El 27 de octubre de 2024, Paul López Estabridis celebró sus 52 años y reveló uno de sus deseos: empezar los preparativos para el quinceañero de su hija.

Esa tarde, en su departamento en el Callao, el chofer de la empresa de transportes Aquarius pensaba en la fiesta que organizaría en 2026 para su hija menor: la adolescente a la que acompañaba a las clases de vóley, y a la que observaba dormir, cada madrugada, antes de salir a trabajar en un bus de la línea “S”.

Era una promesa que no podría cumplir.

Seis meses después, dos delincuentes, a bordo de una moto, lo asesinaron en la avenida Canta Callao, en San Martín de Porres. “Paul murió y ahí quedó. Se ha vuelto una estadística. No tiene nombre, no tiene familia, no tiene hijos”, dice a OjoPúblico un familiar directo de la víctima, cuya identidad se mantendrá en reserva por seguridad. 

Las extorsiones y ataques a los transportistas no cesan, aseguran seis dirigentes y empresarios entrevistados por este medio, pese a los estados de emergencia decretados por los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí. Entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, hubo 121 atentados contra empresas de transporte público, que dejaron 165 víctimas en Lima Metropolitana y Callao.

De los 165 afectados, el 66% fueron choferes: 69 fallecidos y 40 heridos. Otras 39 víctimas fueron pasajeros, ocho cobradores y nueve tuvieron roles distintos, como jaladores —quienes buscan atraer clientes a los buses—, vendedores, acompañantes, gerentes, mecánicos y transeúntes, según estadísticas del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público a las que accedió OjoPúblico. 

En Perú, los motores y las vidas de los transportistas se apagan a golpe de balas. Y en los hogares quedan las esposas, los padres, los hermanos y los hijos en situación de vulnerabilidad: al menos, 40 niños, niñas y adolescentes —muchos de ellos hermanos— se encuentran en orfandad por actos de extorsión en el sector transporte. 

Estos menores identificados son familiares de 22 choferes asesinados: dos de las víctimas tenían hasta cuatro hijos menores, de acuerdo a información del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) obtenida por este medio. 

Sin embargo, la cifra puede ser más alta, si se toma en cuenta que los reportes de Fiscalía y de los gremios de transportistas triplican los casos de choferes fallecidos considerados por el Inabif. 

De las 165 víctimas, la mayoría son choferes (109). Otras 39 fueron pasajeros, ocho cobradores y nueve tuvieron roles distintos, como jaladores y vendedores".

Consultada por OjoPúblico, Olga Ramos Huamán, directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento de la entidad, dijo que el Inabif identificó a 47 conductores fallecidos, pero solo 22 tenían hijos. No descartó la posibilidad de que exista un subregistro de niños en orfandad por estos atentados.

“En la última mesa de trabajo, yo les he brindado información y ellos [el gremio de transportistas] me han dicho que me van a alcanzar una relación adicional, si es que hubiera, porque Sinadef [el Sistema de Información de Defunciones] ha entregado un listado de personas que han fallecido de manera violenta, pero no específicamente la relacionada con los transportistas”, detalló.

Son decenas de niños huérfanos, víctimas colaterales de la creciente criminalidad en el Perú: solo entre enero y octubre pasado, hubo 24.799 denuncias por extorsión, cifra que supera lo registrado en los últimos tres años por el Ministerio Público. Los homicidios de este 2025 (2.104), mientras tanto, alcanzaron su pico histórico desde 2017, según el Sinadef.

La silla vacía

Cuando se intensificaron las extorsiones contra la empresa Aquarius, Paul López Estabridis —nacido en Jauja (Junín), padre de dos mujeres y el segundo de cuatro hermanos— decidió alejarse de la compañía de transportes en la que trabajaba desde hacía dos años. “Cómo me voy a arriesgar si tengo a mi familia”, le dijo a uno de sus parientes.

Sin embargo, relatan los deudos, los dueños le avisaron que ya habían llegado a un acuerdo con los extorsionadores. Entonces, Paul, un chofer con más de 20 años de experiencia, volvió a manejar su bus gris y rojo el domingo, el lunes, el martes. El miércoles 2 de abril lo asesinaron en San Martín de Porres, en pleno estado de emergencia. 

FAMILIA. Paul López Estabridis tenía dos hijas: una de 14 años y otra de más de 30. El conductor fue atacado mientras trabajaba en un bus.

