Con la colaboración de Gianfranco Huamán

La noche del jueves 4 de setiembre, Amelia Paredes Romero se disponía a dormir cuando, cerca de las 11:00 p.m., una fuerte detonación hizo volar los vidrios de las ventanas de su vivienda en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, ubicada a 10 minutos del centro de Trujillo. 

La explosión afectó a un total de 78 viviendas y dejó 11 personas heridas, según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad. Amelia sufrió una crisis de ansiedad y fue evacuada por paramédicos. Era una de las secuelas del ataque con explosivos contra la casa de Maura Sánchez Iparraguirre, madre del empresario minero Roy La Rosa Toro Sánchez, cuya fachada quedó destruida, mientras que las paredes de las viviendas vecinas presentaban profundas grietas.

En lo que va del 2025, la capital de La Libertad ha registrado tres atentados con explosivos de uso exclusivo “para la minería”, refiere el exjefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de Trujillo, Ángel Santoyo Pación. 

Esto —afirma Roger Torres Mendoza, exjefe policial y actual responsable de seguridad en el distrito Víctor Larco— es una muestra de que los explosivos se han convertido en el arma preferida de las mafias en la región. Antes, “el crimen usaba cartas y balas en la puerta de los domicilios de sus víctimas. Hoy recurren a explosivos”, señala.

La capital de La Libertad ha registrado tres atentados con explosivos de uso exclusivo para la minería".

Explosivos de contrabando y mercado negro

Tras el atentado en Las Quintanas, la Policía detuvo a Nilton Ravelo Ramos y al ciudadano extranjero Everet Quintero Monasterio. De acuerdo a su confesión, a la que OjoPúblico tuvo acceso, los explosivos provenían de una vivienda en Altos de Valle Sol, en el distrito de Moche. Allí, se capturó a Fabrizio Martel Leitón Gutiérrez. 

Según la Policía, los tres integraban Los Cachacos del Padrino, una facción de Los Pulpos. En las últimas dos décadas, esa última organización criminal se ha dedicado al robo, secuestro, sicariato, tráfico de terrenos, extorsiones, lavado de dinero, minería ilegal y a crear empresas fachadas, de acuerdo al reporte Los Pulpos: radiografía de una organización criminal, de Julio Corcuera, abogado y experto en crimen organizado.

En el ataque se usaron 30 cartuchos de emulsión de 500 gramos, que se utiliza en minería para la voladura de rocas ligeras o suaves. En la vivienda de Leitón se encontraron otros 10 cartuchos del mismo tipo. 

CAPTURADO. Fabrizio Leitón Gutiérrez fue detenido en una vivienda donde se hallaron cartuchos del mismo tipo que los utilizados en el ataque en la urbanización Las Quintanas.

Foto: PNP

PRUEBA. Explosivos de la empresa AEL Brasil Industrias Químicas e Desmontes Inteligentes LTDA hallados en el atentado en la urbanización Las Quintanas.

Foto: OjoPúblico / Jorge Clavijo

OjoPúblico accedió al registro fotográfico de los explosivos incautados que, según las especificaciones del empaque, fueron elaborados en Brasil por la empresa AEL Brasil Industrias Químicas e Desmontes Inteligentes LTDA. Actualmente, esta compañía, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Jurídicas de Brasil (CNPJ, por sus siglas en portugués), se encuentra dada de baja.

Una revisión a las importaciones de Perú muestra que, además de Brasil, existen otros países que abastecen de explosivos al mercado nacional y que, incluso, concentran la mayor parte de las compras.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha descartado la fabricación nacional de estos productos y ha solicitado información a las compañías autorizadas para importar explosivos. El objetivo es determinar la trazabilidad del material usado en el atentado, informó el jefe zonal de esta entidad, Raúl Artica Sotomayor. 

Las empresas consultadas son Chemtrade S.A.C.; Maxam Perú S.A.C; Explosivos del sur S.A; EXSA S.A; GDI Corporation S.A.C; FAMESA Explosivos S.A.C.; Orica Mining Services Perú S.A; Fábrica de Explosivos del Sur S.A.C; Industrias Cachimayo S.A. y Explomax Gold S.A., informó Sucamec.

De ese grupo, OjoPúblico verificó que Orica Mining Services Perú S.A., Chemtrade S.A.C., FAMESA Explosivos S.A.C., EXSA S.A., Maxam Perú S.A.C. y Chemtrade S.A.C. importaron explosivos por USD 251.044, entre 2023 y agosto de 2025. 

Si los explosivos usados en el atentado entraron legalmente al país —explicó el jefe de la Sucamec— implicaría que, tras su ingreso desde Brasil, hubo un desvió del material y su posterior venta clandestina en un mercado negro que opera en Trujillo.

