Actualización: 29 de setiembre de 2025 - 11:56 a.m.

María Julia* decidió que interrumpiría su embarazo tras acudir a una consulta médica en la ciudad de Cusco. Según contó, los exámenes eran claros: sus problemas de presión arterial la exponían a un parto prematuro y el feto, de 14 semanas, tenía malformaciones. 

Cuatro años después, en junio de 2018, el magistrado Alberto Arenas Neyra, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cerro Colorado (Arequipa) la sentenció por aborto ilícito y la condenó a pagar una reparación civil de S/600. También le prohibió ausentarse de su domicilio sin autorización y ordenó que, durante un año, debía informar y justificar todas sus actividades.

El fallo —analizado en el estudio La crueldad hecha rutina: la criminalización del aborto en el Perú, de Proyecta Igualdad y Justicia Verde— no detalla cómo empezaron las investigaciones. Tampoco si, como en casos previos, Maria Julia tuvo problemas para acceder a la interrupción del embarazo, permitida cuando la salud o la vida de la gestante están en riesgo. Solo describe un acuerdo entre la joven y el Ministerio Público para reducir la pena y su confesión: había tomado unas pastillas —dijo— para evitar que el feto sufriera.

Aunque el aborto terapéutico es legal en Perú desde hace 101 años, solo el 27% de las mujeres que viven en el país ha escuchado sobre el procedimiento. Así lo revela Mujeres, vida y cotidianidad: Encuesta nacional sobre percepciones y experiencias de aborto en el Perú, elaborada por el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) y ejecutada por Ipsos, en mayo de este año.

Estamos frente a un sistema persecutorio”, advierte Rocío Silva-Santisteban, excongresista y directora de Demus. 

La falta de información no es el único obstáculo para acceder al procedimiento. A esto se suma, de acuerdo al sondeo, la negativa de los médicos a realizarlo —en algunos casos por temor a ser denunciados y, en otros, por creencias personales y religiosas—, desinterés del Gobierno en hacer cumplir las normas y presión por parte de grupos religiosos.

Entre 2018 y 2023, los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) realizaron 1.933 abortos terapéuticos, según datos oficiales obtenidos por OjoPúblico. Esta cifra representa apenas el 1,1% de las atenciones realizadas por todo tipo de abortos, y menos del 0,1% de los casi de 2,7 millones de nacimientos registrados en esas instituciones en el periodo. Pese a que están permitidos, la Policía registró 79 denuncias por aborto terapéutico. 

No solo eso: este medio detectó que las denuncias irregulares se duplicaron en esos seis años. En 2018, se registraron ocho y, en 2019, siete. Tras un ingreso atípico durante el primer año de pandemia —cuando se asentaron 21 denuncias—, estas han mostrado una tendencia al alza: 12, en 2021; 15, al año siguiente, y 16, en 2023. No debería haber ningún registro: todos son procedimientos legales.

OjoPúblico solicitó sin éxito información de 2024 y lo que va de este año, a través de la Ley de Transparencia. El 15 de setiembre pasado, tras el ingreso del pedido, la Policía publicó una resolución directoral que declaró como reservadas las bases de datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (Sirdic) por un plazo de cinco años. Días después, denegó la solicitud. 

IRREGULAR. Entre 2018 y 2024, las denuncias sobre aborto terapéutico registradas por la Policía se duplicaron, aunque el procedimiento es legal.

Foto: Mininter

Mientras esto ocurre, el Congreso impulsa cambios normativos que generan riesgos para el acceso al aborto terapéutico. “Estamos frente a un sistema persecutorio”, advierte Rocío Silva-Santisteban, directora de Demus.

En casos no catalogados como terapéuticos, la criminalización es mayor. Entre 2018 y 2023, la Policía registró 2.730 denuncias por presuntos abortos no forzados —se excluyeron aquellos que no tuvieron consentimiento y los provocados, sin intención, por la violencia de otra persona—. Aunque los terapéuticos también están dentro de esa categoría, no fueron contemplados en el análisis, por estar reconocidos en la legislación.

En ese periodo, el Ministerio Público registró 3.600 denuncias con iguales características. Si el plazo se amplía hasta julio de 2025, los casos acumulados son 4.508. Al igual que los registros policiales, la Fiscalía reporta dos casos llamativos: un “aborto ético” y otro terapéutico. En otras palabras, al menos, uno de ellos estaba amparado por la ley. 

