Efectivos investigados por tráfico ilícito de drogas trabajan en dependencias policiales

Entre 2020 y 2025, al menos, 120 policías han sido investigados por presunto tráfico ilícito de drogas por las fiscalías especializadas. Entre ellos figuran agentes señalados por armar intervenciones falsas para robar cocaína o pasta básica, filtrar información sobre operativos e integrar organizaciones que traficaban al extranjero.

Ahora, OjoPúblico detectó que seis de ellos se mantenían en actividad e integraban dependencias policiales, como comisarías, por lo menos hasta el 23 de junio pasado, según registros oficiales.  

Los hechos en los que estuvieron involucrados estos seis policías ocurrieron en Lima, Ayacucho y Junín. Entre ellos hay casos de “arranche” —simulación de falsos operativos para apoderarse de droga—, así como otras situaciones en las que los agentes intentaron aprovechar su condición para evitar intervenciones u operar durante sus vacaciones.  

Al menos, cuatro de ellos fueron investigados, en paralelo, por la vía administrativa, y llegaron al Tribunal de Disciplina Policial, última instancia de ese ámbito, entre enero de 2019 y diciembre de 2024. Sin embargo, una vez allí, los casos se retrotrajeron a la etapa de investigación o se anularon medidas preventivas. 

Hasta el 26 de julio pasado, ninguno de los seis policías formaba parte de la relación oficial de efectivos en retiro a la que accedió este medio. 

Tres de los seis policías fueron detenidos en flagrancia, según una resolución del tribunal policial".

Abogados especializados en el ámbito policial consideran que, en casos de efectivos investigados por delitos graves, la institución debe aplicar medidas preventivas que suspendan su actividad regular en dependencias policiales, hasta que concluyan las investigaciones. 

La Ley que regula el régimen disciplinario de la Policía plantea dos condiciones para suspender, de modo temporal, a los agentes involucrados en casos muy graves que contemplan el pase al retiro como sanción. La primera, una detención policial en flagrante delito o por reincidencia y, la segunda, elementos de juicio suficientes que hagan prever la comisión de la infracción y el riesgo de afectar la obtención de medios probatorios en la investigación administrativa.

En flagrancia

Tres de los seis policías identificados por OjoPúblico fueron detenidos en flagrancia, según una resolución del tribunal policial. Para ellos, la primera instancia administrativa aplicó la suspensión temporal y, luego, planteó el pase al retiro por tratarse de una infracción muy grave.

En el ámbito fiscal, en tanto, el proceso está en curso, como ocurre con otros dos efectivos. Respecto al último policía, el Poder Judicial emitió una sentencia condenatoria por tráfico ilícito de drogas, el 17 de julio pasado.

Uno de los casos reconstruidos por OjoPúblico data de 2021. El 22 de marzo de ese año, cuatro policías fueron intervenidos en el distrito de Oyolo, en la provincia de Páucar del Sara Sara, en la región Ayacucho. 

AYACUCHO. El Tribunal de Disciplina señaló que los efectivos fueron intervenidos "en flagrancia". Pero, luego, retrotrajo el caso a la etapa de investigación.

Captura: Resolución del Tribunal de Disciplina Policial

Según reportes de la Fiscalía, los efectivos trataban de sacar del barro a una camioneta donde se transportaban más de 30 kilos de pasta básica de cocaína desde Ica hasta Arequipa. También se hallaron armas de fuego sin la autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), con las que resguardaban la unidad.

El hecho fue documentado, asimismo, por el Tribunal de Disciplina Policial. Una resolución refiere que, ese mismo 22 de marzo, la comisaría ayacuchana de Pacapausa recibió la alerta de que cinco personas con armas de fuego habían asaltado todas la tiendas de los anexos de Quillcaccasa, Huanaccmarca, Pallancata y, luego, se dieron a la fuga. Tras ello, se activó el plan cerco y se detuvo a los cuatro policías y a un civil, que los acompañaba.

El documento policial añade que la intervención ocurrió en “flagrancia delictiva” e identifica a cinco personas vestidas con traje de policías, de las cuales cuatro eran agentes. Entre ellos estaban los suboficiales de tercera Alexis Vladimir Muñante Rodríguez, Víctor Raúl Díaz Larico y Diego Armando Arones Tuesta: los tres se encontraban en actividad hasta, por lo menos, el 23 de junio último. Es decir, cuatro años después del hecho.

IMPUTACIÓN. El distrito fiscal de Ayacucho informó que cuatro efectivos fueron intervenidos con más de 30 kilos de droga, en marzo de 2022.

Foto: Facebook de distrito fiscal de Ayacucho

Según los registros oficiales de la Policía de junio pasado, Muñante Rodríguez pertenece a la comisaría San Andrés B de Pisco, en Ica. Díaz Larico forma parte de la comisaría Central A, de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus), en Tacna. Arones Tuesta, por último, registra como dependencia la comisaría rural Tupac Amaru C, también en Pisco (Ica).

El pasado 31 de julio, este medio se comunicó con la comisaría Central A, de Tacna, donde manifestaron que Díaz Larico trabaja en dicha dependencia, pero que, en ese momento, no se encontraba en el lugar. 

