Desde 2023, la Municipalidad de Lima ha adquirido deudas por más de S/4.000 millones que deberá pagar, principalmente, con los impuestos que recauda. Esto compromete parte de sus ingresos por las próximas dos décadas.

En ese escenario, OjoPúblico identificó cinco iniciativas legislativas impulsadas por la misma municipalidad, Renovación Popular —partido del exalcalde Rafael López Aliaga y actual precandidato a la presidencia— y bancadas aliadas a esa agrupación que buscan equilibrar el déficit presupuestal con apoyo del Congreso.

Uno de ellos, ingresado el 20 de octubre pasado, pretende que la municipalidad tenga 2% adicional de las rentas de aduana por compartir vías con el Callao. La Ley 27613 ordena que las provincias y distritos donde funcionan aduanas (marítimas, aéreas, postales, entre otras), reciban no menos del 3% de las rentas que se recauden por esa actividad. La Municipalidad de Lima obtiene algunos recursos de esta fuente, pero quiere más.

La actual gestión edil sostiene que los gastos de administración y mantenimiento de las vías de acceso al Puerto del Callao y al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez —que se ubican en el Callao y cuentan con aduanas— les ha generado un “desequilibrio institucional y fiscal”. Por eso, piden modificar la ley a su favor.

El documento está en análisis de la Comisión de Economía del Congreso. Según la regidora Giuliana Calambrogio Correa De Balmaceda, de Renovación Popular, la comuna espera acceder a S/180 millones al año con la aprobación de la medida.

La comuna limeña tiene una enorme capacidad de presión política, con ello podría lograr leyes a su favor", señala Armando Mendoza.

Los otros tres proyectos presentados por la municipalidad pretenden transferir competencias para la comuna y darle acceso a recursos del sector educación y salud, captar dinero de un fondo para infraestructura temporal de agua potable y fijar por ley que la mitad del presupuesto de la alcaldía se destine a proyectos de inversión. Dos de ellas recibieron opiniones negativas por parte del Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio del Ambiente (Minam).

La quinta iniciativa tiene un dictamen aprobado por la Comisión de Descentralización del Legislativo. Este agrupa cinco proyectos de ley promovidos por legisladores de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular.

Esta última busca incluir a la municipalidad como beneficiaria del Fondo de Compensación Municipal (Foncor), aunque la herramienta fue creada para reducir las inequidades presupuestales de localidades pobres, con pocos o nulos ingresos por canon o regalías.

Para Armando Mendoza Nava, autor del libro Centralismo y privilegios fiscales, la Municipalidad de Lima —por su tamaño— tiene una enorme capacidad de presión política, lo que le ha permitido ajustar las normas de disciplina y transparencia fiscal para endeudarse. Esta influencia, advierte, podría replicarse con proyectos de ley que buscan su beneficio, sumado a que el actual Congreso “no es muy técnico”.

Más responsabilidades y recursos

Uno de los proyectos impulsados por la municipalidad pretende que se concrete la transferencia de competencias y funciones en materia de salud y educación a la comuna, lo que incluye sus presupuestos. De prosperar, el municipio se haría cargo de brindar servicios de salud directamente a la población, así como de auxiliar a los colegios con problemas de infraestructura.

La propuesta fue ingresada en junio y está en análisis de la Comisión de Descentralización del Congreso. Allí, tanto el Minsa como el Minedu han brindado opiniones técnicas negativas.

En el primer caso, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minsa explicó que la transferencia empezó en 2011 y que, en ese momento, la gestión de la municipalidad desistió de continuar con el proceso. Después de 14 años, agregaron, la organización de los establecimientos de salud en Lima Metropolitana y los servicios que brindan han cambiado “sustancialmente” y el traspaso ya “no es viable técnicamente”.

La Oficina General de Gestión Descentralizada del sector indicó, por su parte, que, para reiniciar la transferencia de funciones, se necesita una nueva evaluación técnica. Esto se debe a que necesitan determinar la capacidad actual del municipio, cuantificar sus recursos humanos, financieros, logísticos, de infraestructura y formular un nuevo plan para garantizar que los ciudadanos no se perjudiquen durante el traspaso.

CELERIDAD. La municipalidad de la capital busca acelerar la transferencia de competencias y presupuesto en educación. El Minedu señala que el proceso están en ejecución.

Foto: Andina

Respecto a las funciones de educación, el Minedu detalló que la transferencia tiene cinco etapas: compromiso de cumplir requisitos generales, definir requisitos mínimos, certificación, acreditación y efectivización. En la actualidad, según precisaron, el proceso con la Municipalidad de Lima está en la cuarta etapa. A su criterio, no existe justificación para la nueva propuesta, pues “ya existe un marco normativo y está en plena ejecución”.

Otro proyecto, presentado por la comuna en mayo, busca establecer por ley que todas las entidades públicas destinen, al menos, el 50% del presupuesto institucional de apertura (PIA) —monto con el que inician el año— a gastos de inversión.

En la exposición de motivos, el municipio alega que su iniciativa no afecta el presupuesto institucional “ni genera gastos adicionales”, pues su aplicación implica una reestructuración del presupuesto ya existente.