Foto: Archivo de familia López Estabridis

Su hija adolescente estuvo en su velorio y en el sepelio. Faltó varios días al colegio. Dejó las prácticas de vóley. “Todos los sábados, Paul se levantaba temprano y la llevaba a nadar. Almorzaban. Luego, iban al vóley. Los domingos salían a pasear, a comer con toda la familia. Todo eso se ha acabado”, relata uno de los deudos. 

Dice que han desaparecido. Que los familiares no existen para las autoridades. En los últimos ocho meses —sostiene— la atención del Estado ha sido deficiente: la Policía dejó de comunicarse y la madre e hija de Paul no han recibido atención oportuna, pese a que, en octubre, la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, anunció que los hijos e hijas de los transportistas víctimas de extorsión recibirían asistencia emocional, psicológica y económica. 

La última de ellas hace referencia a una pensión mensual de S/200, administrada por el Inabif. El monto es depositado cada dos meses a la madre o al familiar más cercano, hasta que el beneficiario cumpla 18 años o, incluso, hasta los 25, si continúa sus estudios, en el marco de la Ley 31405. 

Esta medida, que también se aplica a los niños huérfanos por la pandemia de covid-19 o por la muerte de defensores ambientales, tiene como uno de sus requisitos que el beneficiario se encuentre en condición de pobreza o pobreza extrema.

En el caso de Paul López Estabridis, fallecido en abril, Inabif dijo que la subvención se aplicó desde octubre.

La hija de Paul forma parte de los 40 menores en orfandad identificados por el Inabif. Más de la mitad (25) son mujeres. Los menores residen en 18 distritos de Lima Metropolitana y Callao, y solo uno proviene de otra área: El Porvenir, en la provincia de Trujillo, La Libertad.

En el registro de la institución figuran bebés con apenas meses de nacidos hasta adolescentes de 16 años. El mayor grupo tiene 10 años, aunque la diferencia no es amplia frente a los de 13, 14 o 16. 

Entre las víctimas con hijos menores —reportados de manera pública— está Daniel Guillermo Suárez, chofer y aspirante a futbolista profesional de 25 años, asesinado cuando manejaba una combi en la avenida Venezuela, entre Callao y San Miguel, en abril de 2025. Por esos días, su hija, de apenas dos años, vio su rostro en la televisión. 

“Mamá, mi papi, mi papi [dijo] con una ilusión. Pero ella no sabe que su padre está muerto. ¿Cómo le voy a explicar?”, contó a los medios su viuda.

El crimen de Daniel Guillermo Suárez tuvo un patrón similar al de Paul López Estabridis: las amenazas llegan a los dueños de las empresas, quienes, ante la inacción de las autoridades y el miedo, hacen supuestos acuerdos con los delincuentes. Sin embargo, cuando se quiebran los tratos o vuelven las extorsiones, los conductores no son informados. Daniel, por ejemplo, dejó de trabajar unos días y regresó cuando creyó que el riesgo había sido controlado. 

En abril, también asesinaron a otro conductor: Loymer Noé Benigno Poma, de la Empresa de Transporte Urbano Los Chinos (Etuchisa), en Los Olivos. Su hija, de 16 años, marchó, junto a su madre y cientos de manifestantes, el 10 de abril de 2025 hasta llegar a los exteriores del Congreso. 

“Quiere apoyar, quiere justicia para su padre, por eso estamos aquí”, dijo la pareja del transportista, un ama de casa con el rostro cubierto. 

DEUDOS. La familia de Loymer Benigno pide justicia tras el asesinato del conductor mientras manejaba un bus de la conocida empresa Los Chinos.

Foto: OjoPúblico / Jonathan Hurtado

Loymer era padre de la adolescente y de otra menor de nueve años. Uno de sus planes era inscribir a la mayor de ellas en una academia para que pueda postular a la universidad. 

“Él me dijo: ‘Mis hijos tienen que ser profesionales para no llevar la vida que llevo’”, recordó su viuda, el 10 de abril, ante los medios, mientras sostenía una pancarta con la foto del conductor y un texto: “El mejor papá, siempre te extrañaré, te llevaré en mi corazón”. 

Transportistas como Loymer trabajan cerca de 18 horas al día para ganar alrededor de S/100. Su sueldo mensual es menor a lo que un congresista recibe, en promedio, en una semana, sin contar las asignaciones. 

