquitos”, advirtió la Contraloría General de la República tras una inspección realizada el 20 de noviembre. 

Duermen en camas de cemento y sobre colchones desgastados. No cuentan con ventanas, solo paredes y pisos sucios, en un espacio donde apenas caben cuatro personas.

En la última semana de octubre, la Defensoría del Pueblo visitó a estos menores y advirtió graves riesgos personales, sociales y legales. “Por la experiencia delictiva de los internos, se contaminan entre ellos, y no hay suficiente personal que pueda ocuparse de su socialización”, señaló Maricarmen Olórtegui. 

AISLADOS. El abogado de cuatro menores en El Milagro indicó que no participan en ninguna actividad de resocialización.

Foto: Defensoría del Pueblo

Uno de los adolescentes, de 16 años y procesado por extorsión, comparte celda con un joven de 21 que reincidió en el mismo delito tras salir del penal de Challapalca. 

“¿Ustedes creen que podremos terminar de estudiar?”, preguntó uno de los menores recluidos en el penal trujillano a los representantes de la Defensoría, contó uno de ellos a este medio.

La Ley 32330, refiere la Defensoría, no contempla ningún mecanismo para que los adolescentes internados en un penal continúen sus estudios, a diferencia de los adultos, que cuentan con ese beneficio a través de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

“No hay dónde tenerlos, no hay personal que los sostenga, no hay un sistema; la normativa no ha contemplado aspectos básicos”, señaló Olórtegui. En el penal trujillano hay un solo médico para atender a toda la población carcelaria, lo que hace imposible un tratamiento diferenciado a los menores de edad. 

La Ley 32330, refiere la Defensoría, no contempla ningún mecanismo para que los adolescentes internados en un penal continúen sus estudios.

El abogado Raúl Salinas, quien representa a cuatro de estos menores con prisión preventiva por extorsión, señaló a OjoPúblico que no participan en ninguna actividad de resocialización. “Pasan el día sin hacer nada, y eso es peligroso porque conviven con adultos reincidentes”, advirtió.

Radiografía nacional

A nivel nacional, casi un centenar de menores de edad investigados y procesados como adultos permanecen recluidos en penales comunes por delitos como robo agravado en grado de tentativa, la extorsión, la tenencia ilegal de armas y el tráfico ilícito de drogas, según los informes estadísticos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 

La cifra creció desde mayo apenas entró en vigencia la Ley 32330: se registraron 14 adolescentes internados; en junio, 54; en julio, 71, en agosto 94 y en setiembre, el número llegó a 99. 

A nivel nacional, Lima ocupa el primer lugar con 30 menores recluidos en cárceles; le siguen La Libertad (24), Áncash (10), Lambayeque (9), Piura (7), Huánuco (4), Ica (4), Junín (3), Loreto (3) Ucayali (2), Apurímac (1), Amazonas (1) y Cajamarca (1).

“La norma establece que estos menores deben permanecer en un ambiente especial dentro de los penales, sin contacto con los reos mayores de 18 años. En teoría, busca proteger su integridad física y emocional. Pero ningún penal del país cuenta con espacios preparados para ello”, explica el exfiscal y abogado penalista Alfredo Galindo.

RECLUTADOS. Entre enero y octubre de este año, 846 menores de edad han sido detenidos por participar en delitos graves en La Libertad.

Foto: PNP

El problema, resalta Galindo, es el hacinamiento. Según el INPE, el penal El Milagro registra un 315% de sobrepoblación, una de las cifras más críticas del país. Su capacidad es de 1.518 personas, pero actualmente alberga a 6.306 internos. A nivel nacional, más de 103.000 personas están recluidas en las cárceles del país, pese a que la capacidad real es de apenas 41.000 plazas. Esto ha generado una sobrepoblación que supera el 147%, según cifras del INPE hasta septiembre de este año.

La Contraloría advirtió que el hacinamiento en El Milagro ha generado condiciones críticas: en los pabellones de mínima seguridad, un solo agente tiene a su cargo a más de mil reos; y en los de máxima seguridad, apenas dos agentes deben controlar a más de 450 internos.

Mediante una solicitud de acceso a la información pública, OjoPúblico pidió a los distritos fiscales del país información sobre menores con investigación penal en curso en el marco de la Ley 32330. 

Hasta el cierre de esta edición, respondieron los distritos fiscales de Tumbes, Selva Central y Ucayali. Hasta el 17 de noviembre, 23 adolescentes tenían carpetas fiscales abiertas en Tumbes: ocho de 16 años y quince de 17 años. La mayoría de casos están relacionados con fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, extorsión, tráfico de armas y robo agravado.

Hasta el 17 de noviembre, 23 adolescentes tenían carpetas fiscales abiertas en Tumbes: ocho de 16 años y quince de 17 años.

