Con la colaboración de Gianfranco Huamán
El productor de café Walter Aranda Salazar recuerda el río Chinchipe de su infancia como un paraíso en Leoncio Prado, un caserío de 20 habitantes en la provincia cajamarquina de San Ignacio, a apenas un kilómetro de la frontera con Ecuador. Sus aguas eran cristalinas, se podía pescar y las familias se reunían en sus orillas para pasar el verano. Pero desde la pandemia, ese paisaje ha cambiado: grandes pozas y zanjas interrumpen su cauce natural, el barro tiñe el agua y el ruido de las retroexcavadoras es incesante.
La expansión de la minería ilegal de oro ha transformado la vida de Walter y de toda su comunidad, dejando atrás la tranquilidad de sus fincas cafetaleras que ahora colindan con campamentos mineros donde conviven hombres procedentes de Ecuador, Colombia, Venezuela y distintas regiones del Perú.
El río Chinchipe, que nace en los Andes ecuatorianos, recorre 150 kilómetros dentro del territorio peruano antes de desembocar en el río Marañón. Un equipo de OjoPúblico documentó en siete puntos del Chinchipe y de sus afluentes —el Canchis y el Namballe—, la operación de decenas de retroexcavadoras que han destruido el río. Estos equipos pertenecen a ciudadanos de Ecuador y Colombia, quienes además reclutan a personas de la zona como operarios.
La expansión de la minería ilegal de oro ha transformado la vida de Walter y de su comunidad, dejando atrás la tranquilidad de sus fincas cafetaleras.
Lo que se observa en el terreno también se refleja en los registros de concesiones mineras analizados por OjoPúblico: en los últimos años, pequeños titulares —personas naturales y empresas locales— han solicitado concesiones directamente sobre el cauce del Chinchipe con el objetivo de asegurarse porciones de espacios codiciados por la minería aluvial.
IMPACTO. En varios tramos, grandes pozas y zanjas interrumpen el cauce natural del río Chinchipe y el ruido de las retroexcavadoras es incesante.
Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo
Solo entre 2024 y setiembre de 2025 se titularon 36 concesiones en San Ignacio, superando las 30 otorgadas en los ocho años anteriores. La misma dinámica se repite en los expedientes en trámite: entre 2015 y 2023 apenas se registraron 12, mientras que desde 2024 la cifra se disparó a 41 concesiones solicitadas, más del triple en menos de dos años, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Como sucede en otras partes del país, a pesar de que la explotación de oro está prohibida en los ríos, la autoridad ha otorgado 30 concesiones mineras sobre el río Chinchipe: 16 tituladas, 13 en trámite y una extinguida, según Ingemmet. Antes de 2016 no existían concesiones sobre este río, y solo una se registró ese año.
CERCADO. El curso del río Chinchipe, que atraviesa la provincia de San Ignacio de norte a sur, está cubierto de concesiones mineras.
Fuente: Geocatmin
Además de ser caficultor, Walter Aranda es subprefecto de Leoncio Prado. Desde ese cargo ha enviado oficios a la alcaldía provincial y al mayor de la policía de San Ignacio, así como al Ejército, alertando sobre el creciente ingreso de maquinaria pesada para la minería ilegal y los impactos de esta actividad en el ecosistema. No está solo. Las rondas campesinas, autoridades locales y organizaciones sociales han conformado el Frente Ambiental y de Desarrollo Sostenible Integral de las provincias de San Ignacio y Jaén, con el objetivo de defender su territorio.
Pero esta defensa conlleva riesgos. En abril de este año, Agapito Castillo Barco, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio, fue atacado junto a los alcaldes José Tapia (Jaén) y Óscar Córdova (La Coipa), tras ser emboscados por mineros ilegales mientras encabezaban una movilización en defensa de los recursos naturales.
“Si no ponemos un freno a esta situación, vamos a terminar como en Pataz (La Libertad) donde reinan el sicariato, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción”, afirma Agapito Castillo, quien asumió su cargo en noviembre de 2023, en un contexto en que los enfrentamientos a favor y en contra de la minería en la región se intensificaron.
DETERIORO. Entre 2019 y 2025, las excavadoras de la minería ilegal han ensanchado el cauce del río Chinchipe a la altura del caserío Leoncio Prado, a solo un kilómetro de Ecuador.