En la comisaría rural Tupac Amaru C, mientras tanto, señalaron que Arones Tuesta estaba en situación de “disponibilidad” desde hacía una semana. Esta última es una condición transitoria en la que el personal se encuentra fuera de servicio como medida disciplinaria, sentencia judicial condenatoria o enfermedad, entre otras causales.

Entre 2020 y 2025, al menos, 120 policías han sido investigados por presunto tráfico de drogas, reveló OjoPúblico".

En el ámbito fiscal, el caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada de Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga, en Ayacucho. Y, al menos hasta julio, figuraba como “en audiencia”, según reportes oficiales.

En 2021, dos semanas después de la intervención, el Poder Judicial dispuso prisión preventiva por nueve meses para los tres policías, un agente más que pasó al retiro poco después y el civil involucrado. Durante la detención, el efectivo dado de baja reconoció que llevaba una carga ilícita, según una resolución policial a la que accedió OjoPúblico.

En el ámbito administrativo, en paralelo, la Inspectoría aplicó, en primera instancia, la suspensión temporal del servicio de los cuatro policías como medida preventiva y, luego, el pase al retiro por tratarse de una infracción muy grave.

Sin embargo, Muñante Rodríguez, Arones Tuesta y Díaz Larico apelaron la decisión. Entonces, en julio de 2022, el Tribunal de Disciplina Policial —la última instancia administrativa— anuló la resolución que establecía el retiro y ordenó retrotraer el caso hasta la etapa de investigación.

Entre otros argumentos, el tribunal policial refirió que el efectivo que reconoció haber llevado una carga ilícita había dicho que sus coinvestigados desconocían el contenido que transportaban, lo mismo que manifestaron los agentes. 

Esto difiere de lo indicado por la Fiscalía un año antes: en una publicación preliminar sobre el hecho, el Ministerio Público señaló que los cuatros intervenidos en Ayacucho, al tener la condición de efectivos policiales en actividad, “aprovecharon de su cargo para pasar sin ningún problema por los controles policiales, pues al momento de ser intervenidos se encontraban portando prendas e instrumentos de su institución, pese a estar de vacaciones”.

No es algo aislado. En otros procesos judiciales también se menciona a efectivos que se valían de su condición para no ser intervenidos por sus colegas. 

Para el abogado y exministro del Interior Rubén Vargas Céspedes, una vez recibida la información de policías involucrados en delitos comunes graves, la institución debería pasarlos a “disponibilidad” y sacarlos del servicio activo. Es decir, ubicarlos en un nivel intermedio, donde se los suspenda, dejen de usar el uniforme policial y se desvinculen de sus actividades, hasta que se dicte una sentencia.

“Hay un derecho constitucional que es la presunción de inocencia, sin duda. Sin embargo, por la naturaleza de algunos funcionarios públicos, corresponde tomar medidas preventivas que garanticen la investigación y protejan a la sociedad. No me imagino a un profesor acusado de agresión sexual que siga enseñando a su víctima; a un agente de la Dirección Antidrogas en actividad mientras se le investiga o procesa. ¿Dónde está la racionalidad de mantenerlo en su cargo, sabiendo que podría tener vínculos con estructuras criminales?”, dice. 

Stefano Miranda Champac, abogado experto en derecho policial, sostuvo que no es viable que efectivos con presuntas infracciones muy graves e investigaciones fiscales trabajen de manera normal. Una vez conocido el caso, explicó, la Inspectoría debe iniciar el procedimiento y suspenderlo de manera temporal. Esta última es una medida preventiva, al igual que el cese temporal del empleo y la separación temporal del cargo. 

Lima Norte

Uno de los casos documentados por este medio se originó hace cinco años. En octubre de 2020, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó 18 meses de prisión preventiva contra 16 policías de las comisarías de Sol de Oro (Los Olivos), el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Jesús María-Lince y de San Martín de Porres, por presunto tráfico ilícito de drogas y otros delitos. 

Semanas antes, el 28 de agosto de 2020, dos efectivos habían realizado una supuesta intervención policial a un ciudadano que tenía cuatro kilos de cocaína, en San Martín de Porres. A raíz de eso, en sede fiscal, el detenido dijo que varios miembros de la Policía realizaban actividades ilícitas, como la coordinación para “arranche” de droga y venta de la misma.

Entre los efectivos involucrados estaba el capitán PNP Francisco José Palomino Carrera, de la Comisaría de Sol de Oro, quien también fue señalado por presunto delito de encubrimiento real y encubrimiento personal, en agravio del Estado.

Además, aparece el suboficial de tercera Carlos Alexander Peña Ortiz, quien, según el Poder Judicial, también era investigado por presunta conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. Este medio se comunicó con Peña Ortiz, pero el agente evitó dar declaraciones públicas.

CASO COMPLEJO. En octubre de 2020, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra 16 efectivos de diversas dependencias de Lima.

