La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha archivado 12 imputaciones contra la presidenta Dina Boluarte presentadas por la Fiscalía y legisladores. Otras 16 —ingresadas por autoridades y ciudadanos— quedaron suspendidas por el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que impide investigar a la jefa de estado mientras dure su mandato. El primer grupo ya no podrá ser revaluado. El segundo, en cambio, puede ser reactivado por el próximo Legislativo.
Esta es una muestra del comportamiento que ha tenido Alianza Para el Progreso en los cuatro años completos que lleva al frente de la subcomisión. OjoPúblico analizó 144 denuncias constitucionales presentadas ante este grupo de trabajo —cada una puede involucrar a más de un acusado— y encontró que solo 26 fueron aprobadas y una más lo fue en parte (se recomendó la acusación de cuatro de los seis involucrados).
Estas incluyen imputaciones a expresidentes, exministros de gestiones anteriores y exmagistrados, entre otros, y fueron presentadas por la Fiscalía de la Nación, congresistas y allegados. De las 117 restantes, 39 denuncias se encuentran en trámite, 34 todavía no son admitidas a debate y 44 fueron rechazadas o declaradas improcedentes.
APP seguirá manejando, por quinto año consecutivo, la subcomisión en la presente legislatura. El viernes 22 de agosto, consultada por este medio, su nueva presidenta, Lady Camones, confirmó que acatará el fallo del TC y que “cerca de 16 denuncias constitucionales” contra Boluarte serán suspendidas hasta que culmine su gestión.
De las 144 denuncias constitucionales analizadas, solo 26 fueron aprobadas y una lo fue en parte".
En los periodos previos, el grupo fue presidido por Rosio Torres (2021-2022), Lady Camones (2022-2024) y María Acuña (2024-2025), todas integrantes de APP, bancada que se ha comportado como la principal aliada del Ejecutivo: entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, favoreció al Gobierno de Dina Boluarte en el 85% de las mociones de vacancias y acciones de control debatidas en el Legislativo.
Desde esa posición, a las tres congresistas les correspondió calificar la procedencia de las denuncias constitucionales y elegir a los parlamentarios delegados que elaboraron los informes finales para acusar o no a los denunciados.
El rol de la subcomisión es clave: cuando el Ministerio Público necesita formalizar una investigación preparatoria contra altos y exaltos funcionarios, presenta una acusación constitucional contra los implicados y necesita que ésta la apruebe para que, luego, el tema sea debatido en el Pleno. La autorización de esta otra instancia es indispensable para continuar con la indagación.
La subcomisión también recibe denuncias constitucionales contra altos funcionarios por presuntas infracciones a la Carta Magna. En ese caso, la máxima sanción es la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.
BASTIÓN. César Acuña, fundador de APP, es uno de los principales aliados de Boluarte. Su bancada ha liderado la subcomisión desde 2021.
Foto: Andina
Una subcomisión a medida de Boluarte
La gestión de APP en este grupo de trabajo archivó 12 acusaciones contra la presidenta Boluarte presentadas por el Ministerio Público y congresistas. De ese total, tres fueron presentadas por el Ministerio Público y nueve por congresistas.
Los fiscales supremos Patricia Benavides y Juan Villena presentaron dos denuncias vinculadas a la represión en las protestas de fines de 2022 e inicios del 2023. Ambas fueron rechazadas. La tercera denuncia archivada también fue del fiscal Villena. En esa oportunidad, por presunto cohecho en el caso de los relojes Rolex. La congresista delegada para esa indagación, Nilza Chacón (Fuerza Popular), elaboró un informe que recomendó desestimarla, y la subcomisión aprobó su propuesta.
A las acusaciones de los fiscales supremos se suman las de los parlamentarios de la oposición, aunque también sin éxito. La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), por ejemplo, presentó, hace un año y medio, una acusación constitucional contra Boluarte por presunto abandono del cargo tras haberse sometido a cirugías estéticas.
En la legislatura pasada, pese a que Luque le solicitó a la entonces presidenta de la subcomisión, María Acuña, que diera cuenta del ingreso de esta denuncia, el pedido no fue atendido.