Fuente: OjoPúblico / Copernicus
Tras años de liderar la producción de oro nacional, la inversión minera formal en Cajamarca sumaba USD 21.583,223 en el primer semestre de este año, lo que representó una reducción de más del 50% en comparación con el mismo periodo del 2024, según el último reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Un ejemplo de esto es que, mientras Yanacocha —uno de los mayores proyectos auríferos del país, ubicado en la zona central de la región Cajamarca— atraviesa un declive productivo y se proyecta su cierre al 2030, San Ignacio se ha convertido en epicentro de la minería ilegal de oro en el extremo norte de la región, concentrando la presión de la actividad extractiva sobre los ríos, los cafetales y los bosques de la provincia.
Las concesiones se disparan
El avance de la minería en San Ignacio desde la pandemia se extiende al resto del territorio de esta provincia, según datos analizados por OjoPúblico. Mientras que en 2019 había 26 concesiones (tituladas, en trámite o extinguidas), el Ingemmet contabilizó en setiembre de este año 139 concesiones. De estas, 77 están tituladas, 53 en trámite y nueve extinguidas.
El incremento fue significativo en 2024: se aprobaron 34 y otras 25 se encuentran en trámite. Solo ese año concentró el 52% de todas las concesiones tituladas (66) en San Ignacio. En lo que va de 2025, ya suman dos concesiones tituladas y otras 16 en trámite, según Ingemmet.
La región Cajamarca tiene un total de 2.083 concesiones mineras (vigentes, en trámite o extinguidas). De este total, el 55% de concesiones se concentran en seis provincias: Hualgayoc concentra 359 concesiones. Le siguen la provincia de Cajamarca (243), Celendín (153), San Ignacio (139), Chota (136) y Contumazá (134).
Hualgayoc tiene la mayor cantidad de concesiones tituladas (327) y, además, es una de las provincias con más pasivos mineros (1.080) a nivel nacional, pero San Ignacio es la provincia donde las solicitudes en trámite crecen más rápido en los últimos años, superando a las otras cinco con mayor actividad minera. Actualmente, cuatro de cada diez concesiones en San Ignacio siguen en trámite.
La región Cajamarca tiene un total de 2.083 concesiones mineras (vigentes, en trámite o extinguidas).
A pesar de la presencia de retroexcavadoras a lo largo del río Chinchipe, San Ignacio solo tiene 14 mineros vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de un total de 365 vigentes en Cajamarca. Esta brecha evidencia que gran parte de la actividad extractiva se desarrolla al margen de la formalidad.
Ecuatorianos alquilan terrenos
En la cuenca del Chinchipe operan unas 400 maquinarias usadas por la minería ilegal que pertenecen a 80 personas, a los que se les conoce como “inversionistas”, según Óscar López, alcalde de La Coipa, uno de los siete distritos de San Ignacio.
A estos equipos se suman entre 10 a 30 personas por campamento, dedicados a la extracción manual de oro. Ellos funcionan como la fuerza de choque que necesitan los “inversionistas” para enfrentar las intervenciones contra la minería que realizan los ronderos.
DAÑO. Con excavadoras y volquetes se abren pozas en las orillas del río Chinchipe. Luego, usando motobombas y clasificadoras de tierra rastrean el fondo en busca de oro.
Foto: OjoPúblico
A diferencia de la minería aluvial en Amazonas y Loreto, donde predominan las dragas, en el río Chinchipe la extracción se realiza con retroexcavadoras, excavadoras y camiones, que acceden con facilidad al cauce por la cercanía de caminos y trochas. Desde allí operan sin mayor control policial. Esta dinámica se replica, con igual intensidad, al otro lado de la frontera con Ecuador, como pudo confirmar este medio.
Según vecinos y fuentes de la fiscalía y la policía, la extracción de oro en el río Chinchipe sigue un esquema claro: familias que poseen terrenos a orillas del río los alquilan a los mineros a cambio de un porcentaje del oro extraído. Estos acuerdos incluso se formalizan mediante contratos.
CONTRATO. En San Ignacio, muchos propietarios de tierras establecen contratados de cesión de uso con mineros ilegales que buscan acceso al río Chinchipe.
Fuente: OjoPúblico
OjoPúblico accedió a un contrato de Leoncio Prado que revela los términos entre los propietarios y los arrendatarios. Según el documento, dos ciudadanos ecuatorianos que alquilan una hectárea a orillas del río Chinchipe se comprometen a entregar semanalmente el 15% de sus ganancias a los dueños del terreno.