En La Libertad, Sucamec tiene registrados 121 polvorines —almacenes autorizados para guardar explosivos— y más de 20 empresas que presentan irregularidades en el transporte, acopio y uso de explosivos para fines de explotación minera. La mayoría de estos almacenes (55) se encuentran en Pataz. OjoPúblico solicitó información sobre estas empresas, pero el requerimiento no fue atendido hasta el cierre de este informe. 

Artica Sotomayor advierte que durante el traslado de estos materiales, “podrían desviar los explosivos hacia otro lugar”. La presencia de mineros con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha facilitado el desvío de explosivos con fines ilícitos. Basta con un polvorín y personal autorizado para manipular y trasladar la carga debido a la flexibilización de la ley, señala Óscar Gonzáles Rabanal, exviceministro del Interior.

INCAUTACIÓN. La Sucamec decomisa explosivos así como ANFO de uso agrícola en los operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz.

Foto: Sucamec

Antes, cada embarque debía contar con la custodia de un policía en actividad desde el momento de la compra hasta su traslado a la zona de exploración o explotación, con guías de remisión verificadas y controladas. Hoy, según Sucamec, basta con una sola guía de remisión que habilita, por 30 días, el traslado del material explosivo hasta los polvorines.

Como respuesta al tráfico ilícito de explosivos e insumos para su elaboración, Sucamec lanzará “Sucamóvil”, un aplicativo de geolocalización para rastrear vehículos que transportan explosivos. Sin embargo, las mafias detrás de la minería ilegal producen de manera artesanal emulsiones a base de nitrato de amonio, de uso agrícola.

Producción local de explosivos artesanales

El nitrato de amonio se combina con diésel para producir ANFO, un explosivo artesanal, con la misma intensidad que un cartucho elaborado de manera industrial. “Cualquiera podría acceder a los insumos básicos para fabricar explosivos”, dice Artica Sotomayor tras observar lo hallado en los operativos contra la minería ilegal en la provincia de Pataz.

El nitrato de amonio, de uso agrícola, “tiene sustancias combustibles que no superan el 0,2%. Por eso, no es considerado como un explosivo por el reglamento de la Ley 30299 y, por lo tanto, su comercialización no tiene restricciones”, añade.

En Perú, el abastecimiento de nitrato de amonio depende de importaciones internacionales, con Georgia y Rusia como los principales países proveedores.

Ya sea artesanal o industrial, la minería artesanal prefiere ANFO como explosivo porque es más seguro de manipular que la dinamita, señala Artica Sotomayor. A diferencia de esta —un explosivo a base de nitroglicerina absorbida, de gran potencia, detonación rápida y cuya manipulación debe quedar en manos expertas para controlar sus efectos—, el ANFO se activa con un cebador secundario, es de bajo costo y, según Sotomayor, “se neutraliza con agua”.

Desde el 10 de marzo de este año, cuando se prorrogó el estado de emergencia en Pataz —vigente desde febrero de 2024—, Sucamec incautó más de 6.600 kilos de ANFO agrícola y 11.000 kilos de emulsión en operativos contra la minería ilegal.

Sin embargo, los decomisos no han detenido los ataques: en Las Quintanas se usaron 30 cartuchos de emulsión, precisó el general Guillermo Llerena Portal, jefe policial de La Libertad. La onda expansiva se sintió a más de un kilómetro, en urbanizaciones como Santa Inés, Los Cedros y San Isidro e, incluso, en distritos como La Esperanza y Florencia de Mora.

Guerra entre bandas y por el oro

El primer ataque en Trujillo ocurrió el 20 de enero contra la sede del Ministerio Público; el segundo, el 15 de agosto, tuvo como objetivo una vivienda de la avenida Perú; y el tercero, en Las Quintanas.

En el atentado contra el Ministerio Público, las investigaciones fiscales y policiales concluyeron que los autores fueron Los Compadres, dedicados a la extorsión y tenencia de materiales peligrosos, en represalia contra la fiscal de crimen organizado Jennifer Ludeña. Este ataque fue ordenado desde prisión por Jimmy Bazán Valderrama, cabecilla de la banda, según explicó Juan Santivañez, cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Al menos, 23 inmuebles aledaños resultaron afectados.

El atentado en un predio de la avenida Perú, atribuido a Los Pepes, estuvo vinculado a una disputa entre bandas. Dejó siete heridos y 20 viviendas afectadas. El objetivo era Sergio Bolaños Sarmiento, hijo de la propietaria del local y exintegrante de Los Pulpos, sospechoso de asesinar a David Bazán Villanueva, alias Chato Oré, en 2024, según el ministro del Interior, Carlos Malaver. Días antes, había recibido un mensaje extorsivo: “Un millón de soles vale tu vida”.