En la Selva Central, hay cinco investigaciones contra menores de 17 años y seis contra adolescentes de 16. Predominan los casos de robo agravado, lesiones y un intento de parricidio. En Satipo, el Ministerio Público obtuvo sentencia para dos menores de 16 años por robo agravado, y dictó dos prisiones preventivas por el mismo delito.

En Ucayali, las fiscalías reportaron cinco investigaciones contra menores de 16 años y dos contra adolescentes de 17. La mayoría de casos están vinculados a abuso sexual y tenencia ilegal de armas de fuego. Uno de los investigados cumple nueve meses de prisión preventiva por robo agravado y receptación agravada.

Según Galindo, con la nueva ley un menor de 16 o 17 años deja de ser considerado infractor y pasa a ser tratado como delincuente. Antes, se aplicaba el Código del Niño y Adolescente: la investigación quedaba a cargo de una fiscalía de familia, se desarrollaba en un plazo máximo de 50 días y el internamiento en un centro juvenil —determinado por un juez— no podía superar los 10 años.

Con la Ley 32330, la investigación puede extenderse hasta tres años y el adolescente queda expuesto a prisión preventiva por el mismo periodo.

El crimen recluta a menores desde los 12 años

Desde que se aplica la Ley 32330, no todos los adolescentes que cometieron delitos graves han sido procesados bajo este marco legal, porque los grupos delictivos ahora reclutan a menores de entre 12 y 14 años, quienes son inimputables. Ya existen registros de este vacío en La Libertad.

El 20 de julio, dos meses después de la entrada en vigencia de la mencionada ley, J.J.L.P., de 14 años, fue detenido junto a tres adultos tras una persecución policial por las calles de Trujillo. 

Iba en el asiento del copiloto y bajo su asiento escondía una bolsa que contenía “una granada de guerra y tres cartuchos de emulsión", según el expediente judicial del caso al que tuvo acceso OjoPúblico. Su acompañante, Jair Alfaro Natividad (18), refirió a la Fiscalía que él tenía antecedentes policiales por robo desde que era menor de edad.

El juez del Cuarto Juzgado de Familia de Trujillo dispuso el internamiento de este menor por dos años en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Ex Floresta, de Trujillo, por el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. 

Según registros del Ministerio de Justicia, que obtuvo OjoPúblico, en los centros juveniles están internados 38 menores de 14 años y 188 de 15 años.

Para la Defensoría del Pueblo, este escenario es una contradicción. “En la Floresta también hay jóvenes con medidas de resocialización por delitos graves como extorsión, sicariato y traslados de explosivos de 18, 19, 20 y 21 años. Antes había incluso mayores”,señala Olórtegui.

En mayo de este año, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330 y solicitó una medida cautelar excepcional ante el Tribunal Constitucional para suspender sus efectos lesivos, “por su incompatibilidad con nuestro ordenamiento jurídico constitucional y convencional”. Lo mismo hicieron el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el Colegio de Abogados de Ayacucho.

En La Libertad, la Defensoría informó que ha presentado un hábeas corpus para garantizar los derechos de los menores recluidos en las cárceles. 

Según Olórtegui, “lo mejor que podría pasar es que el Tribunal Constitucional responda pronto para que, sobre todo, los de 16 y 17 años puedan ir al centro juvenil. En caso contrario, sabemos que el director del penal ya ha solicitado a su unidad gestora, la de Chiclayo, que se adopten medidas”.

En la audiencia sobre la inconstitucionalidad de la controvertida ley ante el Tribunal Constitucional, realizada el martes 25 de noviembre, el representante de la procuraduría Pública del Ministerio Público, Alfredo Choquecota Cueva, pidió que el sistema judicial se enfoque en los reclutadores de niños y adolescentes. “Reclutan menores desde los siete años, los usan como instrumento y luego los desechan”, acotó.

“Tratar como adulto a un adolescente conduce a un peligro de mayor reincidencia; además si se le sanciona colocándolo en un entorno hacinado y donde la delincuencia se perfecciona va a salir un delincuente sofisticado", concluyó. 

El perfil del menor criminal

En 2010, La Libertad cobró notoriedad por el uso de adolescentes para actos delictivos. Se les denomina “cachacos”, dentro de las organizaciones criminales. Alexander Pérez Gutiérrez, “Gringasho”, es la referencia más conocida: tenía 12 años cuando se le vinculó al mundo del sicariato. 

Adiestrado en “Los Malditos de Río Seco”, organización fundada por su tío Roberto Gutiérrez Guzmán, el 10 de febrero de 2011 “Gringasho” se disfrazó de reciclador para asesinar a tres integrantes de la banda rival “Los Cucus”. Tras pasar por tres centros juveniles por homicidio, hoy cumple condena en el penal de Challapalca por tenencia ilegal de armas de fuego.

