El presupuesto del Ministerio del Interior —encargado del orden interno— aumentó en S/1.000 millones en solo cuatro años. El monto equivale a todos los recursos anuales del programa social Cuna Más y bordea la cifra disponible para Juntos. Pese a la mayor disponibilidad de recursos, las denuncias por extorsión se multiplicaron por seis en ese mismo lapso.

A detalle, entre enero y setiembre de 2021, se registraron 3.069 denuncias por ese delito. En el mismo periodo de 2025, los reportes fueron 20.705, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) analizados por OjoPúblico. El sector Interior, mientras tanto, pasó de contar con S/13.217 millones a S/14.304 millones, a octubre de este año.

Frente a la escalada de inseguridad, el Ejecutivo —todavía a cargo de Dina Boluarte— propuso aumentar los fondos de la cartera a S/13.748 millones, 3% más que lo asignado a inicios de 2025. Ahora, el monto podría crecer: José Jerí, actual presidente interino, ha prometido que su gestión destinará más recursos a la Policía.

Aumento de presupuesto en Interior equivale a los recursos del programa Cuna Más o los de Juntos".

En concreto, el proyecto de presupuesto público para 2026 busca aumentar en mayor proporción el monto destinado a la contención de protestas que a la lucha contra la inseguridad y el tráfico de drogas. Si se compara con 2021, los recursos para esa categoría son casi 60% más altos en la propuesta para el próximo año.

Para otras categorías relevantes, aunque las cifras solicitadas crecieron, lo hicieron en menor proporción. En la lucha contra la inseguridad ciudadana, por ejemplo, el incremento previsto es de 50% respecto a 2021.

Además, a dos meses de terminar el año, el ministerio apenas ha ejecutado el 20% de los S/938 millones con los que cuenta para proyectos de inversión, que podrían contribuir a mejorar su operatividad.

Interior: los gastos que prioriza el ministerio

El pasado 21 de octubre, el presidente de transición José Jerí declaró en estado de emergencia a Lima y Callao por 30 días. Desde entonces, las denuncias por extorsión, los robos al paso y los homicidios no han mostrado cambios significativos en las calles. Tampoco se comunicó qué estrategia implementará el Ejecutivo en otras regiones.

A la fecha, el presupuesto actualizado del Ministerio del Interior, que se conoce como Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/14.304 millones, según datos del portal Consulta Amigable. Es el monto más grande desde 2021.

Estos recursos se distribuyen en cuatro pliegos: Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP).

El Ministerio del Interior es el pliego central y el que recibe más recursos. Este año, ha dirigido su presupuesto, sobre todo, a tres unidades ejecutoras: la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía (S/10.656 millones), la Oficina General de Administración (S/1.847 millones) y la VII Dirección Territorial de la Policía en Lima (S/232 millones).

La primera de estas unidades gasta, principalmente, en patrullaje (S/2.725 millones) y obligaciones previsionales (S/1.830 millones). Para la disminución de "conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas", destinó más de S/649 millones. 

Estos recursos se emplean en la compra de equipos policiales, como chalecos antibalas, fusiles de francotirador, ametralladoras, vehículos portatropas, motocicletas, camionetas y omnibuses. Más abajo, se encuentra el presupuesto para la reducción de violencia contra la mujer, de poco más de S/634.000.

En paralelo, la Oficina General de Administración destinó S/1.003 millones al pago de pensiones y S/211 millones para mejorar el servicio de control de disturbios civiles —al inicio de año, solo se había contemplado S/145 millones—. Por último, en la Dirección Territorial de la Policía se derivaron más recursos para patrullaje (S/96 millones) y la compra de camionetas y motocicletas para comisarías (S/30 millones).

El especialista en seguridad ciudadana Victor Quinteros Marquina recuerda que, pese al incremento de los recursos, estos se dirigen a una institución con múltiples cuestionamientos, que no ha pasado por una reforma.

“Un censo policial del 2023, [de autopercepción], habla de que nueve de cada 10 policías están involucrados en actos al margen de la ley. Además, hay más de 30.000 expedientes pendientes de resolver en el sistema disciplinario policial, y lo otro, es que públicamente se percibe que el personal policial está involucrado en extorsiones”, dice.

Para Quinteros Marquina, el contexto actual exige una priorización de recursos en infraestructura, equipos y personal dedicado a labores de inteligencia. Este 2025, la cartera cuenta con S/938 millones para la infraestructura y bienes que mejoren su operatividad. Pero, a dos meses de cerrar el año, solo ha gastado el 20%, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía analizados por OjoPúblico.

Uno de los gastos en la mira está vinculado al reemplazo de la aeronave Antonov An-32B, que sirve para traslados de la Policía en situaciones de emergencia. La adquisición se aprobó en 2017, pero no se concretó. Originalmente, el precio aprobado era de S/150 millones. Sin embargo, este año, se actualizó a S/294 millones. Ya está programado que se pague el 85% de esa cifra en lo que queda del año.

OPERATIVO. La Contraloría ha encontrado armas con 40 años de antigüedad en comisarías. Mientras el Mininter solo ha gastado 20% de su presupuesto para inversión a dos meses de terminar el año.

Foto: Contraloría

La Contraloría ha cuestionado la pertinencia de la inversión, pues identificó que, al momento de aprobar la compra, el avión a reemplazar no había cumplido sus horas de vuelo y tampoco se le había dado de baja técnica.

Esta semana, la entidad inspeccionó 466 comisarías del ámbito nacional. En el distrito limeño del Rímac encontraron armas de 40 años de antigüedad y chalecos en mal estado. En San Juan de Miraflores hallaron escaleras oxidadas, proyectiles de armas de fuego corroídos, y motos nuevas llenas de polvo. Los operativos continuarán hasta el 5 de noviembre.

