Actualización: 25 de noviembre de 2025 - 5:00 p.m.

Seis altos mandos de la Policía investigados por la represión a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso fueron ascendidos a través de dos resoluciones del 20 de diciembre de 2024, suscritas por el exministro del interior Juan José Santiváñez y actual candidato al Senado con el partido político Alianza Para el Progreso (APP). 

Con su venia, los capitanes PNP Carlos David Quispe Yasan, Gianfranco Alessandro Tolentino Farfán, Carlos Denis Cubas Pizarro y Clever Luis Aira Macedo pasaron al grado de mayor, y los oficiales Johao Luis Aburto Guerrero e Ysaías José Paredes Gálvez ascendieron a comandantes. 

OjoPúblico identificó que ellos afrontan imputaciones por presunto homicidio por omisión, intento de homicidio, lesiones leves y graves y abuso de autoridad, en un contexto de violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones de Lima, Ica, Apurímac y Puno. 

Hasta ahora, el Ministerio Público ha iniciado 59 investigaciones fiscales para encontrar a los responsables de la represión: 15 están en etapa preliminar, 36 en indagación preparatoria, dos en etapa intermedia (control de acusación) y dos en juicio oral. Este medio no pudo conocer el estado preciso de las cuatro investigaciones restantes a la fecha.  

Los ascensos fueron suscritos por el exministro del interior Juan José Santiváñez y actual candidato al Senado con Alianza Para el Progreso (APP)".

Del total, cuatro expedientes involucran a los policías ascendidos, de acuerdo a documentos del Equipo Especial de Fiscales para Víctimas de Protestas Sociales (Eficavip) y resoluciones a las que accedió OjoPúblico. 

Para los abogados Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Cesar Quispe Calsín y Juvenal Borda Orihuela, quienes representan a las víctimas y deudos de Lima, Puno y Apurímac, estos ascensos son un mensaje de impunidad y de respaldo a los efectivos sindicados. “Evidencia el desprecio de las autoridades”, dijo Pérez Aguilera. Quispe Calsín y Borda Orihuela coincidieron, por su parte, en que se está premiando a los responsables. 

La represión del Gobierno de Dina Boluarte Zegarra a esas manifestaciones dejó 49 fallecidos. El 36% de ellos, en la región Puno.

ABUSO. La represión en Juliaca, Puno, el 9 de enero de 2023, provocó 18 muertes.

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

Un involucrado en la masacre de Juliaca

El mayor Carlos David Quispe Yasan es uno los ascendidos y, a la vez, uno de los 19 imputados por presunto homicidio en grado de omisión, lesiones leves y graves en la brutal represión a las protestas de Juliaca, en Puno, del 9 de enero de 2023, que dejó 18 asesinados y 99 heridos. 

El documento de formalización de la investigación contra las fuerzas de seguridad, suscrito por la fiscal Nancy Chávez Torres, del Eficavip, señala que el mayor Quispe Yasan estuvo al mando de 39 suboficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en calles aledañas al aeropuerto de Juliaca.  

A casi tres años del hecho y luego de terminar la investigación preparatoria, la Fiscalía incorporó al Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa como terceros civiles responsables. “Ahora, lo que corresponde es que la fiscal presente la acusación formal”, explicó el abogado César Quispe.

INJUSTICIA. Víctor Santisteban perdió la vida en Lima el 28 de enero de 2023, producto de la represión a las protestas. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña

El caso Víctor Santisteban y la represión en Lima

El mayor Gianfranco Tolentino Farfán es el segundo alto mando ascendido que, a la par, es investigado por homicidio en grado de omisión por la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca. También afronta imputaciones por tentativa de homicidio en contra de Rolando Marcas y por lesiones graves contra Mari Luz Silvestre Taipe, y por lesiones leves contra Juan Roberto Vía Jaimes. Todos ellos participaron de una marcha, el 28 de enero de 2023, en Lima. 

