El Congreso con más presupuesto en su historia unicameral —con S/1.412 millones para este año fiscal— no escatima recursos públicos cuando se trata de solventar las comisiones especiales e investigadoras. OjoPúblico identificó que, además de los 24 grupos ordinarios que ya existían, entre 2021 y lo que va del 2025, el Parlamento ha instalado 11 comisiones investigadoras y 28 especiales. 

Estas son creadas por los congresistas, con la aprobación del Pleno, y funcionan en paralelo a las ordinarias o estables. Del primer grupo —las comisiones investigadoras— solo una ha conseguido que se apruebe un informe final en el Pleno. Los reportes del segundo grupo, en tanto, se limitan a proponer conclusiones no vinculantes. 

Pese a estos controversiales resultados, los dos tipos de comisiones han requerido un desembolso de más de S/23,3 millones para las remuneraciones de sus 451 trabajadores hasta julio pasado. Así lo detectó un análisis de este medio, realizado a partir de información del Portal de Transparencia del Congreso.  

La creación de estas comisiones tiene repercusiones en la aprobación del presupuesto del Legislativo. Hace dos años, por ejemplo, este solicitó un crédito suplementario de S/70 millones al Gobierno de Dina Boluarte. El informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que sustentó el pedido menciona que, entre 2021 y 2022, el número de comisiones ya había subido de 36 a 51, lo que implicaba “la contratación de personal".

La creación de estas comisiones tiene repercusiones en la aprobación del presupuesto del Legislativo".

A detalle, en el caso de las 11 comisiones investigadoras, el gasto en planillas asciende a casi S/3,9 millones. De las siete que ya terminaron funciones, apenas dos lograron que sus informes finales sean evaluados en el Pleno: una que indagó sobre las protestas por el paro agrario y de transportistas de 2022, y otra que intentó, sin éxito, demostrar que hubo irregularidades en las elecciones generales de 2021. El primer informe se aprobó y el segundo fue rechazado. Las otras cuatro, en tanto, siguen operativas.  

En paralelo, las 28 comisiones especiales instaladas en lo que va de este quinquenio han demandado más de S/19,4 millones por concepto de planillas. De ellas, 27 continúan en funcionamiento, de modo que tienen hasta el próximo año para presentar sus reportes finales. Solo la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción con Cambios por el Niño Costero fue desactivada el 9 de junio de 2023.

El abogado experto en temas parlamentarios César Delgado-Guembes asegura que, por su naturaleza, es inviable que los resultados de las comisiones especiales tengan efectos vinculantes. Según el artículo 35, del reglamento del Congreso, son constituidas “con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio”. 

Delgado-Guembes alerta que la creación de estos grupos de trabajo provoca una sobrepoblación de trabajadores en el Legislativo. De hecho, la mayoría de los recursos del Congreso se van en costos de planilla. 

Este año, está previsto el destino de S/923 millones en salarios para los trabajadores de los S/1.412 millones totales del presupuesto de apertura, de acuerdo a un informe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Parlamento. La cifra equivale a más del 65%.

ONEROSA. Solo la comisión especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres gastó S/1,3 millones.

Foto: Congreso

Millones para comisiones especiales

La comisión especial que más gastó en los últimos cuatro años es la de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres, según un análisis de este medio a partir de información del Portal de Transparencia del Parlamento. La misma desembolsó S/1,3 millones para las remuneraciones de 23 trabajadores, entre 2021 y 2025. 

En el periodo 2024 – 2025 estuvo presidida por el congresista Raúl Doroteo (Acción Popular), investigado por presunto recorte de sueldo a una trabajadora de su despacho y en el caso Los Niños. 

En marzo pasado, el grupo de trabajo presentó un informe preliminar de 67 páginas. En sus últimas dos líneas, señala que “se hace necesario seguir fortaleciendo las capacidades técnicas y logísticas, así como promover una cultura de prevención en todos los niveles del Estado”. Este medio intentó entrevistarlo para conocer resultados tangibles del grupo. Dijo que iba a declarar a través de su asesor de prensa, pero eso no ocurrió. 

La segunda comisión especial más onerosa es la de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria del covid-19, con S/1,2 millones para 22 trabajadores. Su actual presidenta es Nieves Limachi (Juntos por el Perú). Al ser consultada por este medio, la parlamentaria respondió por escrito que su comisión “ha demostrado que, cada sol invertido, se traduce en resultados concretos”. “Un ejemplo es la Ley de Orfandad”, agregó. 

La Ley de Orfandad, sin embargo, fue aprobada el 13 de enero de 2022. Su dictamen, elaborado por la comisión ordinaria de Mujer y Familia, juntó proyectos de ley del Ejecutivo y de las congresistas Elizabeth Medina y Flor Pablo Medina. En otras palabras, la comisión presidida por Limachi no tuvo ninguna injerencia en la norma. 