DAÑOS. La onda expansiva de los 30 cartuchos usados en el último atentado en Trujillo se sintió a más de un kilómetro, en urbanizaciones como Santa Inés, Los Cedros y San Isidro.

Foto: Hans Lázaro Asalde
 

El más reciente ataque, en Las Quintanas, estaría relacionado con los enfrentamientos por el control de la extracción ilegal de oro en Pataz, según Llerena Portal. Roy La Rosa Toro Sánchez, hijo de la dueña de la vivienda atacada, es un minero en proceso de formalización y presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales del Perú (Amape). Según declaró a OjoPúblico, mantiene una disputa con la Compañía Minera Poderosa por el control de un derecho minero que —admite— pertenece legalmente a dicha empresa.

La Rosa Toro acusa a Poderosa de haber abastecido de dinamita al Comando Unificado Pataz, que ejecutó una reciente intervención contra su operación. Afirma que los explosivos hallados en la zona donde desarrolla actividades tenían códigos de fabricación: 24782245 de FAMESA Explosivos S.A.C. destinados a la minera Poderosa.

El más reciente ataque estaría relacionado con los enfrentamientos por el control de la extracción ilegal de oro".

Sin presentar pruebas, La Rosa Toro también responsabiliza a esta compañía del atentado contra su vivienda en Las Quintanas. “Media hora antes, cuando el Ejército estaba listo para ingresar a mi mina en Pataz, revientan la bomba en mi casa”, argumentó.

En un comunicado, la Compañía Minera Poderosa negó las acusaciones, “rechazando cualquier narrativa falsa sobre el uso de explosivos”, y aseguró que continúa siendo “víctima del embate de la minería ilegal”.

Los estados de sitio de Acuña

El 6 de setiembre, dos días después del ataque en Las Quintanas, el Congreso —cuestionado por Human Rights Watch de legislar en contra de la lucha al crimen organizado— aprobó la Ley contra el Terrorismo Urbano, que incorpora en el Código Penal el delito de criminalidad sistematizada en el artículo 318-B.

Este sanciona con cadena perpetua a quienes, mediante explosivos, armas o similares, cometan secuestro, extorsión, sicariato, homicidio o robo agravado, generando terror en la población. Pero la delincuencia respondió rápido: el 9 de setiembre, encapuchados detonaron un explosivo en una vivienda de la urbanización La Alameda de El Cortijo, en Trujillo, con fines extorsivos.

VÍCTIMAS. Los vecinos de la urbanización Las Quintanas refieren sentirse atemorizados a más de una semana del atentado con dinamita.

Foto: Hans Lázaro Asalde
 

Óscar Gonzáles Rabanal, exviceministro del Interior, sostiene que el crimen local ha adoptado prácticas más agresivas de delincuentes colombianos y venezolanos. Antes, se amedrentaba a las víctimas enviando explosivos sin que estallaran. Pero, con la llegada de estos grupos, ahora se activan y explotan, refiere.

“Incluso mutilan las orejas a sus víctimas en secuestros. Es una criminalidad más violenta que ya se infiltró en el país”, agrega.

El 9 de setiembre, encapuchados detonaron un explosivo en una vivienda de la urbanización La Alameda, en El Cortijo".

Más de una semana después del ataque en Las Quintanas, los vecinos siguen atemorizados, confirmó OjoPúblico tras recorrer la zona y conversar con varios propietarios de viviendas afectadas. “Estoy de miedo y de pena, mi casa también ha sido afectada”, señaló Adriana Inga.

Hasta el cierre de este informe, el gobernador César Acuña no ha visitado la zona, refieren los vecinos. Lo que sí ha hecho es solicitar la declaratoria de estado de sitio de Trujillo al Gobierno de Dina Boluarte desde el 15 de agosto, cuando ocurrió el segundo atentado. Lo mismo solicitó para Pataz tras la matanza de los 13 trabajadores en un socavón minero.

Sin embargo, Trujillo ya cuenta con la declaratoria del estado de emergencia, por la delincuencia y la violencia generada por la minería ilegal, desde febrero de 2024. Según ha referido la autoridad regional en sus conferencias de prensa y en comunicados, el control de la seguridad de la capital de La Libertad está a cargo de las Fuerzas Armadas. 

En tanto, la población enfrenta —sola— una guerra que ya se libra con explosivos en el corazón de la Ciudad de la Eterna Primavera.