Según información del Ministerio Público, el Eficavip ha pedido 35 años de prisión y tres años y ocho meses de inhabilitación en su contra. Tolentino Farfán fue jefe operativo del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) ese día. Según la acusación que presentó la fiscal Jenny Huacchillo Núñez, el policía no adoptó alguna medida “para evitar que sus dependientes (escopeteros lanza gas) dispararan de forma innecesaria y desproporcionada”.  

En mayo de este año, OjoPúblico reveló que, ocho meses antes, el Gobierno de la expresidenta Boluarte Zegarra había destacado al entonces capitán Tolentino Farfán a la División de Seguridad Presidencial. Tres meses después, el exministro del interior Santiváñez Antunez firmó la resolución que lo ascendió a mayor. 

Al ser abordado por este medio, el abogado de Tolentino Farfán, Ricardo Meralles, reconoció que la investigación preparatoria ya culminó. Sin embargo, aseguró que aún no ha sido notificado sobre la acusación del Eficavip. 

En palabras de la abogada Mar Pérez, quien defiende a la familia de Santisteban Yacsavilca, la investigación del Ministerio Público ha demostrado que la muerte de su patrocinado no fue por actos individuales o aislados, “sino por una política de Estado que tuvo el respaldo de altos funcionarios”. “Estos casos son bastante complejos y todavía queda una sensación muy fuerte de injusticia para los familiares”, agregó.

ACUSACIÓN. El Eficavip pide 35 años de prisión contra el mayor Gianfranco Tolentino y otros oficiales investigados. 

Documento: Ministerio Público 

En la capital peruana también es investigado el mayor Carlos Denis Cubas Pizarro por presuntas lesiones leves contra Jean Carlos Ubillus Espinoza, un joven vendedor de verduras que participó de una movilización el 4 de enero de 2023 y que fue detenido por insultar a los efectivos policiales y por un supuesto ataque con una piedra contra el comandante PNP José Luis Solari Chillcce. 

El 23 de agosto de 2024, durante una audiencia para ampliar el plazo de investigación, la fiscal Delmy Díaz Fernández dijo que Ubillus Espinoza fue detenido por efectivos de un grupo de intervenciones rápidas, quienes lo lanzaron de cara al piso y lo lastimaron. “Así consta en un certificado médico legal. Luego, lo enmarrocaron y golpearon provocándole lesiones en el brazo derecho y rostro”, añadió. 

Ubillus Espinoza fue trasladado en una camioneta a la comisaría de La Victoria, en Lima. La fiscal Díaz Fernández contó, en la audiencia, que el mayor Cubas Pizarro, quien estaba sentado en el asiento del copiloto, lo lastimó. “Durante el recorrido habrían continuado estas agresiones con su vara, golpeándole el rostro”, dijo. 

Según información del Eficavip, el Ministerio Público ya formalizó la acusación en su contra. OjoPúblico conoció que, en setiembre pasado, hubo tres audiencias de control de acusación, etapa previa al inicio del juicio oral. 

A la fecha, 15 investigaciones contra los responsables de la represión están en etapa preliminar, 36 en preparatoria, dos en intermedia y dos en juicio oral".

Lesiones y abuso de autoridad

En Ica, el comandante PNP Johao Aburto Guerrero y el mayor Clever Luis Aira Macedo son investigados por el presunto delito de lesiones graves contra el agricultor Rubén Gala Taipe, durante las protestas del 25 de enero de 2023 en esta región. 

Gala Taipe no participó en la movilización, pero resultó herido por el impacto de un proyectil de arma de fuego cuando los policías estaban repeliendo a los manifestantes en el Sector Barrio Chino. Al día siguiente, su familiar Maria Unocc Pérez presentó una denuncia. Seis meses después, la fiscal Carmen Elizabeth Roncal Mestanza abrió una investigación contra los presuntos agresores. 

En esa disposición, se toma en cuenta el plan de operaciones que detalla las funciones de los altos mandos policiales en Ica: el ahora mayor Aira Macedo estuvo a cargo del sector 1 del Barrio Chino y el comandante Aburto Guerrero fue jefe del Área Policial Judicial en el sector 2 de “El Alamo”. El caso se encuentra en diligencias preliminares, según información del Eficavip. 

