Actualización: 30 de setiembre de 2025 - 03:05 p.m.
A medio camino de la carretera que une Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, y Bagua, en el departamento de Amazonas, se abre un estrecho sendero entre la densa vegetación. Luego de cinco minutos de caminata, lejos de la mirada de los autos, hay una pequeña casa de madera con pintas que relatan el nuevo escenario de violencia en esta parte de la Amazonía. En una de sus paredes se lee: “Tenga cuidado, no entre a esta casa. No se meta en problemas”. Unos pasos más adelante, siguiendo el mismo sendero, los cultivos de hoja de coca cubren las laderas cercanas.
Las plantaciones se encuentran a solo 200 metros de una de las carreteras que conectan Condorcanqui, en la frontera con Ecuador, con la costa peruana. Esta sepenteante ruta, denominada PE-5NC, se transita en casi cinco horas y recorre alrededor de 56 kilómetros.
A diferencia de la otra carretera, más moderna y rápida, esta vía registra poco tránsito. La escasa afluencia es aprovechada por el crimen organizado. Un equipo de OjoPúblico recorrió la zona, entrevistó a fiscales y policías, líderes indígenas y accedió a información clasificada que muestra cómo, luego de la pandemia, además de la expansión de la minería ilegal, la provincia de Condorcanqui se ha convertido en uno de los nuevos ejes y centros de producción del narcotráfico en la Amazonía peruana.
Detrás de estas actividades se encuentran una serie de actores criminales, entre ellos grupos de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
CORREDOR. La mayor parte de los cultivos de coca en Amazonas se concentra a lo largo de la carretera PE-5NC, que conecta la provincia de Condorcanqui con la costa peruana.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
El informe anual de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) confirma el avance de los cultivos ilegales de hoja de coca en este departamento: el 95% de las áreas de cultivo de hoja de coca monitoreadas en Amazonas —equivalentes a 1.264 hectáreas— se concentran en el distrito de Nieva.
El distrito de Nieva concentra casi la mitad (44%) de toda la población de la provincia de Condorcanqui (los otros distritos son El Cenepa y Río Santiago). De los aproximadamente 42.000 habitantes de la provincia, una gran mayoría —el 82%— es población indígena, principalmente awajún y wampis.
Un bastión del narcotráfico
Mientras en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) –donde aún se concentra el 40% de la superficie de cultivos de coca en Perú– la extensión de las plantaciones se redujo en 2024, por primera vez en tres años (-5%), en Amazonas ocurrió lo contrario: la superficie casi se triplicó. Pasó de 656 hectáreas en 2020 a 1.818 hectáreas en 2024, aumentaron en más del 277%, según los datos de Devida.
“Toda la zona entre Santa María de Nieva y Bagua está controlada por el narcotráfico. La policía que ingresa [a esta zona] no puede intervenir: los narcos les quitan las armas, incluso quemaron una de nuestras camionetas. Últimamente, se está convirtiendo en un segundo Vraem”, señaló a este medio un policía de la Dirección Antidrogas (Dirandro) que ha participado en intervenciones locales.
El agente se refiere a un operativo de enero de 2022, cuando un grupo de presuntos narcotraficantes atacaron a policías y recuperaron la droga que les habían incautado en el centro poblado de Monterrico. Este asentamiento, que se ubica a un costado de la carretera PE-5NC, es actualmente el bastión de la producción de coca en la zona, según las autoridades. La policía solo puede llegar a la zona en helicóptero.
A diferencia de las comunidades awajún que habitan a lo largo de la carretera, Monterrico es un centro poblado donde residen migrantes de otras partes de Perú. Algunos de ellos llegaron durante la pandemia del coronavirus, otros luego de la guerra con Ecuador. Los awajún los llaman colonos.
También sus viviendas distinguen a Monterrico de las comunidades indígenas. En el centro poblado hay un hotel, un hospedaje y varias casas de tres y cuatro pisos, construidas con cemento y ladrillos, mientras que la mayoría de viviendas indígenas son de madera.
Según fuentes policiales y residentes locales, los colonos han comprado o alquilado tierras a familias indígenas en los últimos años para destinarlas al cultivo de coca. Un vecino señala que ofrecen a los propietarios alrededor de S/ 2.000 anuales por hectárea. Durante la cosecha, que se realiza hasta cuatro veces por año, los ayudantes reciben S/ 1,50 por un kilo de hojas.
