AMENAZA. La minería ilegal se ha expandido sin control en San Ignacio, una provincia clave para la caficultura nacional.
Cuando, a fines del mes de agosto, un equipo de OjoPúblico llegó al caserío de Leoncio Prado, en la provincia cajamarquina de San Ignacio, para documentar el avance de la minería ilegal en la zona, había 15 máquinas retroexcavadoras que abrían pozas en el cauce del río Chinchipe en busca de oro.
El 9 de octubre, ya sumaban 23 máquinas en funcionamiento solo en dicho caserío, habitado por apenas 20 personas, según reportes de ciudadanos que observan con desesperación cómo, en los últimos dos años, diversos tramos del Chinchipe y de ríos secundarios —como el Namballe y el Canchis— han sido devastados por la extracción frenética del oro en San Ignacio.
Desde la pandemia, aunque con especial énfasis desde 2023, la minería ilegal se ha expandido sin control en San Ignacio, una provincia clave para la caficultura nacional.
Detrás de San Martín y Junín, Cajamarca es la tercera región con mayor producción de café a nivel nacional. De las 665.857 toneladas producidas entre 2016 y lo que va del 2025, más del 60% procede de San Ignacio, según datos analizados por OjoPúblico.
San Ignacio no es un territorio cualquiera: es el corazón cafetalero de una región, el sustento de miles de familias y de las exportaciones que posicionan al Perú como un país productor de café de calidad ante el mundo.
Cajamarca es la tercera región con mayor producción de café a nivel nacional.
De allí provienen dos de los mejores caficultores del país: Miguel Padilla y Blanca Flor Córdova, ganadores del concurso Taza de Excelencia en 2024 y 2022 —la franquicia norteamericana que premia a los mejores cafés en países productores cada año—. Sin embargo, la minería ilegal ha logrado poner en jaque a esta industria.
La pugna por mano de obra
Durante la temporada de cosecha, cuando cada mano cuenta para retirar los cerezos de café de las plantas, muchas personas optan por irse a los campamentos mineros ilegales. Los caficultores no pueden competir: mientras en el campo se pagan S/50 por una jornada completa, en la minería basta un par de horas para obtener S/300 como mínimo.
Representantes de cooperativas lo confirman: la falta de mano de obra ya se hace sentir, y los jóvenes —que antes optaban por convertirse en caficultores o se formaban como baristas y catadores para profesionalizar la cadena productiva del café de la región— ahora son absorbidos por una economía ilícita que ofrece rápidos ingresos, pero ninguna garantía en torno a su seguridad. En estas zonas, se ha reportado la desaparición de 12 personas a causa de deslizamientos o accidentes con maquinaria pesada.
CUNA DEL CAFÉ. De las 665.857 toneladas de café producidas entre 2016 y lo que va del 2025 en Cajamarca, más del 60% procede de San Ignacio.
Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo
David Gonzales, economista experto en proyectos de café y cacao, resalta que es dramático que no se pueda cosechar por falta de mano de obra, ya que las economías ilícitas hoy compiten con las actividades productivas formales por los trabajadores.
Se trata de un conflicto con raíces en temas estructurales no abordados como la renovación generacional en la agricultura. A esto debe añadirse los costos ocultos que las economías ilícitas generan al Estado en materia de seguridad y en la vida de quienes trabajan en la cadena productiva del café.
Ahora, subraya Gonzales, las personas involucradas en el sector café están transitando de pensar con una lógica de conservación —de no deforestar, de no impactar el medio ambiente, de proteger el bosque— hacia otra donde deben ser conscientes de que las actividades ilícitas pueden tener como costo la vida humana de quienes se oponen a ellas.
Ya se han reportado agresiones físicas y denuncias contra ronderos y autoridades que rechazan la minería en su territorio, sea legal o ilegal. Una sociedad empieza a fracturarse irremediablemente, como sus ríos.
El precio del oro
Ante la falta de trabajadores, el riesgo latente es que los caficultores terminen abandonando sus cultivos. Por ahora, el alto precio internacional del café convencional —que en San Ignacio ha llegado, en promedio, a S/1.300 por quintal de café en pergamino (55,2 kilos)— ha evitado una migración masiva. Pero si el precio del grano cae, muchos no dudarán en cambiar la sombra de los cafetales por el brillo del oro.
A ello se suma un hecho aún más preocupante: la falta de control estatal. En los últimos años, se ha producido un aumento descontrolado de concesiones mineras. OjoPúblico registró 139 concesiones mineras solo en San Ignacio, de las cuales 30 se superponen al río Chinchipe.
