Tras el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema y en medio de los ataques contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, la discusión sobre iniciativas que apuntan a reformar el sistema de justicia será una de las prioridades en el último año del actual Congreso. Esto ocurre en un contexto en el que 52 parlamentarios han sido denunciados constitucionalmente por la Fiscalía, como reveló un reciente informe de OjoPúblico.    

Este medio identificó que, a la fecha, los parlamentarios han presentado, al menos, 26 propuestas de ley que buscan la reforma judicial. Estas pretenden, entre otras cosas, declarar en emergencia y reorganizar al Ministerio Público, facultar al Congreso para fiscalizar y elegir fiscales y jueces, limitar el control difuso sobre leyes inconstitucionales —mecanismo que tienen los magistrados para inaplicar normas que no son compatibles con la Carta Magna—, eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reemplazarla por la Escuela Nacional de Justicia.

La mayoría de estas iniciativas provienen de congresistas de Perú Libre (13). El resto pertenecen a representantes de las bancadas Acción Popular (4), Podemos Perú (3) , Renovación Popular (2),  Alianza Para el Progreso (1), Somos Perú (1), entre otros.  

Los congresistas presentaron, al menos, 26 proyectos que buscan reformar al sistema de administración de justicia en Perú".  

El exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta advierte que la reforma del sistema de justicia es un pretexto del Congreso para copar al Ministerio Público. “Están dando pasos y creo que, si perpetran esta reforma, lo que quieren es terminar por controlar la Fiscalía y hacer lo propio con el Poder Judicial”, dijo. 

La llamada reforma es un tema que ha vuelto a discusión, recordó Albán Peralta, justo cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avanzó en dos denuncias constitucionales contra la fiscal de la nación Delia Espinoza, promovidas por el ministro de Justicia Juan José Santiváñez y el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), con el propósito de inhabilitarla de la función pública. 

Presión sobre el Ministerio Público

En junio, luego de que la nueva JNJ intentara reponer sin éxito a Patricia Benavides como fiscal de la nación, los congresistas presentaron, por lo menos, cuatro iniciativas de ley para reorganizar al Ministerio Público. 

Estas fueron ingresadas por Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), Américo Gonza Castillo (Perú Libre) y Wilson Soto Palacios (Acción Popular) y plantean declarar en emergencia a la Fiscalía. Las propuestas de Soto Palacios y Gonza Castillo apuntan, además, a crear una Junta de Fiscales Supremos Transitoria, hasta que se resuelva la crisis en esa institución. La encargada de nombrar a sus integrantes, de acuerdo al proyecto, sería la JNJ. 

El exdefensor del pueblo Walter Albán advierte que la reforma del sistema de justicia es un pretexto del Congreso para copar al Ministerio Público".

En opinión del exdefensor Walter Albán Peralta, estas propuestas apuntan a apartar fiscales supremos que no comulguen con el proceder de Patricia Benavides en la Junta de Fiscales Supremos. “Esto implicaría prescindir de los fiscales supremos Delia Espinoza, Zoraida Ávalos, Juan Villena y Pablo Sánchez, y lograr que entren quienes fueron destituidos por la anterior Junta Nacional de Justicia”, explica. 

En junio de 2024, Wilson Soto Palacios ya había presentado una iniciativa de ley para que la designación de fiscales supremos la haga una comisión conformada por expresidentes del Tribunal Constitucional (TC), mediante invitaciones. El parlamentario de Acción Popular también es autor de una propuesta que pretende crear una comisión especial encargada de elaborar una reforma del sistema judicial en 120 días. 

EN LA MIRA. Algunos proyectos de ley plantean recomponer la Junta de Fiscales Supremos, a la que se ha reincorporado recientemente Patricia Benavides.

Foto: Ministerio Público

El papel de Perú Libre

OjoPúblico comprobó que Perú Libre es la bancada que más iniciativas ha presentado para intentar reformar el sistema de justicia. En marzo, Américo Gonza Castillo presentó un proyecto para reducir el mandato de la fiscal de la nación a dos años —actualmente es de tres— y permitir que la JNJ elija a jueces supernumerarios. Estos últimos son abogados designados como jueces temporales para ocupar las plazas no cubiertas por magistrados titulares. 

Su compañero de bancada Flavio Cruz Mamani también ha impulsado proyectos vinculados a la reforma del sistema de justicia. En diciembre de 2024, propuso que los jueces tengan que hacer una consulta al TC antes de aplicar control difuso sobre alguna ley que consideren no compatible con la Carta Magna. José Balcázar Zelada, también de Perú Libre, presentó una autógrafa en el mismo sentido. 

Estas propuestas, en opinión de la exministra de Justicia Ana Neyra, tendrían impactos sobre la inaplicación de las leyes de amnistía y de prescripción de delitos de lesa humanidad. “Lo que buscan es que el Tribunal Constitucional pueda convalidar las normas. El objetivo es que estas leyes se apliquen, sin que exista ningún margen de acción divergente o disidencia”, explica.

Estas pretensiones para limitar el control difuso fueron alertadas por el abogado David Velazco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), el 21 de agosto, durante una audiencia por los casos La Cantuta y Barrios Altos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La mayoría de iniciativas provienen de congresistas de Perú Libre (13)".

