En setiembre del año pasado, el Congreso aprobó una nueva Ley Agraria que redujo de 29,5% a 15% el impuesto a la renta que pagarán las agroexportadoras hasta 2035. Aunque la medida tuvo oposición del Consejo Fiscal y del Fondo Monetario Internacional (FMI) por implicar una pérdida de recaudación de alrededor de S/2.000 millones anuales, el Gobierno de José Jerí busca ampliar la lista de beneficiados.

Tres meses después de ese cambio, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) publicó un proyecto de decreto supremo con la lista de actividades que serían favorecidas. OjoPúblico advirtió, a fines del 2025, que la relación involucraba negocios alejados al sector agrario y, sobre todo, al objetivo de la ley: promover a los pequeños productores y a la agricultura familiar.

Nuevos documentos a los que accedimos revelan que la modificación costará más de S/300 millones anuales adicionales. Entre las compañías beneficiadas destacan Gloria, Laive, Nestlé Perú, San Fernando, Agro Industrial Paramonga, Casa Grande, Cartavio, Agroindustrial Laredo, Bodegas y Viñedos Tabernero, Caña Brava y Santiago Queirolo, entre otras empresas que pertenecen a grandes grupos económicos.

La propuesta avanza dentro del Midagri pese a haber recibido críticas de expertos y observaciones negativas de algunos sectores involucrados".

Estas compañías concentran más del 70% de las ventas anuales de sus respectivos mercados. En el sector lácteo, por ejemplo, al cierre de 2024 había 544 empresas, cuyas ventas ascendieron, en conjunto, a S/8.500 millones. Sin embargo, el 97% de ese monto se concentró en solo 18 de ellas.

La situación en el mercado de chocolates es similar: de 519 empresas solo 18 obtuvieron el 95% del total facturado, lo que equivale a alrededor de S/4.600 millones. El sector azucarero, en tanto, registró 26 empresas con ventas superiores a los S/3.000 millones, pero el 96% del monto se concentró en 12.

La propuesta ha sido criticada por algunos expertos y por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro). Sin embargo, la modificación ha avanzado dentro del Midagri. El argumento de la entidad es que, si no toman estas acciones, se “favorece la informalidad”. Hasta el 14 de enero de este año, la propuesta aún no tenía la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los privilegiados

La propuesta del Gobierno incluye actividades económicas relacionadas con la elaboración y conservación de carne, producción de lácteos y productos de molinería, elaboración de azúcar, cacao y chocolate, alimentos preelaborados para programas sociales, bebidas no alcohólicas, vinos y pisco, así como fibras textiles.

Entre las beneficiadas, OjoPúblico ha identificado al Grupo Gloria, dueña de Leche Gloria. Al cierre de 2024, esta compañía registró ganancias de S/246 millones y, de enero a setiembre de 2025, el monto rondaba los S/226 millones.

En el mercado de leche evaporadas, leches UTH y yogur industrializado, Gloria tiene una participación de más del 70%, de acuerdo a datos de la empresa citados por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Otras cinco compañías que pertenecen al mismo grupo económico también se beneficiarán con el recorte del impuesto a la renta y operan en el rubro del azúcar: Casa Grande, Cartavio, Agroindustrias San Jacinto, Agroaurora y Agrolmos.

El sector había sido excluido de la Ley Agraria vigente hasta el año pasado (Ley 31110) debido a que el Midagri y el MEF identificaron que se trata de un mercado concentrado: Casa Grande controlaba el 23% de la producción de azúcar en 2019. Al 2024 registró utilidades netas por S/73,4 millones.

En el sector también destacan Agroindustrial Laredo, del grupo colombiano Manuelita, y tres empresas del Grupo Romero —Agrícola del Chira, Sucroalcolera del Chira y Bioenergía del Chira—, que se encargan del negocio azucarero en Piura. Estas operan bajo la marca Caña Brava y un 80% de sus acciones fue vendida a la guatemalteca Ingenio Magdalena a mediados de 2025.