El oro extraído del Chinchipe cruza la frontera hacia Ecuador, donde se ubican las plantas procesadoras. Según fuentes policiales, el mineral se traslada en camionetas que pasan por trochas informales sin control alguno.
Mineros armados y operativos filtrados
El incremento de campamentos mineros ilegales en San Ignacio ha traído consigo hechos de violencia y uso de armas por el control del oro que involucran a ciudadanos ecuatorianos, según fuentes policiales.
El 13 de noviembre de 2024, policías de Ecuador y Perú se desplazaron hasta el sector Las Juntas, en el caserío La Balsa del distrito de Namballe, tras un choque entre dos grupos de mineros que se atacaron con bombas lacrimógenas y piedras. En otros operativos en esta provincia, la Policía ha incautado pistolas y revólveres, confirmó un agente a OjoPúblico.
El incremento de campamentos mineros ilegales en San Ignacio ha traído consigo hechos de violencia y uso de armas por el control del oro.
También hay habitantes de San Ignacio que reúnen recursos para adquirir maquinaria y explotar directamente sus tierras. Esto ha provocado enfrentamientos con quienes se oponen a esta actividad, derivando en denuncias.
EPICENTRO. La extracción de oro atrae a mineros ilegales de Ecuador, Colombia y diversas regiones del Perú hacia San Ignacio, donde se instalan en campamentos a orillas del Chinchipe.
Foto: OjoPúblico / Aaron Wörz
Este es el caso de la productora de café Dalinda Castillo y otras 27 personas de Huaquillas que fueron denunciadas en 2024 por lesiones leves, coacción y daño agravado contra trabajadores de la empresa Rial Minera. Según la acusación, en 2022 fueron sometidos a castigos que aplican las rondas campesinas: ejercicios físicos forzados, azotes con chicote y golpes con palos por realizar actividades extractivas en la zona.
A diferencia de la minería ilegal en la Amazonía, donde las zonas ocupadas por la economía ilegal solo se pueden alcanzar en barco o desde el aire, en San Ignacio se puede observar a las excavadoras a orillas del río desde la carretera. Sin embargo, las intervenciones de las autoridades para incautar la maquinaria son poco frecuentes. Y, cuando ocurren, estos equipos desaparecen en las montañas boscosas y los campamentos quedan vacíos.
“Hay colegas de la policía que han invertido en este negocio [la minería ilegal]. Cuando queremos ejecutar una operación con varios efectivos siempre se filtra la información. Hay que mantener hermético el círculo para realizar una intervención”, señaló un policía de San Ignacio a este medio.
Cuando queremos ejecutar una operación con varios efectivos siempre se filtra la información", afirma un policía.
El contrabando no se limita al oro. Desde Ecuador también ingresa combustible —más barato que en Perú— para alimentar excavadoras, volquetes y motobombas. Llega en camionetas por las mismas trochas usadas por la maquinaria, pero también a través de personas que cruzan el río con flotadores y bidones amarrados al cuerpo.
En los caseríos de San Ignacio, además, se multiplican los talleres de “multiservicios” que dan mantenimiento a equipos mineros. Así, la minería ilegal no solo extrae oro: está transformando San Ignacio y atrayendo otras actividades ilegales en torno a ella.
Avanza la deforestación
La fiebre del oro también pone en riesgo un producto que define la identidad de la provincia: el café.
San Ignacio es la principal productora de café de Cajamarca: de las 665.858 toneladas cosechadas en la región entre 2016 y julio de 2025, el 62% —415.352 toneladas— provino de esta provincia, según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) analizados por este medio.
En las carreteras se ven granos secándose al sol, mientras que en la ciudad abundan las cafeterías. Pero también se aprecia a muchos hombres jóvenes que circulan en motocicletas transportando matracas: chancadoras con las que se tritura tierra con contenido de oro.
Los cafetaleros advierten que cada vez resulta más difícil contratar personal para la cosecha. Se paga S/50 una jornada de café, mientras que en la minería no baja de S/300 al día, indica la productora Dalinda Castillo Córdova.
“Nos preocupa la contaminación del río Chinchipe porque en la parte baja hay cultivos de arroz que se riegan con esa agua y también se alimenta al ganado vacuno. Por eso esperamos que San Ignacio sea declarada en emergencia”, afirma.