Sus muertes no solo apagan su futuro: testimonios recogidos por OjoPúblico evidencian a menores con secuelas conductuales, niños que cambiaron de hogar, deudos extorsionados, familias que pensaron en migrar y hermanos que compraron chalecos antibalas para marchar por justicia.

Detrás del crimen

La madre y el hijo de Gustavo Christian Salazar Yachachin también fueron sus pasajeros en los buses de El Rápido. A veces, lo esperaban en la avenida Salvador Allende (Pista Nueva), en San Juan de Miraflores, y subían a su bus rojo para acompañarlo en el trayecto. Llegaban hasta el último paradero, en Villa El Salvador, bajaban los tres y almorzaban. Luego, regresaban juntos hasta el punto de recojo. 

En esa misma zona, el chofer perdió la vida, el 22 de noviembre de 2024: dos hombres en una motocicleta le dispararon mientras trabajaba en la unidad de transporte. Los pasajeros escucharon explosiones similares a cohetes, sintieron el frenazo brusco del vehículo y se lanzaron al piso. Una persona recibió un impacto de bala en la pierna. Gustavo murió en la cabina del piloto.

El conductor, de 45 años, vivía con su madre y su único hijo en San Juan de Miraflores. Ese distrito, precisamente, es uno de los que registra la mayor cantidad de víctimas (21) por atentados al transporte público. Le siguen San Juan de Lurigancho (17), Bellavista (16) y San Martín de Porres (12), según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.  

AFECTADOS. Gustavo Salazar vivía con su madre y su hijo, que ahora tiene 13 años y necesita contención emocional tras la pérdida de su padre.

Foto: Archivo de familia Salazar Yachachin

La muerte de Gustavo reconfiguró su hogar: su hijo, de 13 años, se mudó con la expareja del conductor y la salud de su madre se resquebrajó. Según relató un familiar a OjoPúblico, personal del MIMP se acercó a la vivienda para obtener información de los deudos, el adolescente pasó por una entrevista y fue incluido en una lista de espera hasta que, en noviembre de 2025, recibió la asistencia económica. Es decir, un año después del asesinato. 

La directora de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento del Inabif, Olga Ramos Huamán, aseguró que, de los 40 huérfanos producto de los atentados, 38 han sido incorporados de manera progresiva en el padrón y ya han recibido, por lo menos, un pago. De los 38 casos, dos ingresaron entre agosto y setiembre, 26 entre setiembre y octubre, y 10 entre octubre y noviembre.

“Hay dos casos que siguen en reevaluación. Todavía no terminan de decir [la oficina a cargo] cuál es su clasificación socioeconómica final”, refirió Ramos Huamán. Aseguró que no tienen otras solicitudes en proceso.

Los homicidios de este 2025 (2.104) alcanzaron su pico histórico desde 2017, según el Sinadef".

Dos transportistas de la empresa El Rápido han sido asesinados en los dos últimos años: Gustavo Salazar Yachachin y Carlos Advíncula Nieto, quien también tenía hijos. “Deja una niña de seis años. Su única hija mujercita estaba muy pegado a él. [Carlos] salía con sus hijos a los parques”, contó un familiar, en julio pasado. Los deudos de ambos reciben asistencia económica del MIMP, informó la empresa.

“El MIMP solo se comunicó para la pensión y nada más. El hijo [de Gustavo Salazar] está pasando por un proceso que le ha generado muchos cambios de conducta. Él recibe asistencia psicológica, pero subsidiada por su mamá. [El Estado] nunca se han contactado para ningún acompañamiento psicológico o legal. El menor es el deudo principal. Pero [Gustavo] también tenía una madre”, dijo un familiar directo a OjoPúblico.

Un acta del 6 de octubre de 2025, tras una reunión entre el entonces premier Eduardo Arana, dos ministros y representantes de empresas de transporte urbano planteaba cinco puntos frente a la ola inseguridad. En uno de ellos, el Ejecutivo se comprometía a “brindar apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de actos delictivos”.

PROMESA. En un acta de octubre pasado, el Ejecutivo se comprometió a brindar apoyo a los conductores, cobradores y deudos.

Documento: PCM

Para Matilde Cobeña Vásquez, exadjunta para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, la muerte de los transportistas genera limitaciones a los derechos a la salud, educación, protección y recreación de sus hijos. “Además, la familia tiene miedo de ser nuevamente víctima, lo que les hace autoimponerse limitaciones a su libertad de circulación”, explica.