Waldemar Cerrón Rojas —hermano Vladimir Cerrón Rojas, fundador de Perú Libre y prófugo de la justicia— es autor de otra iniciativa que podría tener efectos negativos en el sistema de justicia. El 21 de agosto de 2024, el parlamentario propuso crear, en el Congreso, una Comisión de Fiscalización de Fiscales y Jueces. 

Segundo Montalvo Cubas, también de Perú Libre, propuso suspender las funciones de la fiscal de la nación y de la Junta de Fiscales Supremos, y conformar una Asamblea Nacional de Fiscales. 

Desde hace tres años, Perú Libre preside la Comisión de Justicia del Congreso. Este último año, el grupo de trabajo será liderado por Flavio Cruz Mamani. En su plan de trabajo indicó que, parte de sus objetivos en esta comisión, serían “contribuir activamente, desde el ámbito legislativo, a los procesos de reforma del sistema de justicia impulsados por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y otros actores institucionales”. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con el parlamentario en el marco de este artículo. No respondió.

Retoman proyecto de eliminar la JNJ

A mediados de agosto, cuando se instalaron las comisiones de Justicia y la de Constitución, la presidenta de la Comisión Especial de Reforma del Sistema de Justicia, María del Carmen Alva Prieto (no agrupada), les solicitó a los titulares de ambos grupos ordinarios, Flavio Cruz Mamani (Perú Libre) y Arturo Alegría García (Fuerza Popular), discutir el proyecto de reforma judicial que presentará en setiembre.

OjoPúblico accedió al borrador del proyecto elaborado por Alva Prieto. Se trata de una propuesta que busca eliminar a la JNJ y a la Academia de la Magistratura para reemplazarlas por la Escuela Nacional de Justicia. 

De prosperar la iniciativa, esta institución tendría un consejo directivo de siete integrantes: un representante del TC, uno del Poder Judicial, otro del Ministerio Público, uno más de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, uno de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, uno de las universidades públicas y otro de las universidades privadas. Su mandato será de 10 años. 

La reforma de Alva Pietro no considera que el consejo directivo de la eventual Escuela Nacional de Justicia sea elegido por concurso público. Cada integrante sería designado con el voto de dos tercios del pleno de las instituciones a las que representan. 

En conversación con este medio, la congresista defendió esa modalidad: “La designación es la vía más técnica para ejercer este tipo de función (...) La experiencia de la Junta Nacional de Justicia, que fue por concurso público, no fue la mejor porque no atrajo el interés de los mejores juristas”. Alegó que el mandato de 10 años para estos magistrados es para garantizar “que haya continuidad y reforzamiento de la institucionalidad”. 

La reforma de Alva no considera que el consejo directivo de la eventual Escuela Nacional de Justicia sea elegido por concurso público". 

La parlamentaria argumenta que el concurso público no atrajo el interés de los mejores juristas para postular a la JNJ, pero no precisó por qué. “No fue la mejor experiencia (...) y no debemos repetir ese modelo”, dijo. 

Hasta el momento ha habido dos concursos públicos para la JNJ. En el primero se eligió, entre otros, a los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello, quienes estuvieron bajo permanente ataque del Congreso, que buscó, por todos los medios posibles, inhabilitarlos. El segundo concurso, que ha dado lugar a la actual composición de la JNJ, ha sido cuestionado por su poca transparencia, incluso por observadores internacionales.  

Para Cruz Silva Del Carpio, abogada y coordinadora de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), el proyecto de Alva Prieto “es un retroceso”. “La actual Junta Nacional de Justicia ha demostrado que favorece a la impunidad de actores, pero esta fórmula es mejor para ellos”, dijo. Además, observó que el directorio de esta escuela tendría, entre sus integrantes, a un representante del TC, institución cuyos miembros son elegidos por el Congreso.  

La escuela propuesta por la comisión de Alva Pietro también elegiría a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Lo mismo ocurriría con los jefes de las autoridades de control del Ministerio Público y el Poder Judicial. 

El proyecto es similar al que presentó, el año pasado, la congresista Gladys Echaiz (Honor y Democracia) para eliminar la JNJ y crear la Escuela Nacional de la Magistratura, que se encuentra en la agenda del Pleno del Congreso. 

INVESTIGADO. El ministro de justicia propone una reforma judicial, mientras la Fiscalía lo sindica como presunto líder de una red criminal.

Foto: Ministerio de Justicia

El documento será enviado a las comisiones de Justicia y Constitución. Todo apunta a que no será la única propuesta debatida en esta legislatura. En una entrevista con el diario Expreso, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, también habló sobre la reforma del sistema de justicia: anunció que, en sus primeros 100 días, impulsará una propuesta con ese propósito. 

Además, declaró, luego, al programa Edición Especial que la congresista Alva Pietro también le había alcanzado algunas recomendaciones de la Comisión Especial de Reforma de Justicia. El ministro Santiváñez afronta 12 investigaciones fiscales, según El Comercio. El último miércoles, este medio informó que la Fiscalía lo sindica como presunto líder de una organización criminal, que habría intentado inventarle arraigo laboral a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. 

La abogada Cruz Silva cuestiona que el ministro se haya sumado a la reforma del sistema de justicia, en medio de las indagaciones que afronta. “Es posible que su propuesta venga con conflictos de interés”, sostiene.