En nombre de la formalización, se han multiplicado las concesiones sin garantizar el cumplimiento de normas ambientales en una provincia que sostiene la industria cafetalera de la región, advierte Gonzales.
Hay 139 concesiones mineras solo en San Ignacio, de las cuales 30 se superponen al río Chinchipe.
Desde el lunes 6 de octubre, en la región Cajamarca se acata un paro indefinido convocado por la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca en rechazo a la demora en la ejecución de obras viales y aeroportuarias, así como por la falta de acción del gobierno central frente a la minería ilegal. Pese a las protestas, la actividad de los mineros ilegales no ha cesado en la zona.
Mientras tanto, el precio del oro sigue aumentando y ese incentivo es el que alimenta el auge de la minería —legal e ilegal— en todo el país. El 7 de octubre, el metal superó los USD 4.000 por onza, un aumento de más del 50% desde enero.
En los campamentos mineros del Chinchipe, la extracción, el lavado y el quemado del oro se realizan en un mismo lugar. Luego, los compradores llegan directamente para trasladarlo a Ecuador. Es un circuito cerrado de ilegalidad que las autoridades de ambos lados de la frontera parecen no estar dispuestas a interrumpir.
El riesgo de perder certificaciones
Frente a la inacción de las autoridades con competencia en la lucha contra la minería ilegal, las consecuencias que pagará el café de San Ignacio son amplias. Los productores temen perder sus certificaciones orgánicas y de Comercio Justo —que reconocen las buenas prácticas agrícolas y garantizan mejores precios— frente a la explotación minera en su territorio.
Aunque las principales áreas de cultivo de café se ubican lejos del río —ya que este grano se produce a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar—, la contaminación ya ha comenzado a afectar otros cultivos como el cacao y el arroz, además de la ganadería y la vida cotidiana de las comunidades que antes podían bañarse y pescar en sus ríos.
En caseríos como Leoncio Prado, las pequeñas fincas cafetaleras ya conviven con campamentos mineros ilegales. Por ello, las cooperativas consultadas para este artículo demandan estudios urgentes sobre la calidad del agua y la tierra, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
RESISTENCIA. Los ronderos de Cajamarca han convocado a un paro regional indefinido en defensa del café de San Ignacio y otras demandas de la región.
Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo
A largo plazo, explican expertos consultados, el mayor riesgo del avance de la minería ilegal es que todo en torno al café de San Ignacio se vuelva difícil de verificar, una condición que las normas internacionales —como las de la Unión Europea contra la deforestación— exigen con rigor.
La tenencia de tierras y los procesos de titulación también serán cuestionados, ya que junto a los cafetales surgen concesiones mineras al borde de los ríos que contaminan el entorno y ponen en duda cualquier intento de ordenamiento territorial.
El mayor riesgo del avance de la minería ilegal es que todo en torno al café de San Ignacio se vuelva poco verificable.
A ello se suma la preocupación sobre cómo reaccionarán los compradores internacionales de cafés especiales frente a las noticias que asocian a San Ignacio con la minería ilegal.
En el mundo del café, una mancha ambiental puede borrar años de esfuerzo colectivo, como los que han llevado a esta provincia a declararse “provincia ecológica” desde el 5 de marzo de 1993. Ese año, un grupo de defensores de los bosques del Chaupe y Chinchiquill —condenados a 25 años de cárcel en 1992— fue liberado.
El desaliento de la inversión privada
El panorama en San Ignacio es especialmente delicado si se considera la inversión privada —nacional e internacional— realizada en el eje San Ignacio–Jaén a raíz del crecimiento agrícola, refiere el economista David Gonzales.
En los últimos años, varios molinos y plantas de procesamiento de café y cacao se han instalado en la zona, buscando consolidar un corredor de desarrollo sostenible, basado en la calidad y el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la expansión de la minería ilegal y del crimen organizado amenaza con deshacer ese esfuerzo.
La incertidumbre y la violencia criminal que acompañan a la extracción ilegal de oro podrían desalentar la inversión y poner en riesgo años de trabajo de cooperativas, productores y emprendedores locales.
Por eso resulta tan alarmante escuchar frases como la del exministro de Agricultura, Ángel Manero, quien durante la última convención minera Perumin 37 en Arequipa afirmó: “La minería tiene prioridad sobre el agua; la agricultura puede esperar”.
Esta declaración resume con crudeza la jerarquía de prioridades en el Perú, donde aún no se logra armonizar la minería con el agua, ni lo que algunos entienden por desarrollo con la protección del medio ambiente y de la agricultura, como si fueran conceptos opuestos e irreconciliables.
