Carolina*, quién asegura tener 19 años, espera junto a dos jóvenes de rostro adolescente en la barra de la discoteca La Esquina, en el centro poblado La Poza —a orillas del río Santiago, en Condorcanqui (Amazonas)—. Son las nueve de la noche y el local está casi vacío, apenas animado por el reguetón que retumba desde unas torres de parlantes.

Tras dudar unos segundos, se acerca a una mesa, la limpia y mira a los clientes directamente a los ojos, por un instante más largo de lo esperado.

Carolina proviene de una comunidad wampis río arriba, a dos horas de la frontera con Ecuador. Sueña con estudiar enfermería, pero debe trabajar. Su turno termina al amanecer: atiende mesas, bebe alcohol y baila con los clientes. Nada más, afirma. Gana S/15 por cada caja de cerveza que logra vender.

Un equipo de OjoPúblico conversó con ella en febrero, durante un recorrido por el río Santiago, donde constató cómo la minería ilegal se afianza, al igual que en otras partes de la Amazonía peruana.

La pobreza estructural, la precariedad y la falta de empleo en los territorios indígenas de la Amazonía favorece la expansión de la minería ilegal".

En diciembre de 2024, la Municipalidad de Río Santiago identificó a tres adolescentes que trabajaban en bares ilegales del distrito, confirmó a este medio un funcionario del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

Según vecinos y dirigentes indígenas, al bar donde trabaja Carolina acuden mineros ilegales del distrito de Río Santiago, dispuestos a gastar, allí, el dinero que obtienen con el oro ilegal. Lo hacen en alcohol y en sexo, que —advierten— también involucra a menores de edad.

Río Santiago —territorio de los pueblos wampis y awajún— registra un 90% de población indígena, lo que lo convierte, junto con Andoas, en el Datem del Marañón (Loreto), en el segundo distrito con mayor presencia indígena del país, de acuerdo al censo de 2017. Solo Cahuapanas, también en Datem del Marañón, los supera, con 92%.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 18 de los 20 distritos amazónicos con más del 50% de población indígena (Censo 2017) se sitúan por debajo del promedio nacional del índice de desarrollo humano (IDH). Este indicador considera la esperanza de vida, el acceso a la educación, la escolaridad esperada y el ingreso per cápita.

TERRITORIO. Puerto Galilea, capital del distrito de Río Santiago, es el punto de partida para viajar a las comunidades wampis, a lo largo del río hasta la frontera con Ecuador.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.

En paralelo, cinco de los siete distritos amazónicos con población indígena superior al 80% se encuentran entre los 10 con menor índice de densidad del Estado (IDE) en Perú. A diferencia del anterior, este mide la cobertura de servicios públicos como saneamiento, educación, electrificación, seguridad ciudadana y conectividad. 

De estos cinco distritos, cuatro se ubican en Loreto: Cahuapanas y Andoas (provincia de Datem del Marañón), Balsapuerto (Alto Amazonas) y Torres Causana (Maynas). El quinto es Yurúa, en la provincia de Atalaya, región Ucayali.

Este contexto de pobreza estructural y precariedad en los territorios indígenas de la Amazonía peruana favorece la expansión de la minería ilegal. Las principales víctimas de este crecimiento son los más jóvenes. 

Cada vez más adolescentes buscan empleo por cuenta propia, atraídos por las promesas de dinero rápido y las limitadas oportunidades laborales, contó a este medio Janer Vásquez Sunka, presidente de la Organización de Jóvenes Wampis Tarimiat (Orjowat) en la cuenca del río Santiago, Condorcanqui.

“Hay jóvenes que se presentan ante los mineros y se ofrecen como mano de obra porque les prometen mucho dinero”, relató. Sin embargo, agregó, terminan siendo explotados, trabajando jornadas más largas de lo pactado y quedando expuestos a enfrentamientos entre mineros y la Policía. 

Las señales de alerta, según reportes de líderes indígenas y fiscales en territorio a los que accedió OjoPúblico, muestran que esta actividad afecta directamente a la infancia y adolescencia: se han incrementado los casos de trata de menores de edad, la deserción escolar, los contagios de VIH y el consumo de alcohol en comunidades próximas a zonas de extracción ilegal de oro en la Amazonía.

Trata de menores

La minería ilegal funciona como un ecosistema criminal que favorece otros delitos, como la explotación laboral y sexual, la violencia y la trata de personas, de acuerdo con un informe del Ministerio Público, la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de Canadá, publicado en junio de 2025. 

En los enclaves mineros —aislados, informales y violentos— se concentra mano de obra vulnerable, particularmente en regiones como Madre de Dios, Loreto y Amazonas. La débil presencia del Estado permite la expansión de prostíbulos clandestinos y bares que operan bajo el control de redes criminales, señala el informe.