Foto: Poder Judicial

Un policía puede ser procesado en el ámbito disciplinario o administrativo y, a la vez, en el penal por un mismo hecho. A estos dos caminos se suma el fuero militar policial, donde se discuten los delitos de función, no los comunes.

“A veces, se generan investigaciones administrativas en la línea de pretender buscar impunidad para decir que ellos [la Policía] han hecho una investigación y no han encontrado ninguna responsabilidad. Esa ‘investigación’ suelen utilizarla como argumento de defensa en fueros civiles o penales, en muchos casos, de manera exitosa”, cuenta Vargas Céspedes.

El caso de Lima Norte también fue investigado en el ámbito administrativo. En setiembre de 2020, la Oficina de Disciplina dispuso, en primera instancia, iniciar un procedimiento administrativo sumario a 14 policías —entre ellos Palomino Carrera, pero no Peña Ortiz— por “ejercer actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de funciones”, según una resolución del Tribunal de Disciplina Policial. La sanción propuesta era el pase al retiro.

En ese marco, se dispuso, como medida preventiva, el cese temporal de los efectivos. Sin embargo, siete meses después, el Tribunal de Disciplina Policial declaró nula dicha medida. 

Hasta el 26 de julio, ninguno de los seis policías formaba parte de la relación de efectivos en retiro a la que accedió este medio".

Entre otras cosas, sostuvo que la detención preliminar de los efectivos fue emitida por otro órgano jurisdiccional —un juzgado que no es mencionado en el proceso administrativo, aunque el hecho investigado era el mismo—. En el ámbito fiscal, en tanto, hasta finales de julio de 2025, el caso se encontraba en audiencia de apelación.

Así, al menos hasta el 23 de junio pasado, Palomino Carrera se desempeñaba en la Unidad de Seguridad de Instalaciones de la Dirección de Recursos Humanos PNP, según un registro oficial de la Policía. 

OjoPúblico detectó que, al igual que Palomino Carrera, Carlos Peña forma parte de la Unidad de la Policía Montada Comandante PNP Horacio Patiño Cruzatti (Tacalá), en la región policial Lima.

Policía sentenciado

Un caso adicional corresponde a Junín. En junio de 2022, como parte del allanamiento a una vivienda, se hallaron dos paquetes de cannabis sativa marihuana y un sobre manila que, en su interior, tenía alcaloide de cocaína, en la habitación del efectivo Marco Antonio Rojas Galarza, en el distrito de Huayucachi, Huancayo, según la acusación del Ministerio Público. 

Tres meses después, se informó públicamente que el efectivo, junto con otros colegas, estaba involucrado en una investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la organización criminal denominada “Los terribles de la corrupción y del narcotráfico”.

Desde 2018, esta banda estaba constituida por policías de la comisaría de Huayucachi, además de civiles y un exfiscal antidrogas, según información del Ministerio Público. “Se dedicaban al ‘arranche’ de droga de narcotraficantes para poder, luego de ello, vender la droga y verse beneficiados con el resultado del dinero que se obtenía”, declaró, en junio de 2022, Veruska López Aragón, fiscal anticorrupción que investigaba el caso. 

JUNÍN. En 2022, la Fiscalía dispuso intervenciones y el allanamiento de viviendas a policías acusados de pertenecer a una organización criminal.

Foto: Ministerio Público

Cuando se realizó la intervención y el allanamiento de viviendas —precisó López Aragón— varios implicados fugaron de la zona “en complicidad de sus superiores”. Algunos habían pedido licencia de sus trabajos. “Se han escapado, los están encubriendo algunos de sus superiores, dándoles permisos falsos para que vayan de comisión a otros lugares, cuando eso no es verídico. La finalidad es sustraerlos de la acción de la justicia”, añadió.

Tras el allanamiento a su vivienda, Rojas Galarza fue investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En noviembre de 2024, el Juzgado Penal Colegiado de la provincia de Huancayo le impuso 16 años de cárcel. Además, dispuso su inhabilitación por 10 años para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Sin embargo, el policía apeló el fallo. 

Hace apenas unas semanas, la Corte Superior de justicia de Junín confirmó la sentencia de 16 años de pena privativa contra el efectivo".

Siete meses después de esa primera sentencia, figuraba en actividad, en la sección de orden y seguridad de la Comisaría Rural de Chupaca A, en Junín. 

Hace apenas unas semanas —el pasado 17 de julio—, la Corte Superior de Justicia de Junín emitió una nueva sentencia en la que declaró infundada la apelación y confirmó la sentencia de 16 años de pena privativa de la libertad contra el efectivo. El fallo mencionó, incluso, que el acusado era un efectivo “en actividad”. Y, en ese contexto, ordenó su ubicación y captura.

OjoPúblico se comunicó con la comisaría de Chupaca. Al preguntar por el policía, señalaron que no podían brindar información del “personal policial que labora en la comisaría”. 

Este medio también envió un cuestionario a la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la Policía para conocer más detalles sobre los casos mencionados y, además, pidió comunicarse con los efectivos para trasladarles consultas adicionales. Apenas unas horas después, respondieron que ninguna de las solicitudes podía ser atendida.