En este contexto, el pasado 19 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda competencial formulada por el Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. La decisión suspende todas las investigaciones en marcha contra Boluarte, hasta que deje el cargo.
Tres días después, la congresista Lady Camones, de nuevo al frente de la subcomisión, anunció que quedarían paralizadas las acusaciones constitucionales contra la mandataria.
Con la decisión del Tribunal Constitucional, sostuvo la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, la presidenta será intocable. “Lo único que se le puede hacer es llamarla a declarar y la prueba documental, lo que es algo mínimo porque fueron los allanamientos los que permitieron saber que ella tenía la caja de un reloj Rolex”, explicó.
Presuntos recortes de sueldo sin sanción
La presidenta Boluarte no fue la única protegida. De las 32 denuncias constitucionales que involucran a 52 parlamentarios, apenas dos terminaron en sanciones contra María del Pilar Cordero Jon Tay y Betssy Chávez, quienes se encuentran suspendidas mientras son procesadas.
La primera es sindicada por presunta concusión por recortar sueldos a uno de sus trabajadores parlamentarios, y la segunda es investigada por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, en el Gobierno de Pedro Castillo.
La subcomisión, en cambio, envió al archivo cinco acusaciones que involucran a 22 legisladores. Entre ellas, las que comprenden casos como Los Niños, y delitos como peculado.
El 1 de enero de este año, por ejemplo, la fiscal Delia Espinoza denunció a los congresistas Kira Alcarraz, María del Carmen Alva, Patricia Chirinos, Edward Málaga, Rosangella Barbarán y Diego Bazán por, presuntamente, haber utilizado recursos públicos para viajar a La Libertad a celebrar el cumpleaños de Bazán.
La acusación fue archivada debido a que la congresista María Acuña elaboró un informe de calificación que la declaró improcedente, bajo el argumento de que los parlamentarios fueron a cumplir labores de representación.
Ese mismo mes, la fiscal Delia Espinoza también presentó una acusación que involucra a 11 congresistas, entre ellos Jorge Montoya, José Cueto y Roberto Chiabra, que apoyaron una ley que permite a los parlamentarios que son militares en retiro cobrar su sueldo y pensión a la vez. Como en el caso anterior, la gestión de María Acuña la declaró improcedente.
De igual manera —excepto en el caso de María del Pilar Cordero—, los parlamentarios investigados por presuntos recortes de sueldos no han sido sancionados. El Ministerio Público presentó nueve denuncias constitucionales por concusión. La bancada con más involucrados es Podemos Perú, con José Arriola, Edgar Tello, Jorge Flores y Heidy Juárez señalados.
También hay denunciados en Acción Popular: Marleny Portero y Raúl Doroteo. En APP, mientras tanto, figuran Magaly Ruiz y Rosio Torres. En el Bloque Magisterial, por último, está Katy Ugarte.
La subcomisión de acusaciones constitucionales envió al archivo cinco casos que involucran a 22 legisladores".
De este grupo, el caso de Rosio Torres —expresidenta de la subcomisión— llegó a su etapa final, aunque sin consecuencias, pues fue archivado. Los demás siguen en trámite.
A estas denuncias se suman una contra 24 congresistas por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada en el caso Los Niños, presentada el 25 de julio pasado por la fiscal de la nación Delia Espinoza. Dependerá de la nueva gestión de Camones decidir si se pone o no el tema en debate.
Entre los parlamentarios incluidos figuran Darwin Espinoza y Jorge Flores, de Podemos Perú, y Raúl Doroteo y Elvis Vergara, de Acción Popular. Este último, pese a la indagación en su contra, fue elegido por Acción Popular como presidente de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Ética para el último año de este Congreso.
Decisión exprés con Patricia Benavides
La fiscal Patricia Benavides es otro personaje clave que, hasta ahora, ha salido airoso de las acusaciones constitucionales. La actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, presentó seis denuncias en su contra. Una fue archivada el mes pasado, mientras que las cinco restantes continúan en trámite.