Según la presidenta del grupo de Protección de la Infancia, entre sus resultados también destacan 14 campañas multisectoriales. Agregó, asimismo, que está promoviendo un proyecto de ley sobre la anemia. Cuando esté lista, esa propuesta deberá ser derivada a un grupo ordinario y, si allí tiene consenso, recién podrá elaborarse un dictamen. 

“Es cierto que el Congreso no ejecuta programas ni proyectos sociales, pero sí puede incidir para que las políticas públicas lleguen de forma efectiva a favor de los niños”, dijo Limachi en defensa de su comisión. 

La congresista también aseguró que el grupo ha ejercido control político sobre instituciones encargadas de proteger a la infancia. Pese a eso, Limachi estuvo ausente de la sesión del Pleno en la que sus colegas votaron la interpelación y la censura del exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio Demartini, por la mala calidad de los alimentos del programa Qali Warma.

“Mi rol como congresista es transversal y no se limita a un ministro en específico. Durante la interpelación mencionada, siempre mantuve un seguimiento cercano al debate del Pleno, a pesar de encontrarme atendiendo diversas reuniones y un caso social de urgencia”, alegó.

RESPONDE. Congresista Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión Especial OCDE, defiende los gastos de su grupo.

Foto: Congreso

La tercera comisión con más gasto es la de Seguimiento al Proceso de Adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con S/1,2 millones para 21 trabajadores, hasta julio de este año. Su presidente es Ernesto Bustamante (Fuerza Popular).

El parlamentario señaló que la labor de su comisión es de acompañamiento y fiscalización, pero no pudo determinar qué resultado tangible obtendrá. “Esperamos que el Estado peruano esté a punto de meter la pata y tratamos de sugerir labores correctivas”, dijo.

En diciembre de 2023, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que debilita los procesos de colaboración eficaz. Entre los parlamentarios que votaron a favor estuvo Bustamante. En julio de 2024, trascendió que el Comité Anticorrupción de la OCDE envió un oficio al entonces premier Alberto Otárola para advertirle que esa norma iba a afectar el proceso de adhesión de Perú, pues va contra los instrumentos anticorrupción que toma en cuenta el organismo. 

En total, hay 11 grupos especiales que, hasta la legislatura pasada, gastaron más de S/1 millón en sus trabajadores. El jurista Delgado-Guembes recuerda que no pueden aprobar dictámenes de proyectos de ley para que pasen a ser debatidos en el Pleno. Cuando proponen iniciativas legislativas, deben derivarlas a las comisiones ordinarias, las únicas facultadas para continuar con el trámite de una norma. 

Un ejemplo de esta situación se dará en la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, que preside la congresista no agrupada María del Carmen Alva Pietro. Hasta julio, el grupo de trabajo había gastado S/124.000 en cinco trabajadores. Cualquier iniciativa que salga de esta comisión deberá ser trasladada a las ordinarias correspondientes a la materia. 

Esto se evidenció durante las sesiones de instalación de los grupos ordinarios de Constitución y de Justicia: en ambos casos, la parlamentaria Alva Pietro les pidió que tomen en cuenta la propuesta de reforma que está alistando su comisión especial. 

Como informó OjoPúblico, el borrador del proyecto de ley impulsado por dicho grupo de trabajo busca eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Academia Nacional de la Magistratura para reemplazarlas con la Escuela Nacional de Justicia. 

Comisiones investigadoras sin efecto

En lo que va del quinquenio, el Congreso instaló 11 comisiones investigadoras. De ellas, siete presentaron sus informes finales, pero solo dos llegaron a ser discutidos en las sesiones del Pleno. Allí, finalmente, uno fue aprobado, y, el otro, rechazado.

El primer grupo investigador creado por el actual Congreso fue el dedicado al Proceso Electoral de 2021. La bancada de Renovación Popular fue la promotora de esta comisión, presidida por Jorge Montoya hasta 2022. 

Durante su funcionamiento, el gasto en planilla de esta comisión superó los S/150.000. Pese a eso, no pudo demostrar irregularidades en los comicios generales de 2021. Por eso, el 16 de junio de 2022, el Pleno rechazó su informe final. 

Renovación Popular también fue la promotora de la comisión investigadora encargada de determinar las posibles responsabilidades en torno a las muertes durante las protestas iniciadas el 28 de marzo de 2022 contra el Gobierno de Pedro Castillo. Es decir, durante el paro agrario y de transportistas de ese año.