Por eso, señala la abogada, urge un seguimiento exhaustivo y revisar cada caso para que el Estado —a nivel central y local—  garantice el acompañamiento psicológico de los niños en orfandad.

El Inabif asegura que, además de la asistencia económica, brinda “soporte emocional inmediato” a los menores en esta situación y articula con otros sectores. Sin embargo, al ser consultado por el caso de Gustavo Salazar Yachachin, dijo que revisará los reportes en su sistema y solicitará una nueva visita de un profesional. 

“[La familia] no tendría, necesariamente, que hacer [la atención psicológica] con un privado, porque para eso están los centros de salud mental comunitarios”, explicaron.

Poca justicia y más ataques

En noviembre, apenas unos días después del aniversario de la muerte de Gustavo Salazar Yachachin, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores dispuso no formalizar ni continuar la investigación preparatoria por el delito de homicidio calificado.

En el documento, al que accedió OjoPúblico, la Fiscalía sostiene que, pese a las diligencias realizadas, no se identificó a quienes dispararon el arma de fuego. Además, argumentó que no fue posible integrar a un testigo que esclarezca los hechos, no se advirtió imágenes de cámaras de vigilancia, ni se encontraron huellas, rastros o indicios materiales adicionales para reconstruir la ruta de escape o vincular a presuntos participantes. 

“Nunca se han comunicado con nosotros para darnos alguna orientación. Ningún apoyo legal hemos recibido. Solo la Dirincri (Dirección Nacional de Investigación Criminal) se comunicó para la declaración. No me ha contactado nadie, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía”, cuenta uno de los deudos.

Este es solo un caso en la infructuosa búsqueda de justicia. “El impacto es devastador en los niños y se suma el desgaste que vive la familia por miedo y el proceso judicial. No hay que minimizarlo. Es algo que no se habla cuando se menciona la inseguridad”, explica la abogada Matilde Cobeña.

Los dirigentes transportistas, en tanto, advierten que las extorsiones continúan y que, ahora, también se incendian buses. Algunas empresas, incluso, han instalado placas de metal para protegerse. 

“Ya se acerca Navidad y muchos propietarios dependen de los ingresos de sus unidades. ¿Cómo quedan sus hijos? Estamos haciendo polladas para las familias”, dice José Quispe, representante de la empresa Santa Catalina, con cinco transportistas heridos, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hasta inicios de diciembre. 

De los 165 fallecidos y lesionados, entre agosto de 2024 y noviembre de 2025, por atentados contra el transporte público, cerca del 98% recibió un proyectil de un arma de fuego. El resto fue atacado con un artefacto explosivo. En la mayoría de casos, el atacante usó una motocicleta y la principal modalidad fue la de interceptación, seguida por la de falsos pasajeros.

Martín Ojeda, del gremio Transporte Unido, informó que el 16 de diciembre tienen prevista una nueva reunión con el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial. Si no se llega a medidas concretas contra la inseguridad ciudadana, no descartan un nuevo paro de 48 horas.

VÍCTIMAS. Gustavo Salazar y Carlos Advíncula, conductores de El Rápido, fueron asesinados los últimos dos años ante la ola de criminalidad.

Foto: Distrito fiscal Lima Norte

El 29 diciembre tendrán otra reunión vinculada a los niños en orfandad. Los gremios solicitan que se garantice su cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), acceso a Beca 18 y capacitaciones para sus madres.

Esto debe alcanzar a los hijos de Paul López Estabridis, Gustavo Salazar Yachachin, Loymer Benigno Poma y Carlos Advíncula Nieto. También a los de de Jorge Ríos Lafitte, atacado cuando manejaba su combi en Comas, por no pagar S/7; a los de Fredy Flores Palián, asesinado en San Juan de Lurigancho; a los Jhonny Esqueche Ñingles, nacido en Chiclayo y atacado en el Callao, en octubre de 2025, y a otra decena de deudos.

En el sepelio de Paul López, donde estuvo su hija —quien cumplirá 15 años en 2026—, su familia caminó con una gigantografía: “No normalicemos vivir con miedo. Lo único que pedimos es que Paul sea el último muerto por extorsión. Que esta no sea una sola noticia más”.