En un rincón del patio trasero de su casa, Ergilia Rengifo ha sembrado ají charapita, pituca, sachapapa, kion. También tendría mucura y coco, cuenta, si es que sus pollos no se hubieran comido las plantas. Ese breve lugar, además de una chacra en miniatura, hace las veces de corral, lavandería y taller de tejido. 

Desde que, hace una década, se mudó de la comunidad ashéninka Alto Tamaya-Saweto a Pucallpa, la viuda de 50 años ha tratado de mantener en la ciudad algunas de las actividades que practicaba en el bosque. Aunque el espacio del que dispone sea apenas unos escasos metros de tierra donde una y otra cosa se desencuentran. 

El motivo primordial de su mudanza es más o menos conocido en Perú. Ergilia lo ha explicado tantas veces en estos 10 años que, cuando se lo vuelven a preguntar, responde a modo de resumen, con una frase que suena a muletilla o al nombre de una operación encubierta. Se fue, dice, por “el plan de justicia”. 

En setiembre de 2014, su marido, Jorge Ríos —vicepresidente de Saweto, curandero, partero, el hombre con el que tuvo nueve hijos—, Edwin Chota, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima fueron asesinados por una mafia de traficantes de madera, cerca de la frontera con Brasil. La pareja de Ergilia era compañero de Chota, quien por un buen tiempo había denunciado a los criminales que talaban los árboles del bosque en el que vivían. Los asesinatos fueron, en palabras llanas, una venganza. 

EN SOLEDAD. Ergilia Rengifo se convirtió en viuda hace poco más de 10 años y se quedó a cargo de nueve hijos. Ahora vive con los menores en Pucallpa.

TRADICIONES. La viuda de Jorge Ríos intenta mantener sus prácticas del bosque en la ciudad: tejer, sembrar frutas y verduras, consumir masato. 

Allá “quién te va a vigilar, quién te va a cuidar”, dice la mujer sobre cómo hubiera sido quedarse en la comunidad. Está sentada en una esquina de la mesa de su cocina, cuyas paredes llevan colgados un almanaque de un candidato presidencial, la foto de una de sus hijas mayores, el abecedario con el cual está aprendiendo a leer. “Estás ‘anzueleando’ en el bosque y te pueden balear o te puede agarrar”, añade. “Si a cuatro hombres lo han hecho. ¿Qué sería nosotras?”.

Tras el crimen, Ergilia Rengifo abandonó Saweto. Las mujeres no solo tenían miedo. Querían resarcimiento. O sea, que los culpables paguen por lo que hicieron. Pero participar del proceso legal implicaba viajar varios días en bote desde la comunidad hasta Pucallpa. El “plan de justicia” se sentía aún más lento, engorroso y era mucho más caro. Por eso, su desplazamiento obligado a la ciudad.

Los cuatro culpables del asesinato están prófugos. El quinto investigado, no fue sentenciado porque escapó mucho antes".

De cualquier modo, el plan resultó largo, complejo y costoso. Recién en agosto de 2025, una década después del crimen, los asesinos fueron condenados a 28 años y tres meses de cárcel, en segunda instancia. Es la primera vez que el asesinato de un líder ambiental obtiene una sentencia de este nivel en Perú, es decir, ratificada. Por eso, dicen los expertos, es un hito para el país. Desde la matanza de Saweto, al menos, otros 35 defensores ambientales de la Amazonía han sido exterminados. Ninguno de esos crímenes está resuelto. 

Ergilia Rengifo vuelve a recurrir a la economía de las palabras para expresar su sentimiento sobre este logro. Está “preocupada”, dice y se queda unos segundos en silencio. 

Los culpables —los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria y dos trabajadores de la industria, los hermanos Josimar y Segundo Atachi— participaron en parte de las audiencias, pero luego desaparecieron y, ahora, se encuentran prófugos. Eurico Mapes, el quinto investigado, no fue sentenciado porque escapó mucho antes. 

MADRE E HIJA. Ergilia Rengifo junto a Diana Ríos, la mayor de sus hijas, quien también ha participado del proceso legal muy de cerca. 

EN FAMILIA. Los Rengifo —madre, hijos, nietos— viven en una pequeña casa de madera de tres cuartos. 

“No estoy tranquila, señorita, porque el crimen está libre. No está sancionado como debe ser”, añade Ergilia, quien no va a Saweto, donde aún viven sus padres y otros familiares, desde hace cinco años. “¿Dónde estarán escondidos? Dicen que le están buscando, ¿será que le están buscando?”, se pregunta la viuda. “De repente no. Esa es mi preocupación”. 