Maria Julia no está considerada en esas estadísticas. Aunque fue sentenciada en 2018, su calvario empezó cuatro años antes.   

El aborto terapéutico en cifras

Un análisis más amplio revela que, entre 2018 y 2024, se realizaron 2.613 abortos terapéuticos en los hospitales del Minsa. Estos se practicaron, en su mayoría, a pacientes adultas: solo el 6,3% eran menores de edad, de acuerdo a datos del sector revisados por OjoPúblico.

Por ámbito geográfico, las regiones con más procedimientos fueron Ica (536), Puno (343), Lima (284) y Tumbes (279). Del lado opuesto, Amazonas (16), Ucayali (7), Tacna (5) y Moquegua (3) destacan por tener bajas cantidades. 

Casi el 74% de esas interrupciones (1.933) se hicieron entre 2019 y 2023. Aunque todas ellas estaban amparadas por la ley, la Policía recibió 79 denuncias por aborto terapéutico en esos seis años. La mayoría se concentró en Lima (16), Callao (11), Arequipa (9) y Cusco (8). Amazonas, Ancash, Huánuco, Madre de Dios, Pasco y San Martín son las únicas regiones sin registros. 

El Ministerio Público, por su parte, admitió dos casos atípicos. Uno, catalogado como “aborto ético”, fue ingresado en 2020, en el distrito fiscal de Ucayali. A casi cinco años, está en investigación preliminar. El otro, registrado como terapéutico en 2021, también es de Ucayali. Pero, a diferencia del anterior, fue archivado. 

Para Brenda Álvarez, abogada de Justicia Verde e investigadora de Proyecta Igualdad, estas denuncian evidencian un problema serio: “Detrás hay un desconocimiento profundo de cómo debe administrarse justicia, de cómo operan supuestos de no punibilidad y el estigma respecto al aborto”.

Casos como estos, explica, no suelen avanzar hacia instancias judiciales porque el aborto terapéutico no constituye un delito. Sin embargo, sí acarrean estigmatización para las mujeres y costos económicos en procesos innecesarios. Esto se replica, incluso, en el propio Estado, pues destina recursos en investigaciones sin sustento legal. 

El problema, a su criterio, podría agravarse. “[Recientemente], la Policía ha recibido mayores prerrogativas en materia de investigación criminal. Esto abre la puerta a más hostigamiento hacía las mujeres que requieren abortos terapéuticos”, alerta.

Un derecho en riesgo

La ofensiva contra el aborto terapéutico no se limita a denuncias sin base legal o el empoderamiento de la Policía. También hay medidas que buscan ampliar sus restricciones. El fenómeno no es reciente. Pero, a criterio de la excongresista Silva-Santisteban, se ha acentuado desde 2021. “En el Legislativo se han instalado personas que defienden posiciones retrógradas, que quieren imponer sus ideas, y el Ejecutivo los ha empoderado”, dice.

Posturas políticas de lado, la tendencia a ampliar las barreras es irrefutable. En 2023, por ejemplo, el Congreso promulgó una ley que “reconoce derechos al concebido”. Aunque el Ejecutivo la había observado por sus posibles impactos en la interrupción legal del embarazo y el uso de anticonceptivos orales de emergencia, la norma —impulsada por la parlamentaria y pastora evangélica Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo (Renovación Popular)— fue aprobada y publicada por insistencia.

Al año siguiente, la presidenta Dina Boluarte promulgó otra ley —elaborada por la congresista Rosangella Barbarán Reyes (Fuerza Popular)— que le otorga derechos al “niño por nacer”. Y, meses después, el Parlamento publicó por insistencia una norma —promovida por Jáuregui Martínez de Aguayo— que establece la creación de un “Registro Especial para la Inscripción del Mortinato”, pese a que había sido observada por el Ejecutivo por “colisionar con la regulación sobre el aborto terapéutico”.

A estas leyes se suma una reciente modificación en la guía clínica sobre aborto terapéutico del Instituto Perinatal de Lima, que ha generado confusión entre las pacientes. El hecho fue celebrado por una publicación del Congreso, en la que la legisladora Jáuregui Martínez de Aguayo reconoció haber impulsado los cambios. Allí, aseguró, que se había eliminado la posibilidad de acceder al procedimiento en casos de daño a la salud mental “por feto con malformaciones” y por “abuso sexual”. Sin embargo, eso no es cierto.