Con el visto bueno del Pleno, la comisión se instaló en mayo de 2022. Hasta abril de este año —periodo en que fue presidida por Alejandro Muñante (Renovación Popular)— gastó S/214.000 en planilla. 

El Congreso instaló 11 comisiones investigadoras. De ellas, siete presentaron sus informes finales, pero solo uno fue aprobado".

Su informe final concluyó que “corresponde a la fiscal de la nación las investigaciones y formular denuncias constitucionales contra los expresidentes del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez y Aníbal Torres”, quienes estuvieron en el cargo durante el Gobierno de Pedro Castillo. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha presentado ninguna acusación contra ellos.

Renovación Popular también presentó una moción para crear la Comisión Especial Investigadora del Acuerdo de Colaboración Eficaz entre el Estado peruano y Odebrecht. El Pleno aprobó su instalación el año pasado. Y, como en el caso anterior, Muñante fue elegido para presidirla. 

Hasta julio, la planilla de este grupo de trabajo había costado S/79.000. En principio, el plazo que tenían para realizar su investigación era de 90 días hábiles. Sin embargo, en agosto último, el Pleno le otorgó tres meses más. En ese plazo deberá entregar su informe final.

Este grupo de trabajo, según informó La República, contrató como asesor a Luis Pacheco Mandujano, abogado de la pareja conformada por Gonzalo Monteverde y María Carmona Bernasconi, quienes son investigados por presunto lavado de activos en el caso Lava Jato y están prófugos desde 2019. En julio de este año, tras conocerse el conflicto de interés, Pacheco Mandujano renunció.

CUESTIONADA. La comisión del congresista Alejandro Muñante, que investiga el acuerdo con Odebrecht, todavía no presenta informe final.

Foto: Congreso Perú

La comisión liderada por Muñante también interrogó a la exprocuradora del caso Lava Jato Silvana Carrión, quien, la semana pasada, fue destituida por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, luego de que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunciara que la permanencia de todos los procuradores estaba en evaluación. 

Carrión denunció, durante una conferencia de prensa, que la decisión responde a un pedido del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.

El grupo de Muñante es el mismo que, en agosto pasado, citó al periodista Gustavo Gorriti para que “responda sobre el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y el Estado peruano”. Mediante un oficio, el periodista rechazó la invitación. 

Además de las comisiones que investigaron las elecciones generales de 2021 y las protestas contra el Gobierno de Castillo del año siguiente, otras cinco presentaron informes finales: la Comisión Investigadora del Proyecto Chavimochic, la vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones de Essalud y la dedicada al concepto de cargo fijo en los recibos de electricidad.

A estas se suman la Comisión Investigadora sobre el Atentado en Vizcatán y otra sobre las licitaciones de empresas chinas con el Ministerio de Transportes. Ninguno de sus reportes finales ha sido debatido en el Pleno. Estos cinco grupos gastaron casi S/2 millones en las remuneraciones de sus trabajadores.

Otras cuatro comisiones investigadoras no han presentado su informe final. Tres fueron instaladas el año pasado: la que aborda el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, la del Contrato del Proyecto de Suministro para Iquitos, y la de Ejecución Presupuestal en Programas Sociales. Esta última todavía está dentro del plazo, pues fue instalada en marzo y tiene 250 días para presentar un reporte.

La más antigua —vinculada a la atención de niños y familias afectadas con exceso de plomo en sangre en Pasco y zonas mineras— no ha presentado su informe final. Funciona desde 2021, y ha destinado casi S/1,2 millones para el salario de 18 trabajadores. 

En el periodo 2024 - 2025 su presidenta fue Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso). En su gestión, el grupo presentó un informe preliminar que solicitó ampliar la vigencia de la comisión hasta julio del próximo año. En junio pasado, el Pleno aprobó su solicitud. OjoPúblico consultó a la legisladora por el retraso. Pero, al cierre de este informe, no hubo respuesta. 

El nuevo reglamento y sus efectos en las comisiones

La congresista Ruth Luque Ibarra (Bloque Democrático Popular) adelantó que, esta semana, la Comisión de Constitución —grupo ordinario— votará los proyectos de reglamentos para la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que funcionarán a partir del 28 de julio de 2026. La discusión también incluye los criterios para crear comisiones especiales e investigadoras. 

“Están proponiendo la creación de diversas comisiones de estudio, que no tienen límite. En la práctica, podrían crearse cuantas comisiones sean necesarias y, eso, ya sabemos qué va a implicar: plata y recursos humanos. No se determina cuál será la utilidad y para qué servirían", alertó la parlamentaria a OjoPúblico.

La ley de reforma constitucional de retorno a la bicameralidad señala que el presupuesto institucional no debe pasar el 0,60% del Presupuesto General de la República. Este año, el Congreso ya había alcanzado el 0,56%.