El pasado 9 de julio, el Congreso aprobó la ley que concede una amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa “que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”. La norma es cuestionada porque plantea la excarcelación de procesados y sentenciados por graves violaciones a los derechos humanos. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales, así como relatores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han alertado que este dictamen viola normas internacionales al impedir que los responsables de delitos contra la humanidad sean procesados y condenados. Tras su aprobación en el Pleno, el Ejecutivo debe decidir si la promulga o la observa. 

De prosperar, no sería la primera vez que el Estado peruano infringe sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. OjoPúblico revisó la base de datos de la Corte IDH y encontró que, en lo que va de la gestión de Dina Boluarte, se emitieron 13 supervisiones de cumplimiento de sentencias donde se establece que el Estado peruano vulnera las disposiciones contenidas en sus fallos. 

Del total, 10 resoluciones determinan que Perú incumplió las sentencias y otras tres señalan que las desacató. “El incumplimiento se refiere a una falta de ejecución, total o parcial, de las sentencias. Si bien es una categoría con carga negativa, no necesariamente implica una intención deliberada del Estado de no atender sus obligaciones. En cambio, el desacato sí lo es. Se trata de una posición desafiante, de abierta desobediencia”, explicó la abogada Úrsula Indacochea. 

La Corte IDH indicó que no se puede ejercer represalias contras las víctimas y sus defensores".

En dos años y medio, la Corte notificó al Estado peruano el desacato a tres sentencias. Dos de ellas correspondientes a los casos Barrios Altos y La Cantuta, debido a la restitución del indulto al fallecido expresidente Alberto Fujimori y por la aprobación de la ley que prescribe delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002. 

El tercer desacato se refiere al caso “Cinco Pensionistas Vs. Perú”, donde el tribunal supranacional consideró que el Estado no había cumplido con el pago que le correspondía a cinco jubilados tras reiteradas solicitudes.

La Corte IDH también se pronunció sobre la Ley N° 32301, que prohíbe a las organizaciones civiles litigar contra el Estado en instancias internacionales. En este caso, señaló una vulneración al reglamento del tribunal, que específica la prohibición de ejercer represalias contra las víctimas y sus defensores. 

“El cumplimiento de una sentencia depende de varios órganos del Estado: el Ejecutivo debe realizar los trámites necesarios para indemnizar a las víctimas, el Congreso contemplar el presupuesto público para cumplir con estas obligaciones, la Fiscalía investigar a los responsables, el Poder Judicial tramitar las causas con el debido proceso. En el plano internacional, el Estado peruano es uno, y no se puede invocar al derecho interno para justificar sus incumplimientos”, precisó Úrsula Indacochea. 

Sentencias incumplidas

Además de los tres desacatos, la Corte IDH ha alertado sobre 10 incumplimientos de sentencias durante la presidencia de Boluarte. Las primeras notificaciones son del 2 de febrero de 2023. 

En esa fecha, la Corte emitió dos resoluciones de supervisión, una por el caso Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, relacionada a la ejecución de 42 internos en 1992, y otra por el caso Cuya Lavy y otros Vs. Perú, que comprende una vulneración al debido proceso durante la etapa de ratificación de cuatro jueces y fiscales entre 2001 y 2002.

En la primera, señaló que el Estado todavía no había cumplido con investigar y sancionar a los responsables. En la segunda, sostuvo que no se había pagado la indemnización a los afectados ni se había adecuado la normativa interna para evitar nuevas vulneraciones. 

El 21 de noviembre de 2023, la Corte emitió dos resoluciones más de supervisión, una referida a la causa Rosadio Villavicencio Vs. Perú, sobre la vulneración del debido proceso contra Jorge Rosario Villavicencio por su actuación en una operación de inteligencia que implicó su infiltración en grupos de narcotráfico. La otra, por el caso Muelle Flores Vs. Perú, respecto del incumplimiento de una sentencia que reincorpora al afectado a un régimen pensionario favorable. 

INDULTO. En diciembre de 2023, la Corte IDH concluyó que el Estado peruano desacató sus resoluciones al restituir el indulto a Alberto Fujimori.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

En la primera, el tribunal exigió al Estado que deje sin efecto las sentencias condenatorias en contra de la víctima. En la segunda, notificó que no se había pagado la indemnización ni otras reparaciones.

A finales de abril de 2024, se emitió una resolución en el caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, que involucra la detención arbitraria y discriminatoria y la violencia física y psicológica por parte de la Policía contra una persona trans. El tribunal supranacional exigió al Estado que investigue y sancione a los responsables, cubrir la asistencia médica de la víctima y otorgar una reparación económica.

Otro ejemplo es la resolución de supervisión de setiembre de 2024 por el caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú, sobre la detención irregular y abusos físicos en contra de Luis Williams Pollo Rivera, acusado de terrorismo en los años 90. La Corte IDH le requirió al Estado que cumpla con investigar y sancionar a los responsables y que se le pague la indemnización estipulada en la sentencia.

Fuerza Popular y Alianza para el Progreso

De los 13 pronunciamientos de la Corte IDH, dos corresponden a leyes que aprobó el actual Congreso: la que prescribe delitos de lesa humanidad y la que prohíbe a las organizaciones civiles litigar contra el Estado en instancias nacionales e internacionales. 

OjoPúblico analizó las votaciones de estas normas y encontró que las bancadas que aportaron más votos fueron Fuerza Popular (47) y Alianza Para el Progreso (18). Le siguen Renovación Popular (16), Avanza País (15), Podemos (14), Somos Perú (9), Honor y Democracia (8), Perú Libre (8), Acción Popular (6) y Bloque Magisterial (6).

Algunas de estas bancadas son las que han promovido proyectos de ley que buscan la salida de Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre 2021 y 2023, los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Montalvo (Perú Libre) y Pedro Martínez (Acción Popular) presentaron propuestas legislativas que buscaban denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Estas se juntaron en un solo dictamen para proponer la conformación de una comisión de alto nivel que debata una posible salida del sistema. La norma fue observada por el Ejecutivo y se encuentra pendiente de aprobación por insistencia en el Pleno.

Fuerza Popular y Alianza para el Progreso son las bancadas que apoyaron con más votos las leyes que vulneran resoluciones de la Corte IDH". 

A esto se suma un nuevo proyecto de diciembre de 2024, que busca la salida del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es de la congresista de Alianza Para el Progreso María Acuña.

Mientras que el Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso al Congreso, durante la sesión del pedido de confianza de su gabinete, la creación de una comisión especial integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil y la academia para tomar una decisión respecto a la pertenencia de Perú al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Estas propuestas, me parece que son un intento de instrumentalizar políticamente la pertenencia al sistema interamericano. Creo que estos poderes están buscando colocar una narrativa en la que pertenecer al sistema es algo que impide al Estado hacer cosas como luchar contra el crimen o proteger a la familia”, sostuvo la abogada Úrsula Indacochea. 

INICIATIVA. La congresista de APP, María Acuña, presentó un proyecto que plantea la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Foto: Congreso

A estas 13 alertas de la Corte IDH podría sumarse una más durante el periodo de Dina Boluarte en la presidencia, si el organismo supranacional se pronuncia sobre la mencionada ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los comités de autodefensa. 

OjoPúblico solicitó una entrevista con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Procuraduría Supranacional. Por medio de su áreas de prensa indicaron que se iban a realizar las coordinaciones. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, no hubo confirmación.