Con la colaboración de Arturo Torres (Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico) y Jorge Clavijo (Red Investigativa Regional de OjoPúblico en La Libertad)

Eduar Aderli Sánchez Chanta, de 28 años, muestra en sus redes sociales una vida de lujo: autos de alta gama, hoteles elegantes y botellas de ron costosas. Pero detrás de esas imágenes de éxito se oculta una historia que la justicia empieza a mirar con atención.

El 21 de setiembre, su pareja publicó en Facebook una fotografía tomada en la oficina de Sánchez: sobre el escritorio, dos girasoles yacían junto a cuatro billetes de cien dólares y granos de oro.

Apenas cuatro días antes, el 17 de setiembre, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, encargó a la comisaría local de la policía –a través de un oficio al que accedió OjoPúblico– que investigara a él y a otras 21 personas por presunta minería ilegal.

Según fuentes policiales y locales consultadas por este medio, Sánchez Chanta forma parte de una familia que, desde la pandemia, ha acumulado una fortuna extrayendo oro de los ríos del distrito de Namballe, en la provincia de San Ignacio en Cajamarca.

En Namballe —distrito fronterizo con la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe— la minería ilegal ha crecido sin pausa en los últimos cinco años. Cada vez más pobladores se dedican a esta actividad: redes familiares, empresarios ecuatorianos, policías e incluso una empresa con sede en Trujillo.

TRANSFORMACIÓN. Excavadoras y volquetes de la minería ilegal dominan el paisaje a lo largo del río Chinchipe, que atraviesa la provincia de San Ignacio hasta la frontera con Ecuador.

Foto: OjoPúblico
 

Una familia con funciones repartidas

En sus redes sociales, Eduar –conocido en San Ignacio como “Flaco”– aparece sonriente junto a su torta de cumpleaños decorada con retroexcavadoras de mazapán, pero también figura en videos de enfrentamientos entre mineros informales.

El 13 de noviembre de 2024, durante un operativo policial en el puerto La Balsa, interrumpió a los agentes que intentaban mediar en un choque entre mineros. “¿Ustedes vienen a proteger? ¿Pero qué hacen allá?”, les increpó mientras señalaba hacia el lado ecuatoriano.

POSANDO. En las redes sociales, el presunto minero ilegal Eduar “Flaco” Sánchez se presenta en fotos como un empresario exitoso.

Foto: Captura Facebook

Su hermano mayor, Cristian Gianmarco, también ha ganado notoriedad. El 9 de setiembre celebró su cumpleaños 30 en Namballe con fuegos artificiales que proyectaban su nombre y una presentación ecuestre. Desde ese mes, la FEMA de San Ignacio lo investiga por presunta minería ilegal.

Cristian Gianmarco figura como titular de dos concesiones mineras en Namballe que abarcan más de 1.500 hectáreas y llegan hasta la frontera con Ecuador, a orillas del río Canchis. En agosto, OjoPúblico constató la presencia de excavadoras operando en el cauce.

La tercera figura de la red familiar es Francisco Romero Chanta, tío de ambos, también es investigado por presunta minería ilegal. Hasta el 7 de noviembre de 2023 figuraba como “minero en vías de formalización” en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero su registro fue suspendido.

El negocio del oro nunca había sido tan rentable: el 9 de octubre de 2025, su precio superó por primera vez los USD 4.000 por onza, el nivel más alto de su historia. Desde enero, el valor del metal ha subido más de 50%, según Refinitiv Eikon.

El 9 de octubre de 2025, el precio del oro superó por primera vez los USD 4.000 por onza, el nivel más alto de su historia.

De acuerdo con Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake Forest, cada alza del precio del oro desata una cadena de impactos en la Amazonía: expansión minera, deforestación, contaminación por mercurio y ríos colmatados. Todo esto fortalece redes criminales que prosperan entre la corrupción y la falta de control estatal, como ocurre en San Ignacio.

El asesor ecuatoriano

El ecuatoriano José Germán López Sivisaca (48), conocido como “Pepe Mina”, se ha convertido en una de las figuras clave en la expansión de la minería ilegal a ambos lados de la frontera.

Documentos policiales –a los que OjoPúblico tuvo acceso– lo señalan como presunto financista de operaciones en la zona de El Tambo (Amazonas), y su nombre ya había aparecido en 2019 en un informe sobre minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas.

“Se presentó en San Ignacio como un político, convenciendo con argumentos y pasión a la población para involucrarse en la minería ilegal”, contó un residente.

Aunque no figura entre los 22 investigados por la FEMA, fuentes fiscales confirmaron que está investigado por presunta minería ilegal en San Ignacio desde 2023. También tiene un juicio de alimentos y un proceso de quiebra en Ecuador, aún en trámite.

TRÁNSITO. La cercanía de la provincia de San Ignacio con Ecuador convierte a la región en un punto atractivo para actores ecuatorianos que invierten en la minería ilegal.

Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo

De acuerdo con un oficio de las rondas campesinas de Namballe, enviado en julio de 2023 al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a la entonces fiscalía ambiental de Chiclayo, “Pepe Mina” también habría trabajado junto a Pepe Jilmer Alberca Amari, otro de los 22 investigados por el presunto delito de minería ilegal.

Alberca Amari figura como gerente de la empresa Namballe Ecológica Mining S.A.C., constituida en 2022 y dada de baja de oficio ante la Sunat registrada el 29 de abril de 2024.

La empresa fue sancionada por ocupar sin autorización parte del cauce del río Chinchipe, en Namballe, con maquinaria pesada para realizar trabajos vinculados a la minería entre 2022 y 2023, según una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la que accedió OjoPúblico.

Durante una visita realizada el 26 de setiembre de 2023, la ANA constató la presencia de una retroexcavadora en el lecho del río y evidencias de intervenciones previas. La Autoridad Nacional del Agua calificó la falta como grave y le impuso una multa de S/10.246,50.

Investigaciones contra policías

En la lista de los 22 investigados por la FEMA en San Ignacio por el presunto delito de minería ilegal figuran tres agentes de la policía: Limanor Herrera Maldonado, Yonatan Conde Adrianzén y Milton Aníbal Pereyra Díaz.

Una denuncia publicada en 2024 indica que el efectivo Pereyra Díaz fue investigado ese mismo año por un presunto delito contra la administración pública. La denuncia señala que habría realizado cobros irregulares a mineros informales en la provincia de San Ignacio.

Al igual que con la familia Sánchez Chanta, se manifiesta un vínculo familiar entre los presuntos mineros ilegales. En relación con el efectivo Conde Adrianzén, el nombre de su padre, Hipólito Conde Peña, aparece también en el oficio de la FEMA en San Ignacio.

En fotografías de fiestas compartidas por el investigado “Flaco” Sánchez Chanta, aparece otro efectivo de la Policía Nacional tomando cerveza y tragos: el comisario de Namballe, Braulio Marcial Cabrejos Julca, vestido de civil. Fuentes locales aseguran que ambos mantienen una relación de amistad.

Además, miembros de las rondas campesinas de San Ignacio informaron a este medio que Cabrejos Julca no asiste a las reuniones del Comité Distrital de Seguridad (Codisec), espacio en el que participan la policía, las rondas y la Municipalidad de San Ignacio.

Según fuentes fiscales, el comisario fue denunciado este año ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio por concusión, pero el caso fue archivado.

OjoPúblico intentó comunicarse con Eduar Aderli Sánchez Chanta mediante mensajes y llamadas, pero no obtuvo respuesta.

Cristian Gianmarco Sánchez Chanta, Francisco Romero Chanta, Pepe Jilmer Alberca Amari, Hipólito Conde Peña, Yonatan Conde Adrianzén, Milton Aníbal Pereyra Díaz y Braulio Marcial Cabrejos Julca tampoco respondieron a mensajes enviados a través de sus redes sociales.

Una red de empresas

Según Marlon Cotrina Vílchez, ingeniero ambiental y coordinador de la pastoral ecológica del Vicariato de Jaén, en el norte de Cajamarca también operan empresas formales que gestionan permisos —entre ellos las concesiones mineras y la inscripción en el Reinfo—, lo que les permite mantener una apariencia de legalidad. Mientras a su alrededor, se teje una red de actores informales, señaló a este medio.

En las zonas donde operan no solo trabajan empleados con contrato formal, sino también pequeños mineros informales que extraen de los ríos mineral con contenido de oro. Ese material —obtenido de manera ilegal— “termina en manos de las mismas empresas para su procesamiento”, explicó Cotrina.

Alrededor de las empresas mineras en el norte de Cajamarca se ha tejido una red de actores informales, según Marlon Cotrina, ingeniero ambiental del Vicariato de Jaén.

La FEMA de San Ignacio también investiga a representantes legales de empresas formales por el presunto delito de minería ilegal.

Una de ellas es Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L, con domicilio judicial en Trujillo, región La Libertad, cuyo representante, Piero Alejandro Rosell Salas, está siendo investigado por presunta minería ilegal, de acuerdo con fuentes fiscales.

En los últimos meses, el nombre de la empresa se ha difundido en el norte de Cajamarca, luego de que enviara cartas notariales a representantes de las rondas campesinas de Jaén, quienes la acusaron de estar involucrada en actividades de minería ilegal de oro.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la empresa está dedicada a la agricultura y la ganadería, pero también está inscrita en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro del Minem.

La compañía mantiene un Reinfo vigente en Bellavista, pero otro fue suspendido por la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Cajamarca el 26 de febrero de 2025 tras detectarse explotación en zonas no autorizadas.