Incluso si hallaran a los culpables y los enviaran a prisión, la sentencia aún no es definitiva. En setiembre, alrededor de un mes después de alcanzar ese hito histórico, la defensa de los asesinos hizo un movimiento más: presentó un recurso extraordinario llamado casación. Este busca poner en revisión una sentencia judicial por alguna equivocación en el proceso. 

La defensa de las viudas también presentó un recurso de casación para apelar el monto de la reparación civil. Actualmente, este es de S/400.000 en total para las cuatro familias.

Todos estos recursos deben ser evaluados por la Corte Suprema, en Lima. Han pasado unos tres meses desde que empezó ese nuevo capítulo, pero el desenlace aún no se conoce. 

Las viudas no solo tenían miedo. Querían resarcimiento. O sea, que los culpables paguen por lo que hicieron". 

Cuando habla sobre los vaivenes del proceso legal, Ergilia Rengifo suena lejana, como si su voz proviniera de algún sitio oculto que solo ella conoce. El ir y venir de esta década parece no solo haberla armado con una coraza contra las decepciones y la frustración. Hay algo más sútil pero definitivo en sus maneras, una especie de impavidez que se puede confundir con indiferencia.

Cuando capturen a los prófugos, “voy a sentirme más o menos tranquila, pero no hay tranquilidad como debe ser”, dice con el tono calmado que ha mantenido durante toda la conversación.

Además del juicio por el homicidio de su marido y sus tres compañeros, hay otro juicio que también atañe a Ergilia y las otras viudas de Saweto. Se trata del “juicio ambiental” por la tala ilegal que depredaba el bosque de la comunidad, un caso que inició con las denuncias que Edwin Chota hizo ante las autoridades, aunque sin éxito, desde la primera década de los 2000. El porqué de la vendetta. Este juicio también demoró más de 10 años en comenzar. 

Pero el 15 de octubre, el mismo día que empezó, fue suspendido. Como los acusados —que son tres de los implicados en el asesinato— están prófugos de la justicia, el proceso no pudo seguir. El plazo de suspensión puede ser de máximo un año. 

SUSTENTO. Cada tanto, Ergilia Rengifo va a cosechar palma aceitera o “pepear” a los cultivos cercanos. En un par de días, puede recoger unos 10 sacos. Le pegan S/7 por cada uno.

“No estoy muy enterada, señorita”, dice Ergilia.

Solo admitirá, en otra conversación, que lo único que sabe es que los culpables son los mismos. “Sí, los criminales, ellos han talado”. 

Puede que no haya lugar para otra tribulación legal en el pensamiento de Ergilia Rengifo. Lo cierto es que tampoco tienen la obligación de ocuparse del asunto: ni ella ni sus compañeras de lucha están formalmente incluidas en el proceso legal ambiental. Eso es así porque, en esta clase de delitos, el agraviado es el Estado. Las viudas de Saweto solo han sido consideradas en calidad de testigos. Y no hay nada que ellas puedan hacer al respecto. 

Doce años de espera

Edwin Chota ha muerto dos veces. O al menos así lo ha vivido Julia Pérez, la viuda, la madre. El primer Edwin Chota, su pareja, falleció en 2014, asesinado en el bosque por los madereros ilegales. Era el líder de Saweto, quizá la cara más visible y conocida entre las cuatro víctimas. El segundo Edwin Chota murió seis años más tarde. Era solo un niño, el menor de los dos varones que Julia y el líder ashéninka engendraron. La balsa en la que viajaba junto con un familiar se volcó en medio del río. El cuerpo del niño nunca fue encontrado. 

“Qué dolor. Yo ya estaba con dolor, más dolor me ha dado”, dice Julia, de 48 años, sentada en una banca, en el pequeño patio fuera de su casa, a unos metros de donde viven los Rengifo. Las viudas están reunidas en un solo lugar —una cancha grande donde se han levantado cuatro casitas de madera—, aunque Lita Rojas pasa buena parte del año en Saweto y Adelina Vargas falleció en 2022. 

Edwin Chota padre y Edwin Chota hijo nunca se conocieron. Cuando el papá fue asesinado, el pequeño aún estaba en la panza de su mamá. Ella tampoco ha vuelto a Saweto desde hace unos años. Dice que es por temor: el miedo de que la exterminen como al marido, pero sobre todo el miedo de morir como el hijo. 