RIESGO. Milagros Jáuregui, actual presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, ha impulsado proyectos que fueron cuestionados por ir contra la regulación del aborto terapéutico.

Foto: Congreso

Especialistas explican que, aunque se actualizó el documento del Instituto Perinatal de Lima, está vigente la causal vinculada a patologías que generen un mal grave y permanente en la salud de la gestante, al igual que en el protocolo nacional. Este aspecto, como ha señalado el Tribunal Constitucional, también incluye a la salud mental.

Las campañas de desinformación y la promoción de iniciativas que buscan crear obstáculos para acceder al aborto terapéutico no se ha detenido. Ahora, la Comisión de Mujer y Familia del Congreso —presidida por Jáuregui Martínez de Aguayo— y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos —liderada por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre)— están analizando una propuesta que pretende que “el concebido pueda ser reconocido” en un registro civil “antes de su nacimiento”.

El proyecto, presentado por Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), ha sido parcialmente criticado por el Minsa. En un documento oficial, el ministerio señaló que “equiparar al concebido como persona, limita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente al acceso al aborto terapéutico”. 

Otra propuesta, ingresada por Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), busca fortalecer la objeción de conciencia —es decir, la negativa extraordinaria a cumplir una obligación por motivos religiosos o morales—. El proyecto ya cuenta con un dictamen aprobado por la Comisión de Constitución, y está a la espera de ser incluido en la agenda del Pleno.

El 80% de las peruanas considera que existe mucha desinformación sobre el aborto", revela encuesta nacional.

En opinión de Brenda Álvarez, estas normas e iniciativas generan un riesgo potencial para el acceso al aborto terapeútico. Aun así, sostiene, sus efectos tienen matices. En el caso de las leyes que otorgan derechos al “concebido”, por ejemplo, la protección no es absoluta: “se ejerce en relación con los derechos fundamentales de las mujeres, que son quienes lo albergan”.

En otros casos, como la objeción de conciencia, existen precedentes en los que la figura ha sido usada para bloquear derechos reconocidos: a inicios de 2024, cuando María Benito luchaba por acceder a la muerte digna, Essalud obstaculizó el pedido alegando la objeción de conciencia institucional en, al menos, tres oportunidades, a pesar de que ya existía un fallo judicial a su favor.

OjoPúblico solicitó comentarios de Jáuregui Martínez de Aguayo, Barbarán Reyes, Vergara Mendoza y Muñante Barrios, pero ninguno contestó. También le consultó al Minsa si el sector había evaluado presentar demandas de inconstitucionalidad para las leyes promulgadas por insistencia. Hasta el cierre de este informe, la cartera no brindó ninguna declaración. 

Sin información ni mejoras

El impulso de estas normas ocurre en un contexto de auge de los discursos conservadores y falta de información pública: aunque el 78% de las mujeres consultadas en Mujeres, vida y cotidianidad: Encuesta Nacional sobre Percepciones y Experiencias de Aborto en el Perú se mostró a favor del procedimiento cuando la vida de la mujer o del feto está en riesgo, apenas una de cuatro había escuchado sobre el aborto terapéutico. En esos poquísimos casos la principal fuente de información había sido Internet y redes sociales.

El sondeo, elaborado por Demus, también evidencia la desinformación que hay alrededor del aborto: el 80% de las encuestadas reconoció la existencia de ese fenómeno, y dos de cada cinco mujeres señaló —erróneamente— que, en Perú, la interrupción del embarazo está permitida en casos de violación. 

Aunque el aborto terapéutico está reconocido en el Código Penal desde hace más de un siglo, se requirieron 90 años para contar con una guía técnica nacional que regule el procedimiento. Para eso, dos menores de edad —conocidas como K.L. y L.C.— tuvieron que atravesar un infierno. Y, aun así, las vulneraciones se han repetido.

Apurímac y Ayacucho poseen la mayor tasa de criminalización del aborto en el país, señala un estudio de Proyecta Igualdad y Justicia Verde".

En los últimos años, recuerda La crueldad hecha rutina, los órganos de supervisión del Sistema Universal de Derechos Humanos no solo han emitido observaciones al Estado peruano. También lo han declarado responsable de vulnerar los derechos humanos de una adolescente y dos niñas. 