El PNUD en Perú identificó 19 provincias en Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, Huánuco y Puno donde se extraen minerales de manera ilegal en la Amazonía.

En una sentencia del 8 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó que la minería ilegal crea condiciones propicias para la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y menores, especialmente en zonas amazónicas con escasa presencia estatal.

Además de las regiones amazónicas, la trata de personas en el contexto minero también se registra en Cusco, Puno y La Libertad, informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a OjoPúblico. En estas zonas se ha evidenciado la explotación de adolescentes en los socavones mineros, precisó el sector.

Según datos del Ministerio Público, entre 2020 y 2025, se registraron 7.790 denuncias por trata de personas en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Perú. Los casos han crecido de manera sostenida. 

En 2022, se presentaron 1.644 denuncias y, dos años después, la cifra aumentó a 2.058 (27%). Este año, hasta el 30 de junio, las fiscalías ya habían recibido 942 casos. 

La presencia de menores de edad entre las presuntas víctimas pasó de 28%, en 2023, a 33%, en 2025. Esto significa que una de cada tres víctimas de trata tiene menos de 18 años. En el 29% de los casos registrados, las fiscalías no determinaron la edad exacta de las víctimas al momento de la denuncia.

Además del Ministerio Público, cuyos registros se basan en denuncias recibidas por fiscalías especializadas, el Ministerio del Interior y el MIMP cuentan con bases de datos propias. Sin embargo, no existe un sistema que unifique ni cruce la información de las tres entidades, lo que genera discrepancias en sus reportes.

Falsas promesas en TikTok

Madre de Dios es uno de los principales focos de trata de personas. En esta región, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Puerto Maldonado registró 645 presuntas víctimas entre 2020 y 2025. La cifra más alta, con 157 casos, se reportó el año pasado.

En esta región, las zonas mineras concentran la mayor parte de los víctimas de trata de personas. La Pampa —entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera Interoceánica— es el principal punto de procedencia de las denuncias que recibe la fiscalía especializada en este delito, a cargo de Diana Aleida Valencia Koga desde 2022.

También se registran casos en los distritos de Huepetuhe y Laberinto, cuyas áreas cercanas, como Boca Unión y Huantupa, mantienen intensa actividad minera. Además, el Ministerio Público ha identificado focos de riesgo en Boca Colorado, Delta 1 y Punkiri Chico. 

“Antes, encontrábamos casos de chicas de 15, 16 o 17 años. Ahora, estamos identificando víctimas de 14 e, incluso, 13 años. La edad cada vez es menor”, explicó la fiscal a este medio.

Las adolescentes captadas suelen trabajar como cocineras o cajeras en los campamentos mineros, pero “la mayoría termina en bares o cantinas como damas de compañía”, conocidas también como “ficheras”, precisó la fiscal.

Allí, explicó, deben vender cerveza y acompañar a los clientes, lo que las expone a tocamientos y propuestas sexuales, “evidenciando una clara finalidad de explotación”.

ABUSO. Redes criminales reclutan a jóvenes mujeres de todo Perú para trabajar en bares o cocinas de campamentos mineros.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.

Según el MIMP, además de Madre de Dios, existen indicios en varios campamentos mineros ilegales de La Libertad, donde también operan redes que captan a menores con falsas ofertas de trabajo.

Antes de la pandemia, la captación de víctimas se realizaba de forma presencial, con avisos o agencias de empleo. Hoy, los tratantes utilizan redes sociales, como Facebook, Instagram o TikTok, donde incluso realizan transmisiones en vivo para ofrecer falsos trabajos, indicó la fiscal Valencia Koga.

OjoPúblico identificó una docena de perfiles en TikTok que publican videos ofreciendo supuestos empleos como “fichera” en Madre de Dios, con promesas de sueldos de hasta S/10.000 mensuales. 

En las imágenes se muestran mujeres jóvenes con fajos de billetes, iPads y maquillaje costoso, acompañadas del mensaje: “¿Por qué trabajar por el sueldo mínimo si como fichera puedes ganar más?”.

ENGAÑO. Con promesas de dinero rápido, adolescentes mujeres son captadas en redes sociales para trabajar en bares de zonas con alta presencia de minería ilegal.

Foto: Captura TikTok.

En esas publicaciones, decenas de usuarias piden más información o expresan dudas sobre la veracidad de las ofertas. “¿Es seguro?”, preguntan algunas, y otras responden: “Sí, hermosa, ya trabajo aquí hace meses”. En los comentarios, las jóvenes incluso coordinan entre ellas para viajar juntas, según los perfiles, con todos los gastos cubiertos.

En junio de este año, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) publicó un informe sobre el uso de las redes sociales para la trata de personas. 