Agro Industrial Paramonga, de Edgardo Wong Lu Vega, también está entre las nuevas beneficiadas. Al cierre de 2024, esta compañía —parte del Grupo Paramonga, que tiene otros negocios relacionados a la pesca— facturó más de S/52 millones.

La incorporación de la industria láctea como una actividad que podrá contar con impuesto a la renta reducido también beneficia a Laive y Nestlé Perú. La primera tuvo ganancias por casi S/32 millones al cierre de 2024, y la segunda facturó más de 11.000 millones de euros a nivel global.

Nestlé Perú no solo maneja la marca láctea Ideal. Además, elabora productos de cacao y chocolate, por lo que esta línea de negocio también se vería favorecida. Entre sus marcas más conocidas se encuentran Milo, Nesquik, Sublime, Princesa y Triángulo.

Documentos a los que accedió OjoPúblico evidencian que la inclusión de actividades como la explotación de aves de corral y la producción de salchichas en la lista de empresas beneficiadas responde a pedidos de dos gremios: la Asociación Peruana de Avicultura (APA) y de la Asociación Peruana de Porcicultura (Asoporci).

El economista Armando Mendoza señala que la modificación distorsionará a la nueva Ley Agraria".

La primera tiene 16 compañías asociadas y su actual directorio está conformado por directivos de las compañías Redondos S.A., San Fernando S.A., La Calera S.A.C., Rico Pollo, El Rocío S.A., DM Avícola, Don Pollo, Chimu Agropecuaria y Técnica Avícola S.A. Asoporci, en tanto, representa a 14 empresas. En ambos casos se trata de compañías que operan a nivel industrial.

Las empresas dedicadas a la crianza de aves de corral y a la elaboración de cárnicos fueron excluidas de la lista de 2023 debido a que, cuando tuvieron este incentivo, un grupo muy reducido de ellas se beneficiaron con alrededor del 50% de la baja en el impuesto a la renta.

El documento señala, asimismo, que las empresas dedicadas a la elaboración de cárnicos o embutidos tienen altos niveles de incumplimiento tributario: alrededor de S/150 millones anuales.

En una línea similar, a fines de 2024 —durante la evaluación de la nueva Ley Agraria—, el MEF advirtió que la propuesta del Congreso incluía al sector vitivinícola y pisquero, aunque tienen un nivel de desarrollo “significativo” y alta concentración en el mercado.

La producción vitivinícola, por ejemplo, se expandió 6% entre 2019 y 2023: pasó de producir 15,1 millones de litros a 19,1 millones. Sus exportaciones crecieron a un ritmo similar, con una tasa de promedio de 7,4% en el mismo periodo.

El sector pisquero, por su parte, registró una tasa de crecimiento anual de 3%, entre 2017 y 2023: pasó de producir 6,2 millones de litros a 7,4 millones. A partir de los datos del sector, el MEF identificó que Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero serían las más beneficiadas.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS. La producción vinícola y pisquera crece en 6% y 3% al año, de manera respectiva. 

Foto: Mincetur

Tras esta alerta, el sector fue excluido de la nueva Ley Agraria aprobada por el Congreso. Sin embargo, el Midagri la ha reconsiderado. La propuesta de decreto de este último sector surge en un contexto en el que el Gobierno instaló el Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible. El espacio, creado en diciembre último, busca promover la eficiencia del gasto público y la ampliación de la base tributaria.

Al cierre de 2024, casi 1.500 empresas obtuvieron beneficios tributarios a través de la Ley Agraria vigente en ese momento. Solo ese año, la norma significó un costo de S/613 millones para el Estado, según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). La suma de otras actividades económicas y la tasa que se aplicará desde este 2026 podría reducir aún más los ingresos del Estado.

Eduardo Zegarra Méndez, economista especializado en el sector agrario, sostiene que el decreto supremo que está elaborando el Midagri refleja que detrás de la norma hay “intereses precisos”. “La Ley 32434 es clara en que es aplicable solo a empresas del sector agrario, que es un sector primario. Eso excluye a actividades manufactureras. Por lo tanto, la propuesta del Midagri no tiene cabida”, dijo.