En otras zonas de Cajamarca, la minería ilegal se realiza en socavones subterráneos. “Lo particular de San Ignacio es que la actividad es aluvial, y los mineros utilizan mercurio para lavar el oro, contaminando el río”, explicó Víctor Edilberto Cusquisibán Fernández, director de la DREM de Cajamarca.

El funcionario agregó que, desde un decreto emitido el 18 de mayo de 2025, los gobiernos regionales ya no tienen la facultad de incluir o excluir a los mineros del Reinfo, ni de otorgar concesiones mineras. Estas competencias están bajo la rectoría del Minem.

La gerenta de Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L es la peruana Cecilia María del Carmen de Orbegoso Montoya de Cussianovich (69), quien posee una concesión minera titulada de 500 hectáreas en los distritos de Chirinos, La Coipa y Bellavista, otorgada el 16 de octubre de 2024.

Foto: Captura Geocatmin

Esta área se superpone con el río Tabaconas, afluente del río Chinchipe, en la frontera entre las provincias de San Ignacio y Jaén. Además, la empresaria tiene un Reinfo vigente en el distrito de Salpo, provincia de Otuzco, en la región La Libertad.

Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), también fue una de las socias fundadoras del Consorcio Amazónico Pelé & Venus S.A.C. en 2005.

El consorcio —que lleva el mismo nombre que la empresa investigada— tenía como gerenta a Orbegoso Montoya de Cussianovich hasta octubre de 2024 y estaba registrado en Puerto Tamborapa, distrito de Chirinos, provincia de San Ignacio. Desde el 31 de julio de este año, figura dado de baja de oficio.

En el radar de la policía

Orbegoso Montoya de Cussianovic figura en seis denuncias policiales registradas entre 2022 y 2024 en La Libertad. Tres de ellas están relacionadas con el presunto robo o transporte ilegal de mineral con oro.

El 18 de noviembre de 2022, representantes de la empresa HAR Mining Corporation S.A.C. la denunciaron por la sustracción de 900 sacos de mineral con oro de una mina de la compañía ubicada en el distrito de Salpo (provincia de Otuzco, La Libertad).

El 8 de mayo de 2023, la misma empresa presentó una nueva denuncia en su contra, esta vez por el transporte de 25 toneladas de mineral con oro en bruto sin la documentación correspondiente.

El 10 de abril de 2024, representantes de Security & Control Corporation S.A.C. la denunciaron, junto a otras dos personas, por el presunto hurto de unos 800 sacos de mineral con oro de la concesión Lucero de Villacorta y Socavón, ubicada en Chirinos (Cajamarca).

No obstante, los tres casos fueron archivados. Por otro lado, el 1 de febrero de 2024 se abrió una investigación por el presunto delito de minería ilegal contra Orbegoso Montoya de Cussianovic en la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental en Trujillo.

La empresaria figura en otras nueve compañías como gerenta, apoderada o socia. De las once empresas en las que aparece como representante legal, nueve están con la condición de “baja de oficio”, algunas desde 1998 y otras desde abril de este año.

El 22 de abril de 2025, la DREM de Cajamarca excluyó del Reinfo al Consorcio Amazónico Pelé & Venus S.A.C., tras comprobar que no realizaba actividades extractivas en la concesión Las Juntas en el distrito Los Chirinos, provincia de San Ignacio. Según la resolución a la que accedió OjoPúblico, la inactividad en una concesión minera constituye una infracción al reglamento de formalización.

Pese a estar dada de baja de oficio en la Sunat, el Consorcio Amazónico Pelé & Venus S.A.C. cuenta con nueve Reinfos vigentes.

Pese a esta medida—y a que la Sunat dio de baja de oficio su registro único de contribuyentes (RUC), requisito indispensable para mantener un registro vigente—, el consorcio aún cuenta con nueve registros inscritos en el Reinfo vigentes: tres en Cajamarca —dos en la provincia de San Ignacio y una en la provincia de Jaén—, y seis en la provincia de Otuzco, en La Libertad.

Foto: Captura Minem

Entre el 10 de enero de 2024 y el 14 de abril de 2025, Orbegoso Montoya de Cussianovich realizó 34 visitas a entidades públicas peruanas, 25 de ellas a la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos en Trujillo.

Antes de ese periodo, entre el 13 de enero de 2017 y el 22 de junio de 2018, registró nueve visitas al Minem en Lima. Algunas de estas fueron registradas con el motivo “documentos”, mientras que otras figuran como “reunión de trabajo".

OjoPúblico envió una lista de preguntas a Cecilia Maria del Carmen de Orbegoso Montoya de Cussianovich y a la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de este artículo.

El auge del precio del oro en el mercado internacional ha convertido al norte de Cajamarca en un territorio fértil para la minería ilegal: familias locales que exhiben fortunas súbitas, empresarios ecuatorianos que operan al margen de la ley y empresas formales cuyos gerentes figuran bajo investigación por presunta extracción irregular de oro.