El estudio analizó más de 32.000 anuncios de empleo en Facebook, TikTok e Instagram, y concluyó que los tratantes apelan a los deseos juveniles de independencia económica, viajes o acceso a bienes de lujo como anzuelo.

Las autoras alertan sobre nuevas modalidades de captación en espacios poco regulados, como los videojuegos en línea —Roblox, Minecraft o FIFA—, donde los tratantes contactan a menores y ganan su confianza. 

El informe advierte que la falta de coordinación entre las unidades policiales encargadas del ciberdelito y la trata de personas, junto con la escasa inversión estatal en capacitación e infraestructura, limita la respuesta frente a esta forma de explotación que se expande en el entorno digital.

De las aulas a las dragas 

Un informe publicado en julio de 2024 por la ONG Capital Humano y Social (CHS) Alternativo sobre el trabajo forzoso en la minería ilegal e informal de oro en el distrito de Manseriche, Loreto, reveló que adolescentes awajún comienzan a trabajar en la minería a edades muy tempranas.

En los ríos de Borja y del Alto Marañón, en la zona de Saramiriza, la edad promedio de inicio fue de 14,9 años, con un rango que va de 9 a 23 años. En algunos casos, las labores empezaron dentro de la familia, como una forma de aportar ingresos al hogar.

La investigación —basada en 15 entrevistas— identificó varios mecanismos de captación. Algunos jóvenes trabajan directamente para empleadores que no imponen restricciones de edad, mientras que otros son utilizados para atraer a menores aún más jóvenes mediante engaños o promesas de pago que rara vez se cumplen.

Otros adolescentes de comunidades alejadas que migran a Manseriche para continuar sus estudios secundarios viven en albergues precarios y son reclutados por mineros, que les prometen buenos salarios.

Entre 2020 y 2025, las fiscalías especializadas en trata de personas registraron 7.790 denuncias por este delito". 

Con el tiempo, la carga laboral y la dureza del trato aumentan. Según CHS Alternativo, estas prácticas ponen en grave riesgo el desarrollo y la seguridad de los menores.

En julio de 2024, durante un operativo, la Policía halló a menores de edad trabajando en dragas en Aguaytía, Ucayali, donde ayudaban a bombear el fondo del río con motores para buscar oro.

En febrero de este año, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) denunció que mineros ilegales utilizaron a niños de entre 4 y 10 años como escudos humanos en dragas ubicadas en la comunidad de Fortaleza, a orillas del río Santiago, durante operativos policiales, a cambio de S/10.

Desde otra región amazónica, Lirio Rojas Asipali, presidente de la Organización de Estudiantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana (Oepiap), y originario del pueblo shawi en Datem del Marañón, confirma la tendencia.

“Por los ríos Tigre, Putumayo y Nanay hay muchos jóvenes que ya no muestran interés por la educación. Están dejando sus estudios en primaria o secundaria para trabajar en la minería ilegal o en bares de los mineros”.

EXPLOTACIÓN. En Loreto y Amazonas, mineros ilegales usan a niños para trabajar en dragas y como escudos humanos durante operativos policiales.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.

Drogas y VIH

Janer Vásquez Sunka, presidente de Orjowat en Condorcanqui, reportó que el consumo de licor y drogas ha aumentado a lo largo del río Santiago desde la llegada de los mineros ilegales. “Antes, no había un alto consumo de licor ni de marihuana entre los jóvenes. Tampoco existían discotecas en las comunidades. Ahora, vemos todo eso”, indicó.

En octubre de este año, dirigentes awajún y autoridades de salud en Condorcanqui alertaron sobre el incremento sostenido de casos de VIH entre adolescentes en El Cenepa y Río Santiago, distritos donde esta economía ilícita se expande con mayor rapidez desde la pandemia.

El alto consumo de alcohol y la proliferación de bares están incidiendo en el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual entre adolescentes, explicó Roberto Rivera Sánchez, director de la Red Integral de Salud de Condorcanqui.

En 2022, la provincia registró 155 casos de VIH. Dos años después, la cifra se duplicó, con 340 diagnósticos confirmados por la red de salud local.

En lo que va de 2025, se han reportado 234 nuevos casos, 88 de los cuales corresponden a menores de edad. Esto significa que más de una de cada tres personas (37%) diagnosticadas con VIH en Condorcanqui son adolescentes y niños.

“La minería ilegal trae dinero y, como consecuencia, aumentan los bares, la prostitución, también infantil. Hay niñas que trabajan en estos locales y es un factor determinante en el incremento de los casos de VIH. Esa es nuestra realidad”, dijo Rivera Sánchez.

*El nombre ha sido modificado para resguardar la identidad de la adolescente.