En Apurímac, en tanto, el comandante PNP Ysaias Paredes Gálvez afronta una investigación iniciada el 31 de julio de 2024 por la fiscal Rosa Luz Retamozo. La indagación es por presunto abuso de autoridad en contra de 51 comuneros de Abancay, quienes fueron intervenidos durante la madrugada del 14 de diciembre de 2022 y trasladados a las oficinas del Frente Policial de esa región, sin que les comuniquen el motivo de la detención. 

Dina Boluarte afrontó hasta tres denuncias constitucionales por presunto homicidio calificado y lesiones graves. Dichas acusaciones fueron archivadas".

Los comuneros agraviados provenían de los distritos de Huancarama y Pacobamba. Viajaron un día antes a Abancay para llevar alimentos a sus familiares que iban a sumarse a las protestas. El abogado de los detenidos, Juvenal Borda Orihuela, dijo a este medio que los policías no tuvieron reparo en golpearlos porque no había ningún funcionario de la Defensoría del Pueblo presente. 

La resolución que inició la investigación señala que el comandante Paredes Gálvez se desempeñó, ese día, como jefe de la Unidad de Seguridad del Estado de Abancay y que “debido a la naturaleza inherente de su cargo, durante la ejecución de las operaciones (...) omitió supervisar, vigilar y controlar que su personal subordinado no hiciera uso arbitrario de la fuerza mediante el empleo de armas”. 

El abogado Borda Orihuela fue notificado en agosto del año pasado sobre el inicio de la investigación. Contó que, hasta ahora, no ha podido ubicar a los agraviados para que declaren ante el Eficavip. “Han desaparecido por temor a represalias”, dijo. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con los mayores y comandantes mencionados a través del área de prensa de la Policía. La institución respondió que Tolentino Farfán, Quispe Yasan, Cuba Pizarro y Paredes Gálvez no brindarían declaraciones sobre investigaciones en curso. Acerca de Aburto Guerrero y Gala Taipe, no hubo respuesta. 

ALIADOS. El exministro Juan José Santiváñez fue parte del círculo de confianza de la expresidenta Dina Boluarte.

Foto: Presidencia Perú

También se buscaron los descargos del exministro del Interior Santiváñez Antunez, quien firmó las resoluciones de los ascensos. Ni él ni su jefe de campaña contestaron hasta el cierre de este informe. 

El hoy candidato al Senado fue el brazo derecho de la expresidenta Dina Boluarte, quien también afrontó hasta tres denuncias constitucionales por presunto homicidio calificado y lesiones graves debido a la represión en las protestas. 

Dichas acusaciones fueron archivadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Alianza Para el Progreso. Ese partido, liderado por César Acuña, es el que ha invitado a Santiváñez Antunez para postular al Senado en las próximas elecciones generales.

El exministro del Interior Walter Albán Peralta explicó a OjoPúblico que los titulares de esa cartera tienen competencias para evaluar las propuestas de ascensos de la Policía. Además, considera que las investigaciones que afrontan los oficiales deben ser un criterio para analizar su idoneidad. 

“Los buenos policías fueron cancelados, como el general Harvey Colchado, y, en cambio, hay quienes, teniendo serios cuestionamientos, han sido promovidos. Me temo que la comisión de la Policía a cargo de las propuestas de ascensos no es confiable”, dijo Albán Peralta. 

Nota de redacción:

El domingo 23 de noviembre, luego de la publicación de este reportaje, el exministro del interior Juan José Santiváñez aseguró, a través de su jefe de campaña Carlos Camacho, que los ascensos en la Policía y las Fuerzas Armadas no fueron otorgados por él, aunque las resoluciones llevan su firma.   

Santiváñez argumentó que los ascensos “son la consecuencia de un proceso de mérito, con diversas etapas eliminatorias”, que concluye “en el otorgamiento de la vacante, si es que el oficial obtiene una de ellas”. “Este otorgamiento no puede ser suspendido, más que por mérito de un mandato judicial”, agregó.