Según fuentes policiales, el reclutamiento de menores para delitos graves es ya un “fenómeno” en La Libertad. Entre enero y octubre de este año, 846 adolescentes fueron detenidos por la Policía —casi tres por día— principalmente por extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego, informó Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial de La Libertad.

La noche del lunes 24 de noviembre, tres menores fueron detenidos por actos extorsivos. Alias “El Topo”, de 17 años, presunto integrante de la “Nueva Generación Santiago Juan de Santa”, en Virú, exigía S/3.500 a un comerciante para permitirle trabajar. 

En Paiján, dos adolescentes de 14 y 16 años, vinculados a “Los Cachacos de Chilón”, pedían S/15.000 a un transportista. Todos fueron capturados por agentes encubiertos cuando recogían el dinero.

“Antes la extorsión o el sicariato se veía solo en adultos. Ahora se ha extendido a jóvenes de 18, 17 y hasta 15 o 16 años”, señaló Maricarmen Olórtegui de la Defensoría del Pueblo.

La Policía identifica que 16 organizaciones operan con menores en La Libertad: “Los Pulpos”, “La Jauría”, “La Jauría Nueva Generación”, “Los Pepes”, “Los Cachacos del Padrino”, “Nueva Generación Santiago Juan de Santa”, “Los Cachacos de Chilón”, “Los Compadres”, “Los Pulpos Nueva Generación”, “El Cartel La Nueva Alianza”, “Los Pitufos del Valle”, “Los Bravos del Alto Trujillo”, “Los Indestructibles de Chao”, “Los Escaperos de Santo Dominguito”, “Los 80 de la Nueva Generación” y “Los Injertos del Norte Nueva Generación”.

De acuerdo con información recogida por la Defensoría en centros juveniles, muchos adolescentes afirmaron haber sido utilizados para trasladar cartas extorsivas y que actuaban bajo amenazas contra sus familias.

Los penales del país también mantienen a menores que viven con sus madres privadas de libertad. Hasta agosto de 2025, el INPE tenía a su cargo a 136 niños: 65 varones y 71 mujeres. 

“La mayor concentración corresponde a menores de un año. Los penales de mujeres de Chorrillos y Trujillo registran las cifras más altas. Esto contribuye al círculo de violencia delictiva”, indicó la Defensoría.

La respuesta de presidencia

El sábado 15 de noviembre, OjoPúblico recorrió los exteriores del penal de varones El Milagro. En filas, las madres esperaban su turno para ingresar; evitaban responder sobre las condiciones en las que viven sus hijos. “Si hablan, los castigan”, dijo una comerciante.

Cuatro días después, el ruido provocado por un contingente del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y la Policía despertó a los internos. Se trataba de una intervención en pabellones de alta y mediana peligrosidad supervisada por el presidente José Jerí Oré.

Acompañado por los ministros de Justicia e Interior, el presidente interino anunció la incautación de droga, celulares, cargadores artesanales, agendas con los contactos de víctimas de extorsión, armas blancas, televisores, parlantes y bebidas alcohólicas, entre otros objetos prohibidos. En su recorrido no habló sobre la situación de los menores presos.

"Nosotros conocimos de primera mano la problemática de todo el penal y de quienes están recluidos ahí", respondieron luego, desde su despacho, a las preguntas enviadas por OjoPúblico.

También indicaron que "el aumento acelerado de menores infractores, especialmente en delitos graves como sicariato y extorsión, evidencia que las organizaciones criminales están reclutando activamente a adolescentes". Por ello, señalan que "se requiere una intervención integral que incluya inversión en infraestructura, fortalecimiento de los programas educativos y de salud mental, estrategias de prevención temprana y un sistema efectivo de seguimiento postegreso para lograr la verdadera reinserción social de estos jóvenes".

Nosotros conocimos de primera mano la problemática de todo el penal y de quienes están recluidos ahí", respondieron desde Presidencia.

"Justamente, la reingeniería del sistema penitenciario es materia de la solicitud de delegación de facultades que busca solucionar también las condiciones para la rehabilitación en centros juveniles", señalaron desde Presidencia de la República, en relación con el anuncio hecho recientemente por el mandatario sobre la reorganización del INPE.

Somos Perú —la bancada de José Jerí— fue uno de los siete grupos parlamentarios que respaldó la Ley 32330. De hecho, él apoyó la iniciativa en primera votación el 17 de octubre de 2024. Hoy, los efectos de esta norma ya se sienten dentro de penales que nunca estuvieron preparados para recibir a menores de edad.