El caso más reciente corresponde a la presunta influencia de la exfiscal de la nación en casos vinculados con Los Cuellos Blancos. En un hecho llamativo, se priorizó la revisión de esta denuncia respecto a las que habían sido presentadas antes, incluyendo una de la congresista Ruth Luque de 2023 y que sigue pendiente de informe final.
De forma exprés, el 25 de julio, el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) pidió ampliar la agenda de debate de la subcomisión para discutir la improcedencia de la acusación. El pedido fue apoyado por María Acuña (APP) y los demás integrantes de la subcomisión. Luego, sin debate, la improcedencia fue aceptada.
La decisión provocó que la suspensión temporal de Patricia Benavides sea revocada en la Corte Suprema del Poder Judicial. Y, de este modo, pudo regresar al Ministerio Público como fiscal suprema.
El mismo día, se recomendó no acusar a Tomás Aladino Gálvez —el otro fiscal supremo reincorporado— por presunto tráfico de influencias en la designación del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo.
A estos casos se añaden denuncias contra otros exaltos funcionarios que también fueron desestimadas. En junio, por ejemplo, se archivaron tres acusaciones contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova por presunto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y cohecho.
El mismo desenlace tuvieron las imputaciones contra los excongresistas César Segura y Mario Mantilla, de Fuerza Popular, y Héctor Becerril, quien el año pasado dejó el partido fujimorista y anunció su incorporación a APP.
Además, en 2022 —cuando el grupo estaba presidido por Rosio Torres—, se aprobó el informe final del parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País), que recomendó archivar la acusación contra el expresidente Manuel Merino por las muertes de Inti y Bryan. Ese fue el primer blindaje del actual quinquenio.
Para la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez, se requiere una reforma de los procedimientos de acusación constitucional para evitar que las investigaciones del Ministerio Público necesiten, como paso previo, que el Congreso apruebe una denuncia constitucional. “[Eso] debería solo regir para aquellos casos en los que la ciudadanía la presenta, no cuando la Fiscalía arma el caso”, dijo.
CONVENIENTE. La subcomisión desestimó una denuncia que, luego, le sirvió a Patricia Benavides para que su suspensión sea revocada. Así, regresó al Miniterio Público.
Foto: Andina
Los casos que sí avanzaron
Apenas el 19% de las 144 denuncias analizadas por OjoPúblico fueron aprobadas en el grupo de trabajo. El resto (81%) fueron archivadas o se quedaron en el camino. Entre las que prosperaron destacan las interpuestas contra la fiscal de la nación Delia Espinoza, los expresidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas y exministros, entre otros.
Vizcarra, por ejemplo, fue inhabilitado por cinco años de la función pública debido a una acusación constitucional por el caso Obrainsa y 10 años por haber disuelto el Congreso, en setiembre de 2019. Además, el Legislativo aprobó acusarlo por presunto tráfico de influencias, peculado doloso y obstrucción a la justicia en el caso Richard Swing.
El extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros Salvador del Solar y el exministro de Justicia Vicente Zeballos también estuvieron al borde de ser inhabilitados por cinco años debido a la disolución del Congreso. Aunque en el Pleno sus casos no alcanzaron los votos suficientes, existen dos pedidos de reconsideración que buscan reabrir el debate.
Al expresidente Francisco Sagasti y a sus exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, en tanto, los acusaron por presunto abuso de autoridad al haber pasado al retiro a 18 altos mandos de la Policía, en noviembre de 2020. Por eso, también recomendaron inhabilitarlos 10 años de la función pública, pero la propuesta no fue aprobada en el Pleno. Como en el caso de Del Solar y Zeballos, hay una reconsideración pendiente de voto.
SIN TREGUA. Congreso aprobó dos inhabilitaciones contra el expresidente Martín Vizcarra, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Foto: OjoPúblico / Gabriel García Barandiaran
A esta lista se añade el caso de Víctor Zamora. El exministro de Salud también fue inhabilitado por 10 años de la función pública por la compra de pruebas rápidas en el contexto de la pandemia de covid-19.