En el dictamen más reciente, por el caso Camila, el Comité de los Derechos del Niño señaló, entre otras cosas, que Perú debía despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil. 

OjoPublico le consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos qué acciones había implementado en el marco de ese dictamen, pero no contestó. Al insistir, el último 27 de setiembre, indicaron que las preguntas habían sido derivadas a la Procuraduría General del Estado. Dicha institución tampoco respondió. 

PENDIENTE. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño señaló que Perú debía despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil.

Foto: OjoPúblico / Gabriel García Barandiaran

Los otros abortos

Los abortos —intencionales o no— ocurren con frecuencia. El 72% de las peruanas conoce a una mujer que pasó por una interrupción del embarazo o lo experimentó ella misma, según Mujeres, vida y cotidianidad: Encuesta nacional sobre percepciones y experiencias de aborto en el Perú.

Entre 2018 y 2024, por ejemplo, los hospitales del Minsa atendieron 207.684 casos, sin considerar a los abortos terapéuticos. El 56,7% de ellos fueron espontáneos y el 40% está registrado con la categoría “no especificado”. Menos del 2,2% aparece como “otro aborto” y el 0,1% estuvo vinculado a complicaciones del embarazo. Los intentos fallidos de aborto representan menos del 0,01%, de acuerdo al análisis de OjoPúblico.

En las atenciones hay otra cifra reveladora: 12.444 correspondieron a menores de edad. Dentro de ese grupo, 49 tenían 11 años o menos cuando llegaron al hospital. Allí, en la sala de emergencias, es donde suele empezar la criminalización. 

Esto se debe, en parte, a prejuicios y estereotipos. Y, también, a un marco legal contradictorio: aunque el secreto profesional de los médicos está contemplado en la Constitución, la Ley General de Salud establece que el personal sanitario está “obligado” a denunciar aquellos casos en los que hay “indicios de aborto criminal”. 

Por eso, los centros de salud suelen denunciar a las pacientes ante la Policía y el Ministerio Público. “En estos casos —dice Jharith Mogollón, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)— no existe la presunción de inocencia: te consideran culpable desde el primer momento”. 

Vulnerables y perseguidas 

Cuando llegó a emergencias, Gina*, de 17 años, estaba inconsciente. El 30 de agosto de 2024, a media mañana, sus padres la encontraron desvanecida en su habitación y la llevaron a la Clínica Jesús del Norte. Días antes, en ese mismo establecimiento del distrito limeño de Independencia, le habían diagnosticado neumonía.

Su madre cuenta que la revisaron en el tópico y, de ahí, la llevaron a trauma shock. A ella, la hicieron esperar afuera. En ese área, los médicos detectaron que Gina tenía una hemorragia. Poco después, recuerda la mujer, una doctora la condujo hasta la sala. Frente a ella, dice, la médica acusó a la adolescente de tomar pastillas para abortar. Gina, apenas murmuraba palabras inconexas.

Esa misma mañana, la menor ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su historia clínica detalla que el pronóstico era reservado: le diagnosticaron neumonía, aborto incompleto, embolismos sépticos, anemia aguda e hipotensión. Para estabilizarla, necesitaban, entre otras cosas, practicarle un legrado uterino.

Por la tarde, empezó el acoso de los policías y fiscales: un médico había denunciado a la menor por intento de aborto. Durante los cuatro días que estuvo en UCI, la intentaron interrogar en, al menos, dos oportunidades. En la primera, no contemplaron, siquiera, la presencia de uno de sus padres. En la segunda, no lo hicieron con su abogado.

ETERNOS. Los procesos penales por aborto duran, en promedio, dos años y siete meses, según estudio.

Foto: OjoPúblico / Paul Vallejos

Hubo una más, cuando Gina ya había sido derivada al área de hospitalización, pero se frustró. Los documentos fiscales mencionan un contratiempo del policía a cargo de la diligencia. Brenda Álvarez, quien asumió su defensa a inicios de setiembre de 2024, sostiene que la razón fue otra: hasta entonces, no existía una investigación formal. Esto ocurrió recién el 23 de setiembre, cuando la adolescente ya había sido dada de alta.