“Las familias admiten abiertamente que siembran [coca], porque aquí no hay apoyo económico o presencia del Estado. Cuando les pregunto por qué lo hacen, responden: por la misma necesidad que nos obliga a trabajar; porque tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que alimentarnos de esa manera para sobrevivir”, relata un líder awajún de la zona.
Infografía: OjoPúblico / Jhafet Pianchachi.
La policía detrás de cabecilla colombiano
En la mañana del 28 de octubre de 2022, unidades de la Dirandro aterrizaron en helicóptero a un costado del centro poblado de Monterrico. El objetivo: capturar a narcotraficantes en una vivienda donde, según la información de inteligencia policial, funcionaba un centro de acopio y laboratorio para la producción de pasta básica de cocaína.
De acuerdo a un informe reservado al que accedió OjoPúblico, ese día, unas 80 personas —entre mujeres y niños de comunidades vecinas— esperaron al helicóptero en el lugar del aterrizaje. La multitud llevaba palos y piedras en las manos. Los hombres tenían recipientes con gasolina y amenazaban con atacar a los agentes y prenderles fuego.
Durante el operativo, varias personas lograron huir y ocultarse en el bosque. En un centro de acopio, los agentes hallaron 10,7 kilos de pasta básica de cocaína, diferentes insumos químicos para su producción y varios documentos personales, entre ellos las cédulas de identidad de una mujer y un hombre de nacionalidad colombiana.
Las autoridades identificaron al hombre como Julio Erminson Hoyos Ortiz, de 42 años. Y, según consta en un informe reservado de octubre de 2023, fue señalado como “integrante o coordinador del grupo violentista colombiano FARC-EP.”
Según el mismo informe policial, Hoyos Ortiz dirige actividades de deforestación en áreas reservadas, distribuye semillas de coca, instala laboratorios, construye pistas clandestinas y paga a pobladores locales por su colaboración.
Su influencia no se limita a Monterrico, afirman los documentos. También alcanza a comunidades y centros poblados como San José de Línea, Japaime-Quebrada, Nuevo Siasme, Imaginaria, Quebrada de Kamita Entsa, Sawintsa y Tunduza, todos en Condorcanqui.
Tanto Hoyos Ortiz como la mujer de nacionalidad colombiana, cuya cédula de identidad fue hallada en el operativo en Monterrico, enfrentan actualmente un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas en Perú, con la asistencia judicial internacional desde Colombia. Fuentes policiales consultadas por OjoPúblico señalan que actualmente Hoyos Ortiz sigue vinculado a la producción de cocaína en Condorcanqui.
Los documentos policiales del operativo de octubre de 2022 revelan siete perfiles adicionales: tres comuneros acusados de actuar con particular violencia contra los agentes y cuatro colonos vinculados al narcotráfico. Entre ellos sobresale un nombre que con frecuencia se repite en Nieva: Merino.
Esta persona es señalada como la voz de los cocaleros en encuentros con organizaciones indígenas y autoridades locales. Su identidad real, sin embargo, no figura en los papeles de la policía.
Incautaciones se disparan
El avance del tráfico en Amazonas también se refleja en las incautaciones de pasta básica y clorhidrato de cocaína. En esta región, entre 2015 y 2021 la policía decomisó casi media tonelada de pasta básica y clorhidrato de cocaína; mientras que, solo en los últimos cuatro años —hasta julio de este año— la cifra se disparó a 9,2 toneladas, señalan los datos a los que accedió este medio.
Solo en los años 2023 y 2024, la Policía incautó 3,5 y 3,1 toneladas de droga, respectivamente. Además, entre 2022 y 2024 —la última operación se llevó a cabo en diciembre de 2023— la Policía detectó cuatro laboratorios dedicados a la elaboración de droga en el distrito de Nieva.
LABORATORIO. La provincia de Condorcanqui no solo es un centro de cultivo de coca, también se ha convertido en un centro de producción de cocaína.
Foto: Policía Nacional del Perú.