No dan marcha atrás

El último 14 de enero, Franklin Suárez Gómez, director general de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Midagri, le envió un informe a Orlando Chirinos Trujillo, responsable del Viceministerio de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria, con la actualización del decreto supremo que determina las actividades agroindustriales de la Ley 32434.

El documento, que había sido solicitado por el viceministerio, reitera la misma lista publicada en diciembre y reconoce que, tras un periodo de consulta vigente hasta el 6 de enero último, el Midagri recibió comentarios de siete entidades privadas: Conveagro, el Comité de Destilados de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Perú Caña, la Asociación Peruana de Avicultura, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la Asociación de Exportadores (Adex) y la empresa Gloria.

Perú Caña y Gloria pidieron que el sector azucarero y lácteo sean retirados de la propuesta del Midagri".

Conveagro le señaló, por ejemplo, la ausencia de un análisis de costo beneficio del proyecto de decreto supremo. Las comunicaciones de dos de las beneficiadas también fueron llamativas: Perú Caña y Gloria pidieron que se retire de la norma al sector azucarero y lácteo, de manera respectiva.

Ninguno de esos pedidos fue considerado por el Midagri. El informe solo señala que las observaciones se encontraban “en proceso de evaluación técnica”.

Respecto a la exclusión de actividades económicas relacionadas al sector pecuario (embutidos, lácteos y textiles), el mismo informe argumentó que eso podría “favorecer la informalidad, genera pérdidas económicas y riesgos sanitarios”, sin aportar mayores detalles.

En el caso del azúcar, destacó que Perú ocupa el puesto 21 de los mayores productores del mundo. Añadieron que el sector se ha diversificado con la producción de etanol y, además, registra exportación de alcohol anhidro, que se usa como sustituto de la gasolina para vehículos, por lo que tiene un “alto potencial en el sector transporte”.

Para el chocolate, la sustentación se basó en que el país tiene un buen posicionamiento internacional, el fomento del consumo interno por ser saludable y, también, porque hay más productores de este insumo con valor agregado.

CACAO. La inclusión de esta actividad va en la línea con la promoción de la transformación productiva del sector, según el Midagri. 

Foto: Mincetur

La nueva Ley Agraria se impulsó bajo la lógica de que el sector agroexportador había pasado por crisis climáticas como el Niño Costero y el ciclón Yaku entre 2023 y 2024, además de que requería apoyo para ser más competitivo en el mercado global. Los sectores considerados en la propuesta del Midagri no muestran contextos de crisis.

Para el economista Armando Mendoza Nava, esta modificación representa una distorsión de la nueva Ley Agraria, pues las empresas que podrían beneficiarse cuentan con “mercados cautivos y márgenes de ganancias asegurados”.

Agrega que este planteamiento responde a un “efecto espejo”, pues al aprobar una norma de promoción para un sector, otros buscarán obtener el mismo beneficio. "Si a los agroindustriales les regalan 15% de impuesto a la renta, [otros se pueden preguntar] por qué yo no", señala.

OjoPúblico consultó a los gremios y empresas mencionadas en este informe sobre su inclusión entre los beneficiarios del impuesto a la renta reducido. Asoporci, gremio que agrupa al 75% de la producción de carne de cerdo del país y cerca de 600.000 productores, dijo que su solicitud al Midagri tuvo como objetivo darle “un valor agregado al productor” de marinados y embutidos cuando utilicen carne nacional.

Perú Caña, en cambio, aseguró que no han recibido una “explicación oficial” sobre la incorporación de la actividad azucarera en el anexo de Midagri, y que no están de acuerdo con la medida. “Consideramos que no resulta coherente con el objeto y la finalidad de la ley”, dijeron.

Leche Gloria indicó que no brindaría declaraciones. El Midagri, aunque fue consultado sobre el informe de costo beneficio de la norma y la opinión técnica del MEF, no contestó. Lo mismo ocurrió con la cartera de Economía.