En 1997, Castillo Córdova integró el grupo de pobladores que enfrentó a la minera canadiense Sulliden en Huaquillas, logrando expulsarla hacia el 2000. Hoy, sin embargo, la situación es distinta: la extracción de oro cuenta con el respaldo de comuneros que poseen tierras con acceso a las riberas.
El alcalde de La Coipa, Óscar Córdova, advierte que la minería ilegal pone en riesgo directo al café orgánico de su distrito, donde existen alrededor de 1.400 productores certificados. La contaminación con químicos empleados en la extracción de oro amenaza también a los cultivos de arroz, maíz, cacao y al turismo vivencial, sostiene.
La cuenca del río Chinchipe, con una superficie de 6.622 km2, concentra las principales áreas deforestadas por minería aluvial en la región, según un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).
Se han registrado 126 hectáreas deforestadas por minería de oro localizada a lo largo de los 150 kilómetros del río Chinchipe, desde el límite con Ecuador hasta su desembocadura en el río Marañón, explica Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías de Conservación Amazónica – ACCA.
El ecosistema afectado está compuesto, principalmente, por bosques secos interandinos que forman parte de la transición a la Amazonía y áreas agrícolas que han sido transformadas en zonas mineras.
Fiscalía bajo cuestionamientos
La labor de la fiscalía en torno a la minería ilegal en esta provincia es cuestionada. Según Aníbal García Cruz, subprefecto de San Ignacio, 12 personas han fallecido en zonas de explotación minera desde la pandemia. Algunas murieron a causa de deslizamientos mientras extraían material con oro o fueron aplastadas por máquinas y motores. Estas muertes, sin embargo, aún no han sido esclarecidas.
UNIDOS. Agapito Castillo es presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio, que está en contra de la minería ilegal.
Foto: OjoPúblico / Fidel Carrillo
Un documento de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, fechado el 7 de agosto de 2025 y al que accedió OjoPúblico, revela que se abrió una investigación preliminar contra el fiscal José Tejada Ramos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Chiclayo, por presunta inacción frente a la minería ilegal. Hasta el pasado 3 de setiembre, San Ignacio estaba bajo la jurisdicción de dicha FEMA.
La queja se originó por las declaraciones del gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara, quien denunció públicamente que, a pesar de las muertes relacionadas con la minería ilegal, aún no se han producido detenciones.
La FEMA de Chiclayo judicializó 16 casos de minería ilegal entre 2019 y octubre de 2025.
Al respecto, Gilmer Jara Vergara, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque, criticó la labor del fiscal Tejada Ramos. “En todos los años en que la minería se ha expandido en esta región, no ha hecho lo suficiente para frenarlo”, afirmó. Por su parte, Tejada Ramos indicó que la FEMA ha trabajado de “manera efectiva” contra la minería ilegal.
Según datos a los que accedió OjoPúblico, la FEMA en Chiclayo ha judicializado 16 casos por el delito de minería ilegal entre 2019 y lo que va del año 2025. Dos de estos casos terminaron con sentencia condenatoria. Ninguno de ellos está relacionado con las personas fallecidas.
El fiscal Tejada Ramos relató que su labor se veía obstaculizada por filtraciones de información durante las intervenciones en las que participaban policías de otras regiones. Eso, explicó, provocaba que en muchos casos las pesquisas terminasen solo con la incautación de maquinaria, mientras los responsables permanecían fuera del alcance de la justicia.
Recordó también episodios en los que los mineros ilegales desafiaron a las autoridades. “En una intervención, en las orillas del Chinchipe, destruimos balsas, motores y otros equipos, pero los señores cruzaron de inmediato a Ecuador. Estaban allí, nos miraban sentados y no podíamos hacer nada porque era otro país”, narró.
Ante esta problemática, el Ministerio Público ha convertido recientemente la Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio en una FEMA, con el propósito de acercar la respuesta institucional al territorio y evitar las nueve horas de traslado desde Chiclayo, donde funcionaba la sede anterior.
El nuevo fiscal designado, Miguel Ángel Quijano Sena, que ya había ejercido en San Ignacio, ha iniciado investigaciones contra 20 personas presuntamente vinculadas a la minería ilegal en el distrito fronterizo de Namballe que sigue la ruta de localidades de la región de Amazonas, donde la cercanía con Ecuador ha generado que la extracción ilegal de oro y el crimen organizado se fortalezcan.