Julia Pérez, algo resfriada y con migraña, habla en un volumen casi inaudible al repetir esta historia. Sobre el juicio ambiental, admite, tampoco sabe mucho. “Mmmm, digamos que le sepan inculparle también”, señala sobre cómo cree que debería concluir este asunto para los acusados. 

LA VIDA Y LA MUERTE. Cuando Edwin Chota murió, Julia Pérez estaba embarazada del último hijo de ambos. Edwin Chota hijo falleció ahogado a los seis años. 

Son tres los acusados por el delito de “depredación de bosques legalmente protegidos” en Saweto. En otras palabras: quienes habrían talado sin permiso los árboles de la Amazonía. Dos de ellos son los sentenciados por el homicidio de los líderes ashéninka: Hugo Soria y Segundo Atachi. El tercero, Eurico Mapes, también fue acusado por la matanza, pero no tiene sentencia porque, en 2023, fue declarado como reo contumaz. 

En este caso, el Estado es la parte agraviada y es representado por la Procuraduría Especializada en Material Ambiental del Ministerio del Ambiente. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) es la encargada de la investigación.

No se sabe dónde están los acusados. Por eso, el juicio tuvo que ser suspendido el mismo día que inició. Se trata de uno de los tantos traspiés que ha tenido el proceso a lo largo de 12 años —empezó con una de las denuncias que Edwin Chota hizo en 2013—. Pero quizá es el más perjudicial. Esta vez, el tiempo del que se dispone para poder obtener justicia tiene una fecha de vencimiento inminente.

VIVIENDA COMÚN. Las cuatro familias de los líderes asesinados de Saweto viven en un solo terreno en Pucallpa. 

MADRE E HIJO. Julia Pérez y Andy Chota, de 12 años, el mayor de los dos hijos que tuvo con Edwin Chota.

Las abogadas de las viudas explican el asunto, que se podría dividir en dos partes. 

La primera. No falta mucho para que se cumpla la prescripción del delito. Dicho de otra forma: queda poco tiempo para castigar a quienes sean hallados culpables. 

Según los cálculos de Rocío Trujillo y Jessica Quiroz, abogadas de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep); y de Maritza Quispe, abogada interconsulta del Instituto de Defensa Legal (IDL), ese plazo se iba a cumplir más o menos en 2026. Sin embargo, como el juicio se inició en la quincena de octubre, el plazo de prescripción del delito se puso en pausa. Es como parar esa cuenta regresiva.

La segunda. El mismo día de su inauguración, el juicio fue suspendido debido a la ausencia de los acusados. Pero esta suspensión tiene un tiempo máximo de un año. Tras ese lapso, hay dos escenarios posibles: a) si los acusados han sido capturados antes del año, el juicio reiniciará en octubre de 2026 y el plazo de la prescripción seguirá en pausa; b) si los acusados no han aparecido para entonces, el juicio no podrá comenzar, el plazo de prescripción se reanudará y el delito prescribiría en 2027. 

Trujillo, Quiroz y Quispe critican las dilaciones en el proceso. Por ejemplo, el inicio del juicio oral por este caso ambiental ha tenido, al menos, tres postergaciones desde mayo de 2024. 

El caso ambiental, cuyo juicio quedo suspendido en octubre, inició con una denuncia que Edwin Chota hizo en 2013".

“Había más que elementos [probatorios] por muchos años”, dice Rocío Trujillo sobre las pruebas que inculpan a los acusados. “Pero ha tenido que pasar más de 11 años para que recién el Poder Judicial diga ‘bueno, voy a llamar a juicio oral cuando ellos ya no están’". 

Para Julia Pérez, viuda y “huérfana” de un hijo, la situación se resume en esa sola cuenta. “¿Cuántos años son?”, se pregunta sobre el tiempo transcurrido, “no son meses, hemos cumplido 11 años de ese plan”. El “plan de justicia” que parece, más bien, un plan de espera eterna. 

En tanto, ella se mudó a la ciudad, se separó de sus familiares, comenzó una relación, tuvo otras dos hijas, perdió un hijo, se hizo abuela, terminó su relación, empezó a trabajar el campo en las vacaciones escolares. Su vida siguió transcurriendo, como pasó con el resto de las viudas, pero adquirió un trasfondo de problema irresuelto. 

“Nos han dicho que ya le han puesto orden de captura”, señala sobre los condenados que imagina libres en sus casas, disfrutando con sus familias. Ella, en cambio, dice sentirse atrapada en su propia casa, de la cual solo sale cuando tiene un poco de plata para ir al mercado. “Pero siguen libres, pues. Ni siquiera uno está adentro”.