Según la fiscal Luz Mery Zuzunaga Silva, quien trabajó entre 2022 y agosto de 2025 en la Fiscalía Provincial Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Amazonas, los narcotraficantes del lugar emplean el llamado "método colombiano”.
En ese procedimiento, también conocido como “método alcalino” o “método tanque”, las hojas no se secan de forma prolongada; en su lugar, los principios activos se extraen mediante el uso de álcalis y otros productos químicos vertidos en pequeños tanques. Entre los insumos hallados en las intervenciones figura un derivado del petróleo, acetona y cemento.
Además de la presencia de las disidencias de las FARC, la fiscal Zuzunaga Silva advierte que a Condorcanqui también entran traficantes procedentes de Bolivia, Ecuador y Brasil para comprar la droga procesada. “Por su desarrollo y ubicación estratégica —con pistas clandestinas, en zona de frontera, y escaso control— la situación es cada vez más preocupante”, señala.
La fiscal lamenta que la Dirandro no cuente con una base en Condorcanqui. En operativos anteriores fue necesario desplegar unidades desde San Martín, Huánuco y Piura.
Por río, aire y tierra: la tres rutas de la droga
En dos operativos realizados en julio de 2022 y diciembre de 2023 en el distrito de Nieva, la Dirandro destruyó tres pistas clandestinas, utilizadas para transportar cocaína en avionetas con escala intermedia hacia Colombia, Brasil y Bolivia. Según vecinos locales y fuentes policiales, al menos una de ellas volvió a operar después de las intervenciones.
Además de la vía aérea, hay otras dos rutas de la droga desde Condorcanqui. Las mismas fuentes señalan que la mayor parte se traslada por vía terrestre, oculta en camiones con cargas de plátano, piña, madera o en camionetas con destino a Bagua.
CONTROL. Agentes de la Dirandro inspeccionan la carga de piñas de un camión en ruta de Santa María de Nieva a Bagua.
Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo.
La tercera ruta sigue el río Santiago y cruza la frontera con Ecuador. Aunque el trayecto en bote toma al menos un día, esta ruta se mantiene activa por la importancia estratégica del puerto de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en el envío de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, afirma la ONG Amazonwatch en su informe de este año sobre el narcotráfico en Perú.
La influencia de organizaciones criminales provenientes de Ecuador también aumenta en Condorcanqui. Líderes awajún y pobladores de El Cenepa denuncian la presencia de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros y la participación de la banda Los Trujillanos, originaria de La Libertad, en enfrentamientos armados entre mineros ilegales dentro de su territorio.
En la triple frontera entre Perú, Ecuador y Colombia, los Comandos de la Frontera –uno de los grupos disidentes de las FARC– han establecido alianzas con Los Choneros –una de las organizaciones criminales más violentas y grandes de Ecuador– para transportar cocaína desde la frontera hasta los puertos de la costa ecuatoriana, como reveló una investigación de OjoPúblico.
Resistencia con cautela
El auge de la producción de hoja de coca en Nieva —que según Devida concentra el 95% de los cultivos de Condorcanqui— coincide con el aumento de la deforestación en la región. El análisis de datos realizado por nuestro equipo a los mapas de Global Forest Watch indica que entre 2001 y 2024 el distrito de Nieva perdió 53.192 hectáreas de bosque.
La tendencia se ha acelerado de manera alarmante en los últimos siete años: desde el 2018 se han perdido 29.205 hectáreas, lo que representa el 55% de toda la superficie deforestada en las dos últimas décadas.
INVASIÓN. La superficie boscosa de Nieva se ha reducido entre los años 2001 y 2024, especialmente a lo largo de las carreteras y ríos.
Gráfico: Amazon Conversation Team / Global Forest Watch.
La pérdida de bosques en su territorio es una de las principales razones por las que los líderes indígenas de la zona rechazan la expansión de los cultivos de coca. En 2022, según un documento al que accedió OjoPúblico, seis organizaciones awajún y wampís, junto con la municipalidad de Condorcanqui, varios apus de comunidades y la Fiscalía Antidrogas de Chachapoyas, acordaron en una reunión actuar de manera conjunta contra el narcotráfico.