A la fecha, se destina alrededor del 20% del PIA a inversión, pero no se gasta el total, explica Graciela Muñiz Cahuana, exdirectora de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por eso, considera que la iniciativa “no es viable”. “Primero, no hay de dónde sacar ese presupuesto y tampoco vamos a hacer esa redistribución de pasar gasto corriente a inversión. El gasto corriente es con lo que opera una institución, es rígido”, dijo a este medio.

AJUSTE. Alrededor del 20% del presupuesto público va a inversión, pero no se gasta todo. Pese a ello, la comuna de Lima propone subir este porcentaje a 50%.

Foto: Facebook Municipalidad de Lima

La cuarta propuesta del municipio data de abril de este año. La misma plantea que la autoricen a usar recursos del Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS) para financiar, de forma “total o parcial”, la ejecución de infraestructuras temporales de agua potable. Esto, según el texto, también podría ser financiado con recursos privados, como, por ejemplo, donaciones.

El proyecto de ley ha sido cuestionado por el Minam, pues implicaría el uso de recursos de los Mecanismos de Retribución por Servicios Económicos (Merese) y esto va en contra de su finalidad. Merese es un mecanismo rígido que aplica entre comunidades con infraestructuras hídricas naturales y las ciudades que se benefician de estas. Por eso, el sector demandó un ajuste en la propuesta.

Actualmente, la iniciativa está en evaluación de dos comisiones del Congreso: Descentralización y Vivienda.

OjoPúblico le envió un cuestionario al municipio para consultarles qué relación existe entre su sobreendeudamiento y estos proyectos de ley. No respondieron.

Acaparar recursos de Foncor

Este medio identificó un dictamen adicional que, de prosperar, favorecerá al municipio de la capital limeña en desmedro de otras regiones. Se trata de la inclusión de la comuna en la distribución del Fondo de Compensación Regional (Foncor), una herramienta creada para localidades con altos niveles de pobreza y con pocos recursos del canon, regalías y rentas de aduanas.

El documento acumula cinco proyectos de ley. Estos fueron promovidos por seis congresistas: Rosselli Amuruz Dulanto, Diego Bazán Calderón (Avanza País), Patricia Chirinos Venegas, Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular), Alejandro Aguinaga y Martha Moyano Delgado (Fuerza Popular).

Un análisis del MEF, enviado a la Comisión de Presupuesto, señaló que la iniciativa podría dejar con “cero transferencias” a otras regiones. En consecuencia, demandarían recursos adicionales al Estado.

INEQUIDAD. Legisladores proponen incluir a la capital en el reparto de Foncor, pero esto dejaría a, al menos, tres regiones totalmente desfinanciadas.

Fuente: Congreso / Ministerio de Economía

Según sus estimaciones, la comuna se llevaría más del 30% del total del fondo: alrededor de S/1.886 millones, “debido a que cuenta con mayor población y con pocos recursos de canon y regalías”. Regiones como Áncash, Callao y Tacna no recibirán nada.

Pese a eso, la propuesta tiene un dictamen favorable de la Comisión de Descentralización del Congreso, desde noviembre de 2023. El Consejo Fiscal ha advertido que es una iniciativa perjudicial para las finanzas públicas.

OjoPúblico buscó a los promotores del proyecto. Al cierre de este informe, solo Yarrow Lumbreras contestó. Dijo que, si la comuna no recibe estos recursos, se le debería “quitar la categoría de región”.

Dependencia acentuada

Hay otra iniciativa que el actual Congreso aprobó y ya beneficia al municipio capitalino: el incremento del Fondo de compensación municipal (Foncomun). Ese aumento fue impulsado en 24 proyectos de ley, que, luego, se acumularon en un dictamen. Este último fue aprobado en el Pleno, sin ningún voto en contra. Las bancadas que tuvieron más peso en su aprobación fueron Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y Acción Popular.

Antes, el Impuesto de promoción municipal (IPM), que se cobra a través del Impuesto general a las ventas (IGV) y financia el Foncomun, era de 2%. Con la norma, subirá gradualmente a 4% hasta 2029.

Cuando era evaluada en el Parlamento, el MEF sostuvo que el problema de los municipios locales y distritales no es la falta de dinero en el Foncomun, sino la “ineficiencia del uso de recursos”.

Al impulsar normas de este tipo, la Municipalidad de Lima profundiza su dependencia del gobierno central, señala el economista Armando Mendoza. Aunque, por sus características, “debería ser autosuficiente al grado máximo”, agrega.

De hecho, luego de tres emisiones de bonos municipales entre 2023 y 2025, los recursos de Foncomun también están comprometidos para el pago de la deuda municipal. Lo mismo pasa con los impuestos de alcabala y vehicular.

Consultado por OjoPúblico, Juan Carlos Adriazola, regidor del municipio por Alianza para el Progreso, dijo que las próximas dos administraciones van a tener “la soga al cuello” porque van a encontrar algunos impuestos comprometidos en el pago de deudas.

Hace tres semanas, Renzo Reggiardo Barreto, alcalde encargado del municipio tras la renuncia de López Aliaga, se presentó en el Congreso para solicitar S/200 millones más de presupuesto para el próximo año. De acuerdo a un análisis de Propuesta Ciudadana, la recaudación de impuestos de la comuna debería crecer 10% cada año. Aún en ese escenario, el dinero no alcanzaría para atender otros gastos, como el pago de salarios para sus trabajadores y nuevas inversiones.