Una noche de julio de 2024, cuando su hija no regresó a casa, Wilmer Nunkat* empezó a preocuparse. A tres horas en bote de la frontera peruana con Ecuador, donde vive la familia, el sol desaparece a las seis de la tarde. Esperó algunas horas en su vivienda, angustiado, pero la adolescente de 14 años no aparecía. Entonces, decidió salir a buscarla. A orillas del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas), recorrió, casa por casa, su comunidad indígena wampis.

“Busqué, busqué, tanto busqué. A las dos de la madrugada, encontré a mi hija en una casa con el docente”, recuerda meses después. Está sentado en una banca frente a su vivienda y habla en voz baja, con la mirada en el suelo. A su lado, su esposa prepara el desayuno para la familia, que tiene tres hijos. Diana*, la adolescente, es la mayor.

Wilmer Nunkat denunció el caso ante la Unidad de Gestión Educativa Local de Condorcanqui. La acusación: su hija había sido víctima de violencia sexual por parte de su profesor de educación física, de 25 años.

Condorcanqui —con alto índice de VIH y acechada por la minería ilegal— es uno de los focos de la violencia sexual contra las escolares indígenas de la Amazonía. Gran parte de estos casos involucran a profesores de colegios de educación pública. Solo entre 2019 y 2025, en esta provincia se abrieron 307 procesos administrativos disciplinarios contra docentes por hostigamiento y actos contra la libertad sexual, según cifras oficiales a las que OjoPúblico tuvo acceso. Cerca de la mitad de las denuncias (130) corresponden al distrito de Río Santiago, donde vive la familia de Wilmer Nunkat.

ALERTA. Los líderes indígenas señalan que varios docentes suspendidos por violencia sexual ahora se dedican a la minería ilegal.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

Un equipo de OjoPúblico recorrió la cuenca del río Santiago y recogió testimonios de líderes indígenas locales, que no solo alertan elevados niveles de violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de sus propios profesores, sino que también señalan que varios docentes suspendidos por denuncias de violencia sexual ahora lucran con la minería ilegal.

“Hay profesores sentenciados que dirigen ese tipo de actividades”, relata un dirigente que trabaja como docente y que ha sido amenazado por mineros ilegales. En el distrito de Río Santiago ni siquiera hay una comisaría. La más cercana se encuentra a, por lo menos, dos horas en bote, en Santa María de Nieva.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis documentó un caso emblemático. En enero, dos hombres enviaron a menores de edad a proteger dragas ilegales ante una inminente intervención policial. Ambos —confirmó a OjoPúblico la unidad de gestión educativa local— eran docentes que, en ese momento, se encontraban suspendidos.

CASOS. Desde 2019 se han registrado 307 denuncias de abuso sexual contra docentes en Condorcanqui.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

Rosemary Pioc Tenazoa, una de las principales lideresas awajún que ha denunciado la violencia contra las niñas en la zona, explica que también conoce otros casos de docentes suspendidos por violencia sexual que se han involucrado en la actividad ilícita. “Hay docentes que se aventuran a la minería ilegal porque ellos tienen más contacto con la población y con las autoridades comunales”, dice.

Fuentes fiscales señalaron a nuestro equipo que los hombres de la zona sentenciados por violencia sexual rara vez son detenidos, pues la Policía no ingresa a las comunidades a lo largo del río. Aunque se emita una sentencia, eso no asegura que el agresor cumpla una pena de cárcel. 

A esta situación se suma la lentitud de los procesos. Un año después de que Wilmer Nunkat denunciara la agresión contra su hija, el caso sigue estancado en la etapa de investigación preliminar.

Profesores agresores

Mientras que la Unidad de Gestión Educativa Local registra 307 procesos sancionadores contra docentes desde el año 2019, hay otra cifra que confirma la magnitud de la violencia en esta parte de la amazonía peruana.

Desde abril de este año, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiares en Condorcanqui —una instancia encargada de investigar y procesar casos de violencia familiar en la zona— atiende 373 denuncias de violencia sexual, según información oficial a la que accedió este medio. La mayoría de estos casos corresponden a profesores.

Las indagaciones se centran en los presuntos delitos de acoso sexual (109), violación sexual contra menores (77) y violación sexual (68) y actos sin consentimiento (43), entre otros.

“Río Santiago es total impunidad. Igual en El Cenepa. Como es distante y disperso, es bien complejo. Se requiere de mucha intervención de las autoridades", dice Rosemary Pioc Tenazoa.

Un tema que denuncian los líderes locales es la lentitud de los procesos penales para sentenciar a los agresores. El 23 de noviembre de 2021, por ejemplo, se presentó una denuncia contra el director de una escuela en la comunidad de Dos de Mayo, en el distrito de Río Santiago, por la presunta violación a una estudiante de 15 años. Tres años después, el caso seguía como “atención en proceso”.