“Pero la gente ya se había acostumbrado a ganarse el día a día con la droga”, comenta un líder awajún que vive a lo largo de la carretera PE-5NC. Según explica, tanto él como Devida han intentado convencer a los comuneros de apostar por el cacao. Sin embargo, el precio de este cultivo es inestable y solo permite dos cosechas al año, mientras que la coca se cosecha hasta cuatro veces en doce meses, señala.
Líderes awajún relataron que en agosto de 2024 se realizó una nueva reunión para luchar contra el narcotráfico. Una vez más, se llegó a un acuerdo, pero esta vez solo entre los apus de las comunidades indígenas awajún de la Federación Indígena Sector Shawit (FISH). Los demás no se sumaron.
La organización shawit abarca cuatro comunidades indígenas con 36 anexos en la parte sur de la carretera PE-5NC, a cuatro horas de viaje en camioneta desde Bagua. El compromiso mutuo de los apus: a partir de ese momento, fue que no alquilarán ni venderán más terrenos para el cultivo de coca.
Sin embargo, esta federación es solo una de las once organizaciones indígenas —entre las que se encuentran el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) y el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA)— que hay en la provincia de Condorcanqui.
“Desde el año 1990, las organizaciones indígenas se han dividido aquí en cuencas, debido a las diferentes posiciones frente a la entrada de empresas petroleras y mineras. Esta descentralización ayuda a los narcos a negociar para acceder a nuevos terrenos”, sostiene un líder awajún.
Vínculos con la minería ilegal
Al mismo tiempo que crecía la producción de cocaína en Condorcanqui, el territorio de los pueblos awajún y wampís —en particular las cuencas de los ríos Cenepa y Santiago— se convirtió también en un foco de la minería ilegal, como lo han expuesto varios reportajes de OjoPúblico.
El alto precio del oro vuelve atractiva la extracción ilícita del metal, también como mecanismo para lavar ingresos del narcotráfico. “Tenemos indicios de que las personas detrás de la minería ilegal están vinculadas al narcotráfico, porque buscan el control total de Condorcanqui”, advierte la fiscal Luz Mery Zuzunaga.
Según fuentes policiales, los comerciantes de insumos se benefician de la expansión simultánea del narcotráfico y de la minería ilegal. El “método colombiano” de producción de cocaína requiere combustible, que también alimenta los motores de las dragas (plataformas flotantes que bombean sedimentos del lecho de los ríos hacia la superficie).
Ambas actividades ilícitas dependen de grandes volúmenes de sustancias químicas. Los mineros utilizan mercurio tóxico para separar el oro, mientras que en los laboratorios de cocaína se emplean álcalis y ácidos. "Si un transportista se encarga de mover el ácido junto con la acetona, en su portafolio de venta también puede ofrecer cianuro o incluso mercurio”, señala un agente de la Dirandro.
Medición conservadora de cultivos
En el último informe de Devida, el departamento de Amazonas, figura como la región con el mayor aumento proporcional (44%) de cultivos de coca en el país de 2023 a 2024. Durante años, la provincia de Condorcanqui permaneció fuera del radar.
En 2021 Devida incluyó la zona por primera vez en su sistema de monitoreo, luego de un reporte de la Dirandro, que en 2020 identificó pistas clandestinas en Condorcanqui. Desde entonces, la provincia fronteriza con Ecuador dejó de ser un punto ciego.
TALA. Los bosques de Condorcanqui sufren por la expansión del narcotráfico en Amazonas.
Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo.
Sin embargo, la magnitud real del cultivo podría superar las cifras oficiales. Analistas que participaron en la elaboración del informe reconocieron a OjoPúblico que el sistema de registro —en el que Devida coopera con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)— necesita mejoras.
Por ejemplo, Devida solo contabiliza las áreas “en producción”. Es decir, requiere que un cultivo tenga al menos un año de antigüedad para entrar al reporte. Si la entidad detecta un campo, este se incorpora a la estadística cuando lo vuelve a registrar un año después.
Las plantaciones recientes —como las que un equipo de OjoPúblico documentó en agosto a la vera de la pista entre Santa María de Nieva y Bagua— pueden empezar a producir hojas cosechables en un plazo de cuatro a seis meses. Sin embargo, quedan fuera de las estadísticas oficiales, lo que reduce la precisión del registro frente a incrementos rápidos en los cultivos.