Defensa destina 70% de su presupuesto a salarios y pensiones

A inicios de 2025, el Ministerio de Defensa —sector que brinda soporte al Ministerio del Interior cuando se implementan estados de emergencia— tenía previsto un presupuesto de S/9.345 millones. Sin embargo, la cifra subió 6% tras una actualización. Para el próximo año, el Ejecutivo busca destinar 8% más (S/10.167 millones). El 70% de ese monto se utilizará para pagar salarios y pensiones, según el exministro de Defensa, Walter Astudillo.

A la fecha, el gasto se distribuye en dos pliegos: Ministerio de Defensa (S/9.578 millones) e Instituto Nacional de Defensa Civil (S/305 millones). Dentro del primero, las unidades ejecutoras con más recursos son el Ejército (S/3.069 millones), la Marina de Guerra (S/2.471 millones), la oficina previsional de las Fuerzas Armadas (S/2.037 millones) y la Fuerza Aérea (S/1.811 millones).

Al observar solo el presupuesto en proyectos de inversión, el nivel de gasto llega al 19%, pese a que tuvo un incremento de 26% (pasó de S/686 millones a S/869 millones). El Ejército es el pliego que más recursos ha obtenido en este concepto (S/348 millones), pero solo ha ejecutado el 14% (S/47 millones). El portal de Transparencia no brinda detalles sobre el destino del dinero porque lo clasifica como “información secreta”.

El año pasado, cuando se sustentó ese presupuesto, se propuso comprar 24 aviones caza de alto rendimiento para la Fuerza Aérea, hasta por S/14.485 millones. Se trata, en palabras del exministro Walter Astudillo Chávez, de la “adquisición más importante de las últimas cinco décadas” para la Fuerza Aérea.

Ernesto Álvarez Miranda, nuevo presidente del Consejo de Ministros, afirmó en el Congreso que el Gobierno de transición de José Jerí, impulsará el proyecto al considerarlo una opción para “optimizar el control” del “espacio aéreo”.

El Congreso duplicó su presupuesto en cuatro años

El Congreso, entidad que aprobó las leyes que han debilitado la lucha contra la criminalidad, inició el año con un presupuesto de S/1.412 millones. Esto representa más del doble de lo aprobado en 2021 (S/649 millones).

Pese a eso, la cifra ha ido creciendo a lo largo del año. Ahora, el Legislativo cuenta con S/1.413 millones, de los cuales ya gastó el 60%. Ese dinero se reparte en dos unidades ejecutoras: Congreso (S/1.314 millones) y la implementación de la infraestructura y funcionamiento de la bicameralidad (S/99 millones), que empezará a regir en julio de 2026.

La mayor parte de los recursos de la primera unidad ejecutora se dirigen a la gestión administrativa (S/583 millones), como la coordinación parlamentaria, asesoría y apoyo a las funciones legislativas.

Para implementar la bicameralidad, se destinaron más de S/68 millones en la mejora de la infraestructura del Palacio Legislativo y para adecuar oficinas administrativas. Además, este año, se aprobó la construcción de un edificio entre la intersección de la avenida Abancay y el Jirón Junín, en el Cercado de Lima. Allí funcionarán las nuevas operaciones del parlamento. El presupuesto destinado en 2025 para esas obras fue de S/17 millones. Al 30 de octubre, su avance era de 16%.

Según el Plan Maestro aprobado por la mesa directiva del Legislativo, el edificio contará con 15 despachos congresales, 15 oficinas, 15 salas de reuniones y otros ambientes de uso general. En total, tendrá un costo de S/37,5 millones y debería estar listo en abril de 2026.

MAQUETA. Nuevo edificio del Congreso tendrá un costo total de S/37,5 millones y debe estar listo en abril de 2026, según el plan que implementa la bicameralidad.

Composición: Congreso

Como cada año, el Legislativo tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto público del siguiente año, que incluye a los diversos sectores. Para 2026, la propuesta global del Ejecutivo asciende a S/257.561 millones. De este total, se destinarán S/93.438 millones a remuneraciones, principalmente para Educación, Salud, Interior y Defensa.

Si bien el pago de personal y las obligaciones sociales son un componente importante que se debe cubrir como parte del presupuesto, el magíster en Gestión y Políticas Públicas Pablo Roca Sánchez señala que, en los últimos años, ha habido distintas alertas por la aprobación de bonos e incrementos salariales sin sustento técnico.

Ministerio de Economía está perdiendo la capacidad de ser el guardián de la prudencia fiscal", opina Pablo Roca Sánchez.

Este mes, el Consejo Fiscal brindó, por primera vez desde su creación, un pronunciamiento público para alertar que, desde el actual Congreso, se han promulgado 229 leyes con impacto fiscal negativo. De este total, 181 leyes crean mayor gasto público en creación de universidades, alza de salarios, bonos, cambios de regímenes laborales, entre otros.

Uno de los proyectos de ley identificados por este grupo de trabajo incluye un incremento de la pensión de orfandad para policías y militares que podría costar S/289 millones cada año, de aprobarse.

Roca Sánchez precisa que, si bien el presupuesto público se aprueba en un entorno político como el Congreso, hasta hace una década, se contaba con un Ministerio de Economía que, con argumentos técnicos, lograba limitar las demandas de los legisladores. “El Ministerio de Economía está perdiendo esta capacidad de ser el guardián de la prudencia fiscal, de asegurar, a partir de este debate técnico, el buen destino de los recursos públicos”, alerta.