De acuerdo a cifras de la Dirección Regional de Educación en Amazonas, entre 2019 y 2025, se presentaron 130 denuncias solo en Río Santiago. Sin embargo —similar a la tendencia reportada en la provincia de Condorcanqui— los procesos disciplinarios han ido en ascenso desde 2021. 

CARENCIAS. En Yutupis, del distrito Río Santiago, no hay comisaría. La sede fiscal tiene condiciones precarias.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

En ese contexto, un informe interno de la Fiscalía señala que en la localidad de Yutupis, en el distrito de Río Santiago, no se cuenta con instalaciones destinadas a la Cámara Gesell (sala de entrevista para garantizar la protección de la víctima). En las comunidades indígenas ubicadas a lo largo del río Santiago tampoco hay instalaciones de la Policía Nacional.

Alertas en Condorcanqui

En 2022, dos docentes y un auxiliar de una escuela primaria en la comunidad indígena de Kusu Kubaim, en el distrito de El Cenepa, también en Condorcanqui, fueron denunciados por violencia sexual contra un menor de siete años. Dos años después del hecho, la denuncia penal seguía “en proceso”.

“Muchos docentes no son de la zona, sino de otras regiones. También se han generado sistemas un poco perversos de ‘reparación’, no centrados en la víctima (...) Hablamos de zonas dispersas, no tan accesibles. Estos relatos configuran un reflejo de la ausencia del Estado o la presencia de un Estado precario”, dice Patricia Andrade Pacora, exviceministra de Educación. 

IMPACTO. Las niñas indígenas enfrentan amenazas a su integridad sexual, embarazos precoces y contagios de enfermedades.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

La Fiscalía Provincial Penal de Condorcanqui investiga 40 casos provenientes de la Unidad de Gestión Educativa local, iniciados entre 2024 y abril de 2025. En los mismos se señala como presuntos agresores a personal docente y administrativo de la región.

A junio último, si se sumaban los casos de la Fiscalía Penal (5) con la nueva Fiscalía Especializada (99), había, al menos, 104 procesos en Condorcanqui por presunta violencia sexual contra menores. 

La impunidad y la lentitud

El 7 de agosto de 2024, la UGEL de Condorcanqui remitió las copias del proceso administrativo por el caso de Diana a la Fiscalía. Tres meses después de la denuncia inicial del padre, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por el presunto delito de violación sexual contra la menor de edad.

VÍCTIMAS. Los niños y niñas son una de las principales víctimas de la violencia sexual en regiones amazónicas. También, de contagios de VIH.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

Wilmer Nunkat recibió dos citaciones para declarar en Santa María de Nieva (capital de Condorcanqui), a cinco horas en bote de su casa. No pudo asistir debido al alto costo del viaje: alrededor de 160 soles. “Como no tengo dinero, no tengo para irme de acá hasta Nieva. No pude ir”, cuenta en su vivienda, en Río Santiago.

Sobre este caso, la UGEL de Condorcanqui señaló a OjoPúblico, que el docente tiene una “sanción de destitución”. Sin embargo, no precisó desde cuándo está en esa condición.

El 16 de abril de 2025, el caso fue derivado a la Fiscalía Provincial Especializada, nueve meses después de que se denunciara el hecho.

REALIDAD. La ausencia del Estado expone a los escolares indígenas a amenazas en sus mismas escuelas, sin garantizar de manera adecuada el derecho a la educación.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

La abogada Lucía Núñez Moreyra, quien asesora a familiares y víctimas de violencia sexual de la zona, cuenta que, antes de la creación de la nueva fiscalía, pasaban varios meses sin que se programen las audiencias. La demora se debía —según explica— a la falta de fiscales e intérpretes que puedan comunicarse con las familias de los pueblos awajún y wampis.

En palabras de la abogada, estas demoras prolongadas tienen consecuencias directas: muchas víctimas optan por no denunciar, lo que provoca la impunidad de los agresores. “Si yo, como agredida, voy a llegar a la justicia, voy a demorar muchos años, voy a gastar dinero, me van a preguntar muchas cosas, voy a tener un problema con la familia del agresor. Entonces, prefiero quedarme en la comunidad”.

En Condorcanqui, las instituciones encargadas de proteger a las víctimas muestran graves debilidades. Un informe de la Contraloría, de julio de 2024, también alerta la falta de seguimiento y evaluación en casos de violencia sexual contra menores en situación de riesgo moderado y severo por parte del Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la provincia.

*Los nombres y apellidos de la víctima y del padre han sido modificados para resguardar su identidad.

En el inicio de esta investigación participó Jonathan Hurtado