MUDANZA OBLIGADA. Tras el asesinato de Saweto, gran parte de las familias de las víctimas se reubicaron en la ciudad por temor a las represalias. 

CAMINO A LA ESCUELA. Julia Pérez lleva a la menor de sus hijas, de solo cuatro años, al jardín de niños. 

Un caso ejemplar y el silencio

Después de varios meses, Julia Pérez vuelve al cementerio de Pucallpa, a visitar el nicho de su exmarido Edwin Chota. O, por lo menos, a intentar encontrarlo. Sabe que está en una esquina, en el lugar más alto. Camina unos minutos, se detiene, mira hacia los lados. 

En su libro Papeles Falsos, la escritora mexicana Valeria Luiselli afirma que buscar una tumba en un cementerio es como buscar un rostro desconocido en medio de una multitud. Algo así parece estar haciendo Julia Pérez bajo el sol tímido de la mañana. Aunque para ella el rostro es familiar.

Finalmente, lo encuentra en el pabellón Cocharcas. El nicho está protegido por una reja blanca de la que cuelga una pequeña canasta rota donde, al parecer, antes hubo flores. Un trabajador del cementerio ayuda a poner un nuevo ramo. Julia lo mira trepar por entre los nichos. Después de un par de minutos, el hombre baja con la tarea cumplida. La viuda emprende la marcha de regreso hacia su casa. No sabe cuándo volverá. 

Otras de las víctimas de Saweto, Leoncio Quintisima, también está en el mismo cementerio. Pero Julia Pérez cuenta que ya no es capaz de hallar su tumba desde hace mucho tiempo. Al respecto solo puede decir: “dónde estará…”. 

TUMBA PERDIDA. Después de varios meses, Julia Pérez visitó el nicho de Edwin Chota, ubicado en el cementerio de Pucallpa. 

El caso Saweto es un referente en Perú. A pesar de la espera, la lucha ha persistido y, si se sigue insistiendo, tal vez los procesos legales al fin concluirán. Sin embargo, los defensores ambientales de la Amazonía no ven esto, necesariamente, como una victoria. Tampoco han dejado de temer por sus vidas. 

Así lo explica el apu Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Su equipo, que también acompaña el caso Saweto, conoce de otros defensores en la región que saben de distintas vulneraciones en sus territorios, pero no se atreven a denunciarlas por temor a no conseguir justicia o salir lastimados. 

“Cuando vamos al territorio, la gente nos dice ‘mira, esto me están haciendo’, pero no es que han formalizado la denuncia”, explica López desde su oficina en Pucallpa. “No quieren formalizar porque hay mucho temor, hay mucha desconfianza hacia las instituciones judiciales”.

Karen Chávez, abogada de ORAU, remarca que la atención debería estar puesta en la responsabilidad de las autoridades. “La tala ilegal se va a seguir dando en las comunidades, pero también debería de haber un rol activo de la Fiscalía”, dice. “¿De quién es la responsabilidad acá? Ya no es de nosotros como organización, ya no es de las hermanas. Es de la propia fiscalía ambiental”.

Las viudas a veces quieren desistir, dicen quienes las han visto durante todo este tiempo. No lo han hecho. Quizá porque conservan el compromiso con el “plan de justicia”. Tal vez porque hay cosas que uno empieza y tiene que terminar.

REPARACIÓN. “Si hay alguna recompensa nos sentiríamos más o menos”, dice Julia Pérez sobre la reparación civil que por ley debería recibir por parte de los condenados por el homicidio de su esposo.

LINAJE. Ergilia Rengifo y uno de sus nietos, al lado del abecedario con el que la mujer de 50 años está aprendiendo a leer.

Ergilia Rengifo se compara en este camino con una “motelito”. Es decir, una tortuga motelo. Las tortugas, como bien ha visto Ergilia, ponen sus huevos, los entierran y los abandonan. Entonces, las crías nacen solas y aprenden a subsistir por cuenta propia. Así se siente ella muchas veces, como una mujer hecha por sí misma. Sin mucho apoyo de sus padres y, luego, sin el sostén de su marido que murió. 

“Sí, yo he llorado. Y de ahí, yo misma me he puesto fuerte”, cuenta Ergilia sobre el duelo por Jorge Ríos y todo lo demás. “Se ha muerto. Se ha muerto pues. ¿Qué voy a hacer yo?”, se pregunta. “Entonces, yo sigo, voy a seguir”.