De igual modo, en la legislatura pasada, la subcomisión aprobó un informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la expremier Mirtha Vásquez por presunta negociación incompatible. La indagación se sostiene en una denuncia promovida por los excongresistas Manuel Merino y César Gonzáles, por supuestos aumentos remunerativos irregulares cuando Vásquez presidió el Legislativo.
La subcomisión también recomendó acusar a Jorge Luis Salas Arenas, expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por presunta negociación incompatible. La denuncia del fiscal Juan Carlos Villena se basa en un testimonio del exjuez Walter Ríos, involucrado en el caso de los Cuellos Blancos.
Asimismo, el Congreso intentó someter a autoridades del sistema de justicia. En 2023, la fiscal Zoraida Ávalos fue inhabilitada por supuestamente no haber investigado al expresidente Pedro Castillo. Al año siguiente, recibieron la misma sanción Inés Tello y Aldo Vásquez, entonces magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por haber permitido que la consejera Tello permaneciera en el cargo teniendo más de 75 años.
Los tres funcionarios presentaron demandas de amparo en el Poder Judicial y consiguieron revertir esas inhabilitaciones para retomar sus funciones.
La fiscal en la mira
En este último año del actual quinquenio, la subcomisión tiene pendiente de análisis seis denuncias contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza. Estas fueron presentadas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular), Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Kira Alcarraz (Podemos Perú), el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y Juan Peña, abogado de Patricia Benavides.
Dos de estas imputaciones —la de Rospigliosi y la de Santiváñez— están en la recta final. La primera se originó porque Espinoza y la Junta de Fiscales Supremos rechazaron aplicar la ley que delega a la Policía la facultad de liderar las investigaciones preliminares de presuntos delitos.
En este contexto, Rospigliosi exige que sean inhabilitados de la función pública. En la subcomisión, bajo la presidencia de María Acuña, se eligió como delegado al congresista Esdras Medina (Renovación Popular) para que elabore el informe final.
La segunda denuncia se basa en una supuesta filtración de información a la prensa por parte de la titular del Ministerio Público sobre las indagaciones que pesan contra Juan Santiváñez. Éste pide que la fiscal de la nación sea inhabilitada. La subcomisión, cuando todavía era presidida por María Acuña, eligió a la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) como responsable de elaborar el informe final.
Este último año, la subcomisión tendrá entre sus integrantes a parlamentarios que, según el Ministerio Público, se encuentran investigados".
Dichos casos serán analizados por el grupo de trabajo presidido, nuevamente, por Lady Camones. El grupo tiene como vicepresidente a Jorge Montoya (Honor y Democracia), y se instaló el pasado 22 de agosto. También tendrá entre sus integrantes a parlamentarios que, según el Ministerio Público, se encuentran investigados: María Acuña (APP), Elvis Vergara (Acción Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
En un oficio enviado al Congreso, la fiscal de la nación Delia Espinoza advirtió que, según el reglamento parlamentario, está prohibido que personas con procesos penales integren la subcomisión. De acuerdo a la Fiscalía, Acuña tiene una investigación preparatoria en calidad de instigadora por presunto fraude procesal y denuncia calumniosa. Dávila es investigado por presunta concusión y tráfico de influencias; Moyano, por presunta organización criminal y tráfico de influencias; y Vergara por el caso Los Niños.
OjoPúblico intentó comunicarse con las congresistas Torres, Acuña y Camones para preguntarles sobre su papel en la subcomisión. Las dos primeras no respondieron. Camones, al ser consultada por este medio durante una conferencia de prensa, aseguró que los parlamentarios con investigaciones en curso pueden integrar el grupo de trabajo.
Al cierre de este informe, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia contra el parlamentario Héctor Ventura (Fuerza Popular), por presunta negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
El abogado constitucionalista Pedro Grandez considera que este quinquenio, con APP a cargo de la subcomisión durante todo el periodo, muestra la necesidad de una reforma en el reglamento del Congreso. Un partido político que tiene militantes como ministros de Estado, señala, no debería presidir ni integrar un grupo de trabajo tan importante ni comisiones investigadoras.