Seis meses después, tras tomarle declaración a los padres de la menor y evaluar los resultados de una pericia a su historia clínica, Miguel Ángel Gonzáles Barbadillo, fiscal provincial titular de la 1° Fiscalía Provincial de Familia de Lima Norte, archivó el caso: no había ninguna prueba de que Gina haya intentado provocarse el aborto.

Este medio solicitó sin éxito comentarios del Grupo San Pablo —al que pertenece la Clínica Jesús del Norte—. El área de prensa de la Policía, mientras tanto, indicó que las consultas debían ser ingresadas a través de la mesa de partes virtual de la institución. Aunque se cumplió con el trámite, tampoco hubo respuesta.

Entre 2018 y 2023, la Policía recibió 2.730 denuncias por presuntas interrupciones de embarazo no amparadas en la ley, sin considerar las que catalogó como aborto terapéutico. El caso de Gina debería constar —anonimizado— en los registros de 2024. Sin embargo, como se detalló previamente, la información ha sido catalogada como reservada.

En estos casos no existe la presunción de inocencia: te consideran culpable desde el primer momento”, dice Jharith Mogollón, abogada de Aprodeh. 

El Ministerio Público, mientras tanto, recibió 4.508 denuncias, entre enero de 2018 y julio de este año. El análisis, realizado por OjoPúblico, excluye las interrupciones del embarazo sin consentimiento, las provocadas —sin intención— por la violencia de otra persona, un caso catalogado como terapéutico por la Fiscalía y otro, registrado como “aborto ético”.

La información no tiene detalles sobre las edades de las denunciadas. Sin embargo, evidencia que la mayoría de los registros pertenecen a los distritos fiscales de Cusco (339), Apurímac (315), Lima Este (305), Arequipa (298), Lima Norte (296) y Ayacucho (249).

La crueldad hecha rutina ya había alertado que Apurímac y Ayacucho poseen la mayor tasa de criminalización cada 10.000 habitantes. Esas dos regiones —al igual que Cusco— tienen otra cosa en común: son tres de las cuatro con más población quechua. Para las autoras, esto responde a un “patrón racializado”.

Luna*, de 17 años, sufrió una emergencia obstétrica en una de esas regiones —Apurímac—, el 31 de mayo pasado. Su madre, una mujer quechua hablante, pidió ayuda en la posta médica: la adolescente tenía dolores abdominales y una hemorragia intensa. Hasta que la enfermera llegó, ya había parido un feto muerto.

Primero, la trasladaron a una posta médica y, luego, al Hospital Regional de Apurímac. Allí, a las seis de la mañana, se presentó una fiscal, acompañada por un policía, para interrogarla. La diligencia apenas fue supervisada por un abogado de oficio, a través de una videollamada. Nunca antes había conversado con él.

También interrogaron a su mamá e intentaron incautar el celular de la menor, aunque no tenían autorización. “Su mamá nos decía que no entendía ninguna de las actas que le hicieron firmar”, cuenta la abogada Jharith Mogollón.

Tres meses después, el Ministerio Público aplicó la remisión del proceso —un acuerdo que permite archivar las investigaciones cuando las presuntas infracciones penales no son graves—. Aunque esa medida no genera antecedentes judiciales, sí implica el cumplimiento de ciertas reglas. 

En el caso de Luna incluyeron el pago de una reparación civil de S/100, asistencia a terapia psicológica y seis horas de trabajo en un puesto de salud haciendo labores de limpieza y jardinería. Lo aceptó, cuenta su abogada, porque no tenía recursos para afrontar un proceso penal.

OjoPúblico le consultó al Ministerio Público por la criminalización indebida del aborto terapéutico y los problemas detectados en las investigaciones por otros tipo de interrupciones del embarzo. Explicaron que, debido a los recientes cambios en la institución, no podrían asignar a un vocero.

El juez Arenas Neyra, mientras tanto, justificó su sentencia en la “terminación anticipada” —nombre técnico que recibe el acuerdo al que se acogió María Julia—. Sobre el tipo de delito sancionado, descartó la posibilidad de un aborto terapéutico. 

Como sustento, mencionó un “aparente diagnóstico de malformaciones” otorgado “supuestamente, por un consultorio médico”. No precisó si solicitó alguna prueba que le permitiera valorar ese aspecto de la confesión. Tampoco hizo referencias a los problemas de hipertensión reportados por la joven.

*Se utilizaron seudónimos para proteger la identidad de las protagonistas.